Intervención de la ministra de Justicia, Dolores Delgado

Sra. Delgado.- Gracias ministra. Buenas tardes. Al Consejo de Ministros he traído dos Reales Decretos que son importantes por la repercusión que tienen en determinadas materias que nos preocupan. De una parte, el Real Decreto de creación de 75 unidades judiciales. Se trata de 53 unidades judiciales unipersonales y 22 nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados, que paso a explicarles la distribución.

Estamos hablando de juzgados de Primera Instancia, en total 21 juzgados, de Primera Instancia e Instrucción --que se denominan mixtos--, que son 8; juzgados de lo Penal, que son 6; juzgados de lo Social, que son 11; juzgados de lo Mercantil, que son 4; y un juzgado decano exclusivo --que luego explicaré su función--, que es 1. Se trata de órganos judiciales que se distribuyen en las 17 comunidades autónomas. Para llegar a esta creación y distribución de órganos judiciales se ha mantenido un diálogo constante con el Consejo General del Poder Judicial así como con las asociaciones y corporaciones judiciales.

Esto es importante porque no se basa en criterios evidentemente políticos sino que se trata de criterios organizativos y de necesidades reales de la Justicia. Al tiempo hay dos juzgados que se han puesto en funcionamiento en la Comunidad Valenciana, que habían sido creados en el año 2011, pero no hubo voluntad de su constitución, así como, también, se ha creado la sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de, también, la Comunidad Valenciana. En este caso se debe, y se ha realizado, para cumplir con la doble instancia. Como bien saben ustedes, la segunda instancia y, especialmente, en materia penal, requiere de un esfuerzo de constitución de estos órganos judiciales. Todo ello se complementa con las cinco unidades judiciales que ya fueron creadas para la comarca del Campo de Gibraltar, como bien saben ustedes, en el Plan Integral de Lucha contra la Criminalidad Organizada --tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos-- que se estableció en el Campo de Gibraltar, se crearon estas cinco unidades judiciales que ya fueron entonces previstas.

Al tiempo al tiempo, el segundo de los decretos, se refiere a las 80 plazas de nueva creación de fiscales. Se trata de la modificación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Es importante decirles que es una modificación y una ampliación de la plantilla que no se producía desde hace cuatro años. Se habían producido unas importantes carencias en el desempeño de la función del Ministerio Fiscal. Estas 75 plazas, estas unidades judiciales y éstas 80 plazas de la plantilla del Ministerio Fiscal se unen a un plan de acción y de choque que ya tuvo, también, reflejo en la creación de las 300 plazas en la convocatoria de las 300 plazas para las oposiciones de jueces y fiscales.

Se han tenido en cuenta --como les decía--, la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, y con las asociaciones de jueces y fiscales, y con los grupos de trabajo que se han creado para el desarrollo de esta plantilla pero, también, ha sido muy importante la materia de los objetivos que se tenían con la creación de estas plazas judiciales y fiscales.

Hay una parte muy importante de lucha contra la corrupción, y ahora les explico el por qué. Esto es un objetivo fundamental que se ha tenido por el Gobierno y que, además, ahora se ha plasmado de esta manera. Se crean 9 plazas de fiscales en la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la criminalidad organizada. Se trata de plazas que eran absolutamente necesarias por el volumen de trabajo que tenía y que tiene la fiscalía anticorrupción que dio lugar a que existan comisiones de servicio con funcionarios fiscales que no tenían una plaza asignada y en propiedad. De esta manera, se garantiza la estabilidad en la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción, esencial. Muy importante, también, en esta materia, en la lucha contra la corrupción es la creación de una plaza de fiscal nuevo ante el Tribunal de Cuentas. Se amplía una plaza ante el Tribunal de Cuentas que, al fin y al cabo, es quien fiscaliza las cuentas del Estado, con lo cual es muy importante y esencial para la lucha contra la corrupción; en este caso, también, la corrupción de las cuentas, posible corrupción de las cuentas públicas.

Les he expresado anteriormente el compromiso en la lucha contra la Criminalidad Organizada que así se ha demostrado con el Plan de Estrategia en la comarca del Campo de Gibraltar pero, también, decirles que estamos descentralizando algo que es muy importante, que es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos: la "ORGA". La ORGA --que tiene su sede en el Ministerio de Justicia--, es una oficina que presta ayuda y asistencia a los órganos judiciales y fiscales, ¿en qué?, en la asfixia económica a las organizaciones criminales, investigando y colaborando en la investigación de delitos de blanqueo de capitales.

Pues, bien, la descentralización de la ORGA tuvo lugar en la apertura de una oficina en Algeciras, precisamente en este paquete de medidas, para colaborar y contribuir a la disminución de la actividad delictiva en la comarca del Campo de Gibraltar. También, se ha tenido en cuenta en la creación de estas plazas fiscales y de órganos judiciales, el compromiso para y por los derechos de los más vulnerables como son, por ejemplo, los discapaces, los discapacitados y, también, los ancianos. Acabamos de conocer ayer un terrible --como bien saben ustedes--, un terrible testimonio gráfico de lo que había ocurrido en un centro geriátrico en relación a ancianos discapacitados que se encontraban en este centro geriátrico. Se ha creado una figura que es fundamental, que es la de Fiscal de Sala Coordinador para discapacitados y personas mayores que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad.
¿Esto qué significa? Que desde la Fiscalía General del Estado va a haber una figura --en este caso, un fiscal de sala que es el más alto rango dentro de la carrera fiscal--, que va a determinar qué medidas de coordinación, qué acciones --y va a recepcionar, también--, denuncias sobre situaciones de vulnerabilidad, tanto para discapacitados como para los ancianos. Entraría plenamente sus competencias en esto que, por ejemplo, sucedió ayer.

También, señalarles como algo importante dentro de nuestra política de género, esta política transversal de pensar siempre en clave de género, la creación de más plazas de segunda categoría, por ejemplo, fiscales y magistrados que plazas de base, y hablo de jueces y fiscales. ¿Por qué? Como bien saben ustedes, la base de nuestra pirámide de jueces y fiscales es mayoritariamente mujeres, pero luego se genera un cuello de botella a la hora de los ascensos. ¿Por qué? Porque hay más plazas en la base que en la cúpula de la pirámide. Tenemos que ir adaptando esta pirámide y esta cúpula, ir abriendo esas plazas intermedias para que las mujeres que se encuentran en la base puedan acceder a unas plazas de categoría superior, y así paulatinamente; de modo y manera que, por ejemplo, en las 80 plazas que se han creado de fiscales hay una mayoría de plazas de segunda categoría donde las mujeres van a poder tener acceso. Lo mismo sucede, como les decía anteriormente, en cuanto a la creación de unidades judiciales. Hemos creado más plazas para magistrados y magistradas de las audiencias o en las audiencias provinciales.

Decirles, también, y eso nos parece fundamental, que el coste va a ser, aproximadamente, de unos 15 millones de euros entre la creación de las 75 plazas y las 80 plazas. Es un coste que, al final, en definitiva, supone un ahorro porque no se trata de situaciones, lo que se han tenido en cuenta, coyunturales, sino son reposición de plazas estructurales; es decir, en aquellos espacios donde había ya refuerzos de más de 3 años se han creado las plazas para -de este modo-fijar lo que son las plantillas. Por lo tanto, es una inversión estructural que nos parece fundamental, también, en materia de Justicia, es una buena gestión de los recursos. Se les facilitará --para que lo tengan a mano-- cuál ha sido la distribución de plazas de órganos judiciales unipersonales y colegiados y, también, de las plantillas de la Fiscalía porque es muy interesante, también, ver el mapa, qué responde este mapa a la litigiosidad, a la criminalidad, y a los objetivos en aquellas zonas que más lo requieren y que más lo requiere el servicio público de la justicia y más lo requiere la ciudadanía.

El segundo -esta sería la primera parte de medidas que hemos traído para culminar esta necesaria modificación de las plantillas--, bloque de medidas que ha traído el Ministerio de Justicia al Consejo de Ministros se refiere a un informe muy interesante sobre la estrategia de modernización y digitalización de la Justicia. Este informe se enmarca dentro de un plan general que, también, se está trabajando en el Ministerio de Justicia mucho más amplio sobre la calidad de la justicia. Como bien saben ustedes hay una cierta desafección entre la ciudadanía y la justicia, de hecho, en el último CIS apenas al 0,82% de la ciudadanía le preocupaba la justicia y, sin embargo, hay un 80% de ciudadanos que no tienen una sintonía con la Justicia.

Por lo tanto, desde el minuto uno se trata de determinar, y detectar, y diagnosticar los problemas de la Justicia. Así se hizo, y una de las materias que más nos preocupó fue que la digitalización de la Justicia se había realizado hasta ahora sin contar realmente con los operadores jurídicos: con jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y, también, con los propios usuarios de la justicia, con la ciudadanía; por lo tanto, determinamos un plan que, en primer lugar, decidió diagnosticar cuál era la justicia y lo avanzamos. Necesitábamos racionalizar los medios que teníamos, porque se han gastado más de 2.000 millones de euros en la digitalización de la justicia y dimensionar esos medios existentes. Esto lo dijimos ya en julio a través del diálogo. Se han visitado más de 30 oficinas judiciales y fiscales, se han creado grupos de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial y, también, con la Fiscalía General del Estado y una parte que se ha cuidado especialmente han sido la Oficina de Atención a las Víctimas, a las víctimas tanto de violencia de género, como a las víctimas de agresiones sexuales relacionadas con menores y con personas de especial vulnerabilidad.

Todo ello nos ha llevado al establecimiento de una serie, de una necesidad de herramientas informáticas y de herramientas informáticas adecuadas. Hasta ahora se han repartido más de 8.000 ordenadores, 2.600 tablets, hemos determinado el ahorro de 550 horas de trabajo en los distintos centros judiciales y fiscales solamente -fíjense--, con la reducción del tiempo de arranque de los ordenadores. Tardaban mucho en ponerse en marcha y esto suponía una pérdida enorme de tiempo. Hemos determinado la posibilidad de ahorrar tiempo -que, vamos a ver, a los profesionales de la justicia les desespera, encienden el ordenador, no se enciende, no acaba de funcionar aquello--. Bueno, pues, ese tiempo de arranque, esos motores de arranque los hemos ajustado, hemos transformado la digitalización de las salas de vistas con los sistemas de grabación, y les voy a explicar cuál es la importancia de esto. Las 550 horas es importante, pero lo que les voy a explicar es todavía más importante.

Con la preconstitución de la prueba en el caso de los delitos cometidos tanto sobre menores como sobre mujeres víctimas de agresiones sexuales estamos --saben ustedes-,- que se está preconstituyendo la prueba, la reconstitución de la prueba supone una filmación o grabación de determinados testimonios cuando la víctima es testigo para evitarles la doble revictimización que supone tener que volver a declarar, especialmente en el caso de los menores, tener que volver a declarar en una sala de vistas con su agresor enfrente. Para evitar esto, se ha previsto -y se prevé en la norma-la preconstitución de la prueba. Pues, bien, teníamos disfunciones a la hora de grabar estas pruebas, estas testificales y, también, a la hora de transcribir estas testificales. Se ha aplicado un procedimiento y un sistema tecnológico para que inmediatamente que se está grabando aparezcan los subtítulos, aparece la textualización -así se llama-, de forma automática. Esto que nos puede parecer algo que no tiene importancia, tiene una trascendencia enorme probatoria en el proceso porque supone evitar esa revictimización a los menores que tienen, para evitarles tener que declarar dos, tres y hasta cuatro veces en situaciones realmente dramáticas.

Otro tema que se ha tratado y que, además, se ha conseguido, es la anonimización automática de documentos electrónicos. Les voy a poner el ejemplo que tuvimos -como bien conocen-con la sentencia de la Manada. Se produjo una publicación de algunos nombres que afectaban a la intimidad y, especialmente, de la víctima. Se ha establecido y se ha creado un sistema automático para impedir que se conozcan los nombres reales o la identidad de aquellas personas que pueden verse afectadas en la publicación de una resolución judicial. Creemos que es muy importante para preservar esta identidad y, sobre todo, que no se produzcan -repito-, revictimizaciones ni de mujeres ni de menores.

Estamos hablando, también, de acercamiento para la presentación de escritos a través de la sede judicial electrónica. Se ha creado un almacén electrónico en la nube para los abogados y procuradores y para que tengan un escritorio electrónico para acceso remoto a esa oficina judicial electrónica. Y algo que ha sido fundamental, y esto nos ha venido también por el diálogo que ha habido entre el Ministerio y las comunidades autónomas para la interoperabilidad de los distintos sistemas electrónicos. Quiero decir, entre Ministerio, zona Ministerio y comunidades autónomas con competencias transferidas podían producirse disfunciones en el flujo de información. De esta manera hemos conseguido que la información fluya de la zona Ministerio y las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas. Y todo este plan, toda esta estrategia que se está desarrollando viene también acompañada con la inversión que se está haciendo desde el Gobierno.

De esta manera, hoy he traído la autorización de dos contratos --necesaria autorización del Consejo de Ministros del Gobierno porque superaban los 12 millones de euros--, uno que se ha encargado a la empresa pública Ineco, que depende de Fomento, relativo al apoyo de la justicia electrónica a la gestión del centro de desarrollo y transformación digital de sedes sociales. Es un contrato que se va a desarrollar a lo largo de cuatro años desde este 2019 hasta el 2022, y que se aproxima a los 100 millones de euros. El segundo de los contratos es por 64 millones de euros, tiene una vigencia -también, como el anterior--, de cuatro años y lo que da es continuidad operativa a los servicios de justicia digital en algo tan importante como la Oficina Electrónica Digital, Oficina Electrónica Fiscal, Registros Civiles, Institutos de Medicina Legal --que a veces son los grandes olvidados en todo esto--, y los institutos de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esto se cierra, o se engloba, una actuación en algo que es fundamental como es la modernización y esta estrategia de la administración de justicia del futuro de este siglo XXI. Muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)