Intervención de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá 

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos. Sé que algunos de sus compañeros están cubriendo por ahí campañas electorales, así que, bueno, seguimos apreciando su trabajo de manera importante. También el suyo que está aquí.

Hoy, como ustedes saben, nos encontramos dentro de lo que la ley establece como campaña electoral. Esto es el tiempo comprendido entre el décimo séptimo día anterior a la votación, hoy, 12 de abril, y el mismo día de acudir a las urnas, el próximo domingo 28 de abril.

En este tiempo de campaña electoral, la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ampara el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, en orden a la captación de sufragios. Es, por tanto, un tiempo muy especial que delimita claramente las funciones de todos para poder ejercitar el principal derecho que nos asiste como ciudadanos, y que no es otro sino el sufragio libre.

Dentro de este periodo, como ustedes ya saben, la tarea de comunicación del Gobierno y, en especial, esta rueda de prensa, debe ajustarse igualmente a lo establecido en la norma, en la normativa aplicable al caso.

Así que, estamos seguras, en este caso, de que ustedes y nosotras nos sabremos ajustar a los términos que establece dicha norma. Mucho más, en nuestro caso, que somos las personas que tenemos que responderles. De modo que, es un día importante en el que ya vemos de cerca la culminación del reciente proceso político que hemos vivido en España durante esta décimo segunda legislatura, y, con ello, la constatación, una vez más, de que nuestra democracia sabe encontrar soluciones y resolver sus problemas basándose en la voluntad de la ciudadanía en la que reside la soberanía.

Como es notorio, en este periodo de campaña electoral, los Poderes del Estado siguen funcionando como siempre para atender las necesidades de las personas. Esto es lo que ha hecho esta semana, una semana más, el Gobierno y lo que hará, en las sucesivas, con la celebración de otros dos Consejos de Ministros: el próximo, el día 17 de abril, y, el siguiente, el 26 de abril. El último justo en el fin de semana de las Elecciones.

Hoy me acompañan, como ustedes pueden ver, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, con importantes asuntos aprobados esta mañana: la modernización de la Justicia y la creación de estrategias de digitalización, modernización, nuevas plazas fiscales, y el marco estratégico para las Pymes en el horizonte 2030, serán algunos de los asuntos que ellas mismas les comentarán.

Además, de estas cuestiones de relevancia, el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas interesantes que enseguida les relato. Pero antes, permítanme que me refiera a dos hechos de las últimas horas.

Por una lado, el acoso vivido por la candidata del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, y su equipo de campaña, en la Universidad Autónoma de Barcelona. La Universidad es el lugar, en el que, como ya dijo Unamuno, hay que convencer con la inteligencia, con la palabra y no vencer por la fuerza bruta.

El episodio de ayer es literalmente inaceptable. El Gobierno lamenta profundamente este torpe episodio por ser lo contrario de lo que representa la política, que es la palabra, el diálogo, el saber decir y el saber escuchar. Así lo hemos transmitido desde el primer momento en que se produjeron los hechos.
Lo que necesita la sociedad catalana, una vez más, reiteramos, es diálogo y convivencia.

Por otro lado, quiero referirme al acuerdo logrado en Bruselas en la madrugada de ayer jueves. Nuestro Gobierno siempre ha defendido que la salida del Reino Unido de la Unión Europea debe ser acordada y ordenada. Y, por eso, se felicita por la decisión del Consejo Europeo de ofrecer a Londres una prórroga hasta el 31 de octubre, para aprobar el Acuerdo de Retirada.

Si no se ratificase dicho Acuerdo antes del 22 de mayo, los británicos tendrán que participar en las elecciones europeas. De ser así, seguirán formando parte de los órganos democráticos que se han dado los ciudadanos de la Unión Europea, pero sólo hasta que se consuma el 'Brexit'.

El Gobierno de España ha mantenido, en todo momento, una actitud constructiva para lograr una salida ordenada. Confíamos en la lealtad del Reino Unido para cumplir este último compromiso, pero lamentamos, como ya ha dicho varias veces en ámbito europeo nuestro presidente del Gobierno, que campañas basadas en mentiras, hayan conducido a la sociedad británica a un callejón sin salida.
Esta es una lección que debemos aprender todos. Las sociedades aquí y allá necesitan y exigen un ejercicio responsable de la política. La demagogia, el populismo y los extremismos sólo conducen a la ruina del bienestar y de la democracia.

Entro ya en asuntos del Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de hoy ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las unidades de igualdad de la Administración General del Estado. Estas unidades de igualdad, dentro de la Administración General del Estado tienen, entre otras, funciones, la de asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de igualdad entre hombres y mujeres de la Administración General del Estado. Así, como participar en las comisiones técnicas de Igualdad de Oportunidades, y trato de mujeres y hombres, en las mesas generales, en la mesa de negociación de la Administración General del Estado. Recaban, además, información sobre la implementación de los protocolos frente al acoso sexual, y al acoso por razón de sexo.

Sobra pedir planes de igualdad a empresas o a entidades privadas si, efectivamente, la Administración General no da ejemplo. Por lo tanto, a propuesta de la vicepresidenta, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y, también, de la ministra de Política Territorial y Función Pública, hemos aprobado este Real Decreto para que se regulen esas unidades de igualdad de los Ministerios.

Estas unidades de igualdad habían sido creadas en el año 2007 por la Ley Orgánica de Igualdad, con la finalidad de aplicar transversalmente ese principio de igualdad entre hombres y mujeres en la Administración General del Estado.

Por ello, para ello, la citada ley encomendó la creación de estas unidades de igualdad con una serie de funciones, que les acabo de relatar. Pues bien, este es el momento por el cual este Real Decreto desarrolla esa Ley en esta particular cuestión. Este Real Decreto regula la composición, adscripción orgánica, funciones y coordinación tanto de las unidades de igualdad de los distintos Ministerios, como de las unidades de igualdad que se puedan crear eventualmente en los organismos públicos dependientes de los Ministerios. Se trata, pues, de una regulación homogénea para todas las unidades de igualdad, y que hace visible sus competencias, sus funciones, sus atribuciones y cómo tienen que ejercer el principio de transversalidad en la igualdad de trato.

También, el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un acuerdo, ha adoptado un acuerdo, por el que se formalizan los criterios de distribución, y la distribución resultante de 100 millones para el desarrollo de las CCAA y ciudades con Estatuto de Autonomía (estamos hablando de Ceuta y Melilla), del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, forma parte del desarrollo de las medidas de Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por medio de este acuerdo se ha procedido a través de la Conferencia Sectorial a repartir estas cantidades entre las distintas CCAA en función de determinados, de distintos criterios de distribución, tales como puedan ser la insularidad, la ciudad fronteriza, el número de mujeres, mujeres de 65 años y más; mujeres extranjeras, mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o paradas; población rural, dispersión.

He de decirles que el reparto de estos 100 millones entre las distintas Comunidades Autónomas para el desarrollo de estas medidas que van a prevenir la violencia de género, ha sido adoptado por unanimidad dentro de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

En la reunión también se ha adoptado, hemos aprobado también, conectado con este tema, la distribución para el presente ejercicio de nueve millones y medio, de los cuales seis y medio serán para la asistencia integral a las víctimas de violencia de género y atención a menores. Uno, para desarrollar planes especializados. Y, dos, para programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales.

Por lo tanto, en total, se ha repartido con criterios, como digo, con adopción de acuerdos unánimes, 109.500 millones para 2019.

Además, el Consejo de Ministros de hoy ha acordado el Plan para el Impulso de Contratación Pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, para contratos del sector público. Se trata de lo siguiente. Tiene la finalidad de trascender la función tradicional de la compra pública, usada para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que pueda tener el sector público, y ampliarla poniendo esas decisiones de contratación al servicio de políticas consideradas estratégicas, como la política social. Se trata de contratar con aquellas empresas que, efectivamente, estén cumpliendo cláusulas, que tengan cláusulas sociales incorporadas.

Con este nuevo enfoque de la vertiente social de la contratación pública, conocida como Contratación Pública Estratégica, se favorecen oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social accesibilidad, diseño para todo, comercio justo, cumplimiento de derechos laborales y sociales de los trabajadores. Es decir, la más amplia aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más exigentes que puedan autoimponerse en forma de autorregulación las propias empresas.

Cabe considerar que en 2017, la Contratación Pública en España representó el 9,53 de nuestro PIB. Y el 13,1 del PIB de la Unión Europea. Por lo tanto, este acuerdo adoptado tiene un importante, debería tener, ha de tener y tendrá un importante impacto en lo que significa la mejora de las condiciones sociales en las que desarrollan su ejercicio los trabajadores del país.

Por tanto, el Plan pretende que las autoridades públicas con sus decisiones de compra influyan en el mercado e incentiven a las empresas que lo vienen haciendo bien, que pretenden dar esos bienes y servicios, pero que, al mismo tiempo, estén desarrollando una gestión socialmente responsable. Esta es la cuestión. Y queremos con este ejemplo, contratar con aquellas empresas que tengan incorporadas cláusulas sociales en su forma de trabajar, pues, de alguna manera, se extiendan en el país.

Además, hemos aprobado un Real Decreto por el que se modifica otro, relativo a los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos de investigación. En otros términos, el Real Decreto que regulaba ambas cosas, las regulaba de manera conjunta. Y, actualmente, y siguiendo una directiva europea, se observa la conveniencia de regularlas de manera separada. De forma que, un Real Decreto tratará, efectivamente, de aquellos medicamentos de uso humano; y otro Real Decreto se dedicará, sobre todo, a desarrollar aquellas normas que hacen referencia a aquellos otros medicamentos que todavía están en investigación.

También hemos adoptado, y voy concluyendo, un Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la Red de Asistencia al Personal y Seguridad para el Personal Militar desplegado en zonas de operaciones, por un valor estimado de algo más de 29 millones de euros.

Se trata de generar una infraestructura tanto en misiones de Tierra, como marítimas, para que los militares desplazados en el exterior puedan comunicarse con España más fácilmente y, desde luego, con más garantías de seguridad en sus comunicaciones, en lugar de usar las redes locales que dependen de cada misión, y no siempre ofrecen las condiciones adecuadas.

Por último, hemos acordado algunas ayudas de restauración ambiental de minas clausuradas. En concreto, por un importe global de 20 millones de euros para la restauración ambiental de esas minas clausuradas con el fin también de poder aportar algunos otros puestos de trabajo a aquellos que han perdido su puesto en la minería. Se trata, fundamentalmente, de ayudar a fomentar la creación de empleo en aquellas zonas que están sufriendo más esta transformación.

Y con ello he concluido. Y voy a ceder la palabra ahora a mis colegas. En primer lugar, a la ministra de Justicia para que les explique a ustedes lo que, desde su Ministerio ha podido ser aprobado.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)