Respuestas a los medios de comunicación

Muchas gracias, ministra. Se las voy a dar en público, que se las doy en privado todos los días, porque la actualización de los recursos de los cuidadores y cuidadoras, de las personas que abandonan su trabajo para cuidar a personas que tienen circunstancias de dependencia muy graves son, fundamentalmente, mujeres. Casi un 83% son mujeres que ven interrumpidas sus carreras profesionales, que abandonan la cotización, que se encuentran luego peores pensiones, y como ministra de Igualdad, cuando tomamos esta decisión fue una satisfacción enorme. Y ahora, según ha dicho la ministra -como decía, y para no interrumpir nuestra obligación cotidiana de responder a todo lo que podemos responder, incluso estando en funciones--, ahora esa realidad llega también en términos de los recursos dispuestos. Así que haré esa aclaración, que es muy importante para este Gobierno.

Y estamos las dos a su disposición.

P.- Mercedes Serraller, de Expansión. Gracias. A la ministra Montero: La liquidación de 2018 que acaba de anunciar, si nos puede decir a cuánto asciende.

Y, luego, le quería preguntar por cuándo van a pagar la liquidación del IVA de diciembre de 2017; se habían comprometido unos 2.500 millones. Las Comunidades están diciendo que se temen que a lo mejor no se vaya a pagar nunca.

Le quería preguntar, también, por esta propuesta de gravamen a todas las multinacionales por deslocalización de beneficios que propuso la OCDE el miércoles, que también respalda Estados Unidos, y que, a cambio de este pacto, por ejemplo, ha retirado la amenaza de aranceles a Francia y Francia dice que quitará su tasa. ¿Mantenemos nuestra tasa Google a pesar de esto? ¿Nos puede esto penalizar en aranceles con Estados Unidos?

Y, por último, quería saber cuándo van a informar de la actualización del cuadro macro, porque no lo han traído hoy aquí y, bueno, la ministra Calviño dijo que no van a elevar el objetivo del déficit a pesar de que sugirió que van a rebajar las previsiones de crecimiento. ¿Qué ajustes piensan realizar? Gracias.

Sra. Montero.- Me va a disculpar, la primera pregunta no se escuchaba bien el micro.

Luego le doy el dato sobre la liquidación del 2018, pero es una liquidación para Comunidades Autónomas francamente positiva para el año que viene. Quiero decir que es un volumen de recursos importante que se va a comunicar en cada una de las misivas que se va a dirigir a cada comunidad autónoma en el día de hoy. Ahora os daremos el dato, creo recordar que ascendía a más de 6.000 millones de euros, 10.000. De todas maneras luego le proporcionamos ese dato.

Decirle, en relación con el IVA, que para poner en marcha esta medida se necesitaba un proyecto de presupuestos. Si ustedes siguen el debate presupuestario, hasta en más de 5 ocasiones advertí en mi comparecencia en el debate presupuestario que habría medidas que, si no se aprobaban en el contexto del proyecto de Presupuestos, no se podrían poner en marcha. El por qué es sencillo: son medidas que necesitaban un ajuste en términos de contabilidad nacional que requerían de los nuevos ingresos o, dicho de otra manera, de las nuevas figuras fiscales que permitieran acompañar ese volumen de recursos que corregían la decisión de Montoro.

Por si alguno de ustedes en algún momento no han entendido por qué se produce este desfase, tengo que decir que el señor Montoro, con nocturnidad y alevosía, en el año 2017, llevó a cabo una modificación del sistema de información del IVA que provocó una menor recaudación de este impuesto a lo largo de ese ejercicio. Nosotros para corregirlo este año contemplábamos una nueva modificación de ese sistema de información. Y yo creo que ustedes recordarán perfectamente este debate porque algunos se burlaron de la iniciativa de este Gobierno diciendo que era la primera vez que un Gobierno inventaba 13 meses del año, y que había 13 meses de IVA, que estábamos haciendo trampa y que estábamos haciendo un presupuesto que no tenía consistencia.
Es que es paradójico, ¿verdad?, que en ese momento esas fueran las declaraciones, fundamentalmente de los partidos de la derecha y que hoy estén exigiendo a un Gobierno en funciones y sin presupuestos que se arregle un problema que provocó el señor Montoro.

Por tanto, yo creo que cada uno tenemos que ser consecuentes con las actuaciones que se desarrollan; y los partidos políticos, desde luego, cuando votan en el Congreso de los Diputados tienen que ser consecuentes con las cuestiones que de ahí se derivan. Lo que no se puede hacer a Gobierno, es criticarlo porque haga una cosa y volver a criticarlo cuando soluciona lo que se está planteando.
Yo creo que con el tema del IVA son ustedes perfectamente conscientes de que el Gobierno intentó solucionarlo, no tenía obligación pero sí tenía voluntad política, a partir del proyecto de Presupuestos que fue tumbado por los independentistas y por la derecha; por tanto, no se puede actualizar el sistema de información del IVA porque la derecha de este país, en voto con los independentistas, tumbaron un proyecto de Presupuestos que arreglaba esta cuestión.

En relación con el impulso que la OCDE quiere dar al impuesto digital, en sus diferentes versiones adquieren nombres distintos, nosotros queremos dar la bienvenida a la iniciativa de la OCDE. Este Gobierno ha sido vanguardia en el conjunto de Europa alertando de que había áreas de actividad económica que no estaban bien recogidas en la fiscalidad tradicional, que esto suponía una injusticia fiscal porque supone que los negocios tradicionales, comparativamente, paguen más impuestos que los que se desarrollan en ese entorno digital y que, por tanto, era necesario adoptar medidas comunes en el marco de la Unión Europea, una cierta armonización fiscal que permitiera impulsar una figura que, digamos, fuera una figura consensuada con los países miembros.

Ahora, la OCDE, en el entorno de 134 países, lanza una iniciativa, cuyo texto estamos estudiando. Lo que hemos podido comprobar tiene muchas similitudes con el impuesto que había diseñado el Gobierno de España. En algunas cuestiones va más allá de los que el propio Gobierno de España tenía pensado pero nosotros creemos que es muy conveniente que este debate sobre la fiscalidad de la economía digital sea uno de los debates protagonistas de la Unión Europea y de la OCDE, de manera que podamos entre todos adoptar una fiscalidad similar u homologable en los diferentes países.

Eso no quita que el Gobierno siga firme en su voluntad de impulsar este impuesto y que, evidentemente, cuando se apruebe una normativa común lo adaptará como hace con otras figuras fiscales en ese marco.
Y, por último, respecto al cuadro macro, deciros que la fecha límite para mandar la previsión presupuestaria es el día 15 de octubre. Ese día, tanto la ministra Calviño como yo misma les informaremos sobre las cifras globales que lleva el cuadro macro y que lleva, también, las previsiones de déficit para el año en curso y para el año que viene. Me disculpan ustedes que esperemos hasta ese día porque este fin de semana tenemos trabajo intenso para terminar de cuadrar esa cifra y daremos información detallada y puntual en el momento en que la tengamos.

P.- Alberto Peláez, de Televisa. Gracias. Vicepresidenta, buenas tardes. El tema de la exhumación de los restos del dictador, evidentemente, ha polarizado a la sociedad española y hay una parte importante de la opinión pública española que está de acuerdo con la exhumación de los restos de Franco, pero hay una parte, también, no menor, que dice que no está de acuerdo, que ya ha pasado mucho tiempo, que no había necesidad. Me gustaría que me dijera qué piensa usted al respecto, qué le diría ese sector de la sociedad.

Vicepresidenta.- Muy brevemente. Hay situaciones, como la de tener a un dictador junto a sus víctimas en un panteón de Estado, que no tienen prescripción. Que hace mucho tiempo que quienes no han podido enterrar a sus familiares, porque los tienen todavía en cunetas y en fosas, vienen reivindicando justicia de esta democracia y memoria de lo que ocurrió. Porque todos esos familiares, que son muchos, y esas víctimas que no están ni siquiera identificadas en el propio lugar donde está el dictador, no van a prescribir ni el deseo de justicia, ni la memoria; ni ninguna democracia absolutamente digna se lo puede impedir, mas debe responderle. Sobre esto no hay ninguna prescripción.

l dictador no puede estar en una tumba de Estado. Seríamos la única democracia, desde luego con las que nos comparamos y como una de las 20 mejores democracias del mundo, que tuviera al dictador en un lugar donde se le puede ir, todavía, a rendir honores. Así que esto no tiene tiempo y, es más, este Gobierno ha dicho que íbamos muy tarde, que íbamos 40 años tarde y, desde luego, hemos sido el Gobierno que en apenas 15 meses lo ha decidido, lo ha puesto en marcha y hoy estamos en un día muy satisfactorio porque lo hemos alcanzado.

P.- Carlos Cué, de El País. Muchas gracias, vicepresidenta. Si está todo tan claro, si hay unanimidad del Supremo, si todo está resuelto, ¿por qué no dan la fecha como la dieron la otra vez? ¿Por qué no hay una fecha concreta? ¿Por qué una horquilla? Y le pregunto, adelantándome a su respuesta, si es por motivos de seguridad, si es que realmente temen que haya… ¿Es tan importante el grupo de franquistas que hay en España que ni siquiera se puede dar la fecha en un momento como este porque realmente puede haber un altercado importante? Quería saber si el Gobierno realmente tiene miedo de que haya un altercado importante. Y si podría ser este mismo domingo, entiendo, porque, si es desde hoy, ¿podría ser este mismo domingo? Ha dicho 48 horas, entiendo que las 48 horas pasarían este mismo domingo.

A la ministra le quería preguntar --efectivamente, lo ha dicho usted al principio--, ha habido cierta polémica sobre si se podía o no se podía hacer. ¿El informe de la Abogacía del Estado lo van a hacer público? ¿Por qué lo firma la abogada? ¿Ha habido alguna polémica dentro de la Abogacía del Estado sobre si esto se podía o no se podía hacer?
Y un detalle solo, el presidente Sánchez el otro día dijo que él quería gobierno en diciembre. Si hubiera Gobierno en diciembre, sí alteraría de alguna manera. Si es en enero no, pero si hubiera Gobierno en diciembre sí. A ver si me puede aclarar eso. Gracias.

Sra. Montero.- Decirle que no ha habido absolutamente ninguna polémica en relación con la Abogacía del Estado. A mí no me consta para nada que haya habido ningún tipo de discrepancia entre los técnicos del Ministerio de Hacienda y los Servicios Jurídicos del Ministerio de Hacienda con la Abogacía del Estado. No me consta. Quiero decir que yo, por supuesto, no participo de las reuniones que tienen internas la Abogacía del Estado. Son un grupo de profesionales que se reúnen -como todos los funcionarios- para cuestiones, sobre todo aquellas que son complejas, todas las que tienen que ver con el modelo de financiación lo son, pero es que no me consta, y cuando hemos preguntado al interior del Ministerio nadie nos ha trasladado que haya ningún tipo de discrepancia respecto a lo que se planteaba por parte de la Abogacía del Estado.

El Gobierno y el Ministerio de Hacienda solicitaron por el mismo canal por el que había solicitado el informe anterior. A partir de ahí, el trabajo de los técnicos, de los profesionales de la Abogacía del Estado, es un trabajo coordinado, como ustedes conocen. Y, por tanto, los técnicos del Ministerio de Hacienda se coordinan, consultan, trasladan a la Abogacía General del Estado; forma parte de la comunicación habitual y de la comunicación oficial.

Y, mire, yo aquí quiero romper una lanza por este colectivo de profesionales. Me parece especialmente grave que cuando a algunos no les gustan determinados dictámenes de cuerpos profesionales o, incluso, de los juzgados, pongan en cuestión la propia claridad y la propia transparencia de estas instituciones.

Creo que la Abogacía del Estado es una institución de alto prestigio en el conjunto del funcionamiento de la Administración General del Estado y creo que nadie tiene derecho a poner en cuestión la profesionalidad, a poner en cuestión el rigor o a hablar de que el Gobierno "tuerce" o "manosea"; expresiones que están absolutamente fuera de lugar porque este grupo de funcionarios y funcionarias, como el resto, trabajan en un celo y profesionalidad intentando hacer su trabajo lo mejor posible. Y, por tanto, creo y defiendo a este colectivo de profesionales, que han estado, literalmente, partiéndose la boca para encontrar una solución que permitiera atender las demandas de las Comunidades Autónomas de que llegaran sus recursos antes de que terminara el año.
Eso creo que lo importante es que se ha abierto esa fórmula, esa vía, que es un hito en el modelo de financiación autonómico porque quita la jerarquía que hasta la fecha tenían estas entidades territoriales de la dependencia de un Presupuesto General del Estado. Creo que eso es lo importante, haber encontrado el camino y la solución y, por tanto, yo creo que entre todos tenemos que felicitarnos por ese trabajo coordinado.

Vicepresidenta.- La noticia es tan, tan importante; tan de dimensión histórica como que es la siguiente: el dictador Franco, después del día 25, no va a estar en el Valle de los Caídos. Nada más. El resto de situaciones puramente instrumentales que necesita el Gobierno para llevar a cabo esta noticia que forma parte del impulso de este Gobierno y de una sentencia del Tribunal Supremo es de tal naturaleza importante que la respuesta a su pregunta es que necesitamos días para tener el Valle de los Caídos cerrado, con condiciones de seguridad, con las decisiones técnicas para llevar a cabo esta operación, para poder reinhumarlo en el sitio que el Supremo -dando la razón al Gobierno-ha indicado y no hay más. Y no hay más.

Estoy segura de que muchísimos hombres y mujeres de este país, muchísimos, nunca se podrían haber imaginado que esto iba a llegar, y que tenga fecha. Después del día 25 de octubre Franco no estará en el Valle de los Caídos, estará en un lugar discreto en el ámbito de su familia y nadie podrá enaltecer a un dictador en la democracia española. Todo lo demás es secundario.

He dicho en mi intervención inicial que necesitamos poner en pista ya de salida los elementos puramente técnicos de la exhumación en un lugar que es una Basílica, en un entorno que va a estar cerrado el tiempo que necesitemos para que haya seguridad y tranquilidad de la operación, con los últimos elementos a decidir para que el traslado se produzca de manera segura para los restos pero, también, de la manera menos incómoda posible para los ciudadanos en algunas decisiones que nos quedan por determinar.

Como la familia tiene que ser notificada para su asistencia -si lo considera oportuno-24 horas antes, esto quiere decir para su pregunta que los medios de comunicación también conocerán 48 horas antes el día exacto y la hora exacta. El Gobierno --lo decía al principio, ojala hubiese sido el 10 de junio, a la hora y el día previsto-- no tiene más interés en esta fecha que llevarlo a término, con el nivel de importancia que tiene una sentencia del Tribunal Supremo en nuestro país, en unas condiciones de seguridad, de eficacia y, en este caso, también, del respeto debido a los restos humanos que esto comporta.

Así que no hemos hecho más que tomar una decisión bastante razonable para todas las medidas puramente instrumentales que hay que tomar. Tenemos autorización del Tribunal Supremo de nuestro país, nuestra última instancia. Ayer alguien recordaba el artículo 118 de la Constitución; yo voy a recordar el 123: cosa juzgada, final de término. Tenemos autorización de nuestro Alto Tribunal para proceder a esta exhumación y necesitamos estos días para poder terminar todos los elementos puramente instrumentales. La noticia es que el día 25 de octubre de 2019 el dictador ya no estará en el Valle de los Caídos.

P.- Esther Redondo, de La Sexta. Gracias. A la vicepresidenta. Quería preguntarle si ustedes tienen algo previsto en el caso de que el prior decida atrincherarse dentro de la Abadía, dado que él insiste en que no va a permitir la entrada del Gobierno para proceder a la exhumación. Supongo que es un escenario que han previsto. ¿Cómo van a proceder en ese caso? Quería saber si nos podía confirmar algún dato del operativo, como si el transporte va a ser por un medio aéreo o un medio terrestre, o si va a estar presente un forense -como se ha publicado también esta semana- en ese momento.
Y, en cuanto a los medios de comunicación, decía usted que iban a estar en un espacio público. ¿Se refiere, en concreto, a la explanada que hay enfrente de la Basílica?

Vicepresidenta.- Mire, a este Gobierno no le preocupa nada en un Estado de Derecho, donde todos acatamos las leyes, cumplimos las sentencias y el resto de nuestras obligaciones como ciudadanos, estés en las condiciones en las que estés, incluida la pertenencia a una orden religiosa. Estamos hablando de un país como el nuestro, así que no tenemos ningún temor.
El Tribunal Supremo nos ha dado la autorización más que suficiente, título más que suficiente para entrar a ese recinto y proceder al objetivo de la exhumación. Por lo tanto, nada.
La Iglesia Católica, desde el primer momento, como luego ustedes mismos han podido comprobar y yo dije cuando volví de aquella visita al Vaticano, nunca se ha opuesto a la exhumación. Como siempre, queremos la colaboración de la propia Iglesia Católica en este asunto en la medida que le corresponda porque el Gobierno va pertrechado de una sentencia del Tribunal Supremo que ha sido objeto de tres autos posteriores donde no queda ninguna duda más que los elementos -como decía antes-de la ejecución de la misma, en este caso, por nuestra parte.

Estamos contemplando los diferentes medios de transporte y de traslado, los estamos contemplando todos. Y, finalmente, decidiremos -como decía antes-el que sea técnicamente más seguro para ese traslado y el que resulte, también, de menor incomodidad para los ciudadanos. Y en ese sentido tomaremos nuestra última decisión, pero no descartamos en absoluto que pueda ser ese medio de transporte que usted indicaba.

P.- Beatriz Fernández, de Europa Press. Buenas tardes, vicepresidenta. Permítame que insista un poco en la pregunta que le formuló mi compañero Carlos. Porque ustedes hasta ahora venían diciendo que todos conoceríamos con antelación la fecha concreta de la exhumación porque esta se fijaría en un Consejo de Ministros. Lo dijo el presidente del Gobierno en una reciente entrevista y usted misma ayer afirmaba que solo al Consejo de Ministros le faltaba fijar la fecha y la hora concreta de la exhumación. Hoy, en cambio, nos han dado un plazo, no nos han dado una fecha.
Quería saber cuáles son los motivos que explican este cambio de criterio, porque cerrar el Valle con seguridad, entiendo que lo pueden hacer aunque ustedes anuncien hoy la fecha de la exhumación. Gracias.

Vicepresidenta.- Francamente y por aclarar, despejen cualquier duda acerca de que una mañana ustedes se levanten y ya reciban que a las 48 horas a tal hora estamos exhumando los restos de Franco. Despejen, repito, cualquier tipo de situación que puedan tener en su cabeza.

El Consejo de Ministros hoy ha tomado un acuerdo de fecha literal, desde este momento que ha terminado el Consejo de Ministros y se pone en marcha la ejecución de todos los asuntos hasta el día 25. Fecha rotunda: el 25 no estará Franco en el Valle de los Caídos.

¿Por qué tomamos esta determinación? Por una razón muy simple, porque necesitamos una serie de decisiones instrumentales últimas que tienen que ver, efectivamente, con la ejecución definitiva de este objetivo, nada más. Nada más.

Yo comprendo que estas preguntas a partir del 11 de junio cuando no pudimos hacer efectiva nuestra primera idea por todos los recursos que se siguieron después, a mí me parece lógica, pero en este momento con una sentencia del calado que ha tenido la sentencia del Tribunal Supremo; con los tres poderes del Estado, insisto y repito, alineados a alcanzar este objetivo; con la posición varias veces en pronunciamiento claro y formal de la propia Iglesia Católica aclarando que no tiene ninguna objeción que poner a la exhumación de los restos de Franco, ya solo cabe que -repito- ustedes, al mismo tiempo que se les notifique a la familia, se enteren de que tienen 48 horas para preparar de manera diligente la información que tienen que dar.

Y, sí, este Gobierno quiere ponderar los intereses legítimos, importantísimos, de un derecho fundamental a la información que ustedes canalizan como medios de comunicación con el contenido importante que siempre tuvimos de este acuerdo, que se trataba de preservar, en términos de respeto, los restos humanos que representan los restos del dictador. Para ponderar una cosa y otra -como dije ayer-no habrá imágenes y no habrá acceso al lugar exacto donde esta operación se va a llevar a cabo pero sí, naturalmente, los espacios públicos del propio lugar donde los medios de comunicación estarán.

Esta es una noticia que va a importar mucho, también, en el plano internacional y tendrán las imágenes que se puedan tener pero no otras, porque estamos hablando de la exhumación de unos restos que, en este caso, además, pertenecen a sus familiares.

Por lo tanto, este Gobierno nunca ha pretendido otra cosa que hacer lo que ahora justamente va a alcanzar a hacer porque el Tribunal Supremo lo ha entendido en los mismos términos en los que el Gobierno lo estaba planteando. Así que hay fecha: el 25 de octubre no estarán los restos de Franco en el Valle de los Caídos.

P.- Albert Calatrava de TV3. Hola. Mi pregunta es para la vicepresidenta. Un par de dudas. La primera, si con el acuerdo de hoy sobre la exhumación de Franco ya no se necesita ningún nuevo acuerdo para fijar la fecha. Entonces, ¿cómo sería? Si es una cuestión administrativa, ¿quién pone esta fecha?

Después, sobre los incidentes de ejecución, aclarar si son a las propuestas 1 y 4, que son las que hacían referencia a desobediencia civil, a la amnistía y, también, a la retirada de la Guardia Civil de Cataluña que creo que no lo ha citado. Entiendo que también hace referencia a ese punto.

Y, luego, una tercera cuestión. Si va a responder a la carta que ayer le envió la consellera Budó en que pedía al Gobierno español el cese del responsable de la Guardia Civil en Cataluña después de las palabras de esta semana. Gracias.

Vicepresidenta.- En relación a la primera parte de su pregunta, seré yo misma quien, coordinando las actuaciones, le proponga al presidente la fecha definitiva cuando tengamos, lo preguntaba antes su compañera, la autoridad mortuoria correspondiente que tiene que estar. Ya hemos trabajado mucho sobre la contratación de quienes tienen que ir, los operarios, las operarias que tienen que trabajar en esto, que son un poco los flecos instrumentales de los que estamos hablando.

O sea que, yo misma, cuando esté todo el operativo previsto, le propondré al presidente que él nos dé, digamos, el ok del último momento de la fecha; que tengamos, también, el contacto con la familia, con su representación, para que puedan, en este caso, asistir si quieren; los medios que tenemos que disponer que en el caso de que sean medios aéreos y no terrestres también requieren su complejidad para tenerlos el día a la hora.

Estoy refiriéndome todo el tiempo a estos elementos, como ven, de carácter puramente instrumental y necesito, obviamente, días. Y yo propondré al presidente la fecha definitiva. Por lo tanto, este es el acuerdo del Consejo de Ministros y, en ese sentido, la fecha.

Mire, los dos incidentes abarcan lo que es recurrible: desobediencia institucional, que exista el derecho a la autodeterminación, que se le pida al Gobierno de la Generalitat que reaccione frente a alguna situación que pueda venir en los próximos días y, en ese sentido, hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen claramente en qué se incurre si se procede a alguna decisión normativa o a algún acto jurídico que tenga que ser recurrible.

En relación a que la Guardia Civil salga de Cataluña, es evidentemente una posición política tan inaceptable, inasumible, frente a la cual nos hemos posicionado, que no tiene ningún fundamento jurídico más que un deseo político verdaderamente aberrante teniendo en cuenta lo que representa, nada más y nada menos, que nuestra Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad en nuestro país. No está a su alcance, no está al alcance del Parlamento de Cataluña, ni del Gobierno de Cataluña que un Cuerpo de Seguridad Nacional, como la Guardia Civil salga de Cataluña; es que no está a su alcance, puede estar en su proposición o en su deseo político pero, ni de lejos, a su alcance.

De los otros elementos, estamos hablando de una combinación en la que pareciera que existe el derecho a la autodeterminación, que se puede aceptar en democracia la desobediencia institucional que es constitutiva de delitos, y eso tiene una materia de recurso clarísima que por nuestra parte, además, está bastante estudiada. Porque piense usted que los requerimientos que hicimos la semana pasada en el Consejo de Ministros han formado parte del tiempo en el que hemos estado estudiando desde el punto de vista jurídico cómo podían ser impugnados, atacados jurídicamente.

Por lo demás, no está al alcance, repito, del Parlamento de Cataluña, de la Mesa de su Parlamento en un orden del día en el que quiera debatir semejante cosa, ni del Govern de la Generalitat. Es que no está en sus posibilidades ni pedir ni hacer nada contra la presencia de un Cuerpo de Seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, en todo el territorio nacional. No tiene, evidentemente, ningún pase jurídico, y nuestra posición política es clara, claramente entendida y, además, hecha en el minuto siguiente a que esto formó parte de aquel debate.

Muchas gracias.