Intervención de María Jesús Montero

Gracias vicepresidenta. Buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos.

Efectivamente, como ha explicado la vicepresidenta, hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros este Real Decreto ley que va a permitir la actualización de las entregas a cuenta de 2019 tanto para Comunidades Autónomas como para Entidades Locales. Se hace por primera vez en el contexto de un Gobierno en funciones y con unos presupuestos prorrogados. Luego me entretendrá en explicar un poco qué sentido político tiene esto.

Yo creo que no exagero si digo que se trata de un hito que las Comunidades Autónomas hayan creado, y este Gobierno así lo haya posibilitado, un precedente en la línea que hemos defendido siempre; que ni las comunidades autónomas ni los servicios públicos fundamentales que prestan estas puedan estar supeditados a la existencia o no de un gobierno en plenas capacidades o de unos Presupuestos Generales del Estado que, en ocasiones, han quedado prorrogados.

Saben ustedes que este tema ha estado sujeto a una polémica en los últimos meses dada la situación de excepcionalidad en la que nos hemos encontrado. Yo diría que nunca hasta la fecha se había dado este caso, el tener que actualizar unas entregas a cuenta con unos Presupuestos prorrogados y con un Gobierno en funciones. Pueden ustedes comprobar y mirar, pero son dos circunstancias que nunca han concurrido y que, por tanto, es la primera vez que este Gobierno --como en muchas otras cuestiones-- se enfrentaba a ella.

Y, también, creo que hemos sido claros desde el primer día, y hemos trasladado desde el principio que estábamos buscando soluciones, que no nos dábamos por vencidos y que, por tanto, teníamos que buscar de qué manera y de qué forma, dentro de la legalidad vigente, podíamos hacer posible que estos recursos llegaran a las entidades territoriales; en concreto, Comunidades Autónomas y ayuntamientos.

Por eso, yo creo que este decreto ley que hemos aprobado en el día de hoy significa, de hecho, un fortalecimiento de la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas y muestra ya un camino para que en el futuro no vuelvan a ser víctimas de un posible bloqueo presupuestario o institucional del Gobierno central. Una circunstancia, evidentemente, no querida por este Gobierno pero que, a su vez, está dando paso para intentar superar algunos de los problemas que se generan con motivo de la misma.

speramos, también, que esta vía sirva de orientación de cara a la próxima reforma del modelo de financiación autonómica --por tanto, de su Ley Orgánica--, de manera que quede en la ley expresamente determinado que los presupuestos de las entidades territoriales no pueden depender del presupuesto general de España, ni tampoco de que el Gobierno esté en plenas capacidades.
El tema es especialmente complejo, yo creo que la mayoría de los que seguís la información económica sabéis que este tema es muy técnico, pero creo que merece la pena de forma pedagógica trasladar algunas consideraciones para que dispongan de esa información.

Lo primero que quiero resaltar es que ni el Gobierno, ni este Ministerio han cambiado de criterio respecto a la actualización de las entregas a cuenta. Creo que saben ustedes que desde el primer día yo misma he trasladado que estábamos buscando esas soluciones y que esperábamos que llegaran antes de que terminara el año y, fundamentalmente, antes del comienzo del mes de diciembre, que es donde se agudizaba el problema de pago.

El motivo por el que no podíamos actualizar estas entregas a cuenta y que, por tanto, era un impedimento que ponía la Abogacía del Estado, es que se entendía que condicionaba la actuación del Gobierno entrante. Y es correcto porque en el momento en que se solicitó este informe consultivo a la Abogacía del Estado nos encontrábamos aún en un período en donde era posible la conformación de un Gobierno y, por tanto, había capacidad de que ese Gobierno pudiera hacer un planteamiento respecto a esta materia en lo que restaba de año. Era, digamos, una circunstancia temporal, coyuntural, que marcaba claramente el que el Gobierno en funciones, quizá, podía estar invadiendo las actuaciones del Ejecutivo que resultara de esas últimas votaciones, recordarán, en torno al 23 de septiembre.

Como he dicho, tras ese informe preliminar, primero, no nos resignamos, sino que continuamos trabajando justamente en los obstáculos o en los argumentos que ponía la Abogacía del Estado. Y entre ellas había dos consideraciones que, a nuestro criterio, eran fundamental demostrar: de una parte, que la actuación de este Gobierno no dificultaba, no interfería en la que se pudiera producir por parte de un Gobierno entrante, circunstancia que quedó despejada desde la convocatoria electoral.

El hecho de que el día 10 de noviembre tengamos una nueva convocatoria electoral, si tenemos en cuenta los períodos de constitución de los gobiernos de los últimos diez años --si nos vamos a los últimos dos años estos periodos se incrementan, como ustedes mismo han sido testigos--, estamos hablando de en torno a 40 días, como mínimo, que se tarda en la constitución de un Gobierno. Circunstancia que, si ustedes suman a la fecha electoral, posibilita que el Gobierno actual la actuación que haga sobre presupuestos 2019 en nada interfiera en la actuación del próximo Ejecutivo, que ya no tendría capacidad de poder intervenir en las cuentas pasadas; o, dicho de otra manera, las cuestiones que no se resuelvan ya del Presupuesto del 2019 serán irremediablemente soluciones o cuestiones que no se podrán poner en marcha.

Esto es un elemento importante porque, por tanto, no se interfiere en la actuación del Ejecutivo y, por tanto, se supera una de las dificultades que el informe de la Abogacía del Estado nos planteaba.

De otra manera, como saben ustedes, las entregas a cuenta son anticipos y, por tanto, teníamos que poner en valor, demostrar metodológicamente, que había realmente una realidad de urgencia, una situación perentoria, por parte de las Comunidades Autónomas para no satisfacer sus compromisos de pago, que no de gasto, por razones que les he explicado en otras comparecencias y que, por tanto, pudiera peligrar la provisión de los servicios públicos fundamentales.

Tengo que decirle que hemos hecho una monitorización de todas las Comunidades Autónomas y de sus planes de tesorería durante los últimos meses, de manera que, a fecha de hoy, que ya se avecina el final del año, nos encontramos con que alguna comunidad autónoma tiene, puede tener, dificultades de pago ya en el mes de noviembre. Esto significa que, por tanto, se puede declarar la urgencia relativa a que no se menoscabe la prestación de los servicios públicos fundamentales: Sanidad, Educación, Política Social, Emergencia Social por parte de Comunidades Autónomas porque no les haya llegado unos recursos que les corresponden a los que tienen derecho y que ya venían gastando.

Digamos que estos dos elementos, estos dos argumentos son los que nos permitían superar las dificultades que veía la Abogacía del Estado para intentar llevar a cabo la entrega de esos recursos a las diferentes entidades territoriales.

Y quiero dejar claro que en ningún momento la prestación de estos servicios ha estado comprometida, ni la calidad de los servicios públicos se ha visto en ningún caso amenazada, ni mucho menos se ha producido una asfixia económica de los gobiernos autonómicos como ciertos alarmismos así han venido proclamando de forma infundada.

Y, por tanto, creo que este Gobierno ha actuado con responsabilidad, siendo consciente del papel fundamental en la vertebración territorial que tienen las Comunidades Autónomas, siendo consciente de que son administraciones que tienen la obligación de proveer en términos de igualdad y en términos de calidad servicios básicos para el conjunto de los ciudadanos, y siendo también consciente de que se trataba de una pequeña parte de esa transferencia de recursos que le llega, porque les recuerdo que mensualmente estamos transfiriendo 8.000 millones, cada mes, a todas las Comunidades Autónomas del régimen común para que realmente se pueda contar con la Tesorería correspondiente y se pueda, por tanto, pagar a nuestros proveedores, y los salarios y las obligaciones que devienen de la ejecución presupuestaria.

El importe que contempla el real decreto para estas comunidades autónomas ascienden a 4.682 millones de euros correspondientes a esta actualización, cifra a la que hay que sumar 2.136 millones que ya han recibido de más las comunidades autónomas en 2019 por la aplicación automática de la prórroga presupuestaria, por el criterio de actualización de población básicamente en cada una de las Comunidades Autónomas.

Esto significa que el importe total que van a recibir las comunidades por entregas a cuenta este año será de 102.800 millones de euros, un 7,15% más que las que recibieron en el año anterior. Se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica.

Asimismo, y por último, también se actualizan las entregas a cuenta de las Entidades Locales por valor de 821 millones de euros, de forma que los recursos totales que recibirán las Corporaciones por el sistema de financiación serán de 18.879 millones de euros. Y esta cifra supone un 4,6% más respecto al año 2019.

Quiero trasladar en última instancia que el Ministerio de Hacienda informará hoy a todas las Comunidades Autónomas de la liquidación, también del sistema de financiación de 2018 que se cobrará en 2020. Es una cantidad que no pueden calcular las Comunidades de cara a la elaboración de los presupuestos que cada una tiene que elaborar para el año 2020; sí pueden calcular entregas a cuenta pero no la liquidación correspondiente al año 2018. Mandaremos una carta a cada una de las Comunidades especificando cuánto le corresponde de las entregas a cuenta y cuánto corresponde de notificación de liquidación para que tomen nota en la elaboración presupuestaria. Ese es el funcionamiento del modelo y espero que con esta información se puedan llevar a cabo todas las obligaciones que tenemos pendientes.

Y, por otra parte, el Consejo de Ministros también ha autorizado la concesión de un crédito por importe de 95 millones de euros en los Presupuestos del Ministerio de Sanidad que permita aumentar la aportación del Estado al IMSERSO y financiar la cuota de Seguridad Social del Convenio Especial de cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia. No se trata de ninguna medida adicional; se trata técnicamente de darle curso a una medida que ya aprobó este Consejo de Ministros respecto al derecho de las personas cuidadoras del sistema de la dependencia para cotizar en términos de Seguridad Social. Pero, técnicamente, para actualizar ese crédito hacer este apunte también en este decreto ley. Y gracias a él -como ustedes bien conocían- las personas cuidadoras podrán suscribir convenios especiales con la Seguridad Social y el coste será asumido por el IMSERSO.

Como verán ustedes, frente a quienes son irresponsables o quienes bloquean, este Gobierno sigue trabajando, es responsable, busca y encuentra soluciones y, por tanto, seguimos comprometidos con el bienestar de los ciudadanos, con intentar buscar las respuestas a aquellos problemas que se plantean o aquellas situaciones de urgencia que se definen. Y, como dijimos desde el primer día, seguiremos gobernando hasta el último día con el único propósito y el único fin de mejorar la vida de la gente. Espero que esta actualización así lo haga.

Muchas gracias, vicepresidenta.