Intervención de Carmen Calvo

Buenas tardes y, como siempre, gracias por acudir a esta convocatoria de la rueda de prensa de los viernes del Consejo de Ministros del que vamos a dar cuenta. No hace falta, porque es evidencia total, decir que me acompaña la ministra de Hacienda porque ha traído al Consejo de Ministros un Real Decreto ley importante del que ella también va a dar cuenta a continuación.

Este Consejo de Ministros ha tratado dos reales decretos leyes que llevaremos, como procede, a la convalidación a la Diputación Permanente por razones de urgencia de interés general como corresponde a este tipo de impulso normativo del Gobierno.

De uno de ellos daré cuenta yo y han sido proponentes los ministerios de Industria y de Trabajo, y del que ustedes, supongo, saben mucho porque es la respuesta del Gobierno a una crisis sobrevenida desde fuera que se corresponde con una situación ajena, desde luego, a nuestro propio panorama interno, pero que afecta a un sector absolutamente central de nuestro PIB y que es el turismo. Nos estamos refiriendo a la situación que ha generado una empresa británica que opera en el turismo en nuestro país, particularmente en Baleares y, muy fundamentalmente, en Canarias.
Tengo que decir que desde el Ministerio de Industria se ha hecho un trabajo con el sector, muy rápido, de coordinación muy importante con las administraciones afectadas y, por tanto, también con la respuesta que otras administraciones han dado --particularmente los gobiernos autonómicos.

En esta respuesta tenemos que advertir, de manera general, dos cuestiones.

Una: es una respuesta temporal mientras que esta situación puede ser, en fin, reabsorbida en un nuevo espacio de otros operadores en territorios para nosotros muy importantes en materia de turismo en nuestro país; que nos dirigimos a todos los afectados --no solamente a estamos refiriéndonos a las empresas sino, también, de manera muy principal, a los trabajadores y trabajadoras que se van a ver afectadas por toda esta cadena en la que se entra en una crisis; y que forma parte, repito, de una respuesta integral que fue objeto de una comisión interministerial para estos asuntos que, por cierto, llevaba sin reunirse desde hacía nueve años y que ha sido revitalizada por nosotros, por la propia ministra, para atender de manera global a esta situación.

Estamos hablando de la prolongación del período de actividad de la contratación que denominamos fijos discontinuos y ampliamos la bonificación a las cotizaciones a la Seguridad Social del 50%, y ampliamos en el periodo en el que estos contratos se producen a dos meses más, a octubre y a diciembre; con lo cual tratamos de paliar -repito-- el efecto directo que puede provocar en los trabajadores y en las trabajadoras en esta situación.

Hemos abierto una línea de crédito a través del ICO de 200 millones para que puedan disponer de ellos en medidas financieras para las empresas, que se van a ver, obviamente, envueltas en esta situación y que forman parte también de una ayuda en otra dirección diferente de la que antes he podido comentar.

Hemos dispuesto, también, subvenciones directas tanto a la Comunidad Autónoma de Canarias como a la de Baleares, con dos subvenciones de 15 millones de euros a Canarias y 8 a Baleares para que, también, podamos compartir los esfuerzos que la propia Comunidad Autónoma va a hacer.

Tengo que decir que en relación a este asunto y a lo que puede suponer en términos de paro, de desempleo, haremos un esfuerzo combinado de contenidos en los planes específicos de empleo que, por ejemplo, Canarias tiene --que se aprobó no hace tanto-- de 42 millones de euros y que supondrá, también, un esfuerzo combinado de esa disposición de recursos que ya teníamos puestos para Canarias y que ahora, también, formará parte con el refuerzo de esta subvención para paliar el desempleo que es lo que, obviamente, más nos preocupa.

Tengo que decir que se han tomado medidas importantes en el Ministerio de Fomento también por cuanto afecta a la conectividad. Pero también tengo que decir que hemos sabido, tenemos una noticia bastante positiva, y es que el propio mercado está reubicando los huecos que ha dejado esta compañía. Tenemos datos, en fin, razonablemente buenos de la parte en la que el Gobierno ha podido mover con las tasas alguna medida pero que el propio sector va a ir respondiendo, evidentemente, con el paso, también, de las semanas, bien, pero nos preocupan mucho las islas y Canarias que entra ahora en su temporada alta y que coge justo cuando entra en ese espacio de tiempo.

Y, naturalmente, es sabido --pero lo podemos también advertir y poner en el punto de mira-- que las decisiones que se puedan tomar de manera, repito, coordinada y corresponsablemente los 500 millones que a través del Fondo Financiero también están a la disposición de poder salir de esta situación.

El Gobierno, desde el momento uno, en el que supimos de la decisión que tomaba el propio gobierno británico de no rescatar esta empresa, hemos estado, también, trabajando en las medidas que, de carácter de asesoramiento legal en términos de justicia, podamos tomar también para pleitear en la medida de lo posible en defensa de los intereses que se han visto lesionados. Está el Ministerio de Justicia también --que estuvo en esta reunión interministerial-- coordinado y en su momento, el otro día lo decía el propio presidente de la CEOE, la propia Patronal española estará también en una respuesta combinatoria de la defensa legítima de sus intereses. Me estoy refiriendo, obviamente, a situaciones de impago, a situaciones donde las empresas y cualquier otro sujeto tendrán que responder, también, de los intereses que España defenderá y ahí ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades.

Es decir, estamos poniendo en marcha una respuesta razonable a una crisis sobrevenida para compartir y, sobre todo, para amortiguar en términos de empleo y en términos de actividad económica en un sector particularmente importante de nuestra economía, como es el turismo.

En segundo lugar, hemos tomado, también, una decisión importante que trae causa de la semana pasada también. Ustedes saben que el Parlamento de Cataluña, a 25 de septiembre, debatió y votó resoluciones que fueron publicadas el 4 de octubre, es decir, justo el viernes pasado. Mientras que las resoluciones no son publicadas no pueden ser objeto de recurso, de impugnación y, por tanto, en este Consejo de Ministros hemos traído dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia que llevaremos, también, al Tribunal Constitucional.

Vamos a llevar estos dos incidentes de ejecución de sentencia relativos a la resoluciones del 26 de septiembre que tienen que ver con decisiones que, en absoluto, se corresponden con nuestra legalidad constitucional sobre las que ya hay sentencias claras en la posición del Tribunal Constitucional en orden a su legalidad y a su constitucionalidad y que tienen que ver con planteamientos que debaten sobre el derecho a la autodeterminación que no existe, obviamente, en nuestro modelo constitucional, que impulsan la desobediencia institucional y que, además, conminan al propio Gobierno de la Generalitat --ayer el Tribunal Constitucional le envió los apercibimientos correspondientes de las peticiones que habíamos hecho de amparo para la ejecución de la sentencia de otras resoluciones, acerca también de la situación en la que puede incurrir; ayer era a la Mesa de la Cámara en el ámbito del Parlamento, del Legislativo en Cataluña. Y la petición que hacemos hoy afecta de manera importante al Ejecutivo, en tanto en cuanto pedimos al Tribunal Constitucional que en la ejecución de su propia sentencia se aperciba y se recuerde el ámbito que puede terminar, obviamente, en el propio Código Penal, de delitos en los que se pueden incurrir, nada más y nada menos, con situaciones que nadie quiere, que no queremos, y que tenemos -por todos los medios-que anticiparnos a ellas.

En este sentido, ayer hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de resoluciones anteriores. El Tribunal Constitucional, obviamente, decidirá en su momento y cuando competa a su propia agenda y funcionamiento interno cuándo se pueden plantear también estos nuevos incidentes de ejecución de sentencia que nosotros hoy planteamos.

Por último, el propio presidente del Gobierno ha llevado en mano, como corresponde a él en su posición de presidente de este órgano colegiado que es el Consejo de Ministros, el tercer acuerdo -les recuerdo a ustedes que el Gobierno ha tomado ya tres acuerdos- para, en este caso, proceder a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la modificación que hicimos de la ley de Memoria Histórica que indicaba que Franco, los restos del dictador, tenían que salir de un lugar de enaltecimiento donde están el resto de las víctimas.

Este es nuestro tercer y último acuerdo del procedimiento administrativo puesto en marcha hace ya meses, ustedes lo conocen muy bien. En este acuerdo hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y que tiene como fecha límite el 25 de este mes de octubre para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito, puramente técnico y de seguridad, que nos permita la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco.

Lo vamos a hacer con arreglo a los criterios que ya teníamos en nuestros dos anteriores acuerdos: con absoluto respeto a lo que representan unos restos humanos y, obviamente, a la propia familia; con la discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta, repito, a los restos de una persona -políticamente es el artífice como dictador de un pasado negro de nuestro país- pero en las condiciones en las que ya habíamos tomado nuestra primera determinación en aquellos acuerdos.

En estas circunstancias comunicaremos con 48 horas de antelación a la propia familia el día exacto y la hora en la que se va a proceder a la exhumación y a la reinhumación para que puedan asistir si lo consideran oportuno y para que puedan disponer, obviamente, de la agenda en esa asistencia si la consideran pertinente.

Hemos decidido, como ya venía de los acuerdos anteriores, la presencia de la ministra de Justicia como Notaria mayor del Reino -lo cual es bastante razonable y casi de oficio para el acta correspondiente-y que los términos en los que se va a producir esta exhumación y reinhumación se correspondan -como decía antes-con la mayor discreción y respeto posible. Lo que no significa más que lo siguiente: in situ, en la Basílica, lo que corresponda a los elementos puramente fácticos de este trabajo que hemos de acometer será estrictamente privados y, por tanto, no formarán parte del acceso que puedan tener los medios de comunicación.

Pero este Gobierno --como es lógico y debido-tiene, también, el deseo de propiciar el derecho a la información que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este país a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, en los espacios públicos acomodaremos de la forma más razonable posible que los medios puedan estar para la toma de imágenes que, repito, nunca estarán -lo decía ya ayer, lo adelantaba ayer-- en el espacio estricto y cercano a este procedimiento de exhumación de unos restos humanos, de su traslado, y de su reinhumación donde el Gobierno propuso y donde el Tribunal Supremo nos ha dado estrictamente la razón en este punto que para el Gobierno era, también, muy importante por cuanto en alguna ocasión -y ustedes me lo han preguntado- el objetivo final de la modificación de la ley, del cumplimiento de la ley y de la decisión del Gobierno era no tener al dictador en una tumba de Estado y tenerlo en un lugar privado en el que, por cierto, ya está su familia.

La fecha para este Gobierno era el 10 de junio, como ustedes saben muy bien. Esa era nuestra fecha. Los recursos posteriores, las situaciones procesales posteriores que hemos afrontado --como también se corresponden a un país y a una democracia como la nuestra, garantista como debe ser-- nos conducen a esta fecha. Pero nuestro deseo es, como ven, no llegar más allá del límite del día 25 que es el acuerdo que hemos adoptado para que esta situación esté también fuera de la inminente -en días posteriores- campaña electoral.

Nuestra agenda era el 10 de junio, estamos en otra agenda de tiempo que no era la que teníamos prevista pero, en cualquier caso, quiero terminar diciendo que para el Gobierno es una satisfacción extraordinaria --como, incluso, el presidente en funciones dejó claro en Naciones Unidas-- porque supone cerrar con dignidad rotundamente lo que no era digno 40 años después. Un Gobierno que en apenas 16 meses ha tomado esta determinación y la ha alcanzado, pero tengo que decir que la han alcanzado los tres poderes del Estado; porque estamos cumpliendo una ley, estamos cumpliendo una ley que impulsó el Gobierno legal y legítimo de España y que ha sido objeto --por razones que todos ustedes conocen y que todo el mundo conoce-- de un pronunciamiento claro y rotundo mediante autos -también posteriores- de nuestro alto tribunal, de la cúspide de nuestra organización judicial y de nuestra Justicia que es el Tribunal Supremo. Por lo tanto, es una situación rotunda de los tres poderes del Estado con lo que para este Gobierno supone alcanzar un objetivo, repito, que en apenas 15 meses hemos alcanzado.

Esto supone, también, algo que hemos ambicionado en la modificación de la Ley de Memoria Histórica desde el primer momento. Queremos que ese lugar se circunscriba a la paz, al perdón, a la justicia de quienes fueron víctimas de una atroz contienda. Hay víctimas de los dos bandos y lo que había dicho en su momento el informe de los expertos, nuestra Ley, Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, era que el dictador no podía estar justamente en el mismo lugar donde estaban las víctimas.

Nos sentimos muy honrados como Gobierno de haber sido una parte sustancial del impulso que hoy llega, finalmente, a un gran logro que compartimos con todos y que forma parte seguramente, también, de la historia de nuestra democracia.

Hay asuntos de otro calado que están, como ustedes bien conocen, siempre en el índice verde pero queda un asunto también muy importante, un Real Decreto ley que ha traído la ministra de Hacienda y del que ella va a dar cuenta en todos y en cada uno de sus elementos, que son muy importantes porque afectan a políticas muy queridas para este Gobierno.