Intervención de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera

Sra. Ribera.- Ministra Portavoz, muchas gracias. A mí me gustaría empezar esta breve explicación subrayando el punto con el que has introducido mi presentación esta mañana en el Consejo de Ministros, poner a la ciudadanía en el centro del nuevo sistema energético. Nos acercamos a ello, hoy, a través de dos disposiciones diferentes, también, con distinto impacto.

La primera de ellas es la aprobación de la Estrategia de Pobreza Energética y, la segunda, es la aprobación del Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas, y económicas del autoconsumo tal y como hace algunos meses decidimos a través del Real Decreto-ley 15/2018 en el que eliminamos el impuesto al sol y adoptamos las primeras medidas por las que se creaba, aunque fuera de manera provisional para este invierno, un bono social térmico.

En gran medida, las dos cuestiones están asociadas a la línea amarilla de este broche que llevamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17, y el número 7 está dedicado a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Y como digo, las dos cuestiones que hemos traído hoy al Consejo de Ministros responden a este espíritu.

Voy a intentar resumir qué es la Estrategia Nacional de Pobreza Energética y cuáles son las principales novedades del Real Decreto de Autoconsumo.

Empiezo por la Estrategia Nacional de Pobreza Energética. Necesitábamos entender de qué hablamos cuando hablamos de esas caras menos visibles de la pobreza que tienen que ver con la capacidad de garantizar un consumo energético mínimo, la vulnerabilidad social expresada en términos de acceso a la energía, un fenómeno que hasta ahora no había contado con un informe en el que se hiciera un análisis, un diagnóstico oficial sobre a qué nos estamos enfrentando, de qué manera se puede hacer un seguimiento, de qué manera se puede paliar esta circunstancia, y de qué manera hay que atacar las causas que la originan.

En eso consiste la Estrategia Nacional de Pobreza Energética. Es un documento propositivo en el que se hace ese análisis, ese diagnóstico, se expresa por primera vez una definición de pobreza energética de carácter oficial en torno a cuatro grandes indicadores que se corresponden con indicadores usados comúnmente en Europa, y que tendremos que ver exactamente cómo se van ajustando, cómo se van afinando, en la aplicación de lo que tenga que venir después.

Estos indicadores, esta definición de pobreza energética --como digo--, tiene cuatro manifestaciones, que impactan de manera diferente en distintos colectivos de la población.

Un gasto desproporcionado, es decir, aquellos hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la media nacional, por tanto quedan con pocos ingresos para otro tipo de consumos.

La pobreza energética escondida que afecta, calculamos, a más de cinco millones de personas, que son aquellos hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la media nacional; es decir, aquellos hogares en los que no pueden consumir energía para garantizar un confort mínimo porque no tienen ingresos para ello y se quedan por debajo de ese umbral.

Tercera manifestación, la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Aquella población que no puede mantener su vivienda a la temperatura adecuada en verano o en invierno.

Y, la cuarta manifestación, el retraso en el pago de las facturas.

A partir de la información que ofrece la Encuesta de Presupuestos Familiares, la Encuesta de Condiciones de Vida, y la distinta información de la que disponemos, y después de haber trabajado con las plataformas del tercer sector y con los organismos locales que más directamente conocen la realidad, la información es abrumadora. Como decía, 5,1 millones de personas viven en situación de pobreza energética escondida y, en función de la variable, en función del indicador, podemos buscar y podemos encontrar modificaciones que van desde 3,5 millones a 8,1 millones de personas.

En todo caso, se observa un crecimiento importante de la población vulnerable desde el año 2008 hasta el año 2017, con un pico en el entorno de 2014, y en fase descendente desde entonces en prácticamente todos los indicadores, salvo el gasto desproporcionado en consumo energético, coherente con el hecho de esa apertura, de ese diferencial que vive la sociedad española con respecto a la población con mayores recursos y población con menos recursos.

Vemos que a partir de esa información se hace importante elegir como objetivos de la acción del Gobierno, no tanto la cobertura de la población afectada que, evidentemente, forma parte de aquello que tenemos que garantizar, sino fijarnos como objetivo el descenso de al menos el 50% de la población afectada por alguno de estos indicadores de pobreza energética de aquí a 2025.

Por tanto, atacar las causas estructurales que nos permitan que descienda el número de personas en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza energética. Para ello lo que hemos propuesto es trabajar en cuatro grandes ejes de actuación con 19 medidas concretas.

Estos cuatro grandes ejes de actuación se sintetizan, en primer lugar, en mejorar el conocimiento de la pobreza energética, trabajamos sobre esta primera información --como digo--, es un primer diagnóstico oficial que de algún modo amerita a seguir profundizando en el mejor conocimiento, en el mejor entendimiento de cómo afecta esta situación al conjunto de los ciudadanos, en el gasto energético asociado que no se puede cubrir.

En segundo lugar, el eje destinado a mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética, lo que tiene que ver con la cobertura de la población vulnerable a través de distintas medidas, incluidas la mejora, la automatización de aquello que ya hemos ensayado, como es el bono eléctrico o el bono térmico.

En tercer lugar, un eje destinado a facilitar un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética, fundamentalmente asociado a la mejora de las condiciones técnicas del aislamiento en viviendas, con medidas a corto, medio, y a largo plazo.

Y, en cuarto lugar, las medidas destinadas a proteger a los consumidores y la conciencia social, es decir, intentar evitar, impedir, dificultar, que los ciudadanos lleguen a una situación de pobreza energética a través de sistemas de información, de formación de consumidores o actuación con profesionales en la lucha contra la pobreza energética.

Una Estrategia que cuenta con el trabajo de distintos departamentos ministeriales que cuenta, evidentemente, en su sistema de gobernanza, con una participación por parte de las comunidades autónomas y de los actores implicados en la lucha en las actuaciones en materia de pobreza.

El segundo instrumento que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, es el Real Decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas, y económicas del autoconsumo en España.

El autoconsumo en España se hizo tristemente famoso como consecuencia del impuesto al sol, que derogamos --felizmente--, hace ya unos meses. Pero el autoconsumo es una realidad extendiéndose en el conjunto de los países, no solamente europeos, incluso países de renta media o de renta baja que tiene enormes efectos positivos, no solamente en la evolución de precio de la electricidad accesible para los consumidores, sino en esa participación, en esa capacidad de evolución de un sistema energético enormemente centralizado, enormemente complejo, enormemente costoso, reservado para unos pocos, en los que los demás éramos consumidores pasivos, a un sistema en el que se trabaja en red y en el que el conjunto de actores protagonizan comportamientos de oferta y de demanda e interactúan en algo que, a partir de ahora, será mucho menos complejo.

Entendemos que favorecer, facilitar el autoconsumo con arreglo a unas previsiones que nos permitan aprender, digerir esa nueva realidad es importante, genera actividad económica, genera empleo local, facilita soluciones a un mejor coste, a mejor precio para comunidades rurales, para comunidades agrícolas, y permite una mayor penetración en la electrificación de la economía que necesitamos en ese camino hacia una economía plenamente descarbonizada en el horizonte de 2050.

Hasta la fecha sólo existía una posibilidad, que es el autoconsumo individual, es decir, un único sujeto que tiene su pequeña plantita y que con esa plantita conectada a una red interior consume aquello que produce y ya está. Esto creemos que era enormemente pobre, limitaba las posibilidades y el potencial que tenia de contribuir a esa evolución a un modelo energético diferente y, por tanto, lo que hacemos en este Real Decreto es facilitar el que los auto consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación impulsando el autoconsumo en comunidades de propietarios o en empresas, instalaciones industriales ubicadas en una misma localización.

También se permite, por ejemplo, instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación siempre que haya acuerdo entre los distintos propietarios, y esta es una cuestión que no estaba regulada hasta la fecha; es decir, como digo, facilitan modalidades muy diferentes en las que la principal diferenciación tendrá que ver entre aquellas modalidades en las que los autoconsumidores tienen intención de verter a la red el excedente de lo que producen y no consumen y ser compensados por ello, y aquellos autoconsumidores que no tienen intención de verter a la red su excedente. Para este segundo caso, la situación administrativa se simplifica del mismo modo que para aquellos autoconsumidores que vierten pequeñas cuantías a la red donde prácticamente lo único que hacen es notificar a la autoridad autonómica competente --del mismo modo que ocurre con cualquier otra pequeña instalación eléctrica en nuestros hogares--, para que pueda haber un registro seguro de qué es lo que está ocurriendo.

Pero, como decía, la novedad más importante es que se permite una compensación por aquello que se vierte a la red cuando el vertido se produce a través de las comercializadoras de referencia, cuando aquellos que tenemos nuestra pequeña instalación trabajamos, consumimos nuestra electricidad a través de comercializadoras de referencia. En este caso, la compensación de aquello que vertemos por aquello que consumimos puede llegar hasta el 100% de la energía consumida. No se produce un intercambio de dinero, no se puede superar o exigir una compensación más allá de lo que se consuma de la red, es decir, solamente se puede hacer como una variable de participación en el sistema energético pero no como un negocio de generación que seguiría manteniendo las características de productor de electricidad como cualquier otro. Los pequeños autoconsumidores con instalaciones de hasta 15 kilovatios, o 100 kilovatios en caso del autoconsumo sin excedentes --como digo--, contarán con un sistema enormemente fácil, enormemente ágil de cara a la tramitación administrativa.

Todo esto que, a nuestro juicio, --como decía--, permitirá que empecemos a contar con otros protagonistas importantes en la transición energética de nuestro país y aprovechemos todo el potencial que ofrece la energía solar que nos hace pensar que puede haber un crecimiento muy importante en los próximos años, hemos pensado que sería conveniente que pueda contar, también, con unas explicaciones, con unas directrices básicas, elementales para cualquiera que tenga interés en poder acceder a este tipo de facilidades y entender cuál es la tramitación que esto requiere, no tenga que leerse el Real Decreto que es eminentemente técnico y, por tanto, en la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, en el IDAE, aparecerán recogidas en los próximos días --probablemente esta misma tarde--, esas directrices elementales con las preguntas y respuestas básicas para hacerlo accesible a todo aquel que quiera entender cómo funciona y qué se debe de hacer.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación