Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo

Vicepresidenta.- Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acudir a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. No hace falta que diga --porque es evidente-- que hoy comparecemos el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y yo misma, para dar cuenta de los temas que han sido objeto de decisión de este Consejo de Ministros.

Me van a permitir algún comentario previo que viene al punto en el que estamos. Es un Consejo de Ministros, el último antes de la disolución de las Cámaras. El lunes mismo, el presidente del Gobierno remitirá el decreto para la firma de Su Majestad el Rey, y refrendado por él y a partir del martes, que entrará en vigor, estamos en un periodo distinto. Periodo distinto que supone para el Gobierno plenas funciones de trabajo con las restricciones propias de la LOREG, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pero no somos un Gobierno en funciones, que eso se produce en nuestro orden constitucional después de celebradas las mismas --como todos ustedes saben--.

Queremos en este punto desde el Gobierno agradecer el trabajo que en las cámaras, fundamentalmente, ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista pero, también, a algunos diputados y grupos parlamentarios que nos han acompañado en la aprobación de leyes, y en la convalidación de algunos reales decretos leyes que para nosotros han sido una parte muy importante de nuestra acción de Gobierno, la acción de enviar normas a la Cámara que es la manera absolutamente normal, también, del trabajo de un Gobierno en un modelo político y jurídico como el nuestro.

Somos un Gobierno que llegó hace nueve meses, apenas nueve meses, para convertir la política en el espacio de la decisión, de la transformación y de la respuesta a los problemas acumulados por la crisis, por las crisis, fundamentalmente, en una inmensa mayoría de hombres y mujeres que habían sufrido una merma de la calidad de sus vidas, de algunos de sus derechos, de las prestaciones sociales. En definitiva, para restaurar lo más importante de la política en una democracia que son las políticas que redistribuyen igualdad a la ciudadanía. Ese es el trabajo que hemos hecho con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo en las condiciones en las que hemos tenido que hacer, anteponiendo siempre la consideración del interés general que para nosotros eran resolver problemas, dar respuestas, tomar decisiones y, en definitiva, mejorar la vida real de la gente.

En ese contexto, sin Presupuestos, con unos Presupuestos vetados, incluso, a su propia deliberación, a su propio debate, hemos hecho muchas de las cosas que nos habíamos planteado al inicio de la llegada del presidente Sánchez al Gobierno --mediante el procedimiento constitucional de la moción de censura-- pero es obvio --todo el mundo lo ha podido, también, entender-- se queda una parte muy importante de nuestra agenda y de nuestro horizonte de trabajo sin poder realizarse porque no hay Presupuestos para hacerlo. Así lo han querido los grupos parlamentarios que han votado en contra del debate de estos Presupuestos y, en estas circunstancias, nosotros nos sentimos agradecidos en la parte en la que algunos diputados y Grupos Parlamentarios nos han acompañado y ahora, como ya es sabido para todo el mundo, el día 28 de abril todos seremos juzgados por los ciudadanos y ciudadanas en las urnas.

En esa contextualización de este último Consejo de Ministros, antes de que se produzca la disolución de las Cámaras, hemos tomado hoy algunas importantes decisiones entre las cuales están la respuesta que ha de dar nuestro país --llegado el caso-- de la salida del Reino Unido, el Real Decreto-ley que mandaremos a convalidación, de carácter muy amplio porque se contemplan todas las medidas en las que debemos estar de manera previsora para responder con seguridad y con tranquilidad a los ciudadanos españoles en el Reino Unido, a los británicos en nuestro país, a nuestros intereses económicos comerciales, entre los cuales está de manera muy principal el turismo. Y de ello dará cuenta el ministro Borrell. Y, también, del tercer Plan África, muy importante para este Gobierno. La mirada sobre África y la cooperación con África. Somos el país de Europa más cerca de África, nos importa mucho y hemos retomado también un pulso político en relación a África que se había perdido y del que también ahora cuenta el ministro.

Por mi parte, voy a apuntar los temas que son importantes y daré cuenta de alguno que, de manera clara, está de manera clara muy vinculado a mis responsabilidades como ministra de Igualdad.

Hemos tomado una decisión importante con carácter de Real Decreto-ley y, por tanto, tramitaremos para su convalidación una decisión en el ámbito de la vivienda, un Real Decreto-ley que para nosotros sigue insistiendo y ahondando en otro que no pudo ser convalidado. Agradecemos el evidente apoyo que algunos Grupos Parlamentarios ya han manifestado públicamente que vamos a recibir, porque este Gobierno se ocupa, y siente, y sabe la preocupación que existe sobre los problemas habitacionales en nuestro país, particularmente, para la gente joven, para la gente que espera tener respuesta, fundamentalmente, en los alquileres, respuesta de una política de vivienda que tenga un gran giro social y que considere que la vivienda es, un derecho para acceder a una vida digna y, en muchos casos, en relación a la gente más joven, a la propia independencia de sus vidas.

En este Real Decreto del Ministerio de Fomento --del cual van a tener ustedes una información pormenorizada-- tomamos otras nuevas decisiones, entre las cuales, yo querría destacar que sobre la filosofía en la que hemos siempre trabajado, la protección de los inquilinos, pero con un equilibrio importante entre los propietarios y los arrendatarios, un equilibrio que haga que las viviendas puestas en alquiler sean beneficiosas en los intereses, tanto de quienes las tienen en propiedad como de quienes las usan a través del alquiler, que es de lo que se trata, de rentabilizar al máximo posible esta circunstancia, ---muy habitual en nuestro país, somos un país donde tenemos la costumbre de acceder en propiedad a las viviendas-- con algunos elementos nuevos que destaco: vamos a proceder a tener una listas indicativas de precios de la vivienda y los vamos a vincular todos a la subida del IPC. Vamos a permitir que puedan existir bonificaciones, fundamentalmente, en el IBI, en las políticas tributarias locales para poder promocionar a quienes las alquilan, evidentemente, para que podamos disponer de suficiente oferta pensando -repito--en lo que pensamos que es un problema importante de la gente más joven. Vamos a mantener el derecho de tanteo y retracto de las administraciones públicas, fundamentalmente, en aquellos casos en los que pueda ejercerse para edificios enteros, que nos parece que es otra fórmula de solución en la medida de lo posible, y una medida que valoramos de manera principal en este Gobierno. Sabemos de las circunstancias duras, muy duras, y muy tristes y lamentables en materia de desahucios. Este es un asunto que nos preocupa y al que queremos dar respuesta, en este Real Decreto-ley, propiciando y obligando que en los procedimientos en curso de los desahucios exista la obligación de la comunicación de las circunstancias a los servicios sociales de las administraciones públicas que tienen oferta, fundamentalmente, la administración local, los ayuntamientos, para que ninguna persona se vea en situación extrema de precariedad cuando se puede ver afectada por un procedimiento de desahucio. Esto nos preocupa enormemente, hay días que nos levantamos con circunstancias duras y este Real Decreto-ley da, también, respuesta a esta circunstancia.

En conclusión, añadimos algunas novedades que refuerzan una mirada social profunda sobre el derecho a la vivienda y sobre el uso social de la vivienda que en el anterior Real Decreto-ley no habían sido objeto de contemplación y que en este mejoramos y completamos.

También hemos acordado la aprobación de un Real Decreto-ley en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en materia laboral, en materia de empleo, y ocupación. Este Real Decreto-ley trae causa de una Ley que--con este mismo nombre prácticamente-- el Grupo Parlamentario Socialista registró hace un año. Esta es una Ley que tiene un año en la que contemplábamos todos y cada uno de los elementos discriminatorios, todos y cada uno de los puntos en los que en el itinerario laboral de una mujer había elementos injustos, desiguales y, por tanto, suponía un trato desigual y no aceptable en nuestro modelo constitucional sobre el principal valor y valor superior de nuestra Constitución, que es la igualdad, y acometemos en este Real Decreto-ley, algunas de las medidas planteadas en esta Ley, que consideramos que son necesarias y urgentes, particularmente 4 de 3 de esa Ley, y una que añadimos también por necesidad y por urgencia.

Quiero decir que en este periodo de nueve meses de este Gobierno hemos impulsado y propiciado la aprobación de cuatro Leyes que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres, 6 que estaban previstas decaen. Por nuestra parte serán recuperadas en el momento que política y jurídicamente podamos, porque en este Gobierno consideramos claramente, que no se puede sacar adelante una agenda política en una democracia sin contemplar que el principal elemento de desarrollo de toda la agenda política pasa por los elementos de igualdad entre hombres y mujeres y, naturalmente, por lo que nos obliga nuestro artículo 9 de la Constitución: remover los obstáculos que impiden que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva.

Los tres elementos que hemos sacado de la Proposición de Ley que lleva un año --como ustedes saben--, que forma parte de otras muchas leyes que han sido paralizadas -literalmente-- por un uso incomprensible de dos grupos parlamentarios en la Mesa del Congreso de los diputados, que han sido objeto --como ya es sabido por ustedes y por la opinión pública-- de un recurso de amparo del Grupo Parlamentario Socialista en pos del amparo del Tribunal Constitucional para el ejercicio de su cargo y de su participación política, y hemos considerado que al menos estos tres elementos tienen que quedar resueltos para la vida cotidiana de las mujeres, que somos ciudadanas y somos trabajadoras en el ámbito tanto de la Función Pública --del empleo público-- como en el ámbito privado.

Dos de ellas requieren una modificación orgánica del Estatuto de los trabajadores, y afectan: por un lado al cumplimiento de la Directiva 54/2006 y de una Recomendación del 2014, que en ambas se establece que hay que recomendar, imponer, en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros, decisiones que permitan la transparencia de las tablas salariales de forma y modo que las mujeres --que todos en general y las mujeres en particular-- puedan conocer cuáles son las circunstancias en las que se produce la denominada brecha salarial, la discriminación salarial, e introducir el concepto de igual trabajo, igual salario; a igual cualificación, dedicación, y desarrollo del puesto de trabajo, igual retribución.

Esto, que en los países con los que habitualmente nos comparamos ya está hecho, en nuestro país no lo está. Hay muchas mujeres que no conocen, ni siquiera, cuál es la discriminación salarial en la que pueden estar y, por tanto, la reivindicación de la reposición de esa desigualdad injusta porque no conocen las retribuciones del resto de los trabajadores y trabajadoras de su empresa; de tal manera que van a tener que publicarse estas tablas salariales, se va a tener derecho a acceder a ella vía representación sindical o de manera personal y vamos a --mediante Reglamento-- hacer un registro de estas tablas salariales de las empresas que van, también, a ser obligatorias a partir de 50 trabajadores y trabajadoras. Desde 50 trabajadores y trabajadoras, estas tablas van a tener, también, que ser publicadas.

Evidentemente a partir de ese momento tendremos la protección jurisdiccional de las discriminaciones salariales que se produzcan porque --como decía antes-- lo que vamos a hacer es cumplir en términos jurídicos, efectivamente, que igual trabajo, igual salario, sabiendo que tenemos una horquilla de brecha salarial que ronda en torno al 23% en algunas áreas laborales.

En segundo lugar, rescatamos también de las propuestas de esta Ley los permisos de paternidad y maternidad para el cuidado de los hijos nacidos o del cuidado de los menores. Estamos hablando, también, de dejar de ser parte del furgón de cola en la Unión Europea en relación a esta importantísima materia para hablar de la igualdad de condiciones en las que las mujeres desarrollan su ámbito laboral. La maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres. La maternidad es una opción libre de las mujeres de la que, en términos políticos, jurídicos, y sociales, tenemos que hacernos corresponsables todos por lo que representa. Representa nada más y nada menos que la continuación en términos de capital humano de un país como el nuestro; por lo tanto, no pueden seguir pechando las mujeres de manera exclusiva con todos y cada uno de los elementos circunstanciales que trae a la vida de una mujer, a la vida de una pareja, a la vida de los progenitores en general, la llegada --por vía biológica u otra-- de la responsabilidad de los menores.

Vamos a equiparar los permisos de paternidad y de maternidad en los mismos criterios en los que se debate, en este momento se ha debatido en el mes de junio en la Unión Europea, para alcanzar al final del proceso las 16 semanas por permiso de paternidad y maternidad. Lo vamos a hacer en tres años para dar tiempo suficiente a las empresas, al ámbito empresarial, a la irrupción de todas las circunstancias nuevas que todo esto representa para la organización del trabajo y para la corresponsabilidad, no solamente de los progenitores sino, también, de una función social extraordinaria primigenia --seguramente la más importante de una sociedad-- que es la reproducción humana y la protección en las mejores condiciones posible de los menores. De tal manera, que vamos a pasar de 5 a 8 semanas en este año --en el 2019, a partir de la entrada en vigor--, lo haremos hasta 12 semanas en el año que viene --en el 2020-- y hasta las 16 en el 2021, y con esto estaremos en 3 años alcanzando la media de permisos de paternidad y de maternidad que tienen los países de la Unión Europea que han hecho su trabajo --el nuestro va con retraso-- en materia de corresponsabilidad y de igualdad para hombres y mujeres.

Con esto lo que hacemos es, también, cumplir mandatos de la Constitución, el artículo 14, del artículo 9, y cumplir mandatos importantes de la Ley del 2007 que, siendo meramente propositiva, ahora va a alcanzar una virtualidad mayor, la de la obligatoriedad de poder establecer estos mecanismos de reparto de tal responsabilidad como es la protección de los menores y la --incluso-- las propias tasas de natalidad de nuestro país.

En tercer lugar, hemos sacado de la Ley --como les vengo indicando-- un tercer elemento que va a requerir, también, modificación de la Ley Orgánica del 2017, la Ley Orgánica 3/ 2017, en su parte no orgánica para no estar afectada evidentemente por la fórmula legislativa del Real Decreto-ley y que va a tener que ver con los planes de igualdad. Necesitamos que las empresas y la estructura empresarial de nuestro país, las mujeres, a través de los cauces formales oportunos --que suele ser, evidentemente, la negociación colectiva la representación sindical-- puedan tener una influencia importante y ser las propias portavoces de los asuntos relativos a todas las cuestiones laborales en las que se desarrolla su actividad profesional, teniendo en cuenta, como es lógico, la afectación de muchos elementos, el más importante --como decía antes--, la propia acción de la maternidad.

Nuestro país hasta ahora, los planes de igualdad estaban previstos sólo para empresas de más de 200 trabajadores y trabajadoras, hay muy pocos hechos y algunos, incluso hechos, no se cumplían. A partir de ahora vamos a empezar, también, progresivamente, para ir pudiendo hacerse este camino de transición en empresas de 50 trabajadores hasta las de 250 y, a partir de ahí ya son empresas grandes que no son muy abundantes en nuestro país.

Vamos a dejar tres años para las empresas más pequeñas, para las que tienen más de 50 trabajadores, y un solo año para las empresas que tienen más de 250 trabajadores, para que haya también un período de adaptación que permita elaborar estos planes, con criterios razonables de tiempo y de adaptación a todas estas circunstancias que son, evidentemente, muy transformadoras de los verdaderos derechos y del verdadero tratamiento igualitario de las mujeres trabajadoras en nuestro país. Esos planes de igualdad tendrán que ser, también, registrados para que podamos tener control sobre los mismos, de tal manera que se puedan cumplir los criterios de igualdad de trato de las mujeres y de los hombres en los ámbitos empresariales.

Y, por último, una cuarta medida de este Real Decreto-ley que no estaba contemplada porque no era su materia en la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades de la que les vengo trayendo causa para los elementos que han sido incorporado a este Real Decreto-ley, y que tiene que ver también con la recuperación de las cotizaciones a cargo de la Administración General del Estado --me estoy refiriendo a las cotizaciones del convenio especial que hay para los trabajadores y trabajadoras de mayores en el ámbito de la dependencia, y de las personas con discapacidades, y con necesidades de dependencia en sus cuidados-- que, como ustedes saben, muchas abandonan el trabajo, interrumpen su cotización, y se produce como consecuencia otra de las grandes brechas absolutamente inadmisibles en una democracia, y que es la brecha en las pensiones.

El grueso más importante de los cuidadores de los que estamos hablando en este momento son mujeres. La brecha en las pensiones se produce por esta discontinuidad en las cotizaciones de muchas mujeres que abandonan sus trabajos para cuidar de otros, particularmente y de manera muy importante a considerar, el grupo de madres que abandonan sus trabajos para cuidar a mayores o a hijos con problemas de enfermedades graves, evidentemente, en unas condiciones de dependencia muy altas. Estamos hablando de un colectivo que es mayoritariamente también de mujeres y que hemos de devolverles la posibilidad de la cotización que tiene que ver con su protección, con su respeto, incluso habría que añadir el agradecimiento de la tarea que hacen en términos de ética, de ética de los cuidados en una sociedad que debe propiciar la solidaridad siempre, y dejamos de castigarlas en una brecha muy grave que es la brecha en las pensiones. En las pensiones hay brechas de hasta el 40%. Hay alrededor de 300-370 euros menos en las pensiones de las mujeres en relación a los hombres y una parte importante se produce en esta circunstancia del cuidado ya que fundamentalmente son cuidadoras.

Con estas cuatro medidas que consideramos necesarias y urgentes, obviamente, que no han podido sacarse adelante porque hemos tenido el bloqueo y la paralización constante de la obstrucción constante que se ha hecho en las Cámaras en estos nueve meses, al menos cumplimos con alguno de los objetivos importantes que en materia de política social y en materia política de igualdad el presidente Sánchez advirtió, en su discurso de investidura a la llegada de este Gobierno.

Por lo demás, hemos tomado algunas decisiones --también muy importantes-- mediante Reales Decretos. Hemos acordado por Real Decreto el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. Era una medida que esperaban largamente desde hace 7 años los hombres y las mujeres que se dedican a la investigación en nuestro país, particularmente los jóvenes, que con esto les dotamos de un Estatuto y de un modelo de contratación laboral que les permite claridad en sus condiciones de trabajo, de tiempos, de horarios, de jornada, de vacaciones, de retribuciones, durante hasta 4 años, que les ofrece estabilidad y garantía y abandonamos ese otro espacio inconcreto e informal donde las relaciones eran más de dependencia personal que de claridad estricta de los derechos y de los deberes propios de un modelo de país como el nuestro. Nos sentimos muy satisfechos de poder haber acordado finalmente el EPIF que tanto esperaba los hombres y mujeres jóvenes que se dedican a la ciencia en nuestro país.

Hemos, por Real Decreto hoy también, acordado la configuración estructural de competencias y funciones de la autoridad macroprudencial. Este Gobierno quiere que no vuelva a repetirse nunca una situación de inestabilidad financiera, de crisis, como la que hemos vivido porque hayan faltado elementos racionales de prevención, de coordinación, de esfuerzo y de respuesta antes de que ocurra lo que ha ocurrido. El Ministerio de Economía y Empresa trajo un Real Decreto --como ustedes saben-- a convalidación para que nuestro país no fuera el último país de Europa --en rango, digamos de magnitud y de importancia-- que no tenía todavía ordenada una prevención de una crisis, como la última, que hubo, evidentemente, de preverse.

Y, por último, también, hoy hemos, se recuperó mediante Real Decreto del 28 de agosto de 2019 el Observatorio para la Salud de las mujeres. Hoy la ministra ha traído también la conformación de este Observatorio que fue absolutamente dejado caer por inanición absoluta del anterior Gobierno y en el que el Ministerio de Sanidad quiere seguir trabajando en términos de diagnóstico, de prevención, y de planes sobre todos aquellos asuntos relativos a la perspectiva de género en la medicina y en la salud. Este observatorio existía, se dejó morir --literalmente-- y se recupera por todo lo que significa.

Y, por último, hemos aprobado, también, la Declaración Institucional para el día 8 de marzo. La hemos hecho los dos ministros que comparásemos aquí ahora mismo, el ministro Borrell y yo misma, porque nuestra declaración institucional está incardinada en la Agenda 2030, en uno de los grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible que son todas las políticas de igualdad en el mundo, la protección particular de todas las debilidades y marginaciones en las que andan las mujeres del mundo y las niñas, y en ese ámbito, nos sumamos al lema de Naciones Unidas este año para celebrar el 8 de marzo como Gobierno y hacemos una declaración conjunta enmarcada, también, en estas circunstancias.

Estos son los principales asuntos que hemos tratado y finalmente, también, en materia de Formación Profesional algunos elementos de los que nos sentimos muy satisfechos. Hemos traído titulaciones nuevas en Formación Profesional por parte del Ministerio de Educación, muy necesarias para resolver uno de los elementos que distorsionan con mucho nuestro desarrollo económico y nuestras condiciones de empleo y de trabajo en nuestro país, que es la formación de los trabajadores y de las trabajadoras. El Ministerio ha hecho un trabajo importante de determinar aquellas áreas de la Formación Profesional donde necesitamos formación para un modelo de trabajo y de desarrollo económico más competitivo, más productivo, y completamente necesario en nuestro país.

Estos son los asuntos principales, y ahora el ministro dará cuenta de dos asuntos que son de lo más principales: Brexit y el Plan África.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)