El Gobierno e Illes Balears acuerdan el traspaso de la gestión del litoral

Isabel Rodríguez, que se ha reunido con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y ha presidido la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ha remarcado, dentro del compromiso con la insularidad, "los avances importantes en el régimen especial de las Illes y el compromiso del presidente Sánchez para que los Presupuestos Generales del Estado aborden las particularidades fiscales de este régimen especial, cumpliendo con las demandas de la Comunidad Autónoma".

Este Gobierno cree en el Estado autonómico

La ministra ha hecho referencia en su intervención al Estado de derecho y democrático que nos dimos con una Constitución que va a cumplir 44 años y el desarrollo del Estado autonómico, "que hoy se perfecciona con el traspaso de la gestión del litoral a las Illes Balears, que viene a dar cuenta del compromiso del Gobierno de España también con la mejora de la vida de la ciudadanía, al avanzar en el autogobierno y el desarrollo de los estatutos".

Isabel Rodríguez ha reconocido que la confianza en los estatutos de autonomía y sus normas nunca fueron vistos por los mismos ojos por administraciones anteriores en el Gobierno de España: "Este Gobierno sí cree en el Estado de las autonomías y lo reivindica hoy, cuando algunos grupos claramente muestran su rechazo y, por tanto, rechazan también al orden constitucional".

Traspaso de la ordenación y gestión del litoral

Isabel Rodríguez ha subrayado la importancia de culmimar esta transferencia, que entrará en vigor el 1 de julio, "porque acerca la gestión de costas a la ciudadanía, a la Administración autonómica, a las administraciones insulares. Más de 1.500 kilómetros de costa, dando cumplimiento a una demanda histórica autonómica, que modificó sus Estatuto, en gran medida, para solicitar esta competencia".

"Es un avance del Estatuto, que va a celebrar su 40 aniversario, que culmina un deseo legítimo del Gover balear, al que ha acompañado el Gobierno de España, porque cree en el autogobierno, para facilitar una mejor gestión que beneficie a los ciudadanos", ha recalcado.

El traspaso supone un paso importante en la consolidación del nuevo modelo de gestión del dominio público marítimo-terrestre, representa el reconocimiento a la singularidad insular balear, para que la Administración autonómica pueda proyectar sus competencias sobre el espacio marítimo que rodea las islas, y garantizar así unos niveles de protección acordes con las demandas de la ciudadanía balear y de sus sectores productivos, en particular el turismo.

Medios que se traspasan

Illes Balears asume la autorización de uso de temporada en las playas y en el mar territorial; autorización de actividades y ocupación del dominio público-terrestre; autorización en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; y concesiones demaniales de costas; obras y actuaciones que no sean de interés general.

La Administración General del Estado conserva la emisión de informes preceptivos sobre funciones traspasadas; fijación de cánones de aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre; rescate de concesiones demaniales cuando exista razón de interés general; y ejercicio de la potestad sancionadora derivada de la titularidad estatal del dominio público marítimo-terrestre cuya gestión no corresponda a la comunidad autónoma.

El Estado y la Comunidad Autónoma compartirán funciones de coordinación, especialmente en utilización del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de nuevos puertos; emisión de informes sobre cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre en la ordenación territorial y urbanística; e inversiones en obras de interés general.

Se traspasan seis vehículos y el 6,24% de la superficie total de la sede de la Demarcación de Costas en Illes Balears en Palma. La Comunidad Autónoma se subroga asimismo en la posición que ostenta la Administración General del Estado en diversos contratos en curso de ejecución.

Se traspasan también 18 puestos de trabajo ocupados y vacantes, 7 de personal funcionario y 11 de personal laboral. El Acuerdo comporta una financiación en 2022, que corresponde al coste efectivo anual, por importe de 1.306.704,88 euros, teniendo efectividad a partir del día 1 de julio de 2023.

Fondos europeos

Isabel Rodríguez ha valorado positivamente la alineación del Govern con las políticas del Gobierno de España: "Nos enfrentamos a grandes retos, como abordar el cambio climático, y España lidera esas políticas y las Illes Balears están a la vanguardia, especialmente en el ámbito de la movilidad, por ejemplo, garantizando a las familias, trabajadores y estudiantes la gratuidad del transporte el año próximo".

También se ha referido al proyecto de tranvía, importante para Palma, que cuenta ya con partida presupuestaria y el protocolo necesario para avanzar hacia un futuro más sostenible, además de facilitar la movilidad de la ciudadanía.

La ministra ha felicitado al Govern por su lealtad y por su buena gestión de los fondos europeos: "Primero, celebramos que los tenemos, porque los peleamos en Europa mientras otros los boicoteaban; en segundo lugar, porque hacemos la mejor gestión de estos fondos, por eso, nuestro país reclama ya a la Unión Europea el tercer pago".

Ha explicado que "las Illes Balears es una de las comunidades que mejor gestiona los fondos europeos, con una buena política económica, pensando en una industria y un turismo más sostenibles y de mayor rédito económico, con datos importantes en empleo que, gracias a la reforma laboral, está dando estabilidad a las Illes y a España".

Compromiso del Gobierno con las Illes Balears

El Gobierno de España, a lo largo de estos últimos cinco años, ha hecho una apuesta clara y rotunda por la cohesión territorial, transfiriendo al Gobierno autonómico más de 5.600 millones de euros, de los cuales más de 2.160 son entregas a cuenta. De estas entregas, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022 se reconoce por primera vez la insularidad y los costes que implica la insularidad para la ciudadanía de las Illes Balears. En los PGE 2023, también se verá modificado el Régimen Económico Balear con más incentivos.

En materia de transportes el Gobierno también ha cumplido su compromiso, con bonificación del 75% en los billetes en vuelos de residentes; incentivando el transporte ferroviario, en el caso de este territorio, con la gratuidad del 100% que en Mallorca y con la extensión del 50% del transporte terrestre colectivo en Menorca, Ibiza y Formentera.

En los PGE2023, además, la Administración General del Estado se compromete a financiar con 20 millones de euros para el Tranvía de Palma.

Por otro lado, Illes Balears lideró en octubre la reducción del paro, con una caída del 32%. Una consolidación que viene dada por la reforma laboral puestas en marcha el Gobierno de España.

Comisión Mixta de Transferencias

La Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears está presidida por la ministra Isabel Rodríguez y asisten en representación del Estado, entre otros, el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, la secretaria general de Cooperación Territorial, Miryam Álvarez, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, la delegada del Gobierno en Illes Balears, Ana María Calvo, y el director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo.

La representación de Illes Balears en la Comisión Mixta de Transferencias está encabezada por la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y asisten también, entre otros, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez Grau, y el consejero de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir Gual.