Los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Interior refuerzan la colaboración para la vigilancia y control de las actividades de pesca marítima

Esta colaboración está permitiendo hacer frente de una manera efectiva al control de las cuotas de pesca, la actividad de la flota y la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Una coordinación entre los distintos órganos de las administraciones que se inició en 1997 mediante la firma de un Acuerdo Marco, en virtud del cual se acordó la cesión de uso de siete patrulleras de altura de la Secretaría General de Pesca a la Dirección General de la Guardia Civil y, a partir de 2015, la cesión y coordinación del uso de cuatro helicópteros configurados específicamente para la vigilancia e inspección de la actividad pesquera.

Nuevo acuerdo marco de colaboración

Para reforzar esos mecanismos de colaboración y refundir en un solo texto los acuerdos existentes, ambos ministros han suscrito hoy un Acuerdo Marco en el que se establecen las actuaciones en materia de inspección, vigilancia y apoyo a la flota pesquera, que se plasman en tres ámbitos de cooperación.

Por una parte, la colaboración con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SERMAR) en la inspección a buques pesqueros, para comprobar el cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria y la inspección y vigilancia de sus actividades. Una actuación que se lleva a cabo con las siete patrulleras de altura cedidas por la Secretaría General de Pesca: Río Guadiana, Río Almanzora, Río Andarax, Río Guadalete, Río Nervión, Río Francolí y Río Guadiar.

También se colaborará con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, que realiza actuaciones de vigilancia, control e inspección de la actividad pesquera en el mar, la vigilancia y apoyo a la flota pesquera, así como cualquier acción que pueda repercutir directamente en la conservación y protección de los recursos pesqueros, con los cuatro helicópteros cedidos por la Secretaría General de Pesca.

El Acuerdo marco contempla igualmente la cooperación con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que realiza actuaciones en tierra de seguimiento y control del cumplimiento de la normativa pesquera, referida a artes de pesca y capturas, transporte, almacenamiento en frigoríficos, así como el control de la pesca recreativa y la correspondiente actividad de clubes deportivos, entre otras.

Para desarrollar esta labor el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aportará un máximo de seis millones de euros anuales en concepto de gastos de explotación y mantenimiento derivados de las actividades de inspección, vigilancia y apoyo que desarrolle el Ministerio del Interior.

Mecanismos de coordinación interministerial

El Acuerdo Marco establece que la coordinación entre las dos partes interesadas se instrumente a través de Programas Anuales de Control Integral de las Actividades Pesqueras (PACIAP), en los que queden establecidas las actuaciones de cada una de las partes, así como los medios aportados y los gastos de operatividad, mantenimiento y explotación.

También se contempla la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento y Explotación del Acuerdo que examinarán tanto aspectos económicos como operativos relacionados con el cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo Marco, además de elaborar y aprobar el presupuesto anual de explotación y el establecimiento de un Órgano Permanente de Enlace y Coordinación, de carácter operativo, encargado de la coordinación detallada para el desarrollo, seguimiento y reprogramación de las operaciones de vigilancia pesquera contempladas en el Acuerdo Marco.

Este acuerdo, ha subrayado Planas, es un instrumento imprescindible para mantener nuestro compromiso con la sostenibilidad pesquera y la lucha contra la pesca ilegal, ya que solo garantizando la sostenibilidad de las pesquerías podemos garantizar la sostenibilidad medioambiental, social y económica del sector pesquero del futuro.

Por su parte, Grande-Marlaska ha hecho hincapié en que, dentro del concepto amplio de seguridad humana, la sostenibilidad del medio ambiente, incluido el ámbito pesquero, es una responsabilidad de presente y un deber de futuro. Y en esa tarea, están plenamente comprometidos el Gobierno, el Ministerio del Interior y, por supuesto, la Guardia Civil.