Discurso del presidente del Gobierno en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para convalidar el Real Decreto Ley de medidas fiscales y sanitarias

Madrid

Señor Presidente, Señorías,

Intervengo para defender, en nombre del Gobierno, la convalidación del Real Decreto Ley de medidas fiscales y sanitarias aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de agosto. Ello me permitirá exponer también la posición del Gobierno sobre el nuevo agravamiento de la coyuntura económica internacional que se ha producido en las últimas semanas, un agravamiento puesto de relieve en los mercados de deuda soberana y en los datos de crecimiento de las economías desarrolladas que se acaban de conocer.

Asimismo, aprovecharé esta comparecencia para informarles de los pasos que se propone dar el Ejecutivo. De este modo, espero atender también la lógica preocupación que han expresado los diversos Grupos Parlamentarios sobre la evolución de la situación económica y la necesidad de un debate en esta Cámara.

Señorías,

Comienzo con la descripción de la situación, de las nuevas dificultades apreciables en el contexto económico internacional.

En lo que llevamos de este mes de agosto estamos asistiendo a una extraordinaria volatilidad de los mercados financieros y bursátiles mundiales, y ello está generando un estado de comprensible inquietud entre los agentes económicos, y los ciudadanos en general, por lo que pueda significar el recrudecimiento de la ya larga crisis económica que padecemos desde 2008.

Hay factores que contribuyen a generar esta inestabilidad última.

En mi anterior comparecencia del 27 de julio, solicitada para exponer los resultados de la última Cumbre del Eurogrupo, destaqué la relevancia de estos resultados; pero también advertí sobre que sus efectos en los mercados de deuda podían no ser inmediatos hasta que los acuerdos alcanzados no se concretasen e implementasen en todos sus extremos.

Y así ha ocurrido, ciertamente: estamos padeciendo las consecuencias de esta transitoriedad pero, además, en las últimas semanas se han sumado algunos factores más de inestabilidad.

Uno de ellos ha sido, con claridad, el difícil y accidentado proceso político que ha conducido en Estados Unidos a la decisión del Congreso de elevar el techo de deuda del Gobierno federal. Fue un proceso que, aun después de alcanzado el acuerdo, llevó a una de las tres principales agencias mundiales de calificación de deuda a rebajar el "rating" de ese país, con el impacto negativo que Sus Señorías conocen, porque, con independencia de si había o no fundamento para esa degradación --algo que no me corresponde juzgar--, ha sido la primera vez que la más grande economía del mundo se ha visto privada por una agencia de la calificación triple A.

Casi simultáneamente se han hecho públicos estos días, a uno y otro lado del Atlántico, datos que ponen en cuestión el vigor de la recuperación económica, cuando no la propia recuperación en sí misma, en Estados Unidos y en Europa. El 29 de julio se conoció el avance de los datos de crecimiento de Estados Unidos en el segundo trimestre y se revisó a la baja la estimación en el primer trimestre. Representan un crecimiento en el primer semestre inferior al 1 por 100 interanual y los indicadores adelantados conocidos en este tercer trimestre están llevando a los analistas a rebajar el crecimiento para el conjunto del año. Y a mediados de agosto también hemos conocido que la Unión Europea ha ralentizado su ritmo de crecimiento, al pasar del 0,8 por 100 intertrimestral en el primer trimestre al 0,2 por 100 en el segundo, siendo Alemania el país que más frena su actividad entre las principales economías europeas.

Junto a estos factores, otros, como la mayor sensibilidad de los mercados en agosto a las acciones especulativas --frente a las que, por cierto, hemos actuado prohibiendo las ventas a corto de valores financieros-- o la propagación de rumores infundados sobre la salud financiera de algunos bancos europeos, también han contribuido a alimentar las incertidumbres sobre la situación económica general.

En los mercados de deuda soberana de la zona euro estas incertidumbres han vuelto a originar fluctuaciones importantes en las primas de riesgo, registrándose acusados, preocupantes y no justificados incrementos en los diferenciales de países como España e Italia; pero también en otros, como Bélgica o Francia, cuya prima de riesgo ha alcanzado también sus niveles máximos desde la creación del euro y los seguros de cambio de su deuda, los llamados CDS, se han aproximado a los doscientos puntos básicos.

La inestabilidad ha afectado también al conjunto de bancos europeos, que tienen que afrontar elevadas primas de riesgo para obtener liquidez en el mercado interbancario, y a todas las Bolsas de Europa y de Estados Unidos, cuyos indicadores han regresado a los niveles mínimos marcados en toda la crisis financiera en la primavera de 2009, de tal modo que la caída bursátil en 2011, hasta ayer, 22 de agosto, supera el 23 por 100 en el caso del Eurostoxx, alrededor del 21 por 100 para el índice CAC de la Bolsa de París y el DAX alemán, y el 16 por 100 para el caso del IBEX español. Y se está produciendo una huida de los inversores hacia valores considerados de máxima seguridad, como es el caso del oro, cuyo valor se ha incrementado un 42 por 100 en lo que va de año.

En este contexto de tensiones financieras y fuerte y prolongado ajuste fiscal, la economía española mantiene la recuperación, aunque a un ritmo débil; débil todavía para poder crear empleo de manera neta como es la ambición, el deseo y la necesidad de nuestro país. El crecimiento de la economía española en el segundo trimestre fue de un 0,2 por 100 en tasa intertrimestral, el mismo que el conjunto de la zona euro, y ligeramente por encima del de sus dos principales economías, la alemana y la francesa. Y en tasa interanual crecemos un 0,7 por 100, un punto menos todavía que el conjunto de la economía europea.

Nuestro crecimiento sigue dependiendo de la fortaleza del comercio exterior. Así, las exportaciones en el primer semestre del año han aumentado el 18,5 por 100, un dato muy apreciable que habla bien del esfuerzo de competitividad que están haciendo no pocas de las empresas españolas y que justifica las iniciativas adoptadas desde el Gobierno para favorecer su internacionalización.

En cambio, el ajuste en el sector de la construcción residencial, que todavía no ha terminado, sigue suponiendo una aportación negativa al crecimiento y destruyendo empleo. La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, que arroja aún una tasa de desempleo en torno al 20 por 100, una tasa que pesa como una losa sobre la sociedad española, refleja, no obstante, que nuestra economía vuelve a crear empleo neto por primera vez en casi tres años, por primera vez desde otoño de 2008, y que lo hace en todos los sectores, en todos menos el de la construcción. Ello explica alguna de las iniciativas que el Gobierno ha tomado el pasado viernes, a las que enseguida me referiré.

Por lo demás, la economía española sigue corrigiendo los grandes desequilibrios que empezaron a acumularse a partir del anterior ciclo expansivo, y lo hace a buen ritmo: hemos reducido a la mitad nuestro diferencial de inflación con la zona euro, que es de 0,5 puntos en el mes de julio; también en los dos últimos años hemos conseguido reducir nuestro déficit por cuenta corriente a la mitad --del 9,6 por 100 en 2008 al 4,6 por 100 en el primer trimestre de 2011-- y, por primera vez en una década, en 2010 hemos reducido el endeudamiento neto del conjunto de la economía española frente al exterior en cuatro puntos, hasta el 87 por 100 del Producto Interior Bruto.

Y, a pesar del incremento en las tensiones, este verano el Tesoro público ha continuado financiándose con normalidad. En las subastas de letras y bonos celebradas entre el 26 de julio y el 16 de agosto ha conseguido captar en torno a doce mil millones de euros, con una demanda elevada y una importante participación de inversores internacionales.

Pero, Señorías, no les quiero ocultar mi preocupación: nuestra economía sería vulnerable a un empeoramiento del contexto internacional, si éste pudiera confirmarse, y no hubiéramos reaccionado al mismo o, peor aún, no hubiéramos hecho nada para prevenirlo.

Mi preocupación se basa, en primer lugar, en las dificultades que la actual situación de los mercados financieros supone, sin duda, para captar recursos por parte de empresas, instituciones o entes públicos; en segundo lugar, en que los riesgos de desaceleración mundial, de materializarse, terminaran también afectando, como acabo de indicar, a nuestra principal fuente de crecimiento, el sector exterior; y, en definitiva, en que el actual escenario de incertidumbre puede suponer, y supone, un freno adicional a la mejora de la confianza de consumidores y empresas, tan necesaria para recuperar la demanda nacional y tan necesaria, a su vez, para crear empleo.

Señorías,

Este recrudecimiento de la crisis en los mercados europeos de deuda soberana puede acabar afectando al corazón mismo de la Unión Monetaria. Ante este riesgo, las instituciones europeas y los países que comparten el euro tenemos que hacer todo lo necesario para fortalecer la estabilidad financiera, corrigiendo las disfunciones que se están produciendo en los mercados, y todo lo necesario significa, en primer término, ejecutar con prontitud los acuerdos alcanzados en la última reunión del Eurogrupo.

Por ello, el Presidente de la Comisión solicitó el 3 de agosto a todos los países miembros de la zona euro que aceleren los procedimientos para la ratificación de los acuerdos alcanzados en la reunión del 21 de julio; y, por ello, igualmente, representantes de la Comisión Europea y de los Gobiernos europeos han estado trabajando en estas semanas de agosto en la concreción de los acuerdos del 21 de julio, con el objetivo de que los ministros de Finanzas de la zona euro puedan aprobarlos a principios de septiembre.

Por parte del Gobierno español, vamos a estar en condiciones de someter los acuerdos a su ratificación por este Parlamento antes de que finalice el período de sesiones en el mes de septiembre. En este sentido, el Real Decreto Ley que hoy examinamos aumenta el límite de avales previstos en los Presupuestos Generales de 2011 con el fin de incrementar la capacidad de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera.

Entretanto, el Banco Central Europeo ha tenido una intervención clave para rebajar la tensión en los mercados financieros en los últimos días. Desde el 8 de agosto se ha vuelto a poner en práctica el programa de adquisición de activos financieros, con una compra de títulos de deuda pública en el mercado secundario por importe global de 36.291 millones de euros en las dos primeras semanas.

Sin duda, esa decidida actuación por parte del Banco Central Europeo ha logrado disminuir las tensiones en los mercados de deuda, en especial de Italia y España; pero esta intervención para garantizar la liquidez y el buen funcionamiento de los mercados monetarios sólo puede concebirse como transitoria y excepcional. Hemos de trabajar instituciones europeas y Gobiernos con el horizonte temporal inmediato de convertirla en innecesaria: innecesaria porque esté plenamente operativa la Facilidad Financiera e innecesaria por el efecto de las nuevas medidas adoptadas, tanto en el ámbito nacional, como en el marco de la gobernanza europea, por los Gobiernos de la zona euro.

Esta consideración me lleva a explicar a Sus Señorías las últimas iniciativas tomadas por el Gobierno español y a anunciarles algunas más que nos proponemos poner en marcha con carácter inmediato.

A lo largo de toda esta crisis España ha defendido como imprescindible avanzar en el camino de una mayor integración económica y presupuestaria. Esta mayor integración, para preservar la estabilidad de la zona euro y sentar las bases de una nueva etapa de crecimiento, implica también asumir claros compromisos nacionales de convergencia entre los países miembros de la Unión.

La nueva coyuntura económica internacional, con dificultades añadidas, hace más imperiosa, si cabe, la necesidad de perseverar en el cumplimiento de estos compromisos. Y el Gobierno lo va a hacer hasta el último día de la Legislatura.

Por ello, anuncié en mi comparecencia ante los medios de comunicación el pasado 29 de julio --antes, por cierto, de que se intensificarán las turbulencias en los mercados financieros-- que el Gobierno preparaba nuevas medidas para asegurar el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit y para incrementar la competitividad y flexibilidad de la economía española, es decir, su capacidad de crear empleo; nuevas medidas --dije-- que se aprobarían en los Consejos de Ministros de los días 19 y 26 de agosto.

Lo he manifestado una y otra vez: el Gobierno está completamente decidido a garantizar el cumplimiento estricto de la senda comprometida de reducción del déficit público, lo que supone reducirlo hasta el 6 por 100 del PIB al final de este año.

Como Sus Señorías saben, los datos de ejecución presupuestaria del Estado en la primera parte del año nos sitúan claramente en esta dirección de cumplimiento estricto; pero, como se trata de asegurarlo, el Gobierno quiere contar con un margen adicional hasta final de año que permita garantizar el cumplimiento del objetivo global de todo el Estado, del conjunto de las Administraciones Públicas.

Dotarse de ese margen adicional es el propósito que anima el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de agosto, cuya convalidación se debate y vota hoy.

La norma contiene, por un lado, medidas de reducción del gasto farmacéutico, que responden a las propuestas consensuadas en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado el pasado 21 de julio para racionalizar el gasto sanitario. Junto a ello, se incluyen otras iniciativas tendentes a mejorar la calidad del Sistema, como el establecimiento de un formato único de tarjeta sanitaria y el apoyo a la prestación farmacéutica en el ámbito rural.

El conjunto de las actuaciones aprobadas supone un ahorro estimado para el Sistema Nacional de Salud de 2.400 millones de euros anuales, 600 de ellos ya en 2011. Este ahorro se suma al que depararon las medidas precedentes, adoptadas en 2010, que permitieron que, por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud, se produjese una reducción anual de la factura farmacéutica, reducción que en la actualidad se sitúa ya en un 9 por 100 interanual.

Son actuaciones promovidas por el Gobierno que ayudarán a equilibrar también las finanzas de las Comunidades Autónomas, como lo ha sido también el ofrecimiento, en este mismo mes de agosto, de una nueva línea del ICO a disposición de las Comunidades Autónomas, condicionada a pagar facturas pendientes de sus proveedores, en cuantía del 50 por 100 de las devoluciones negativas en 2012, unos 2.500 millones de euros. Ello me permite reiterar el compromiso leal y responsable de todos los niveles de administración con la reducción del déficit.

Por otro lado, el Real Decreto Ley incorpora también un aumento en los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, que supondrá unos ingresos adicionales de 2.500 millones de euros en 2011. Se trata de una medida temporal, hasta 2013, para que las empresas con mayor capacidad económica --las que facturen más de veinte millones de euros anuales; aproximadamente, 3.900 empresas-- contribuyan al cumplimiento de la senda marcada de reducción del déficit hasta esa fecha. La medida no entraña un aumento en la tributación, sino un cambio en la periodificación de los ingresos a cuenta del Impuesto de Sociedades, siguiendo un procedimiento similar al que conocen los ciudadanos sometidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con las dos medidas, la reducción del gasto farmacéutico y el cambio en la retención del Impuesto de Sociedades, y junto a los ingresos derivados de las subastas del espectro radioeléctrico, por importe de dos mil millones de euros, vamos a disponer de recursos por un importe superior al 0,5 por 100 del PIB, apuntalando así la consolidación fiscal. Éste es el margen adicional con el que queremos asegurar el cumplimiento del objetivo del 6 por 100 al final de este año.

Señorías,

En las últimas semanas algunos países europeos han anunciado que adoptarán, de manera inmediata, importantes medidas de consolidación fiscal. Quiero recordar, en este sentido, que España inició el proceso de reducción del déficit público antes que una buena parte de los países europeos y, gracias a ello, en sólo dos años nuestro país habrá reducido el déficit público en prácticamente la mitad, 5,2 puntos del PIB, uno de los mayores esfuerzos de austeridad conocidos que haya realizado una economía desarrollada y que se debe en último término -- quiero reconocerlo aquí-- a la voluntad colectiva de la sociedad española y de sus representantes públicos.

El camino está trazado y cabe confiar en que el Gobierno que salga de las urnas a finales de año, sea de del signo que sea, continúe transitando en esa dirección.

Precisamente, como entiendo que ésta es una decisión estratégica de calado, estructural y no coyuntural, y muy mayoritariamente asumida por la sociedad española y sus representantes, deberíamos de estar en condiciones de trasladarla a nuestra Constitución como están haciendo o planteándose hacer otras grandes economías europeas.

El sentido de esta iniciativa es idéntico en todos los casos que ya se han anunciado: implica reforzar el compromiso con las necesidades del proceso de consolidación definitiva de la Unión Económica y Monetaria, y significa, también, un paso relevante para fortalecer la confianza en la estabilidad a medio y largo plazo en la economía española.

Señorías,

Se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las Administraciones Públicas. Estoy convencido de que, tratándose de una reforma constitucional, lo mejor sería adoptarla no sólo con todo el consenso imprescindible, sino con todo el consenso posible, y hacerlo con esta voluntad desde el principio mismo del procedimiento. Nada mejor para ello que hacerlo a partir de una iniciativa parlamentaria.

No obstante, debo decir que he consultado ya la posibilidad de formalizar esta iniciativa con el líder del principal partido de la oposición y con el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Considero que es factible llegar a ese acuerdo de reforma constitucional e invito a los dos grupos mayoritarios y a los demás grupos de la Cámara a que lo concreten en una proposición de ley de reforma que pudiera ser aprobada de inmediato.

Señorías,

Junto a la consolidación fiscal necesitamos seguir haciendo reformas para incrementar la competitividad de nuestra economía y su capacidad de crear empleo.

Uno de los desequilibrios generados en la anterior fase de crecimiento fue el excesivo peso que adquirió la construcción residencial, detrayendo recursos que podían haber servido para promover otras actividades productivas de mayor valor añadido y, sobre todo, incentivando el endeudamiento privado, que es el mayor problema que tiene hoy la economía española.

Para impulsar el final del ajuste del sector inmobiliario y que éste recupere el peso específico razonable que ha de tener en nuestro sistema productivo y de empleo, el Gobierno ha aprobado un incentivo fiscal, de carácter temporal, para favorecer la compra de vivienda. Hasta el 31 de diciembre de 2011 se aplicará a las transacciones de compraventa de vivienda nueva el tipo superreducido del IVA, del 4 por 100, frente al 8 por 100 que se aplica actualmente.

Y ahora paso, Señorías, a anticiparles algunas de las nuevas medidas que se propone adoptar el Gobierno con carácter inmediato para favorecer la contratación laboral en este contexto aún más exigente en el que nos podemos encontrar los próximos meses.

• El próximo viernes aprobaremos un Real Decreto Ley que, entre otras cosas, incluirá adaptaciones en las modalidades de contratación para favorecer, al tiempo, el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y su formación;

• la ampliación del plazo para convertir contratos temporales en contratos de fomento a la contratación indefinida;

• la remisión al primer semestre de 2013 para la implantación del fondo individual de capitalización mantenido a lo largo de toda la vida laboral previsto para casos de despido, complementar la formación o, en último término, en el momento de la jubilación;

• la prórroga del mecanismo de pago por parte del FOGASA de parte de la indemnización por despido;

• la prórroga por seis meses adicionales del programa PREPARA, el programa de recualificación profesional de las personas que agotan su protección por desempleo, que ya ha atendido a 105.000 desempleados e incluye un itinerario de inserción y la participación en las diversas medidas de política activa de empleo, así como la ayuda de cuatrocientos euros.

Llegados a este punto, Señorías, quiero agradecer la carta que los secretarios generales de las dos principales centrales sindicales me remitieron el pasado día 18 de agosto. Es una muestra de responsabilidad en un momento en el que necesitamos claramente reformas que promuevan la creación de empleo, como las que prevemos aprobar el próximo viernes, pero en el que también necesitamos moderación de precios y salarios, y de beneficios destinados a la reinversión, para mejorar la competitividad en el corto plazo.

Durante el periodo de vigencia del Acuerdo de Negociación Colectiva suscrito por los agentes sociales en 2010, España ha podido recuperar parte de la competitividad-precio perdida desde nuestra entrada en el euro. Sería un eslabón más de credibilidad en nuestra senda de recuperación si, de forma inmediata, los agentes sociales extendieran el Acuerdo de Negociación Colectiva a un período más amplio; un acuerdo que reconociera la necesaria moderación, tanto de salarios, como de beneficios, y que permitiera ligar la evolución de los salarios no sólo a la evolución de los precios, sino a otros factores que permitan seguir ganando competitividad y favorecer la creación de empleo.

Señorías, señor Presidente, concluyo.

Pronto se van a cumplir tres años desde que, en otoño de 2008, quebraran algunas de las principales entidades financieras, primero, en Estados Unidos y, a continuación, en diversos países de Europa. Inmediatamente después, las economías desarrolladas tuvieron que hacer un gran esfuerzo fiscal para sostener a sus sistemas financieros y evitar el desplome de la actividad económica. Ello originó un crecimiento de las deudas soberanas, lo que se convirtió en una nueva amenaza, y obligó a recuperar, con la máxima exigencia y mayor celeridad de lo esperado, el objetivo de la estabilidad fiscal; y ello, a su vez, ha acabado por limitar las posibilidades de acelerar la recuperación y de crear empleo con fuerza, realimentando las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Más allá de las especificidades nacionales, lo que en estos días siembra de preocupación a los mercados, a los agentes económicos y a los Gobiernos de todo el mundo desarrollado es esta inquietante percepción de que el círculo de la crisis se cierra sobre sí mismo, precisamente cuando, después de la dureza de estos últimos años, más necesitamos despejar y ensanchar el horizonte para consolidar la recuperación económica. El debate sobre el dilema entre consolidación fiscal y crecimiento, que se ha reabierto estos días en diversos lugares, es bien expresivo de esta sensación de desánimo.

No es papel de los Gobiernos tomar parte en debates, sino asumir en cada momento la responsabilidad con el bienestar de los ciudadanos. En particular, en España esta responsabilidad ha de concentrarse en la gran tarea colectiva pendiente, que es reducir nuestra tasa de desempleo.

Desde luego, Señorías, hubiera sido mejor encarar hoy la recuperación sin la necesidad de hacer ajustes fiscales tan severos como a los que hemos hecho; pero es que éste es el desafío, el reto, que singulariza la superación de esta crisis, lo que le confiere una complejidad excepcional: incentivar la recuperación y el crecimiento, a la vez que garantizar la imprescindible consolidación fiscal. El reto es crecer al tiempo que llevamos a cabo los ajustes; impulsar la recuperación a la vez que realizamos la consolidación fiscal; un reto mayor, si cabe, porque es el mismo al que se enfrentan, en mayor o menor medida, la gran mayoría de las economías desarrolladas.

Sólo cabe, a mi juicio, perseverar en el empeño; perseverar en la aplicación de las medidas de ámbito nacional y perseverar también --ésta debería ser la singularidad positiva de esta crisis-- en el propósito de seguir avanzando en la coordinación de acciones, en la gobernanza internacional de la economía y, desde luego, en la gobernanza y en la unión económica europea.

Así lo va a hacer el Gobierno, señoras y señores diputados, y así confío en contar con la colaboración de los Grupos Parlamentarios de esta Cámara hasta el último día de la Legislatura.

Muchas gracias