Comparecencia del presidente del Gobierno para informar del Consejo Europeo del 7 de octubre y de las medias económicas y sociales adoptadas frente a la crisis provocada por la guerra de Ucrania

Congreso de los Diputados

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.

En el último Debate del Estado de la Nación me dirigía a la Cámara para explicar los distintos escenarios energéticos que el Gobierno contemplaba por la guerra en Ucrania. Advertí entonces que uno de los riesgos a los que nos enfrentábamos, quizá el peor de ellos, era que Putin cortara totalmente el gas a Europa.

Y en respuesta a esta posibilidad, compartí con sus señorías que el Ejecutivo tenía el deber de prepararse frente a lo peor y que, por ello, aprobaría un Plan de Ahorro Energético y también un Plan de Contingencia.

Por desgracia, lo saben ustedes, el corte de gas es hoy una realidad. Putin, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ha utilizado también la energía como arma contra Europa en esta guerra en Ucrania. Y, frente a esta amenaza, convertida, por desgracia, en una realidad, España ha venido preparándose a lo largo de estos meses en diversos frentes.

El primero de ellos es diversificando el suministro de gas.

El segundo de ellos es impulsando lo que se llama la autonomía energética, gracias al desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética, el autoconsumo.

En tercer lugar, aprobando, a principios del mes de agosto, un plan que nos ha permitido ya ahorrar hasta la fecha de hoy, un 4,6% de la electricidad consumida respecto al año anterior. En definitiva, un plan de ahorro que es coherente con el Plan de Contingencia aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros y que enviaremos durante los próximos días a Bruselas.

Señorías, el plan de contingencia consta de diez ejes y de 73 medidas:

El primero de ellos es la protección a la mayoría social de nuestro país, a los trabajadores, a la clase media.

El segundo es proteger a los colectivos más vulnerables.

El tercero es desplegar de manera más intensa las placas solares y el autoconsumo para elevar nuestra autonomía energética.

El cuarto es predicar con el ejemplo, esto es, que las administraciones públicas y las grandes empresas lideren el ahorro energético.

En quinto lugar, una mayor transparencia en la factura de la luz y del gas que reciben nuestros ciudadanos.

El sexto y el séptimo son medidas fiscales que conocen ustedes y también una mayor financiación al tejido productivo vía ICO.

El octavo es una mayor flexibilidad en la planificación eléctrica.

El noveno es un apoyo mayor a la industria con el despliegue del proyecto estratégico de energías renovables, hidrógeno verde y, también, el almacenamiento.

Y, por último, más solidaridad con la Unión Europea gracias al impulso de las interconexiones de gas y de hidrógeno.

Este Plan de Contingencia, junto con el plan de ahorro aprobado el pasado mes de agosto, y yo diría que también toda la política energética que ha venido desplegando el Gobierno de España desde hace cuatro años a esta parte, tiene los siguientes objetivos:

El primero es proteger a la mayoría social. El segundo es reforzar nuestra autonomía energética, como he dicho antes. El tercero es ser más solidarios con los países más vulnerables porque están más expuestos a la dependencia energética de Putin. Y, finalmente, que las respuestas a la crisis energética estén alineadas con las respuestas a la crisis climática. En definitiva, tenemos una estrategia, la estamos desplegando.

Posteriormente entraré en los detalles de algunas de las medidas incluidas en este Plan de Contingencia. Baste por ahora, señorías, la enumeración de los ejes de actuación y también los principios y los objetivos que guían nuestra política energética y la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de esta guerra en Ucrania.

Sí quisiera recordar en este punto que en el Debate del Estado de la Nación también expuse que la respuesta a la crisis energética y de los precios que sufre el mundo y, en particular, lógicamente, nuestro continente, que está en primera línea de la guerra en Europa, exigía de nosotros dos niveles de acción.

El primero a nivel europeo, porque el mercado energético es un mercado regulado a nivel comunitario. Y, por otro lado, respuestas nacionales acordes con nuestra realidad doméstica.

Dentro de esas respuestas europeas se encuentra la llamada solución ibérica, recientemente. Y diría que, además, afortunadamente, la Comisión Europea ha declarado que su hoja de ruta de reformas incorpora medidas como las siguientes:

Uno: la compra centralizada de gas. Dos: la reforma del mercado eléctrico; la extensión a toda Europa del tope al precio del gas que genera la electricidad, es decir, convertir en solución europea la solución ibérica. Y, finalmente, limitar el precio de compra de gas de importación.

Todas ellas son medidas que a ustedes les suenan, porque distintos miembros del Gobierno y yo mismo desde esta tribuna durante estos últimos meses, mucho antes incluso de que empezara la guerra, hemos venido proponiendo este tipo de acciones.

Me las han escuchado decir miles de veces, si me permiten decirlo así, en términos coloquiales. Y, créanme en este sentido si les digo que España es hoy, gracias al intenso trabajo del Ejecutivo, el país europeo más creíble en las propuestas que permitan amortiguar los efectos de la crisis energética de Putin.

Ya en España, el Gobierno ha venido impulsando un amplio y potente paquete de medidas destinadas a capear los efectos inflacionistas y a proteger a la clase media, la clase trabajadora, las pequeñas y medianas empresas y a la industria española.

Casi tres puntos del Producto Interior Bruto en ayudas y en rebajas fiscales hemos desplegado desde mucho antes de que empezara la crisis derivada de la guerra, es decir, desde septiembre del año 2021. Y los datos demuestran que estas medidas, pese a todas las dificultades y la complejidad del contexto en el que nos encontramos, están funcionando.

Hoy, es verdad, tenemos una inflación elevada, pero inferior a la media europea. Son medidas que están siendo aprobadas por la inmensa mayoría de la población, voten lo que voten, por ejemplo, los impuestos a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas o, también, más recientemente, el anuncio del Gobierno de aprobar un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.

Y, además, cada día son más los gobiernos vecinos y también las instituciones financieras internacionales; por ejemplo, ayer el Fondo Monetario Internacional, que avalaba el que se pudieran poner en marcha impuestos de solidaridad a las grandes fortunas en este contexto tan complejo y también organismos europeos que siguen el camino abierto por nuestro país. Debo decir que solo un Gobierno se ha desviado de este consenso, que pudiéramos calificar de social, marcado por Europa. Este es el Gobierno británico, con desastrosas consecuencias para su economía y con un riesgo evidente para la evolución de la economía global.

Señorías, la unidad europea, la solidaridad desplegada por Europa y también por sus aliados con Ucrania en todos los frentes -el humanitario, el financiero, el militar- y también la contundencia de las sanciones económicas a la oligarquía de Putin nos permiten afirmar que Putin hoy no está ganando la guerra, que Putin hoy no está cumpliendo con sus objetivos bélicos.

Si primero quiso invadir Ucrania, luego decapitar a un gobierno legítimamente y democráticamente elegido como es el Zelenski, para poner un gobierno títere como el que ahora mismo sufre el Gobierno de Bielorrusia. Hoy se repliega en el Dombás y fuerza referéndum ilegales de pantomima que ayer mismo la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó por más de 140 países y nunca van a encontrar, en consecuencia, el reconocimiento de la comunidad internacional con el objeto, todo ello, de esconder su fracaso militar sobre el terreno.

La amenaza del uso del armamento nuclear, que no hay que menospreciar, pero sí que rechazar ese chantaje, el descubrimiento de fosas con seres humanos vilmente asesinados… Imágenes que nos retrotraen al horror de los crímenes de guerra que el ultra nacionalismo perpetró en los Balcanes en la década de los 90 del siglo pasado y que no pueden ni deben quedar impunes.

La violación de mujeres, de niños y niñas por parte de tropas rusas en Ucrania, el bombardeo que estamos viendo indiscriminado de Kiev y de otros puntos de Ucrania con el solo objetivo de destruir por destruir, de arrasar por arrasar, como ya hizo Putin en Siria y también en Chechenia; o los sabotajes al suministro de gas que señalan directamente a Putin; si algo demuestran todas estas atrocidades es la huida hacia adelante de un régimen desnortado y desalmado.

Un régimen, señorías, que ha cometido el error histórico que siempre comete el imperialismo y es el de subestimar al enemigo, porque ningún enemigo es menor. Que se lo digan a los americanos en Vietnam o a los propios rusos en Afganistán.

Un Vladimir Putin que se ha visto superado por la fortaleza y también diría que por la heroicidad del pueblo ucraniano y por la determinación también de Europa y sus aliados en defender la libertad de Ucrania. Y esto, señorías, no nos debe llevar a equívocos. España y Europa queremos la paz. Y mientras llega ese momento tan deseado por nuestras sociedades, debemos continuar apoyando al agredido frente al agresor.

No podemos elegir, señorías, los desafíos que nos encontramos en el camino, pero sí podemos elegir cómo respondemos a esos desafíos. Si durante la pandemia España se situó junto con la ciencia y, también, junto al multilateralismo, para dar una respuesta global y solidaria a un mal global como es el virus del COVID-19; en la guerra de Putin en Ucrania, España se pone del lado de la legalidad internacional, del respeto a la soberanía nacional, a la integridad territorial y a la libertad de los pueblos a decidir sobre su futuro.

España se sitúa al lado del agredido frente al agresor. Al lado de un orden internacional que se tiene que basar en reglas para que no gane el más fuerte, donde prospere el multilateralismo, la resolución de conflictos gracias al diálogo y no la fuerza. En definitiva, la paz y no la guerra ayer, hoy y siempre, ya sea en Irak o en Ucrania.

Señorías, también es la respuesta económica a la guerra. Debemos no olvidar las lecciones más importantes. Recordemos cómo las recetas neoliberales de recortes del estado del bienestar llevaron a una depresión a las economías europeas que tardaron una década en recuperar sus niveles de crecimiento y de empleo previos al año 2008.

Las brechas de desigualdad se ensancharon dentro y fuera de nuestras fronteras y el malestar social polarizó el debate político en nuestras sociedades. Se cuestionó y se debilitó un proyecto tan importante para el bienestar, la seguridad y la prosperidad de todos como es el proyecto europeo.

Hoy, por el contrario, la respuesta social que Europa y España dimos a la pandemia y que estamos ahora mismo dando a la guerra ha sido bien diferente. Proteger las rentas de los trabajadores, también de la clase media; reforzar el Estado del Bienestar; competir en calidad y no en precariedad y devaluación de las condiciones laborales... Todas estas políticas se pueden sintetizar en dos palabras que son: dignidad y justicia. Dignidad y justicia que nos van a hacer sortear con menor coste esta crisis, saliendo de ella con más fuerza, con una Europa reforzada y con legitimidad.

En fin, creo que la superioridad de esta respuesta social a la crisis frente a la neoliberal es tan evidente, que hasta hoy adoptan, incluso gobiernos conservadores y liberales, muchas de estas recetas en Europa. En Occidente domina un nuevo consenso, que es el consenso social que se caracteriza por priorizar la colaboración frente a la competición, el interés colectivo frente a la individual, la colaboración público-privada ante el enorme reto de la reindustrialización, en verde y digital, de nuestras economías y la apuesta por el desarrollo de un Estado del bienestar para dar seguridad y prosperidad a nuestras sociedades.

Y quiero decirles en esto, señorías, que España no ha sido un mero espectador en la construcción de este consenso social. Al contrario, hemos participado activamente en su creación. Hemos luchado, diría que a brazo partido en Bruselas, para que Europa no repitiese los errores que cometieron hace una década durante la crisis financiera. Hemos luchado para que esta vez se diera una respuesta audaz, colectiva, social, solidaria, a esta crisis. Nos hemos hecho valer y nos han escuchado.

Y prueba de ello fueron los fondos europeos, los fondos Next Generation que están haciendo llegar a nuestra economía 70 mil millones de euros durante los próximos años para, por un lado, hacer un efecto contra cíclico en un momento de incertidumbre económica como el actual y, por otro lado, para la modernización de nuestra economía y su reindustrialización en plena transición ecológica y transformación digital.

Y prueba de ello también ha sido la llamada solución ibérica, una medida que ya ha ahorrado a nuestros consumidores 2.800 millones de euros, un 15%, y que muchos gobiernos europeos están pidiendo aplicar en sus países. Es más, como he dicho antes, la propia Comisión Europea ya está planteando extender la solución ibérica a la solución europea.

Señorías, yo creo que esta solución ibérica, que la bancada conservadora llamó timo ibérico, lo que hace es el reconocimiento de la Comisión Europea la pasada semana de gobiernos de todo signo político, ya sean socialdemócratas, liberales, conservadores… respecto a la necesidad de extender la solución ibérica a la solución europea, si evidencia algo, es la ceguera y el negacionismo de una oposición que solo se ha dedicado durante esta legislatura, con la pandemia primero y ahora con la guerra, a acosar y a tratar de derribar al Gobierno, y no ayudar a su país en dos de los momentos más críticos de la historia reciente de España.

Como saben, llevamos defendiendo la reforma del mercado eléctrico más de un año, muchos meses antes de que Putin invadiera Ucrania. Fuimos pioneros en Europa. Pudimos comprobarlo en el último consejo extraordinario que tuvo lugar en Praga la pasada semana. También ayer, en el Consejo que se hizo de los ministros de Energía en Praga y, probablemente, lo vamos a comprobar en el próximo Consejo Europeo Ordinario, que tendrá lugar en Bruselas a finales de mes. Permítanme una cita, señorías: "Tenemos que desligar la influencia dominante del gas sobre el precio de la electricidad, y para ello llevaremos a cabo una reforma profunda, integral, del mercado de la electricidad". Estas palabras, señorías, no las he dicho yo. No las ha dicho ninguno de los miembros de este Gobierno. Las dijo la presidenta de la Comisión, la señora Von der Leyen, en el debate del Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, el pasado 14 de septiembre. Estamos con mucha dificultad, señorías, con un contexto económico tan complejo como el derivado de esta guerra, consiguiendo algo importante, y es que Europa lidere una respuesta social a esta crisis energética. Y, sobre todo, lo estamos dando nosotros mismos, predicando con el ejemplo dentro de nuestras fronteras.

Miren, en los últimos meses, el Ejecutivo ha impulsado uno de los planes de choque con mayor ambición de la Unión Europea para hacer frente a los efectos de la inflación. No solo para paliar los efectos de la inflación sobre la economía real, que ya de por si sería importante, sobre la clase media, los trabajadores, la industria, las empresas… También para contribuir a controlar, de manera eficaz, el alza de los precios a los que se enfrentan todos los países y singularmente los Estados miembros de la Unión Europea, que somos los más directamente afectados por esta guerra. Hemos movilizado ya más de 35 mil millones de euros de aquí a final de año, lo que representa casi un 3% de nuestro Producto Interior Bruto en ayudas directas, en rebajas selectivas de impuestos con las que proteger a la gente. Ya se han emitido más de 1 millón y medio de abonos de cercanías, de modalidades de media distancia y es posible llegar a 2 millones al término de este año.

Fíjense, para entender las bondades de la bonificación del 100% el transporte público gratuito, que en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado proponemos extender hasta diciembre del año 2023, comparto con ustedes solamente dos ejemplos. Primero, el ahorro global en gasolina y emisiones: 118 millones de litros de combustible y 360.000 toneladas de CO2 menos en el aire que respiramos. Segundo, lo que esta medida representa para una persona con una nómina, pongamos de 1.500 € al mes y que se desplaza a diario en transporte público, solo el ahorro mensual derivado de la gratuidad del transporte público, permite amortiguar cerca de la mitad del impacto de la inflación en su bolsillo. Por tanto, no estamos hablando de abstracciones. Estamos hablando de medidas con un impacto real y positivo en el día a día de la gente de a pie.

Ayudas que también estamos dando al sector agrícola, al sector del transporte, a las pequeñas y medianas empresas con consumo intensivo de gas. Hablamos de la limitación del precio del butano, tan importante para muchas familias en nuestro país. Hablamos también de la limitación de la subida de alquiler, del descuento de 0,20 € en el combustible. Hablamos, en definitiva, de proteger a la gente y de contribuir con determinación a frenar la subida de precios provocada por la guerra de Putin. Hablamos del suplemento de 100 € en las becas para que nuestros estudiantes puedan continuar sus estudios en la universidad -que llegan ya 1 millón de jóvenes que tienen una beca para este curso escolar-. De los complementos adicionales para rentas del trabajo por debajo de 14.000 € o de beneficiarios del ingreso mínimo vital, a los cuales les hemos aumentado un 15% ese ingreso. Hablamos de la rebaja en el IVA, del gas, de la electricidad, de otros impuestos, que se traduce en un descenso del 80% de los impuestos, de la factura para 23 millones de consumidores domésticos de electricidad, para 7,5 millones de consumidores de gas. En total, señorías, el esfuerzo que estamos desplegando es tan extraordinario que representa 10 mil millones de euros en ahorro fiscal. Hablamos también de 2 millones de hogares beneficiados por el bono social eléctrico para pagar los recibos de la luz y de la calefacción.

Nuestro compromiso, señorías, con los que más necesitan del apoyo de lo público, nos ha permitido que la crisis de precios no haya pasado un incremento en las facturas a los colectivos más vulnerables. Fíjense, los consumidores vulnerables acogidos al Bono Social, han podido comprobar cómo su factura en agosto de 2022 es la misma que la registrada entre enero y junio del año 2021, es decir, antes de la crisis de los precios de la energía.

Pero, señorías, vamos a ir más allá y por eso les anuncio un nuevo paquete de medidas que va a reforzar la protección de los ciudadanos y que vamos a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. En primer lugar, señorías, vamos a reforzar el bono social eléctrico beneficiando a 1.300.000 hogares. Vamos a incrementar un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje de descuento del 65% al 80% para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente. En segundo lugar, vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas, para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello vamos a llegar a proteger a 1 millón y medio de hogares adicionales. En tercer lugar, vamos a reforzar el bono social térmico en el año 2022 y al año 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. Y esto nos va a permitir elevar el importe de la ayuda mínima a 40 €, -el equivalente para que nos hagamos una idea del coste de dos bombonas de butano- y duplicar el importe de la ayuda media hasta 375 € hogar aproximadamente. Y, por último, una medida muy importante para el gas natural, para los gastos en calefacción y agua caliente de 1.700.000 hogares en nuestro país, que cuentan con calderas de gas comunitarias: vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas, las tarifas de último recurso (TUR1, 2 y 3) a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacción centralizadas de gas natural. creando con ello una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales del año 2023 el incremento trimestral de los precios. Con esta medida, señorías, vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares, que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales.

Es decir, señorías, en total vamos a movilizar cerca de 3 mil millones de euros adicionales de los Presupuestos Generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía. Son medidas que, en su conjunto, van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país.

En fin, señorías, no podemos evitar la guerra de Putin en Ucrania. Tampoco podemos evitar totalmente las consecuencias económicas y las implicaciones que tiene esta guerra en Ucrania. No puede hacerlo este, ni ningún gobierno del mundo, pero sí podemos amortiguar, en la medida de nuestras posibilidades, el impacto económico de la guerra de Putin sobre la mayoría social del país y sobre los colectivos más vulnerables. Lo estamos haciendo, señorías, y como he dicho en muchísimas ocasiones desde que se empezó esta guerra, lo vamos a continuar haciendo hasta que acabe la misma.

Señora presidenta, la protección de la clase media y de los trabajadores, de las familias, de los de los autónomos, de las industrias, de las empresas, especialmente también de los consumidores domésticos y los colectivos más vulnerables, ha sido siempre la prioridad del Gobierno de España. Hoy, casi 100 días después de anunciar la puesta en marcha de estas medidas ante la Cámara -he recordado antes algunas de ellas-, podemos hacer una primera evaluación objetiva con datos de su impacto real. Hace una semana conocimos, por ejemplo, los datos de la inflación armonizada en Europa relativos al mes de septiembre. España, es verdad, tiene una inflación inusualmente elevada, pero inferior a la media europea. Por primera vez desde hace ya bastantes meses, la inflación subyacente está bajando y, pese a lo elevado de la cifra, la evolución apunta a una moderación paulatina de los precios que debería consolidarse en lo que resta del año. Son datos que no invitan a la autocomplacencia, señorías, pero invitan a redoblar los esfuerzos en la dirección emprendida de proteger las rentas de la mayoría social de nuestro país y avanzar en las reformas que nos hagan más fuertes, más resilientes en la autonomía energética.

Es verdad que queda mucho por avanzar para mitigar los efectos de la subida de los precios donde más importa, que es sobre la economía real en el día a día de los hogares y de las empresas y los trabajadores. Sé muy bien, señorías, que ningún discurso sirve para pagar las facturas y que es difícil hacer frente a una realidad marcada por renuncias y por sacrificios, sobre todo después de haber superado una pandemia como estamos superando el mundo y también España. No puedo fijar una fecha para el fin de esta maldita guerra, señorías, ojalá fuera hoy, mañana. Pero sí puedo prometer que cada día el Ejecutivo trabaja para mitigar sus efectos, para amortiguar el daño en los españoles. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir transformando, vamos a seguir protegiendo a la clase media y a la clase trabajadora. a diferencia de lo que otros gobiernos -de distinto signo- hicieron durante la crisis financiera, que no fue más que utilizar esa crisis para imponer una agenda neoliberal del sálvese quien pueda.

Vivimos tiempos complejos, sin duda alguna, pero tengo la certeza de que, más pronto que tarde, superaremos también esta prueba como superamos la pandemia: con unidad, con determinación y con solidaridad.

Señorías, he dicho antes que no podemos olvidar las lecciones de la pandemia. Yo no las voy a olvidar mientras tenga el honor de ser presidente del Gobierno. Siempre recordaré que entramos en la pandemia de la COVID- 19, la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, con poco más de 4000 camas UCI, mientras que Alemania tenía 28.000 camas UCI. Que tuvimos que hacer frente a la tragedia y al drama del COVID-19 con 30.000 profesionales sanitarios menos a los que teníamos una década atrás. No puedo olvidar que una de las peores resacas que ha dejado esta pandemia, es una ola silenciosa que se extiende a lo largo y ancho de nuestro país, que son las enfermedades mentales, a las que tenemos que dar respuesta. Todas estas necesidades deben ser cubiertas y para eso necesitamos recursos económicos. Necesitamos ingresos públicos. Necesitamos impuestos.

Señorías, qué hipocresía la de quienes durante la pandemia pedían más Estado y ahora que superamos la pandemia, exigen menos Estado. En sus plataformas mediáticas, sus terminales políticas -lo vamos a ver precisamente también en este debate- se vuelve a defender las virtudes de contar con un Estado débil. Tratan de vendernos lo inmejorable que es que los ciudadanos tengan el dinero en su bolsillo y no en el de un Estado que, según sus palabras, se está literalmente forrando. El infierno lo llaman, señorías.

Desarrollemos el argumento. Quien dice, lógicamente, que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, también nos está diciendo que las soluciones están mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Y no hablamos de abstracciones, señorías, hablamos de realidades. Algunos ejemplos. Un trasplante de corazón en España cuesta, gracias al sistema público gratuito y universal, poco más de 90.000 €, mientras que en Estados Unidos, con un sistema privado, la primera economía del mundo, un trasplante de corazón cuesta 1 millón y medio de dólares. Gracias a nuestro Estado del bienestar, los españoles se hipotecan por comprar un coche o una casa, pero nunca por tener que hacer frente a un tratamiento de cáncer. El infierno, señorías, sería tener que hipotecarse y arruinarse, como ocurre en otros países, para curar una enfermedad grave. Ese es el infierno, señorías.

Porque la verdad es que recibimos mucho más de lo que pagamos con nuestros impuestos. Y por eso, señorías, quiero dar las gracias a todos nuestros servidores públicos, a los que defienden nuestros hogares frente al fuego o las inundaciones, a quienes nos curan, a quienes atienden a nuestros seres queridos cuando enferman, a quienes educan a nuestros hijos y a nuestras hijas, a quienes protegen nuestras calles, a quienes investigan nuevos remedios científicos, a quienes garantizan nuestra seguridad en nuestras calles y en nuestras fronteras. Quiero dar las gracias a todos aquellos que hacen realidad con su esfuerzo diario el estado del bienestar que nos protege y que cohesiona nuestra sociedad.

Algunos no se dan por aludidos. Debe ser porque tratan de enfrentar, como hemos visto en muchas de sus tribunas mediáticas y también políticas, al sector privado contra el sector público.

Y se equivocan, señorías, se equivocan. Porque al hacer este reconocimiento a nuestros servidores públicos, a quienes levantan todos los días nuestro estado del bienestar gracias a su trabajo, no dejo de reconocer el valor del sector privado para la prosperidad de nuestro país. Ellos y ellas, trabajadores empresarios, son quienes ven a la UME atender sus calles anegadas Son quienes ven a los profesionales sanitarios acudir con ambulancias a sus casas para atender a un familiar enfermo o recoger a nuestros hijos cuando les dejamos en un colegio público. Todos son imprescindibles. También quienes hacen realidad con su trabajo -insisto- nuestro estado del bienestar.

Señorías, piden muchas comparecencias, pero luego no escuchan nada de lo que decimos. Yo sí escucho. Yo sí escucho lo que ustedes dicen. Sí, sí, claro que sí. Incluso también sus insultos.

Miren, hay quien dice que si llega al poder va a hacer una auditoría de cuentas porque no se cree las cuentas del gobierno. Efectivamente, son ustedes. Se han dado por aludidos. Olvidan, señorías, que existe una Intervención General del Estado, que las cuentas públicas son escrutadas anualmente por Bruselas y que como consecuencia del rescate al sector financiero que tuvimos que pagar los españoles cuando ustedes gobernaban, se creó una institución independiente como es la AIREF, que también escruta las cuentas públicas en nuestro país.

Señorías, España es un país serio. Lo que pretende quien dice esas cosas es poner ya excusas, como hicieron en el año 2011 - ¿se acuerdan? para encubrir sus falsas promesas fiscales de bajar hasta el IVA de las chuches - para que, en caso de llegar al gobierno, tengan que subir todos los impuestos a la clase media y trabajadora, aprobar amnistías fiscales a los grandes defraudadores como hicieron y recortar el estado de bienestar.

El resultado es ya conocido. Deprimieron la economía, subieron el paro, elevaron el déficit público, la deuda pública, ensancharon la desigualdad entre españoles y ensancharon también los desequilibrios territoriales en nuestro país. En esto, como en otras muchas cosas, las recetas de Feijóo son las mismas que las de Rajoy: una vuelta al pasado, al peor de nuestros pasados, que es la precariedad y la desigualdad en nuestro país.

Por tanto, el debate, señorías, el debate es otro. El debate es qué modelo de sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad cohesionada, o queremos una sociedad más desigual? ¿A quién queremos parecernos? y ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Queremos un buen sistema sanitario con suficientes camas UCI ante una emergencia sanitaria como la que sufrimos en el año 2020, o no? ¿Queremos un sistema débil complementario de los seguros privados que nunca van a cubrir las terapias más costosas, como saben en otros países? ¿Queremos tiempos prudenciales para una prueba médica que pueda suponer la diferencia entre la vida y la muerte?, ¿o aceptamos con normalidad que a pocos metros de donde estamos debatiendo la administración autonómica sanitaria esté dando citas para una colonoscopia para dentro de un año?

Para mí, señorías, la disyuntiva es clara… (murmullos en el hemiciclo)

Lo que habla usted y lo que se equivoca (dirigiéndose a un diputado del GPP).

Señora Gamarra, ¿qué hace un diputado aún todavía en su grupo parlamentario para el cual el Tribunal Supremo ha pedido un suplicatorio? En fin, señorías.

La disyuntiva es clara, hay dos opciones: fortalecer o debilitar el Estado del bienestar. Y la respuesta la tenemos al alcance de la vista. Yo creo que la evidencia de los datos nos dice que las sociedades con estados de bienestar fuertes prosperan a mejor ritmo. Ahí están los casos de Francia, de Alemania, de Suecia, de Dinamarca. Es lo mismo que yo quiero para mi país, señorías, una España europea con un Estado del bienestar europeo y un Estado del bienestar de primera división exige de un sistema fiscal de primera división y no de tercera regional.

El camino más directo para desmantelar el Estado del bienestar es cuestionar las bases económicas que lo sostienen. Es lo que han entendido, por ejemplo, los mercados financieros, cuando reconocieron la gravedad de la propuesta fiscal aprobada por el gobierno conservador británico. Una propuesta que ponía en riesgo, no solo la sostenibilidad de los servicios públicos, ya muy depauperados en el Reino Unido, sino también las propias cuentas públicas y que fue ensalzada públicamente por responsables públicos españoles, que eso sí, enmudecieron a los pocos días cuando se comprobó el fiasco provocado.

Esa es la razón por la que hemos propuesto nuevos impuestos a las grandes entidades energéticas, a las grandes entidades financieras, a las grandes fortunas. Y permítanme una nueva cita en una nueva cita en este punto. Abro comillas. Proponemos limitar los ingresos de las empresas que producen electricidad de bajo coste. Estas empresas están obteniendo unos ingresos con los que no contaban, con los que ni siquiera soñaban. No puede ser que algunos obtengan beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y al coste de los consumidores. En estos momentos, concluye esta cita, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más lo necesitan. Cierro comillas. Esta no es una auto cita, señorías. No es la de ningún portavoz del Gobierno de España. Es de nuevo una cita de la presidenta de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen, en el debate del Estado de la Unión, que tuvo lugar el pasado 14 de septiembre en el Parlamento. Entiendo, en todo caso, que le resulte familiar, porque es lo mismo que viene planteando y haciendo el Gobierno de España desde hace meses.

Cuando instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, como el Banco Central Europeo, como la propia Comisión Europea, coinciden en el carril de la justicia fiscal y la justicia social, de la sensatez, habrá que preguntarse quién va en dirección contraria o dando bandazos y, sobre todo, por qué. La pregunta, señorías, es la siguiente: ¿qué persiguen quienes, precisamente ahora, en este contexto tan difícil, prefieren llenar los bolsillos del dos por mil, del dos por mil más adinerado? ¿Qué interés hay detrás de una propuesta que nadie comparte en España? En fin, yo creo que la única respuesta posible no puede ser otra que volver a la carga y desmantelar el Estado del bienestar con propuestas neoliberales, y lo que es peor, fuera del consenso social europeo, ignorando a conciencia las lecciones extraídas de la pandemia.

Un consenso social que defiende bajadas selectivas de impuestos a las rentas más expuestas a la crisis, como está haciendo el Gobierno de España y que pide un esfuerzo a quien más puede permitírselo, que es quien más tiene. Eso se llama justicia fiscal, señorías, y aunque esta palabra provoque sarpullidos en alguna bancada, pues el Ejecutivo no se va a apartar ni un milímetro de su verdadero objetivo, que es que el coste de esta crisis no vuelva a recaer en la clase media y en los trabajadores y trabajadoras, como sí ocurrió en la respuesta que se dio a la crisis financiera.

Esta afirmación descansa, además, en una lógica aplastante que, afortunadamente mucha más gente de la que algunos creen acepta con naturalidad. Me refiero en particular a quienes disfrutan de una posición económica holgada porque han tenido éxito en los negocios, en la vida y asumen el deber cívico de arrimar el hombro, de contribuir excepcionalmente en una situación excepcional, como decía ayer el Fondo Monetario Internacional. Hay un enorme caudal de patriotismo cívico en esa actitud que hoy y siempre reconoceré como un ejemplo a seguir. Hay muchos ejemplos de personas adineradas que contribuyen con naturalidad, y la sociedad les debe ese reconocimiento de gratitud, porque no han hecho nada malo por tener éxito en los negocios, al contrario, han contribuido a generar riqueza y ahora vuelven a contribuir al bien social al compartir una parte de su propia riqueza.

Se equivocan, por tanto, quienes miden la justicia fiscal en función de lo que reciben del Estado. Se equivocan quienes miden la aportación con una hoja de cálculo señalando lo que pagan y clamando por lo poco que reciben. En primer lugar, porque es falso como he demostrado antes. La inmensa mayoría de los contribuyentes reciben mucho más del estado de bienestar de lo que aportan con sus impuestos. Y, en segundo lugar, porque todos somos beneficiarios de algo que nos define como país y es la seguridad en las calles, la limpieza viaria, la salud pública, la educación pública, las infraestructuras de calidad, la cultura o la defensa. Y algo más importante, el enorme beneficio de vivir en una sociedad cohesionada. Y eso es algo que no sucede cuando las diferencias sociales se hacen insalvables y se levanta un muro infranqueable que separa la vida de los más pudientes respecto al resto de la sociedad. Lo hemos visto en otras muchas latitudes no tan lejanas a nuestro país. Esa red invisible está ahí para proteger, para ayudarnos a levantarnos cuando caemos, para cuidarnos ante la adversidad.

Y esa red invisible es la que distingue a los países desarrollados de las sociedades fallidas. Esa red invisible es sobre la que se ha construido todo el progreso y todo el bienestar de las últimas cuatro décadas de nuestro país. Y debemos protegerla y financiarla.

Señorías, esto nos lleva al debate sobre la desigualdad, porque existe riqueza y lamentablemente existe pobreza. Lo sabemos bien en España, donde, según el Instituto Nacional de Estadística, el 27,8% de nuestra población está en riesgo de caer en pobreza. Lo sabemos bien cuando vemos que 2 millones de niños y niñas sufren pobreza infantil en nuestro país. De ahí, por ejemplo, que hayamos aprobado un ingreso mínimo vital que se centra sobre todo en el bienestar de nuestros niños y de los adolescentes.

Existe la desigualdad, desgraciadamente. Y este no es un debate antiguo, como pretenden algunos. Es un debate de rabiosa actualidad. Y es un debate que debemos nombrar esa realidad para hacerla visible y, en consecuencia, para actuar. La evidencia sitúa a España con una tarea aún por culminar y es la de reducir las múltiples brechas de desigualdad que la atraviesan: la brecha social, la de género, la territorial y la intergeneracional.

La respuesta a la crisis financiera neoliberal agravó la desigualdad, mientras que la protección a las rentas que, por ejemplo, desplegamos en una situación tan dramática como la de la pandemia, contuvo en un 80% la desigualdad que esa crisis sanitaria hubiera provocado en nuestro país.

¿Qué es lo que quiero decir con ello, señorías? Pues que la mejor forma de dejar de hablar de desigualdad y de pobreza es acabar con la desigualdad y la pobreza; mencionarla, por tanto, hacerla visible y no esconderla, como pretenden algunos.

Ese y no otro es, en última instancia. el objetivo del Gobierno de coalición progresista que me honro en presidir: seguir transformando España a mejor, combatir la pobreza, reducir las desigualdades lacerantes, asegurar un umbral de vida digno para la mayor parte de los ciudadanos, con trabajos dignos, con sueldos dignos, con viviendas dignas, con una atención sanitaria de calidad y una educación de calidad.

Y ese es el objetivo al que se orientan los Presupuestos Generales del Estado que aprobamos en Consejo de Ministros, que trajo la ministra de Hacienda y Función Pública a esta Cámara, y para el que me gustaría pedir el máximo apoyo parlamentario de los grupos en esta Cámara.

Estas cuentas, que son las terceras que presentamos en tiempo y forma, son el reflejo contable de las tres grandes prioridades del Gobierno a lo largo de esta legislatura. La primera, como he dicho antes, es luchar contra la desigualdad, proteger a la clase media y a la clase trabajadora, seguir avanzando en la modernización de nuestro país para convertirnos en una economía más competitiva, más sostenible. Y todo ello al tiempo que seguimos avanzando en la consolidación de nuestras cuentas públicas y la reducción de la deuda pública.

Permítanme concretarlo en cuatro grandes bloques que creo que traen al caso, precisamente, por la situación económica y el contexto de guerra en el que estamos. En primer lugar, va a haber más cohesión social. Destinamos el 58,5% de la dotación total del presupuesto a proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Este esfuerzo sin precedentes, señorías, en la historia de España no solo cubre la revalorización de las pensiones conforme al IPC, sino que también contempla por primera vez en 13 años -repito, por primera vez en 13 años- la aportación de casi tres mil millones de euros a la hucha de las pensiones gracias al mecanismo de equidad intergeneracional.

Por tanto, estamos protegiendo a los pensionistas de hoy. También estamos llenando la hucha para los para las jubilaciones del mañana y protegemos también al Sistema Nacional de Salud, con un incremento del 6,7% del gasto destinado a infraestructuras en atención primaria y en salud mental.

Saben ustedes que durante estos últimos años hemos invertido y mucho en nuevas herramientas, en nueva maquinaria, precisamente para la atención hospitalaria, y ahora nos queremos volcar en la atención primaria y en la salud mental.

Protegemos también el Sistema Nacional de Dependencia, revirtiendo los recortes que perpetró la anterior administración conservadora en el mismo, llevándolo a un máximo histórico de dotación con una dotación adicional de 600 millones de euros, es decir, una un incremento del 151% de la cuantía prevista respecto al año 2018, que fueron los últimos presupuestos del Partido Popular en el Gobierno.

Y, en segundo lugar, avanzar en la modernización de nuestro tejido productivo e e infraestructuras. Hay 11.800.000.000 de euros en inversión pública. La canalización de más de 28 mil millones de euros de los fondos europeos para la modernización de nuestro país. 12.600.000.000 de euros destinados a infraestructuras, a ecosistemas resilientes para avanzar hacia una economía verde que dé respuesta al enorme reto que tenemos enfrente, que es el de paliar los efectos de la emergencia climática.

Con la consolidación de las bonificaciones, de la gratuidad del transporte público para el próximo año, con la apuesta por la movilidad sostenible que esta medida representa creo que estamos abriendo las puertas a un debate muy interesante y es cómo podemos, desde todas las administraciones, contribuir a fomentar el transporte público en detrimento del transporte privado.

Y también lo que hacemos es un incremento histórico de casi un 23% de la partida de I+D+i. Reforzamos la dotación para pymes con 3 mil millones de euros y 600 millones de euros al Fondo de Apoyo a la Inversión Productiva.

En tercer lugar, señorías, junto con la cohesión social y las infraestructuras, la cohesión territorial. Saben ustedes que presentamos a principios de la legislatura un plan de lucha contra la despoblación, por el reto demográfico. Me parece que son 130 medidas, son 100 las que ya llevamos puestas en marcha.

En lo que representa la cohesión territorial, los Presupuestos Generales del Estado presentan un incremento del 24% en la financiación autonómica. Y esto es importante porque, más allá de lo que digan algunos o alguna, lo que es evidente es que vamos a superar los 135 mil millones de euros, es decir, un incremento sustantivo de la financiación de las comunidades autónomas para los pilares del Estado del Bienestar que están en sus manos: sanidad, educación, también, lógicamente, las políticas sociales. Y del 5% de la financiación local con más de 1.100.000.000 de euros adicionales respecto a las cifras del año 2022.

Y en este punto me van a permitir que haga otro anuncio importante. Vamos a desplegar ayudas de funcionamiento de las tres provincias con menor densidad de población. Me refiero a Soria, a Teruel y a Cuenca, que como saben fueron incluidas por la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional. Estas nuevas ayudas nos van a permitir una reducción de las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos contratos indefinidos que se firmen.

Por tanto, vamos a fortalecer el tejido productivo creando nuevas oportunidades en estos pequeños municipios, porque, al fin y al cabo, señorías, la despoblación no es un fenómeno irreversible y no es un problema sin solución. Se trata de garantizar empleos dignos, servicios públicos de calidad en todo el territorio, y esa es la apuesta y el compromiso del Gobierno de España.

Y, por último, señorías, el cuarto compromiso, al que me gustaría también referirme de los Presupuestos Generales del Estado, es el compromiso con los jóvenes de nuestro país.

Estas cuentas aumentan un 6,6% de la inversión educativa, un 60% más de lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Un refuerzo de las políticas de becas hasta alcanzar la cifra inédita en la historia de nuestra democracia de casi 2.500.000.000 de euros. Avanzan en la efectividad del derecho al acceso a la vivienda con una dotación de 3.500.000.000 de euros para consolidar el bono al alquiler joven y medidas específicas para alquileres accesibles.

Y sobre este último punto, permítanme hacer una consideración. Miren, no hay ningún gobierno en la historia de España que haya presentado nunca unas cuentas con semejante nivel de compromiso presupuestario para los jóvenes de nuestro país. Y esto no son opiniones, son datos, son cifras. Nunca.

Somos conscientes de las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes en muchos ámbitos en el acceso a la vivienda, en el empleo, la calidad del mismo o la dificultad en consecuencia, para emanciparse o las dificultades que están teniendo ahora también para continuar sus estudios debido al alza de los precios.

Lo que no voy a admitir es que se culpabilice de ello a los jubilados porque este Gobierno decida revalorizar las pensiones como pretende la derecha. Porque, señorías, el problema no está en la dignidad de una pensión. El problema está en la indignidad del sueldo que cobran muchos trabajadores jóvenes. Por tanto, confrontar a las generaciones, tratar de enfrentar a los abuelos y a sus nietos, no conduce a ninguna parte y a menudo es un pretexto para oponerse a lo de siempre, que es revalorizar las pensiones. Si se está en contra de la revalorización de las pensiones a 10 millones de ciudadanos, de los que seis de cada diez cobran menos de 1.000 €, que se diga de frente y sin rodeos, pero no utilizando a los jóvenes como coartada.

En fin, caben todos los argumentos en este debate, pero que está inhabilitado quien se opone a la subida de las pensiones después de haber de haberse opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional. De haberse opuesto a la reforma laboral que ha bajado a mínimos históricos, que no veíamos desde el año 87 en nuestro país, de estabilidad laboral entre los jóvenes. A la reducción de la precariedad en consecuencia. O que se han opuesto también al bono cultural joven, al aumento de las becas o a las ayudas al alquiler joven.

Los problemas de los jóvenes no están en los bolsillos de sus abuelos, sino en haber consolidado un modelo económico de precariedad y de devaluación salaria que es lo que pretendemos revertir. Ese es el problema de un joven de hoy y no la pensión de su abuelo.

El sistema de pensiones, señorías, es la clave de bóveda de nuestro Estado del bienestar. Las pensiones han sido el sostén de familias enteras en los momentos más duros de la crisis financiera y son la expresión de un gran anhelo que es el de la justicia intergeneracional. Por eso, el índice de revalorización de las pensiones, hoy eliminado, tuvo un impacto tan nocivo.

Digamos las cosas tal y como son. ¿Se imaginan ustedes las consecuencias sociales¿ ¿Dónde estarían los jubilados, si no en la calle, si ese sistema estuviera hoy vigente? ¿Se imaginan una subida de 2 euros al mes en este contexto de alza de los precios? Ese sería el aumento de una pensión de 800 euros, señorías, cifra por debajo de la cual se sitúa la mitad de las pensiones que se pagan en nuestro país.

Por tanto, no nos equivoquemos y digamos los datos tal y como son hoy, la ratio entre cotizantes y pensionistas se sitúa en 2,37, es decir, la cifra más alta de la última década y muy superior a la del año 2018, cuando llegamos nosotros al Gobierno. El año pasado se redujo el déficit de la Seguridad Social, situándose por debajo del 1% por primera vez desde 2003. Y por primera vez en 13 años, este Gobierno va a llenar la hucha de las pensiones de nuevo.

Los ingresos por cotizaciones crecen porque hoy en España hay más de 20 millones de personas en alta en empleos cada vez más estables gracias a la reforma laboral y con un crecimiento notable en sectores de alta cualificación y, por tanto, de mayor salario. Acumulamos 17 meses consecutivos de aumento del empleo y casi 400.000 nuevos afiliados en lo que va de año con un crecimiento, señorías, con un crecimiento del 258%. Repito, del 258% en contratos indefinidos desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Eso sí que es un cambio estructural a bien para el conjunto de la ciudadanía de nuestro país.

Con estos datos, yo creo que va siendo hora de que algunos actualicen su argumentario y que dejen de profetizar el desastre, porque el sistema público de pensiones, un sistema público de pensiones digno, no solamente es de justicia, sino también es viable. Es posible tener pensiones dignas, señorías. Es posible garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y también seguir avanzando en las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Y, por cierto, a los que vinculan la subida de las pensiones con un supuesto afán electoralista. Efectivamente, ustedes. Está bien que se den de nuevo por aludidos. Quiero decirles que es una afirmación insultante, no para el Gobierno, sino para los ciudadanos y en particular, para los pensionistas.

Porque hay 10 millones de pensionistas en nuestro país y ni uno solo de ellos y de ellas, vote a quien vote y piense lo que piense, merece que se le falte el respeto, asumiendo que su sentido del voto cambiará por una subida de la pensión. Es sencillamente intolerable que hoy se pueda sostener una barbaridad como ésta, que denota dos cosas, señoría, que, por cierto, siempre ocurre con la derecha y es clasismo y soberbia a partes iguales.

Señorías, señora presidenta, concluyo. Miren como el resto… sí, lo sé, señorías, les cuesta, les cuesta escuchar las verdades del barquero, o al menos las verdades de la bancada progresista. Señorías, como el resto de países de la Unión, nos enfrentamos a un desafío de enormes proporciones marcado por algo que nadie podía imaginar, como es una guerra en Europa. Un conflicto que provoca graves desequilibrios económicos, la amenaza de la prosperidad de sociedades enteras, el riesgo de que haya casi 400 millones de seres humanos en nuestro planeta con riesgo de hambre.

Y, por tanto, hoy más que nunca, es tiempo de acción, es tiempo de reparto justo de cargas y de sacrificios. Y es tiempo también de desplegar todas las políticas públicas necesarias para proteger a la ciudadanía. Y también es tiempo de seguir transformando y modernizando nuestro país. Miren, yo no voy a negar la entidad del desafío ni perder un segundo en adornar una realidad compleja. No lo he hecho ni con la pandemia ni lo estoy haciendo ahora desde el principio de la guerra. Los problemas están a la vista, los padecen los españoles y ese es nuestro gran desafío y nuestro gran compromiso.

Pero hemos de saber que España hoy cuenta con bases mucho más sólidas para hacer frente a cualquier escenario. Nuestro mercado laboral, como he dicho antes, crea empleo y lo hace además con vigor y con calidad. Vamos a cerrar este año liderando el crecimiento de la zona euro, con una tasa de crecimiento que va a superar el 4,4% del Producto Interior Bruto. Y es verdad que va a haber un contexto de ralentización de la economía global, también de la economía europea y, en consecuencia, de la economía española.

Pero esa senda de crecimiento para el año 2023, en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, nos va a permitir sortear la recesión a la que se están enfrentando ya economías muy importantes de Europa. Crecemos. Lo vamos a hacer, además, con una senda de consolidación fiscal que apunta para el año 2025 al situar nuestro déficit público por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 110 del Producto Interior Bruto.

Y, por tanto, desde la máxima prudencia. Creo que estos son datos que nos invitan a una autoestima colectiva y por supuesto que no a una autocomplacencia. Hoy España, señorías, cuenta con un gobierno que, frente a esta crisis como hicimos también con la pandemia, opta por la respuesta progresista, si me permiten que barra un poco para mi partido y para mi grupo parlamentario socialdemócrata. Lo digo con orgullo, señorías, lo digo con orgullo. Porque ese ideario guía las políticas del Gobierno, sí.

Y afirmamos también que el camino opuesto, que es la vida neoliberal, fracasó en la anterior crisis, creó muchísimo sufrimiento y volverá a conducir al fracaso a quienes las recorran, como acabamos de comprobar en el Reino Unido. Señorías, miren, ayer 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, mientras escuchaba a nuestras Fuerzas Armadas decir "Viva España", pensé que hoy más que nunca decir "Viva España", es decir, "Viva Europa".

Porque la España constitucional que defendemos, la España democrática, diversa y plural, la que consolida y avanza en derechos y libertades que representó el Pacto del 78, es la Europa de la democracia y la paz, los derechos y las libertades, hoy amenazadas, por el autoritarismo de Putin.

Son, sin duda alguna, señorías, tiempos complejos, pero, a diferencia de otros momentos de nuestra historia, España sabe dónde está. Está del lado de la democracia, de la paz, de la dignidad de los pueblos y de la legalidad internacional. Está del lado de la respuesta social a los desafíos enormes a los que nos enfrentamos.

Por eso, señorías, si pido algo a toda la bancada, a todos los grupos parlamentarios es que entre todos protejamos nuestra otra patria, que es Europa. Porque protegiendo a Europa, señorías, protegeremos a España y a los españoles.

Muchísimas gracias.