Presidente.- Estamos hablando de información sensible, cuya difusión puede dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado.
Por lo tanto, no se trata sólo de que haya un motivo legal o que haya un argumento, como pueda ser el Acuerdo del Consejo de Ministros basado en la Ley de Secretos Oficiales; es que publicar determinados planes o acciones puede suponer un riesgo para la seguridad, para la acción y, por lo tanto, para las personas.