Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Defensa y de Sanidad, después de la reunión del Consejo de ministros

Madrid

Hoy en el Consejo se desarrolla también una de las propuestas que hizo el presidente del Gobierno el pasado Debate sobre el Estado de la Nación. Completamos un paquete de reformas para el crecimiento y apoyo de los emprendedores y a las empresas como paso muy importante para garantizar su viabilidad. A las medidas que aprobamos la semana pasada sobre financiación empresarial hoy se añade un Real Decreto Ley, que ahora explicaré, de medidas urgentes para la financiación y la reestructuración de empresas. Se trata de que empresa que son viables puedan seguir desarrollando su actividad y mantener su empleo afrontando con nuevos mecanismos sus deudas con un mayor margen y una mayor flexibilidad.

Me acompañan el ministro de Defensa y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque hoy aprobamos, por un lado, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y, en materia de defensa, renovamos la autorización al despliegue temporal de una fuerza del Ejército de los Estados Unidos en Morón; y, por otro lado --esto es lo importante--, solicitamos al Parlamento autorización para la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana. Ahora lo explicará el señor Ministro.

En primer lugar, como decía, mandamos al Congreso de los Diputados para su convalidación un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial. Es una norma que nace para asegurar el futuro de las empresas, evitando situaciones de insolvencia y dotándolas de mayores instrumentos para potenciar la refinanciación y las propias reestructuraciones empresariales.

Uno de los retos detectados por la Comisión Europea el pasado miércoles, cuando España salió de la lista de países en procedimiento de desequilibrios excesivos, fue asegurar precisamente que el desapalancamiento, digamos, el desendeudamiento, de nuestras empresas vaya de la mano de un flujo de crédito positivo para los demandantes de financiación sanos. Decía la Comisión: la eliminación de los obstáculos en el funcionamiento de los mercados de productos financieros y los procedimientos de solvencia eficientes podrían reducir el lastre para el crecimiento que supone esta relación de deuda.

Precisamente eso es lo que buscamos con este Real Decreto Ley que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Se trata de que la legislación concursal, las normas que regulan los concursos de acreedores, no supongan trabas en aquellos procesos de refinanciación de empresas que, si bien están endeudadas, son perfectamente viables. Es decir, se trata de establecer nuevos mecanismos que permitan que empresas que son viables, que pueden seguir adelante, que tienen futuro, no se vean lastradas por problemas de financiación o problemas de sobreendeudamiento. Es decir, el objetivo es impedir que un problema de liquidez o de solvencia puntual obligue al cierre de una compañía porque, sin embargo, tiene ritmos o perspectivas de crecimiento y de beneficios que la hacen viable en el medio y en el largo plazo.

Por tanto, lo que hacemos es facilitar la celebración de acuerdos de refinanciación para esas empresas, potenciar los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos --quitas y esperas, lo que se suele llamar-- y la conversión de deuda en capital; es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas o en partícipes del capital de esas empresas.

Una parte de estas medidas actúan en fase preconcursal. Es decir, lo que tratamos de evitar es que las empresas lleguen a una situación de concurso de creedores, dando mecanismos antes de colocarse en esa situación para lograr mantener la situación de la empresa y, sobre todo, su nivel de empleo.

¿Cuáles son estas reformas? Se permite la firma de acuerdos individuales de financiación, con uno o más acreedores, siempre que mejore la posición patrimonial del deudor y sin necesidad de contar con mayorías de pasivo. Se recogen unos criterios para determinar cuántos acuerdos son válidos.

En los acuerdos colectivos de refinanciación no homologados judicialmente se elimina la exigencia de experto independiente, siendo suficiente que el auditor de cuentas certifique que se cuenta con las mayorías de pasivo exigidas. Una vez firmado el acuerdo, éste no podrá ser rescindido posteriormente si la empresa entra en concurso de acreedores. Éste era uno de los principales problemas para la refinanciación: la duda que existía sobre si, dos años después, eso podía ser objeto de rescisión.

En los acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente se simplifica esta intervención judicial; se incrementa la seguridad jurídica; una vez homologados los acuerdos, no podrán ser objeto de rescisión, como decía, en caso de que finalmente la empresa entre en concurso de acreedores; se elimina también la exigencia del informe de experto independiente; se facilita la consecución de las mayorías necesarias para lograr acuerdos, que pasan del 55 al 51 por 100; se extienden los acuerdos de refinanciación homologados a acreedores disidentes, siempre que se superen ciertas mayorías, y se facilita la conversión de deuda en capital; el paso, por tanto, de acreedores a propietarios, acreedores a accionistas. También se incluye la posibilidad de que los acuerdos de refinanciación homologados incluyan la conversión de deuda en capital. El acuerdo de la junta de accionistas requerirá mayoría simple y ofrecerá una alternativa de quita al acreedor disidente, que podrá elegir.

Además, se adoptan una serie de medidas comunes a todos los acuerdos colectivos, estén homologados o no judicialmente. Durante las negociaciones se paralizan las ejecuciones singulares de bienes necesarios para continuar con la actividad empresarial.

Una medida importante es la que se conoce como "el dinero nuevo" o "el dinero fresco"; en la terminología británica, "fresh money". La totalidad del dinero puesto para la refinanciación hasta ahora sólo tenía una garantía del 50 por 100; ahora goza de la calificación, en su totalidad, de crédito contra la masa, por lo que esos acreedores que ponen dinero nuevo, que se arriesgan con dinero fresco, tienen una mayor preferencia frente a los demás deudores. La vigencia de esta última norma será de dos años; es decir, durante este periodo se limita esa posibilidad de tener esa garantía, entre comillas, frente a la masa.

En segundo lugar, hemos aprobado para su remisión ya a Cortes Generales, y tal y como se acordó en la Comisión Mixta del Concierto Económico del pasado 26 de enero, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Como saben, el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco prevé la adaptación, previo acuerdo de las distintas Administraciones afectadas, a las modificaciones que se han producido en el ordenamiento jurídico tributario: cambios referidos a la concertación de tributos, a la distribución de competencias normativas que afecten a la imposición directa o cambios en las nuevas figuras tributarias. Lo que hacemos hoy es incluir esas modificaciones, como digo, con objeto de acuerdo en la Comisión Mixta del Concierto Económico en el mes de enero.

Destaco someramente algunas, puesto que ya son conocidas, puesto que fueron el objeto de esa reunión: se conciertan los tributos de titularidad estatal creados en los últimos años y la normativa del territorio vasco será la misma que en el territorio común, pudiendo las Diputaciones Forales aprobar los modelos de declaración de ingreso y señalar los plazos de ingreso para el período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración General del Estado en los siguientes impuestos: Impuesto sobre los depósitos de entidades de crédito, Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía núcleo-eléctrica, Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, e impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Como ven, algunos de los últimos impuestos creados en nuestro país.

El Impuesto sobre las actividades de juego, en tercer lugar, deberá regirse por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Y las Diputaciones Forales podrán regular el tipo de gravamen con las mismas limitaciones que las Comunidades Autónomas de régimen común.

Por otro lado, las retenciones del gravamen especial sobre premios de loterías se ingresarán en las Haciendas forales correspondientes a la residencia del perceptor; no obstante, el tipo de retención en territorio vasco tendrá que ser el mismo que en el territorio común. Se incluyen también modificaciones respecto a la residencia habitual y al domicilio fiscal. Y se amplía a cuatro meses el plazo para la tramitación de los procedimientos de cambio de domicilio y se otorga a la Administración interesada la posibilidad de verificar y hacer verificaciones censales en el domicilio fiscal.

El detalle completo de todas las modificaciones lo tienen ustedes en la Referencia del Consejo de Ministros. Yo me he limitado a los aspectos más llamativos. Es una norma amplia.

Muy brevemente. En el ámbito de la defensa, hoy hemos adoptado dos Acuerdos, como decía, que explicará el Ministro: el Acuerdo por el que se renueva por un año la autorización concedida por acuerdo del 19 de abril de 2013 al despliegue temporal en la base aérea de Morón de la Frontera de una fuerza del Ejército de los Estados Unidos de América y se autoriza el incremento de sus efectivos y medios aéreos en el marco de las operaciones de respuesta a situaciones de crisis en África, para proteger a ciudadanos, instalaciones y personal destinado en este país; y, por otro lado, el acuerdo por el que se solicita autorización al Congreso de los Diputados para el despliegue y participación de las Fuerzas Armadas en la operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana.

En otro orden de cosas, hoy hemos aprobado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que es un compromiso de todo el Gobierno con la igualdad entre hombres y mujeres; un Plan trasversal que nos afecta a todos.

Hoy en día, aunque han sido importantes los avances realizados en España en los últimos años, la tasa de actividad de las mujeres es de trece puntos por debajo de la de los hombres; recibimos un salario anual un 22 por 100 menor; menos del 14 por 100 de los integrantes de los Consejos de Administración de empresas del IBEX son mujeres; la maternidad también nos afecta en la entrada y permanencia en el mercado laboral; en 2012, el 95 por 100 de quienes tomaron excedencia por cuidados de hijos fueron mujeres. Por tanto, lo que hacemos es trabajar especialmente en el ámbito laboral, en el ámbito de la conciliación y también en el ámbito de la violencia de género, como los tres principales ejes de este Plan, que explicará la ministra y que tiene un presupuesto de 3.140 millones de euros.

De otros Ministerios, y muy brevemente, me voy a centrar fundamentalmente en un Real Decreto y un Acuerdo, sin perjuicio de que hay bastante más en la Referencia del Consejo de Ministros, por su relevancia social.

Hoy aprobamos el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas, el conocido como PIMA Tierra. Después de aprobar el PIVE para la renovación de vehículos de automoción y de aprobar la semana pasada el PIMA Aire, que afectaba fundamentalmente a vehículos comerciales, pero también a motocicletas, bicicletas de pedaleo eléctrico, etc., etc.; hoy aprobamos este Plan para la renovación de del parque de tractores en España. Se establecen ayudas al achatarramiento de tractores agrícolas antiguos para que se sustituyan por tractores nuevos y, por tanto, menos contaminantes. Es un Plan que está dotado con 5,4 millones de euros. Los beneficiarios podrán ser personas físicas titulares de explotaciones agrarias, cooperativas, sociedades agrarias de transformación y empresas físicas o jurídicas siempre que estén dedicadas a la actividad agraria.

La cuantía de la ayuda contempla distintos aspectos: por achatarramiento, la cuantía base de la ayuda se ha establecido en setenta euros por unidad de potencia, por caballo, del tractor achatarrado, y esta cuantía base no podrá superar los siete mil euros por cada beneficiario. Estamos hablando de vehículos de gran tamaño e importante coste. Para la compra de un tractor nuevo, complemento de la ayuda anterior, si el tractor está clasificado como A, categoría más alta de eficiencia energética, dos mil euros, y, si el nuevo tractor está clasificado como B, que es la segunda más alta, mil. La cuantía total de la ayuda, que comprende la cuantía base por el achatarramiento más el complemento por la compra de tractor nuevo, según su eficiencia energética, no podrá sobrepasar los nueve mil euros por beneficiario.

Veo que a ustedes les ha interesado… En el campo sí interesa mucho y es importante. Es una medida también de competitividad: menos contaminación, pero vehículos más modernos y más cómodos. Las tareas no son ni fáciles ni sencillas, sino más bien duras.

Por último, hoy hemos autorizado el Acuerdo por el que se conceden las subvenciones estatales anuales en cumplimiento de lo hoy dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Se trata de las subvenciones por funcionamiento, al margen de las otras que vienen ligadas por períodos electorales.

La Ley del 20 de diciembre de 2013, de Presupuestos Generales del Estado, como saben, ha consignado para este ejercicio algo más de 52 millones, que es idéntica cuantía a la del año pasado; es decir, hay una congelación sobre este punto. Esta cantidad está destinada a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados en concepto, como decía hace un momento, de financiación ordinaria. Su distribución se realiza de manera proporcional al número de escaños y de votos que en las últimas elecciones haya obtenido cada partido. Tienen el listado de todas las formaciones y la cuantía correspondiente en la Referencia del Consejo de Ministros.

Sr. Morenés.- Como recordarán ustedes, el 19 de abril de 2013 se autorizó el despliegue temporal en Morón de la Frontera, por un año, de quinientos infantes de Marina, seis aeronaves de transporte y dos aeronaves de repostaje aéreo norteamericanos, con la misión principal de cubrir las amenazas que en esos momentos se estaban produciendo en la zona del Sahel, y también más al norte de África, a las legaciones diplomáticas de los Estados Unidos. Y también para proteger los intereses de los Estados Unidos en esas zonas.

Ha solicitado Estados Unidos últimamente la renovación de esta autorización por un plazo de un año, a contar desde el momento en que ésta se dé, que ha sido hoy, a través de la decisión del Consejo de Ministros, con un incremento de efectivos de hasta 850 infantes de Marina, que se podrían elevar a 1.100 en los momentos de solape entre los que se van y los que vienen. Y los medios aéreos pasarían de seis aviones de transporte a doce, de dos a cuatro aeronaves de repostaje y una novedad que es una aeronave de apoyo.

Se añaden a los cometidos que he citado antes los de adiestramiento y ejercicios bilaterales, lo cual es especialmente interesante para las Fuerzas Armadas españolas que podrán desarrollar nuevos conocimientos en ejercicios bilaterales con esta fuerza de los Estados Unidos.

Como saben ustedes también, España viene concediendo el uso de las instalaciones de apoyo de las bases, tanto de Rota como de Morón, y ha autorizado desde el año 1988 diversas capacidades de los Estados Unidos para atender a necesidades que ese país tiene y, de acuerdo con las relaciones bilaterales que tenemos, y también en el ámbito de Rota, como saben ustedes, dentro de la posición de España en la OTAN, la actuación multilateral y bilateral de nuestras fuerzas, de nuestras bases y de las fuerzas de los Estados Unidos.

Repito que la utilización de Morón, esta nueva petición de los Estados Unidos, viene vinculada a la situación de inestabilidad en la que se encuentra el norte de África, y muy particularmente el Sahel; y que afecta a los intereses de Estados Unidos; pero de una manera indirecta también nos viene a España bien desde el punto de vista de que el Sahel, en donde ya estamos, y toda la zona el Magreb es una zona de especial sensibilidad para la seguridad de España.

No se trata de un cambio de naturaleza en las misiones ni en los medios; se trata, simplemente, de un incremento que cabe perfectamente dentro de los convenios que tenemos con los Estados Unidos. Además, como es una petición de carácter temporal, asimismo abunda en que el Convenio no hay que cambiarlo para poder dar esta autorización.

En lo que se refiere a la operación militar en la República Centroafricana, saben ustedes que el 13 de diciembre de 2013 se autorizó, por el Congreso de los Diputados, que España enviase un avión a la Operación Sangaris, avión que va tener su base en Libreville (Gabón) y que todavía no ha hecho más operaciones que las que, desde la base de Zaragoza, pasando por Istres y llegando a Bangui, capital de la República Centroafricana, se han hecho de transporte de material; pero la base que tendrá este avión será Libreville.

Sin embargo, la República Centroafricana sufre un importante agravamiento de la situación, con incidencia en la población de la República Centroafricana, lo que ha hecho que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por Resolución 2134, haya pedido a la Unión Europea que haga un esfuerzo mayor en la República Centroafricana mientras que las fuerzas de la misión de la Unión Africana no se pueden desplegar, cosa que llevará entre cuatro y seis meses. Así, el pasado 11 de febrero el Consejo de la Unión Europea adoptó la decisión 20/14, por la que se autoriza una nueva operación de la Unión Europea allí, que se va a llamar EUFOR República Centroafricana.

La entidad de la fuerza será una agrupación táctica con apoyos de combate, logísticos y sanitarios, debiendo actuar como una fuerza puente, ya he dicho, hasta que la misión de la Unión Africana pueda establecerse con garantía de cumplir los objetivos para los que se va a desplegar allí.

La misión se autoriza por un tiempo de seis meses y estará compuesta entre 850 y 1.000 efectivos. España ha ofrecido, que es lo importante, cincuenta efectivos de Operaciones Especiales para ser desplegados en el aeropuerto de Bangui, y diez efectivos para ser desplegados en los cuarteles generales de la operación, que estarán en Larissa (Grecia) y en el propio Bangui. Y, además, una sección de la Guardia Civil, hasta veinticinco miembros de la Guardia Civil, que se incorporarán en la Gendarmería Europea que hará funciones de seguridad interior en Bangui.

Esta decisión que toma hoy el Consejo es de llevar y de solicitar la aprobación del Parlamento a esta operación, porque es el que tiene que autorizarla de acuerdo con la Ley 5/2005. En ese sentido, una vez que tengamos la aprobación del Parlamento, cuando la tengamos, volveremos a traer el asunto al Consejo de Ministros para que dé ya la orden de iniciar la operación. Y yo mismo compareceré en el Parlamento la semana siguiente a la semana que viene para explicar exactamente la operación y pedir la aprobación, en su caso.

Sra. Mato.- Comparezco ante ustedes para explicarles las principales líneas del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, que acabamos de aprobar en el Consejo de Ministros; un Plan que responde al compromiso de éste Gobierno con la igualdad entre mujeres y hombres, en desarrollo del mandato de la Constitución Española.

Se trata de un instrumento integrador de todas las políticas y de todas las acciones del Gobierno para avanzar en la igualdad real de oportunidades en los próximos tres años; pero también es un marco para colaboración con otras Administraciones y con los agentes económicos y sociales implicados.

En su elaboración han intervenido todos los Departamentos ministeriales y se ha articulado en diálogo con todas las instituciones y organizaciones del sector, a través del Consejo de Participación de la Mujer, a las que desde aquí aprovecho para darles las gracias.

El gran objetivo que perseguimos es alcanzar la igualdad y eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que todavía puede persistir en nuestra sociedad. En las últimas décadas España ha hecho importantes progresos en esta materia. Sin embargo, al igual que en otros países de nuestro entorno, la realidad muestra que la falta de igualdad perdura aún con toda intensidad. Me refiero a todo tipo de desigualdades, desde la terrible violencia de género a la discriminación en ámbitos como el laboral, el profesional y también el familiar.

Baste decir que, a día de hoy, la tasa de actividad de las mujeres está trece puntos por debajo de la de los hombres. Las mujeres sufren en mayor medida el desempleo pero, además, tienen que trabajar más para ganar el mismo salario que sus compañeros. En concreto, sus salarios son 22,9 por 100 inferiores al de los hombres por igual trabajo.

Las mujeres siguen empleadas mayoritariamente en sectores peor retribuidos y apenas ocupan puestos de responsabilidad y decisión. Sólo un 16 por 100 de los integrantes de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 son mujeres.

La conciliación de la vida familiar y laboral sigue siendo una asignatura pendiente. La maternidad afecta a la entrada y también a la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Y todavía hoy hay grandes diferencias en la dedicación a las tareas del hogar y al cuidado de los niños y de los familiares. En el año 2012 casi el 95 por 100 de las personas en excedencia por cuidado de hijos eran precisamente mujeres.

Además de estas desigualdades, la evolución de la sociedad puede también dar lugar a surjan otras nuevas formas de discriminación en sectores como las nuevas tecnologías. En este contexto que les acabo de explicar era imprescindible elaborar el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades que acabamos de aprobar. Con él aceleramos la velocidad de las políticas de igualdad en nuestro país. Es hora de pasar de la igualdad legal a la igualdad real y también creemos que la forma más eficaz para conseguirlo es a través del empleo.

Por eso, por primera vez, es objetivo prioritario la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación salarial. Ésta será uno de los tres principales ejes de este Plan, junto con la conciliación y también la erradicación de la violencia de género. Para ello contamos con el mayor presupuesto de cuantos Planes de Igualdad se han presentado en España, 3.127 millones de euros, y 224 medidas concretas. Casi el 70 por 100 de este presupuesto se va a dedicar a empleo y a conciliación. Ésta es una de las principales diferencias con el Plan anterior 2006-2011, que dedicaba el grueso de sus partidas, el 57 por 100, a la acción exterior.

El Plan de Igualdad que hoy presentamos incorpora, además, otras novedades en relación a todos los anteriores Incluye, por primera vez, un programa de evaluación de los resultados que nos permitirá ir comprobando el grado de cumplimiento a lo largo de estos tres años. Identifica, además, en cada objetivo el Departamento responsable de llevar a cabo las medidas.

A continuación, les paso a resumir el contenido del Plan que hemos aprobado.

En primer lugar, para avanzar en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y luchar contra la discriminación salarial destinamos más de 650 millones de euros. En un momento en el que empezamos a dejar atrás la crisis e iniciamos el camino de la recuperación, necesitamos sumar todo el talento que, tanto mujeres como hombres, podemos aportar. Sólo así podremos construir una economía más fuerte, basada en un crecimiento inteligente y también sostenible.

Para ello, facilitaremos la incorporación al trabajo de las mujeres que han tenido un período de inactividad por causa de sus hijos o de otros familiares. También pondremos en marcha programas para promover el acceso y la permanencia en el empleo de mujeres especialmente vulnerables, con itinerarios personalizados y medidas de acompañamiento. Con el fin de intercambiar buenas prácticas en este ámbito, hemos impulsado una red de empresas por la excelencia en igualdad.

Fomentar el emprendimiento femenino es fundamental para lograr la Igualdad en el empleo. Queremos ir más allá de la creación de nuevas empresas; es necesario promover su mantenimiento y también su crecimiento. Para ello, facilitaremos, tanto apoyo técnico, como acceso a líneas de financiación y microfinanciación, especialmente en sectores innovadores y vinculados con las tecnologías.

Vamos también a fomentar el espíritu emprendedor de todas las mujeres desde las etapas escolares hasta las etapas universitarias.

Nadie puede pagar un salario inferior a una mujer por un trabajo de igual valor que el que realiza un hombre. Por eso, vamos a reforzar la vigilancia y la inspección para asegurar que se cumple la normativa sobre igualdad salarial. En la misma línea, ofreceremos asesoramiento a mujeres víctimas de discriminación salarial retributiva e informaremos de sus derechos, y estamos diseñando herramientas informáticas de autodiagnóstico de "brecha salarial" de género que permitan a las empresas detectarlas y también las formas de corregirla.

Somos conscientes de que no alcanzaremos la igualdad real si no actuamos desde la educación. Por eso, fomentaremos y sensibilizaremos en igualdad en todos los ámbitos educativos.

La desigualdad en el empleo, además, se debe en gran medida a que las mujeres ocupan mayoritariamente puestos en sectores peor retribuidos y menos valorados. En este sentido, realizaremos campañas informativas para que los jóvenes y las jóvenes elijan sus estudios o profesiones basándose únicamente en sus capacidades y expectativas, y no en estereotipos profesionales.

También elaboraremos programas educativos específicos de apoyo y refuerzo a grupos especialmente vulnerables, y colaboraremos con los Colegios Profesionales y las Cámaras de Comercio para fomentar una participación más equilibrada en profesiones con un claro predominio femenino o masculino.

Es necesario también garantizar la incorporación de todas las mujeres a la Sociedad de la Información. Para lograr este objetivo vamos a formar a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, para evitar la exclusión digital. Estas iniciativas estarán contempladas en el Plan de Acción para la Igualdad entre hombres y mujeres en la Sociedad de la Información, elaborado en el marco de la Agenda Digital.

Queremos avanzar hacia la presencia equilibrada de mujeres y hombres e incrementar la participación de las mujeres en puestos de decisión. Para ello, ya hemos firmado los primeros acuerdos con treinta de las principales empresas de España para asegurar y garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los comités de dirección. Todas ellas ya se han comprometido a aumentar hasta un 20 por 100 las mujeres en puestos directivos o en los comités de dirección, o bien incrementar su presencia en cinco puntos porcentuales en los próximos cuatro años. Para alcanzar esta meta es necesario actuar no sólo en los ámbitos directivos, sino a todos los niveles: procesos de formación, procesos de selección y promoción profesional.

El incremento de mujeres en puestos de decisión tiene que llegar también a aquellos entornos en los que sufre mayor discriminación. Es el caso de las mujeres que viven en el medio rural. Para ello, vamos a poner en marcha un plan especial para la promoción de las mujeres rurales, tal y como anuncié hace unos meses. Con él queremos sensibilizar, por primera vez, las especiales desigualdades a las que se enfrentan y combatirlas con medidas como la promoción de su presencia en órganos directivos de cooperativas agrarias y pesqueras.

La segunda área prioritaria de este Plan es la conciliación y la corresponsabilidad. No habrá igualdad en el empleo si mujeres y hombres no pueden hacer el trabajo compatible con sus familias. Para avanzar en este objetivo, destinaremos más de 1.529 millones de euros. Las medidas que proponemos, no sólo persiguen la conciliación, sino también intentan y persiguen alcanzar el equilibrio en el reparto entre mujeres y hombres de las responsabilidades del hogar, y el cuidado de los hijos y familiares dependientes.

En este sentido, ampliaremos el derecho a la reducción de jornada de los padres y madres de niños afectados por enfermedades graves. Además, estamos estudiando introducir medidas para que los padres y madres puedan atender el seguimiento escolar de sus hijas e hijos e incluiremos, cómo no, como siempre, la sensibilización, inculcando el reparto más equilibrado de las responsabilidades desde las primeras etapas educativas.

Para que la conciliación entre vida profesional, familiar y laboral sea una realidad debemos avanzar en la racionalización de los horarios. Para ello, vamos a estudiar nuevas medidas de flexibilidad horaria, que permitan disminuir, en determinados períodos y por motivos relacionados únicamente con la conciliación, la jornada semanal de trabajo, recuperándose el tiempo en las semanas siguientes. También pediremos colaboración a los medios de comunicación social, especialmente a los medios audiovisuales, para que podamos ajustar su programación y contribuyan, así, a la necesaria modificación y racionalización de nuestros horarios.

No queremos que ninguna mujer tenga que elegir entre ser madre y mantener su puesto de trabajo. Para alcanzar este objetivo estamos trabajando en un Plan de Apoyo a la Maternidad, que contendrá medidas como las deducciones fiscales para familias con hijos que ya anunció el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación.

También queremos apoyar a las mujeres que deseen ser madres o lo hayan sido y se encuentren en situación de dificultad, especialmente a las más jóvenes. Crearemos un sistema de información que contenga todas las ayudas estatales, autonómicas, locales e información de recursos públicos y privados Estas y otras medidas se desarrollarán a través del Plan Integral de Apoyo a la Familia que presentaremos en los próximos meses.

El Plan de Igualdad que acabamos de aprobar contempla también de manera prioritaria la lucha contra la violencia de género. Se trata de eliminar cualquier forma de violencia que sufren las mujeres. Como saben, ya hemos comenzado a trabajar para alcanzar este objetivo con la puesta en marcha en 2013 de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia sobre las mujeres, dotada con más de 1.500 millones de euros. Fomentar la prevención y especialmente la sensibilización; ofrecer una respuesta común y coordinada en todo el territorio nacional a través del trabajo en red; los planes personalizados y la ventanilla única son algunas de las medidas que hemos planteado.

Para muchas mujeres el empleo también aquí es la puerta de salida al maltrato. Por ello, vamos a seguir facilitando a las víctimas el acceso a un puesto de trabajo a través de iniciativas como la Red de Empresas por una sociedad libre de violencia de género. Además, aprobaremos protocolos de actuación para facilitar la movilidad a las víctimas de violencia de género que se encuentren en una situación de especial protección.

Todas nuestras actuaciones tendrán en cuenta a los grupos especialmente vulnerables. Estoy pensando especialmente en los menores, en los jóvenes y en los adolescentes. Tenemos que aplicar nuevas medidas especiales de sensibilización precisamente para ellos, para evitar que se repitan estereotipos que ya creímos abandonados. No podemos permitir tampoco que las nuevas tecnologías se conviertan en una nueva forma de ejercer violencia contra la mujer, y también aquí pediremos especialmente la colaboración para la sensibilización de los medios de comunicación.

El silencio es el mayor cómplice del maltrato, me lo han oído decir muchas veces. Para romperlo necesitamos también contar con el apoyo de toda la sociedad. En este sentido, impulsaremos la plataforma "Hay salida", que en las últimas semanas se ha extendido al ámbito sanitario a través de los centros de atención primaria y de las oficinas de farmacia.

También especialmente vulnerables son las mujeres con discapacidad y aquellas que viven en núcleos de población pequeños. Aseguraremos un mínimo de presencia femenina entre las dotaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado incluida en las unidades de las zonas rurales.

Y también fomentaremos la coordinación para proteger a las víctimas a través del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.

Éste es el resumen de los principales ejes contenidos en el Plan Estratégico de Igualad de Oportunidades que presentamos con ocasión del día Internacional de la Mujer que, como saben ustedes, se celebra mañana día 8. Con él reafirmamos uno de los compromisos más importantes del Gobierno y de mayor relevancia, y damos un paso trascendental en nuestra tarea de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Conseguirlo requiere la implicación personal de todos, de todos y cada uno de nosotros, como padres y madres, como compañeros de trabajo y en cada una de nuestras actitudes a lo largo de la vida.

Mujeres y hombres tenemos la capacidad, el conocimiento y el talento necesario para asumir juntos el reto de consolidar este nuevo modelo social, basado en la igualdad de oportunidades; en la conciliación, la coordinación y la corresponsabilidad de la vida familiar, y también en la erradicación de la violencia de género.

Tengo también que anunciarles que en el día de hoy hemos procedido a nombrar a la nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Como saben ustedes, Juan Manuel Moreno dejaría la Secretaría de Estado en el día de hoy, a petición propia, para dedicarse íntegramente a trabajar por los andaluces en Andalucía y, por tanto, en el día de hoy hemos nombrado como secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a Susana Camarero. Susana Camarero es una persona que tiene el perfil adecuado, creemos, para ejercer esta responsabilidad y culminar los éxitos y los avances que se han producido durante estos dos últimos años con el anterior secretario de Estado. Ha sido portavoz de Igualdad y actualmente es la portavoz de Servicios Sociales en el Congreso de los Diputados.

P.- Un par de cuestiones para usted, Vicepresidenta. Primera, ¿cómo responde el Gobierno a lo que ha dicho el presidente de la Generalitat esta mañana en una radio, cuando ha oficializado que ha pedido diversas reuniones con Mariano Rajoy que desde aquí, desde esta casa, se le dice que no? Y él ha dicho que no hablar del referéndum --ha utilizado la expresión-- sería un encuentro de zombis. ¿Qué le parece eso?

Otra cuestión también sobre la guerra de cifras que está provocando la publicación de las balanzas fiscales por parte de algunas Comunidades Autónomas; cifras que, además, realmente no se parecen en nada. ¿Cuándo publicará el Estado las suyas? ¿Qué piensa usted de la publicación de estas cifras por parte de las autonomías?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas en relación con las declaraciones del presidente de la Generalitat, el presidente de la Generalitat conoce perfectamente cuál es la posición del Gobierno de España y, en particular de su Presidente sobre la convocatoria de un referéndum.

El Gobierno está siempre a hablar de temas que entran dentro de nuestra capacidad de decisión pero, como usted sabe, en la celebración de un referéndum de esa naturaleza compete el ámbito de decisión al conjunto del pueblo español. Y ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni ninguna otra instancia que no sea el conjunto del pueblo español, pueden decidir sobre este tema, porque son, por llamarlo de esa manera, los propietarios de la soberanía.

Indudablemente, aquí está el Gobierno de España para trabajar, y lo estamos haciendo, en los asuntos que Cataluña necesita e, indudablemente, para hablar con quién sea en el ámbito de esa Comunidad Autónoma para todos aquellos asuntos que, indudablemente, afectan, y mucho, a la vida de los catalanes. Hay muchos temas que están muy vivos y de los que dependen la vida de muchísima gente, su bienestar y la creación de empleo. Ahí siempre encontrarán en el Gobierno de España un interlocutor si quieren trabajar juntos para el bienestar de los catalanes.

Sobre la primera de las cuestiones, me parece que tenemos todos bien claro dónde estamos y, a nuestro juicio, deberíamos trabajar en positivo por algo que es clave en Cataluña y en el conjunto de España, que es la mejora del bienestar económico y el afianzamiento de la recuperación.

Sobre la segunda de sus preguntas en relación con las cuentas, hoy se celebra el Seminario sobre el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, en la que es objeto de presentación y debate la propuesta elaborada por el Grupo de Expertos que designó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los que se les encomendó que elaboraran una metodología. Desde el punto de vista del Ministerio, se viene trabajando para dar transparencia en la gestión de las cuentas públicas a través de una mayor y más rápida disponibilidad de información económico-financiera.

Dentro de este ámbito se inscribe el inicio de la publicación regular de las balanzas fiscales regionales. Para facilitar la discusión, tanto la propuesta preliminar de dicho Grupo, como los datos de base usados en la elaboración de esas balanzas 2011, se colgaron a principios de febrero en la página web del Instituto de Estudios Fiscales.

Pues bien, la principal novedad de esa metodología consiste en que el sistema de cuentas territorializadas, no sólo permite obtener los saldos o las balanzas fiscales, sino también conocer sus componentes, lo cual será un avance importante respecto de la metodología utilizada anteriormente, pues lo que va a proporcionar es una radiografía muy detallada de la distribución territorial de cargas y beneficios derivados de la actuación del sector público.

El Ministerio confía en que esta nueva herramienta estadística que ahora se va a poner a disposición del público permita lo que creo que a todos nos interesa: un debate más informado sobre la racionalidad y la equidad en el reparto de los recursos públicos, y permitir lo que es clave, que es un diseño de políticas públicas en las que también se tenga en cuenta esa dimensión territorial. Una vez se cierre esa metodología, incorporando, en su caso, las modificaciones que salgan de ese Seminario, se procederá a la publicación de las cuentas públicas territorializadas del año 2011, lo que se espera que tenga lugar en el mes de abril.

Esto es lo que corresponde o lo que tienen que hacer el Gobierno y el Ministerio de Hacienda. Para lo que estamos trabajando es para un conocimiento, por parte de los ciudadanos, muy amplio. Yo no voy a entrar en las diferentes metodologías y sistemas para la elaboración de las llamadas "balanzas fiscales". Como son tan variados y dan resultados tan opuestos, lo que se está viendo es que cada uno, al final, utiliza un sistema que es el que le puede venir mejor. Ya sabe usted que hay dos líneas generales y, dentro de ellas, otras dos variantes; los resultados son absolutamente dispares.

Aquí de lo que se trata no es sólo, también, incrementar la transparencia y explicar la metodología; pero lo que es fundamental para cualquier modelo de gestión de servicios públicos, y especialmente el español, es que tengamos muy presente cómo financiamos esos recursos públicos, que tiene que hacerse de manera que se presten en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional servicios públicos esenciales para los ciudadanos.

Porque lo que se olvida en ese debate, y es donde yo quiero insistir, es que somos los ciudadanos los que recibimos los servicios públicos. Los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y recibimos esos servicios públicos, y tenemos derecho a que se hagan en las mejores condiciones, en condiciones de igualdad y, a ser posible, en las condiciones más amplias que nos permita nuestro Estado de Bienestar, que ése es otro de los puntos en los que está trabajando este Gobierno.

P.- A la Vicepresidenta. ¿Por qué se está retrasando tanto la presentación de la propuesta de reforma fiscal de los expertos que han designado? ¿Hay diferencias internas entre ellos y entre este Comité y Hacienda? Ustedes dijeron que la reforma fiscal del Gobierno entraría en las Cortes a principios de abril y ahora dicen que será en junio, después de las europeas. ¿No temen que este retraso, este desconocimiento del marco futuro, paralice operaciones y tomas de decisiones empresariales?

Por último, ¿cuándo van a aprobar lo que se conoce como proyecto Midas o "banco malo" de deudas de empresas que acompañaría al Real Decreto Ley que han aprobado hoy? ¿Tendría una dotación de unos treinta mil millones de euros, como se ha comentado?

Vicepresidenta.- Vayamos por partes. Sobre la última de sus preguntas, hoy aprobamos este Real Decreto Ley y es a lo que yo me voy a ceñir sin ulteriores medidas que no están ni acordadas ni decididas.

Sobre la propuesta de reforma fiscal, el presidente del Gobierno dio un calendario en el Debate sobre el Estado de la Nación y ése es el calendario en el que estamos y que se va a cumplir.

Los expertos presentarán su informe la semana que viene y se explicará en Consejo de Ministros. Son las posiciones de los expertos en esta materia. Yo no voy a entrar en valorar las posiciones de cada cual. Cada uno como experto tiene su criterio y para nosotros son todos ellos absolutamente respetables. Y analizada esa propuesta, el Gobierno presentará las correspondientes leyes de reforma fiscal.

Ésta es una reforma fiscal amplia y es una reforma fiscal muy completa, por lo que no son normas que pueden aprobarse con la agilidad con la que pueden hacerse reformas puntuales de uno u otro impuesto, sino que tienen un carácter de globalidad y, especialmente, de seguridad jurídica. Lo que se va a hacer es un marco fiscal que permita dar estabilidad y seguridad en una aplicación en varios años. Es decir, son reformas que son importantes y que han de hacerse bien, por cuanto, hoy por hoy, a los Estados miembros de la Unión Europea nos quedan pocas políticas económicas de las que seamos titulares, no digo en su totalidad, porque en ésta tampoco, pero sí con una cierta amplitud que permita fomentar también el crecimiento y la creación de empleo.

Esta medida es una de ellas y se hará con debido sosiego. Hemos pedido un informe a los expertos, porque otras veces también se ha hecho así. Ha sido positivo y esta vez también pensamos que lo es. Lógicamente, allí cada uno tiene libertad para exponer los criterios que considere más oportunos, se reflejarán en ese informe y el Gobierno los analizará. Nuestra responsabilidad es elaborar esos Proyectos de Ley, remitirlos a las Cortes y, como digo, lo haremos en el calendario que ha señalado el presidente del Gobierno.

P.- Insistiendo en el tema de la financiación, la Generalitat de Cataluña ha entrado también hoy en la batalla de la financiación y ha denunciado que el modelo castiga a Cataluña, a Madrid y a Murcia. Más allá de lo que ha dicho, de la radiografía que hará el Gobierno y de la metodología, quería saber si en este momento les preocupan las listas de agravio que están publicando algunas Comunidades --también del PP, como hizo José Antonio Morago hace unos días-- en estos días y si temen que esto genere un nuevo frene de rebelión autonómica, de "barones" incluso populares.

Por otro lado, el ministro del Interior calificó ayer de cuestión de Estado la crisis en Ceuta y Melilla, y volvió a pedir la colaboración de la Unión Europea, como ya hizo. Tras las tensiones y los desencuentros de los últimos días, quería saber cuál es la previsión del Gobierno; es decir, ¿llegará esta ayuda de la Unión Europea? ¿Cree que, además, están en condiciones de pactar una política de Estado?

Vicepresidenta.- En relación con la primera de sus preguntas, quienes llevamos algunos años en política puedo decirle que esto ya lo hemos vivido. Siempre que hay encima de la mesa, en este caso una evaluación, porque es el primer estadio que hay que hacer --antes de plantear nuevos modelo, hay que evaluar los actuales, ver cómo han cumplido o no su finalidad y ver cómo se han ejecutado-; siempre que hay encima de la mesa un asunto de esta naturaleza, y puede usted consultar las hemerotecas ampliamente, siempre que ha habido una discusión sobre el modelo de financiación cada una de las Comunidades Autónomas y los responsables autonómicos, como es lógico, hacen valer las necesidades y los intereses de cada Comunidad Autónoma. Eso forma parte de la lógica.

Cada Comunidad Autónoma tiene situaciones muy diferentes; todas ellas son importantes para el Gobierno y son atendibles: la población en sus distintas vertientes, la dispersión territorial, etc., etc. Todos los criterios de los que siempre se ha hablado, siempre son recurrentes en el ámbito de estas discusiones; pero el Gobierno tiene una obligación, que es casar, conectar todos los intereses, para que al final logremos un objetivo fundamental, que es el que no puede perderse: detrás de los modelos de financiación está la financiación de los servicios públicos esenciales que reciben los ciudadanos y lo que tenemos que conseguir es que, con independencia de las situaciones de población en cada Comunidad Autónoma, de dispersión de la población en cada Comunidad Autónoma, de número de municipios, de dispersión territorial, etc., etc., los ciudadanos reciban, en las condiciones de mayor igualdad posible, esos servicios públicos. Ésa es la tarea del Gobierno.

Por tanto, como le decía, siempre que hay un modelo de financiación surgen debates de esta naturaleza, entran dentro de lo que es la lógica política. Indudablemente, cada Comunidad Autónoma quiere poner de manifiesto las dificultades, que son diferentes pero son dificultades todas ellas, para prestar servicios públicos y la tarea del Gobierno es analizar, que es en lo que estamos ahora, y evaluar cómo ha funcionado el modelo actual, lo que se ha logrado y lo que no, y trabajar para mejorarlo.

Ministerio del Interior e inmigración. Yo creo que se ha abierto un debate importante. Yo valoro la responsabilidad con que algunos se enfrentan, quizá por responsabilidades anteriores, a este asunto.

En primer lugar, es importante que el tratamiento de esta cuestión como un asunto de Estado lo hagamos los Gobiernos y, muy especialmente, los partidos que estamos llamados a sucedernos en las tareas de Gobierno, porque es un asunto de un gran calado y un asunto en que es bueno tener una política coherente dentro que nos dé fortaleza en nuestras peticiones al conjunto de la Unión Europea.

La gestión de la inmigración es un fenómeno que ha cambiado y que irá evolucionando a lo largo de este tiempo; pero yo creo que siempre es bueno poner en común lo que han sido o lo que deben ser los ejes fundamentales de esa gestión de la política migratoria, que creo que son una base importante para el acuerdo, porque muchas de las cosas que se han hecho en la Legislatura anterior son ampliación o refuerzo de las que se hicieron en las Legislaturas anteriores.

Creo que nadie estará en contra de una gestión integral de los flujos migratorios dentro del principio de legalidad. Todo el mundo somos conscientes de que tenemos que favorecer la cooperación con los países de origen y de tránsito, y de que es fundamental una política europea de inmigración cada vez más fuerte, en la que reivindiquemos la necesaria solidaridad de todos los Estados en la gestión de nuestras fronteras, porque no sólo son nuestras fronteras, sino también fronteras de la Unión Europea.

Creo que eso es una base importante para llegar a un acuerdo en un asunto en el que, como digo, se ha demostrado a lo largo de todos estos años que, siendo coherentes en esa gestión, podemos obtener mejores logros y, sobre todo, mayor fortaleza en nuestra vos en Europa. Para eso es para lo que trabajamos y es lo que han venido reclamando el presidente del Gobierno y el ministro del Interior en las últimas reuniones en la Unión Europea. También, cuando han sido otros Estados miembros los que han visto en sus costas desgracias como las que nosotros tenemos que ver.

Creo que ser coherentes en esta vida es muy importante y más cuando estamos hablando de asuntos que afectan a la vida y al bienestar de muchas personas que, por desgracia, no tienen las oportunidades, aunque nosotros en crisis hayamos perdido bastantes, que tenemos los Estados en que nos movemos en un ámbito más desarrollado.

P.- Le quería preguntar por el Concierto Económico, pues se refería al principio a este asunto. Esta semana el presidente de la Comunidad de Madrid pedía una modificación de lo que supone el Concierto Económico. ¿Qué opina el Gobierno? ¿Ha llegado el momento de modificar lo que algunos consideran un privilegio con el Concierto Económico, dentro de una reforma de la Constitución, o el Gobierno se opone a esa reforma?

También le quería preguntar si le sorprenden las críticas que el Gobierno está recibiendo por parte del Partido Socialista a su política de inmigración. Van a intentar reprobar al ministro del Interior y han intentado abrir una comisión de investigación. ¿Le han sorprendido estas críticas? Y, sobre todo, ¿cree que es un caldo de cultivo apropiado para un pacto de Estado?

Vicepresidenta.- Respecto a la primera de las cuestiones, hoy lo que traemos es una actualización de esa Ley como consecuencia de los cambios en el sistema tributario. La incorporación de nuevos impuestos o los cambios en su regulación obligan a concertarlos en el marco previsto en la Constitución y en la Ley del Concierto con, en este caso, la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto es lo que se aprueba hoy.

El debate que usted me plantea es un debate que, a mi juicio, se resolvió con la aprobación de nuestra Constitución en 1978, que dio carta de naturaleza a un sistema, en este caso fiscal, aunque hay otros puntos que forman parte del mismo, que se recoge en nuestra disposición adicional primera. Yo creo que, cuando uno reivindica la vigencia de la Constitución, tiene que ser también muy coherente en esa reivindicación. En lo que tenemos que trabajar, como le decía hace un momento, es en que, tanto se trate de un sistema de Concierto como un sistema de lo que se ha venido a llamar de régimen común, no olvidemos lo importante: que estamos financiando servicios públicos, los preste el Estado o los preste la Comunidad Autónoma, y los flujos de esa financiación vayan en una dirección o en la contraria. Pero lo fundamental, a través del modelo de financiación o a través de esas leyes de Concierto, es que garanticemos esas condiciones de igualdad y mejor prestación de los servicios públicos.

Sobre las críticas del Partido Socialista, sinceramente, como Gobierno, algunas de las cuestiones no las hemos entendido bien; no nosotros, sino creo que una importante parte de la ciudadanía. Criticar sistemas de gestión de fronteras que tienen su origen precisamente en Legislaturas anteriores del Partido Socialista, como es el caso de la protección de la valla, o tener determinadas actuaciones ante sucesos que, por desgracia, nos entristecen a todos, pero que no son nuevos, como digo, por desgracia, en nuestra historia de la gestión de la inmigración; yo creo que, más allá de los intereses políticos de cada uno en cada momento, yo estoy de acuerdo con muchos, y no digo de un partido o de otro, que consideran que en este tema lo que tenemos que tener es una unidad de criterio.

Da la casualidad de que en muchas de esas actividades de gestión se gestionaba en los años 2005-2006 en los mismos términos que se gestiona ahora; que no ha habido variaciones sobre ese modo de actuar y que, además, este Gobierno está haciendo ejercicios de transparencia importantes que en aquella época no se hicieron. Pero, bueno, ahora también las cosas han cambiado.

Entonces, yo creo que en este tema hemos de sobreponernos a los debates políticos del momento. Estamos hablando de un asunto importante para España, pero estamos hablando de un asunto importante para el conjunto de la Unión Europea y nuestro discurso tiene que ser coherente aquí y allí. El Gobierno ha procurado tenerlo, lo va a tener y, desde luego, nosotros apelamos a aquellas voces también en la oposición, porque conocen este asunto, porque lo han vivido, porque lo han sufrido y porque saben que es difícil gestionar, saben que es necesario mucho apoyo desde fuera y saben que es necesaria una voz fuerte, a que hagan esa reflexión sobre esta cuestión que creo que nos beneficiará a todos y, lo que es más importante, a nuestro país en su conjunto, que es a lo que el Gobierno y oposición siempre tenemos que servir y atender.

P.- Querría saber si la Vicepresidenta comparte la opinión manifestada hace unos días por el secretario de Estado de Deporte, Miguel Cardenal, quien consideró que el Fútbol Club Barcelona está siendo acosado por la investigación judicial abierta en torno al fichaje del jugador Neymar.

Vicepresidenta.- El propio secretario de Estado para el Deporte dio explicaciones de cuál es su posición y qué quería transmitir, y yo quiero señalar que ésas son las explicaciones que le importan al Gobierno. Nosotros consideramos que una cosa es el deporte y otra cosa es el cumplimiento de las obligaciones de cada uno, y aquí somos todos iguales, con independencia de a lo que nos dediquemos. Pero también es cierto que el deporte, o lo que es en sí el juego, tiene que separarse, como digo, de gestiones empresariales. Ahí, todos iguales y en el deporte, todos trabajando de la manera más limpia posible.

P.- Para la Vicepresidenta. Me gustaría preguntarle si el Gobierno también hace una lectura en clave nacional del rechazo de la Unión Europea y de la Comunidad Internacional, en general, al posible referéndum de independencia en Crimea para anexionarse a Rusia y si creen que eso, de alguna manera, está ratificando las posiciones del Gobierno respecto a un posible referéndum de independencia también en Cataluña o en otras regiones españolas.

En segundo lugar, a la ministra de Sanidad me gustaría preguntarle un par de cosas sobre el Plan de Igualdad que ha anunciado. Por un lado, ¿ve posibilidades reales de trabajar en profundidad en un plan de racionalización de horarios, como el que mencionaba? Desde la sociedad civil se está apostando bastante por él pero se suelen encontrar muchos escollos. Aparte de esas medidas puntuales, como ha mencionado lo de flexibilizar horarios de una semana a otra, ¿se podría trabajar más a fondo y de un carácter más general en la sociedad?

En segundo lugar, me gustaría preguntarle por los crímenes que se han cometido en los últimos días, en concreto en las últimas 48 horas, de varias mujeres. ¿Tiene datos ya oficiales que nos pueda confirmar que se trata de casos de violencia de género? Y, aparte del Plan de Igualdad que ha anunciado, ¿el Gobierno piensa tomar alguna medida adicional en los próximos días para tratar de frenar esta lacra que en los primeros meses del año ha sido bastante fuerte?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas en relación con el referéndum en Crimea, yo quiero dejar claras dos cuestiones: en primer lugar, que quizá el planteamiento es a la inversa: aquí existe una legalidad internacional y la legalidad internacional se aplica a todos. Digamos que ésa es la premisa general y, luego, van surgiendo los casos concretos. Y la legalidad internacional es que esas decisiones se tienen que adoptar de acuerdo con los criterios constitucionales, de acuerdo con las Constituciones de cada uno de los Estados. Entonces, lo que señala la legalidad internacional para todos es que ese tipo de decisiones tienen que adoptarse de acuerdo con los criterios constitucionales internos de los Estados para que sean reconocidos en el ámbito de la legalidad internacional.

Lo que ha venido a sentarse o a recordarse es un principio de carácter general: oiga, en este asunto la legalidad internacional, ¿qué señala el Estado de Derecho Internacional?, por llamarlo de esta manera. Que procesos de esta naturaleza tienen que cumplir en cada Estado los procedimientos constitucionales, las mayorías constitucionales y los esquemas constitucionales.

Dicho lo cual, Crimea tiene poco que ver con Cataluña, pero el Derecho Internacional y la legalidad internacional sí son generales para todos. Hay unas normas constitucionales de los Estados que tienen que respetarse y se reivindica el cumplimiento de esa legalidad internacional que reivindica, por su parte, la legalidad constitucional en cada Estado y los procedimientos constitucionales para tomarse este tipo de decisiones.

Sra. Mato.- Empezando por la primera cuestión, la racionalización de los horarios, lo he dicho en la intervención y lo llevo diciendo a lo largo de estos últimos años: es imprescindible, para que logremos la igualdad real entre mujeres y hombres, que los hombres y las mujeres podamos conciliar la vida familiar y laboral. Eso, desde luego, requiere que intentemos cambiar los horarios. Lo pide toda la sociedad, lo piden todas las asociaciones y lo piden especialmente todas las familias, y más en estos tiempos.

Hoy he anunciado alguna serie de medidas que están recogidas en el Plan y que estamos estudiando. Algunas de ellas son para posibilitar que los padres puedan acudir a las reuniones del colegio de los hijos. Hay muchos padres, muchas familias, que nos lo han reclamado porque, al final, si no puedes atender la responsabilidad de padres de tu hijo porque tienes que estar trabajando, que es tu obligación, tienes un problema. Por tanto, estamos buscando fórmulas para también flexibilizar los horarios por motivos de conciliación.

Tenemos que hacer un esfuerzo también desde las Administraciones Públicas, y también extenderlo a todas las empresas de todos los ámbitos, para que usemos unos horarios más racionales en los propios horarios que utilizamos de trabajo. No puede ser que tengamos reuniones a las ocho de la tarde, con el trabajo que supone para muchísimas personas que con ese motivo no pueden regresar a sus casas a tiempo para cenar con sus hijos o para hacer los deberes. Por tanto, también desde las Administraciones tenemos que dar ejemplo para empezar a reducir los horarios laborales y acabar antes en esas etapas.

Hemos hecho también esfuerzos para que las personas que tienen un hijo enfermo con una enfermedad grave también puedan estar más tiempo acompañando a su hijo. En esa línea estamos absolutamente decididos a mejorar en esa cuestión.

Le diré también que hubo un estudio, una subcomisión, en el Congreso de los Diputados, que sacó unas conclusiones recientemente, sobre el tema de la racionalización de horarios. Tengo que decirle que la nueva secretaria de Estado fue vocal precisamente de esa subcomisión y, por tanto, en ese sentido podremos avanzar más rápidamente, porque conoce de primera mano y ha tenido contacto con todas las personas que tienen mucho que aportar, en lo que significa seguir en esa línea.

Luego he pedido colaboración a los medios de comunicación. Lo he dicho y lo repito: los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo con nosotros, y lo vamos a pedir, para colaborar conjuntamente para ver si podemos acabar un poco antes las emisiones estelares de las cadenas, es decir, las series y las películas importantes, para que también las familias puedan acostarse y descansar un poco antes.

Creo que ésta es una labor de todos y creo que poco a poco, porque hay que hacer un cambio de mentalidad importante, podemos llegar a los resultados que todos los ciudadanos, todos, estamos requiriendo. Por eso, como le digo, es una de las líneas principales de actuación para posibilitar también la conciliación de la vida familiar y laboral.

En la segunda cuestión, de la violencia de género, la violencia de género yo creo que es una cuestión que nos afecta a todos. Vamos a avanzar mucho más deprisa si vamos todos juntos, mucho más deprisa. Y es verdad que estos últimos días ha habido algunas noticias de mujeres que han sido asesinadas; dos de ellas, una mujer y una niña, están en investigación, y la mujer asesinada ayer también está en investigación. Por tanto, no le puedo confirmar todavía si son víctimas de violencia de género o ha sido cualquier otra cuestión. En cuanto podamos confirmarlo, lo haremos.

En cualquier caso, una sola víctima de violencia de género es demasiado. Por eso vamos a hacer todos los esfuerzos, y los estamos haciendo, con la Estrategia de Violencia de Género, que ya emprendimos en 2013, y lo vamos a seguir haciendo con este Plan de Igualdad en el que uno de los ejes más importantes, de los tres ejes que tiene el Plan --luego hay otra serie de medidas--, es precisamente la erradicación de la violencia de género. Porque aquí no cabe ningún triunfalismo y es verdad que este año ha empezado mal. Como le digo, mal empieza desde que se maltrata a una sola mujer; pero también es verdad que tenemos que intentar ir reduciendo año tras año, y es verdad que en los últimos años estamos intentando y estamos consiguiendo reducir un poquito.

Lo más importante es que la mayoría de las mujeres, y así lo dice el estudio de la Unión Europea, conocen las campañas de sensibilización, conocen las cuestiones de a dónde tienen que acudir, conocen el teléfono 016 y saben que hay medidas, fórmulas y ayudas para ellas.

Y el tema más importante, el empleo, también es fundamental para ellas. Una mujer, para salir de la violencia de género, en muchas ocasiones lo que necesita es la puerta de salida, es decir, la forma de cambiar de vida y de poder seguir viviendo sin la persona que la maltrata a su lado. Por eso vamos a trabajar especialmente con el empleo. Lo hemos hecho con muchas empresas que están colaborando ya con nosotros. Se han conseguido más de 1.200 puestos de trabajo en estos dos últimos años para mujeres víctimas de violencia de género y en esa línea vamos a seguir trabajando, porque creemos que es el camino: todas las ayudas posibles a las mujeres que son maltratadas, todas las ayudas por parte de la sociedad para que la mujer se atreva a denunciar, que es la única manera de acabar con esa lacra, y, como digo, el consenso de toda la sociedad para avanzar cada vez más rápidamente.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.