Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes. Voy a darles cuenta de algunos de los asuntos más importantes que se han aprobado hoy en Consejo de Ministros; una reunión que hemos celebrado el jueves por la mañana porque, como bien saben, a lo largo de mañana y el sábado, de mañana y pasado mañana, tiene lugar en Cádiz la XXII Cumbre Iberoamericana. Ésta es una ocasión muy importante en unos momentos de gran transformación en la zona y en la que consideramos muy importante, desde el punto de vista político, económico y social, estrechar nuestros vínculos con Iberoamérica en una fórmula nueva de integración mucho más equilibrada.

Les puedo avanzar que esperamos que sea una Cumbre importante, no sólo por su elevada participación, por la presencia de mandatarios, sino también por los temas importantes que se van a abordar en el marco de la misma.

En Cádiz hace doscientos años nació el constitucionalismo español, que fue también un momento constitucional muy importante para buena parte de esos países, para todo el continente americano, y yo creo que es buen momento para reforzar ese marco de convivencia y de interrelación mutua que tenemos los iberoamericanos.

Por eso, la celebración de la Cumbre, viernes y sábado, nos tiene este jueves reunidos en Consejo de Ministros para aprobar dos normas importantes: de un lado, un Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios y, de otro lado, un Real Decreto que da estructura jurídica a la Sociedad de Gestión de Activos, la SAREB, que es una pieza fundamental en el proceso de restructuración y saneamiento del sector bancario.

Sobre los dos asuntos hablará después en mayor profundidad el ministro de Economía, pero permítanme que dé unas pinceladas de ambos, y de un tercero, al que después aludiré, de materia diferente, también abordando el planteamiento político respecto al primero de ellos.

Como les digo, hoy se aprueba un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de protección del deudor hipotecario. Se trata de una respuesta urgente y paliativa de cara a la situación más dura de la crisis económica que vivimos.

Estamos en un momento en que es necesario llevar a cabo muchas reformas desde el punto de vista económico para volver a crecer y crear empleo; pero también tenemos que ser muy conscientes de que, entretanto, tenemos que adoptar medidas de naturaleza social que logren paliar o, al menos, ayudar a paliar la difícil situación por la que están pasando algunas familias.

Hoy es una primera fase de medidas en materia de protección de los deudores hipotecarios. ¿Qué hemos hecho hoy? Hoy se aprueban dos medidas clave, las que entendemos más urgentes por razones llamémosle humanitarias, por razones de atender a los colectivos de una mayor vulnerabilidad.

A partir de ahora, este Real Decreto Ley pasará a las Cortes Generales, a un proceso de diálogo y negociación política, en el que esperamos las aportaciones de todos los grupos políticos y, especialmente, del Partido Socialista.

Hemos mantenido abundantes reuniones, de naturaleza política, pero también técnica, estos días con el Grupo Socialista. Se ha avanzado en algunas cosas muy significativamente, pero es un proceso que tiene que continuar. Por eso, en este Real Decreto Ley aprobamos aquellas medidas que consideramos que deben ponerse en marcha inmediatamente y en otras seguiremos trabajando en estos días, en estas semanas, para darles una redacción definitiva en el Proyecto de Ley como consecuencia de la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley.

Por tanto, el objetivo fundamental, el contenido de este Real Decreto Ley, son medidas urgentes paliativas para colectivos de especial vulnerabilidad, y son dos: en primer lugar, la paralización de los lanzamientos, es decir, de la fase final del desahucio, de salir de la vivienda, de una serie de colectivos en situación de vulnerabilidad. Son todos aquellos que no superen el nivel de rentas prevists en el Real Decreto Ley, tres veces el IPREM, pero que, además, se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: ser familias numerosas, ser familias con algún menor de tres años, tener a su cargo personas en situación de incapacidad o dependencia, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo o estar en algunos supuestos de violencia de género. Después lo explicará con mayor detalle el Ministro.

Se trata, por tanto, de que dentro de los umbrales previstos o de los límites de renta previstos en la Ley --después hablaré del tratamiento general de los umbrales--, cumpliendo esos requisitos de renta, o sea, no excediéndolos, si hay una situación de vulnerabilidad de las que acabo de referir, se paralizan durante dos años los lanzamientos, es decir, la fase final del desahucio, salir de la vivienda.

En segundo lugar, se le impone al Gobierno la obligación urgente y rápida de crear un Fondo Social de Viviendas, un parque de viviendas destinadas al alquiler, a precios de alquiler bajos, muy razonables, para personas que han perdido su vivienda, para personas que no tienen vivienda.

Estas dos medidas son, por tanto, las más urgentes, las más inmediatas, las que hay que poner en marcha ya; pero el Gobierno va a abordar, a través de su Grupo Parlamentario y en negociación con todos los Grupos de la Cámara, otra serie de asuntos que consideramos deben formar parte de este Real Decreto Ley.

En primer lugar, el establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas para poder entrar en procesos de restructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago. Como saben, en el Código de Buenas Prácticas actualmente ya existen esos procesos y se trata de revisar en qué circunstancias económicas y de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas Prácticas.

Después, mejoraremos algunos aspectos importantes, como la realización de las subastas; como el asunto relativo a los intereses de demora; mecanismos para darle mayor independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias a la hora de tasar la vivienda; la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar pro futuro el sobreendeudamiento o mecanismos --y esto es muy importante; ya saben que les insistí la semana pasada-- para evitar cláusulas abusivas en las contrataciones hipotecarias o en las negociaciones hipotecarias.

Por tanto, estamos ante una primera fase, con medidas de choque muy urgentes para colectivos muy vulnerables, que tiene por objeto que no se queden en la calle o, si se han tenido que quedar fuera de sus casas, puedan acogerse a un alquiler barato en un Fondo de Viviendas que el Gobierno va a impulsar; y la segunda fase será su tramitación parlamentaria, donde abordaremos las medidas que planteen los Grupos, pero muy especialmente éstas que el Gobierno tiene interés en cerrar allí con carácter definitivo y estable, y en negociación con los Grupos.

En segundo lugar, como decía, este Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de las Sociedades de Gestión de Activos, que el Ministro explicará detalladamente.

Yo sólo quiero insistir en tres cuestiones clave con la puesta en marcha esta sociedad, que agrupa los activos dañados de las entidades en proceso de restructuración y resolución, para que sean gestionados y vendidos de manera ordenada; y el Real Decreto determina tipos de activos transferibles, cómo se valoran y cómo es la estructura legal de esta Sociedad, siempre desde la máxima transparencia, profesionalidad y en estado de evaluación continua.

Se trata, por tanto, de una medida muy importante en la restructuración de nuestro sistema financiero, es uno de los elementos clave para nuestro crecimiento y un elemento fundamental, tanto para la dinamización del mercado inmobiliario, como para la vuelta del crédito a nuestro sistema.

En tercer lugar --esta cuestión ya no es tanto económica como fiscal--, se ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se adapta la normativa de desarrollo de la Ley General Tributaria al Derecho Comunitario e Internacional en materia de asistencia mutua; pero, además, se fijan obligaciones de información tributaria sobre bienes y derechos en el extranjero.

Los contribuyentes tendrán que informar en el primer trimestre de 2013 de los bienes y derechos que tienen en el extranjero, tanto cuentas en entidades financieras, como bienes inmuebles, valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionas u obtenidas fuera de España. Se excluyen aquellos bienes que no superen los cincuenta mil euros por cada bien y será obligatorio también presentar declaración informativa en años sucesivos cuando los límites hayan experimentado crecimientos por encima de los veinte mil euros.

Por lo demás, se trasponen al ordenamiento español instrumentos importantes de cooperación en el ámbito de la fiscalidad para hacer mucho más ágil el intercambio de información entre Estados para la liquidación de tributos, porque el futuro de la lucha contra el fraude, contra los paraísos fiscales, es precisamente la cooperación, el intercambio de información y sistemas más ágiles de cobros entre todas las Administraciones tributarias de la Unión Europea.

Por tanto, aprobamos hoy un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia hipotecaria y dos Reales Decretos: el de la SAREB y el que hace referencia al intercambio de información y al conocimiento de información sobre bienes situados en el extranjero a efectos fiscales.

Sr. de Guindos.- Yo creo que la Vicepresidenta ha ubicado y enmarcado perfectamente el Real Decreto Ley que aprobamos hoy: son medidas urgentes, de urgente necesidad, para colectivos específicos, para colectivos vulnerables y en unas circunstancias difíciles, en las cuales la crisis ha golpeado con intensidad. En última instancia, lo que pretende este Real Decreto Ley es evitar que nadie se vaya de su casa, es decir, que no se pueda echar a estos colectivos de su vivienda.

También me gustaría recordarles algo que es importante, y que a veces olvidamos, y que yo creo que es una fortaleza, tanto, yo diría, desde el punto de vista del conjunto del sistema bancario español y que pone de manifiesto también una cuestión que creo que es relevante resaltar, y es que la tasa de mora de las hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por 100, es decir, que existe muchísima gente, muchísimos deudores hipotecarios, que pagan puntualmente sus hipotecas. Evidentemente, esto es algo que todos tenemos que reconocer, porque es un esfuerzo importante. Y en los últimos trimestres hemos visto una caída importante del euríbor, que ha supuesto un alivio de la carga financiera.

Por lo tanto, este Real Decreto Ley hay que enmarcarlo en lo que es una serie de colectivos especialmente desfavorecidos, especialmente vulnerables, como decía antes la Vicepresidenta, cuya protección el Gobierno considera que es de urgente neceecesidad y que es de urgente necesidad evitar que se produzcan desahucios, es decir, que salgan de la vivienda que han adquirido y que está sometida a un proceso de ejecución hipotecaria.

Para definir exactamente lo que es el alcance del Real Decreto Ley tenemos que tener en cuenta dos elementos: uno, cuáles son los colectivos protegidos y, dos, las características económico-financieras que se tienen que dar, las limitaciones económico-financieras, los umbrales económico-financieros, para que se aplique a dichos colectivos esta limitación desde el punto de vista de lo que es que se produzca el desalojo de la vivienda.

La medida consiste, fundamentalmente, en que se paraliza durante un período de dos años el desahucio, el lanzamiento en la terminología jurídica, es decir, que desalojen sus viviendas, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Es decir, en todos aquellos casos en los que se ha producido o se vaya a producir durante los próximos dos años la adjudicación de la vivienda al banco no se podrá proceder al desalojo de la vivienda --en un período, vuelvo a repetir, de dos años-- cuando concurran las siguientes circunstancias:

En primer lugar, que se trate de familias numerosas, de acuerdo con la definición de familia numerosa que tenemos en la legislación vigente.

En segundo lugar, unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

En tercer lugar, una unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

En cuarto lugar, unidades familiares en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por 100, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite, de forma permanente y de modo acreditado, para realizar una actividad laboral.

En quinto lugar, unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones de desempleo.

En sexto lugar, unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente, de modo acreditado, realizar una actividad laboral.

En séptimo lugar, unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento, objeto de desahucio, constituya su domicilio habitual.

Éstos son los colectivos, el conjunto de colectivos, de familias, a los cuales se aplica esta limitación de desalojo.

Además, tienen que concurrir los siguientes parámetros o las siguientes limitaciones desde el punto de vista económico.

En primer lugar, se hace referencia al nivel de renta y viene constituida porque el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. El IPREM, como conocen, se sitúa en 2012 en 532 euros al mes. Es decir, se incluyen las familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros al mes que, en términos anuales, es cerca de 19.200 euros al año.

En segundo lugar, que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas. Por ello se entiende cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado, al menos, en 1,5 en los últimos cuatro años. Es decir, si suponía un 40 por 100, haya pasado a ser un 60 por 100 o, si es un 30 por 100, pase a suponer un 45 por 100 de la renta.

En tercer lugar, que la cuota hipotecaria supere el 50 por 100 de los ingresos netos.

Por último, lógicamente, que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición del mismo.

Por lo tanto, tenemos dos variables que tienen que combinar: por un lado, un conjunto de unidades familiares que consideramos que son vulnerables, que es de urgente necesidad protegerlas; y, por otro lado, con unas circunstancias económicas que, de algún modo, definen o permiten definir dicha urgente necesidad; es decir, es gente, son familias, son personas, que han sido especialmente afectados por la crisis económica.

En segundo lugar, en el Real Decreto Ley, como ha comentado la Vicepresidenta, se da un mandato al Gobierno para que empiece a negociar la creación de un Fondo Social de Viviendas; un fondo de viviendas en estos momentos en posesión de las entidades financiera, de los bancos, para que pongan a disposición de toda aquella gente, de todas aquellas personas, que se han quedado sin vivienda una vivienda con un alquiler social reducido.

De este modo, como indicaba anteriormente la Vicepresidenta, creo que el Gobierno, de una forma muy rápida, de una forma muy urgente, da respuesta a dicha necesidad social. Y, posteriormente, como comentaba la Vicepresidenta, se irán incluyendo otro tipo de medidas, que se basarán en lo que es el Código de Buenas Prácticas, en lo que es la flexibilización de sus límites, tanto desde el punto de vista de renta, como desde el punto de vista del valor de la hipoteca o de importe de la hipoteca, como de todas aquellas cuestiones que ha comentado la Vicepresidenta desde el punto de vista de la relación del tasador con el banco, de lo que son los intereses de demora, etc., etc., etc.

De este modo, vuelvo a repetir, yo creo que el Gobierno, de una forma rápida, a través de un Real Decreto Ley, impide que los colectivos sociales más afectados por lo que está haciendo el desahucio pierdan su vivienda en estos momentos.

En segundo lugar, vamos al Real Decreto del régimen jurídico de las Sociedades de Gestión de Activos. Hemos aprobado hoy lo que es el desarrollo de la Sociedad de Gestión de Activos. Saben ustedes que en el Real Decreto Ley aprobado el 31 de agosto de este año se establecía el marco general del mismo y formaba parte de lo que es el Memorándum de Entendimiento que firmó España con el Eurogrupo para saneamiento. Se trata de un instrumento, como saben ustedes, poderoso e, incluso, más poderoso, en determinadas ocasiones, para el saneamiento de la banca que las propias inyecciones de capital. Es decir, a través del "banco malo" lo que se hace es que se transfieren los activos problemáticos a una unidad; y, por lo tanto, los bancos no solamente dejan de tener en su balance estos activos problemáticos, sino que, además, se dedican a lo que tienen que dedicarse, que es a dar crédito y a captar depósitos.

La Sociedad de Gestión de Activos, la denominada SAREB, tiene que estar disponible, tiene que estar creada, el 1 de diciembre, y, por lo tanto, hemos aprobado hoy el Real Decreto que era imprescindible porque suponía el desarrollo de la regulación anterior.

Yo no me voy a extender mucho aquí y ya ha habido numerosas reuniones por parte del subgobernador del Banco de España y del director del FROB. Simplemente, aquí lo que les diría es que en estos momentos estamos en el proceso ya de redacción de los estatutos y constitución de la Sociedad, se está formando el equipo gestor y se están llevando ya a cabo presentaciones de la Sociedad, del proyecto, a lo que son inversores institucionales privados.

El objeto fundamental de la Sociedad es facilitar el saneamiento definitivo de las entidades, liberar capital, llevar a cabo una gestión profesionalizada y, como efecto inducido pero muy importante, el dinamizar el mercado de la vivienda en España.

La estructura legal se define en el Real Decreto y lo que se hace es una constitución de una sociedad anónima, que va a ser la propietaria de los activos y que será la que gestione los activos.

Los accionistas serán, en un primer momento, el FROB que no tendrá mayoría, que intentamos que esté por debajo del 50 por 100 --tiene que estar por debajo del 50 por 100-- e, incluso, ligeramente por debajo de ese porcentaje del 50 por 100, y se definen una serie de inversores institucionales que pueden entrar en el capital de la Sociedad de Gestión de Activos.

Para facilitar, además, la entrada de inversores institucionales en lo que serían activos específicos, no tanto en el capital de la Sociedad Gestora como en lo que es en posibles activos concretos en los cuales puedan tener un interés diferencial, la Sociedad va a crear una serie de fondos fiduciarios en los cuales tendremos diferentes tipos de activos por su naturaleza, y éstos se dirigirán también a inversores profesionales. Lógicamente, la definición de estos fondos dependerá también de la demanda que se vaya a producir.

¿Cuáles son los activos a trasferir y el precio de transferencia? En primer lugar, la Sociedad tendrá un límite máximo desde el punto de vista de su tamaño, desde el punto de vista de los activos a adquirir, que es de noventa mil millones de euros, aunque lo que estamos esperando es que su cuantía esté en el entorno de sesenta mil millones. Va a depender, lógicamente, en última instancia, de lo que es el proceso de restructuración de las diferentes entidades, que se ha remitido a Bruselas, porque algunas podrán levantar capitales por sí mismas y otras no.

En el perímetro de definición de los activos se incluye la totalidad del crédito promotor, y aquí lo importante es que engloba tanto el problemático como el no problemático; la totalidad de los activos inmobiliarios adjudicados, fundamentalmente, son activos físicos: suelo, viviendas en curso, de construcción, viviendas terminadas, etcétera; y, después, también las participaciones mayoritarias en sociedades inmobiliarias.

También, como ya se ha comentado anteriormente, se excluyen del perímetro los préstamos que no superen los 250.000 euros y los adjudicados que no superen los 100.000 euros. Esto es para intentar evitar un manejo difícil y complejo por parte de la Sociedad, porque son activos de valor reducido, pero que en número son muy elevados y que, lógicamente, harían mucho más complicada una gestión ya de por sí extremadamente difícil, extremadamente compleja, de los activos inmobiliarios.

El ajuste medio de precios a los cuales se transferirán los activos desde los bancos con ayudas hacia la Sociedad Gestora de Activos es de, aproximadamente, un 50 por 100; un 63 por 100 para los inmuebles adjudicados y cerca de un 46 por 100 para el crédito promotor.

En el plan de negocios que se ha elaborado para la Sociedad Gestora de Activos, para la SAREB, la rentabilidad media proyectada está en el entorno del 15 por 100 en un período de tiempo, en un horizonte temporal, de quince años.

Por el lado del pasivo, el FROB, como decía anteriormente, tendrá menos del 50 por 100 del capital y el resto será participación de entidades financieras privadas. El resto de la financiación son bonos que emitirá la SAREB, que tendrán garantía del Tesoro y, como aparece en el Memorándum de Entendimiento, esos bonos estarán estructurados de tal forma que sean descontables por parte del Banco Central Europeo.

La deuda, es decir, estos bonos que se emitan, será la que se de a las entidades que transfieran los activos y, posteriormente, las entidades, con esos bonos, irán al Banco Central Europeo para su descuento en el Banco Central.

También se ha definido lo que es el régimen fiscal, a través, fundamentalmente, de una enmienda en el Real Decreto Ley 24/2012, que fue el del 31 de agosto, y en el que se ha incluido la exención en el Impuesto sobre sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para transmisiones de las entidades de crédito a la SAREB y, desde la SAREB, a los fondos; es decir, ahí no se devengará ningún tipo de derecho real. En segundo lugar, la no sujeción de la plusvalía originada en las citadas transmisiones al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana. A su vez, la obligación de conseguir la desinversión por parte del Estado en estos activos ha hecho necesario dar también un atractivo fiscal a los fondos como vehículos de comercialización y a quien invierta en ellos. Por último, el régimen fiscal de los fondos fiduciarios será equiparable a lo que tienen en estos momentos las instituciones de inversión colectiva.

También se ha introducido una exención del arancel notarial en las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al mismo, cuando legalmente deban soportar el pago SAREB o los fondos de activos bancarios que se constituyan.

P.- Al ministro de Economía. Bruselas ha recordado hoy mismo que todo lo relativo al sistema hipotecario tiene que ser consultado. Me gustaría saber si estas medidas que han anunciado hoy mismo, relativas a los desahucios, se han negociado con la Unión Europea. Usted ha estado esta semana en Bruselas. ¿Se tiene el aval de Bruselas para dar este paso?

Y en un plano más político, a la Vicepresidenta me gustaría preguntarle por el Partido Socialista. En lo relativo a los desahucios, ¿cuáles son las razones por las cuales el Partido Socialista no se ha sumado a estas primeras medidas?

Y, en lo relativo a la huelga general, ayer destacados cargos del Partido Socialista encabezaron esa marcha. Me gustaría saber su opinión.

Para finalizar, también quería una valoración general sobre la huelga general y sobre los disturbios que los radicales provocaron anoche en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Sr. de Guindos.- Lo que se incluye hoy en el Real Decreto Ley --lo ven ustedes, en última instancia-- no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria. Lo que se hace es que se establece que las familias definidas, las unidades familiares que yo comentaba anteriormente, con las limitaciones que comentaba anteriormente, continúen en su vivienda durante un período máximo de dos años. Es decir, no hay ninguna afectación profunda a lo que es el procedimiento de ejecución hipotecaria.

Lógicamente, por lo tanto, esto es un planteamiento que es un planteamiento que tiene que ver, básicamente, con medidas muy específicas y muy concretas, pero que no afectan a la modificación hipotecaria.

De cualquier modo, tenga usted la seguridad de que siempre nosotros estamos en contacto con las instituciones comunitarias al respecto, tanto con la Comisión, como el Banco Central Europeo, como con el Fondo Monetario Internacional, que, como saben, son los que de algún modo colaboran con nosotros en el procedimiento de implementación del Memorándum de Entendimiento.

Pero, vuelvo a repetir, el procedimiento ejecutario… Aquí no hay ninguna modificación de la Ley Hipotecaria; lo que hay, como decía anteriormente la Vicepresidenta, es que la última fase del procedimiento de desahucio, el lanzamiento, se limita para este tipo de familias.

Vicepresidenta.- Sobre la posición del Partido Socialista en relación a las medidas relativas a los desahucios, hemos trabajado con ellos a lo largo de estas dos semanas en medidas que podían adoptarse y de las que carecía nuestro ordenamiento jurídico o, al menos, no se habían demostrado suficientes hasta la fecha.

Pero el Gobierno, además de negociar, y tiene la voluntad de seguir haciéndolo, tiene que actuar y tiene que tomar decisiones. Especialmente había una serie de situaciones urgentes, como los colectivos que acabamos de citar, respecto de los cuales el propio presidente del Gobierno ya hizo pública su intención de trabajar para paralizar esos desahucios el pasado viernes; y la banca se sumó a esa posición. Sobre este asunto no podíamos admitir demoras, entre otras cosas, porque podíamos perjudicar a quienes en este momento están en la situación de inseguridad jurídica de cuándo se va a adoptar esta medida que impide o que me permite a mí seguir en mi casa, además de la segunda que urge: ponernos a trabajar cuanto antes en ese Fondo.

Nosotros lo que hemos hecho es tomar una decisión y actuar. Al Gobierno le corresponde actuar. La oposición tendrá que valorar su posición sobre este asunto; pero nosotros, ante un asunto concreto, tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar medidas. Hemos tomado las más urgentes y ahora nuestra voluntad es seguir trabajando en un diálogo, que ahora será ya más amplio, porque es el diálogo parlamentario, con todos los Grupos y con el Partido Socialista.

Yo hago también a todos una llamada al equilibrio, a plantear propuestas que sean sensatas y que sean responsables; y que vayamos todos a paliar el grave problema que tratamos de evitar. Aquí no se trata de ver quién hace la propuesta más amplia o una subasta de cantidades; no, no. Aquí de lo que se trata es de solventar un problema, de hacerlo con carácter equilibrado, de atender a los que de verdad lo están pasando mal y de preservar, en lo demás, que la gente pueda seguir accediendo a un crédito, cuando haya esa posibilidad más amplia en el mercado, en condiciones razonables.

Y lo que hago yo también al PSOE, al Partido Socialista, es una llamada de responsabilidad. Gobernaron hasta hace muy poco y, si no se tomaron algunas medidas, me imagino, puedo suponer, que sería porque tenían dificultades. No quiero pensar en otras cosas. Entonces, que esos mismos criterios se tengan presentes a lo largo de esta negociación, que, desde luego, nosotros vamos a seguir buscando y trabajando con el mismo esfuerzo que se ha hecho estos días.

Y aprovecho, porque creo que es de ley hacerlo, para agradecer la labor de los dos equipos técnicos, del equipo del Gobierno, que estaba dirigido por el subsecretario de Economía, y del equipo de la oposición, por doña Inmaculada Rodríguez, porque han trabajado mucho hasta altas horas y con el objetivo todos de paliar una situación muy grave que a todos, además de sentirnos responsables, nos conmueve. Creo que han trabajado muy bien y hay que reconocerlo, y, a partir de ahora, seguiremos trabajando.

Sobre la huelga me preguntaba varias cosas y voy a tratar de ser ordenada.

Al Gobierno no le corresponde hacer valoraciones subjetivas del fracaso o el éxito con que se interprete; al Gobierno lo que le corresponde es proteger los derechos de dos colectivos: los que quieran ir a la huelga y los que no quieran ir a la huelga, los que se quieran manifestar y los que no se quieran manifestar. Más allá, nuestra responsabilidad es trabajar para que en este país, con las reformas necesarias, con todas las medidas precisas, podamos volver a crecer, podamos volver a generar empleo y podamos darles un mejor futuro a los españoles todos juntos. Cada uno tendrá que explicar los motivos de la convocatoria, la asistencia o la presencia.

Sobre los disturbios le voy a dar un dato que me suministran el ministro del Interior y el Ministerio del Interior: ayer hubo, especialmente más abundantes a lo largo de la tarde-noche, entre concentraciones y manifestaciones,1.084; 1.084 en toda España. Ésa es es una tarea amplia, que les corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tratan de cumplir su labor de la mejor manera posible, y una actuación proporcionada en la búsqueda de la protección de los derechos de uno y de la seguridad de los derechos de todos los demás.

Sí me parece importante, en relación con esos disturbios, decir que una cosa es el derecho a manifestarse y esa libertad, que nos corresponde proteger a nosotros, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y otra los actos violentos que nadie podemos amparar ni justificar. Yo espero que aquí estamos todos los responsables políticos de acuerdo en que una cosa es el derecho a la huelga y a la no huelga, el derecho a la manifestación y a la no manifestación; pero otra cosa es el derecho de todos los españoles a no tener que vivir, ver, padecer, en tu persona, en tus bienes, en tu calle o en tu mobiliario urbano destrozos que no tienen sentido y que no son el ejercicio de ningún derecho, sino que son actos vandálicos que todos deberíamos, al menos, condenar para evitar que nadie se sienta amparado de ninguna de las maneras.

P.- Ministro, quería preguntarle por el número de personas que pueden estar afectadas por las circunstancias o por las condiciones que ha descrito hace un momento. Supongo que habrán hecho algún tipo de cálculo. ¿Cuántas personas podrían acogerse a estas condiciones?

También me interesaría que me explicara si ha habido algún tipo de negociación, de conversaciones, con la banca, porque el sector financiero, que no ha mostrado mucha sensibilidad hasta ahora en estos temas, está preocupado porque este endurecimiento en las condiciones pueda producir en el futuro que el crédito se haga más difícil y que también la mora, que está, como ha dicho, en el 3 por 100 en el caso de las viviendas, pueda dispararse debido a que la gente diga "ya me rescatarán, ya me ayudarán" con estas medidas.

Sr. de Guindos.- Como comentaba usted, lo que hay que intentar y lo que intenta el Gobierno es actuar, proteger y evitar que se vayan a la calle, por decirlo de alguna forma, aquellas familias que pertenecen a los colectivos que, como consecuencia de la crisis, en situación de buena fé y como consecuencia de razones sobrevenidas, se han visto inversas en un procedimiento de desahucio.

Vuelvo a repetir: creo que, en última instancia, esto no tiene un impacto desde el punto de vista fundamental en lo que es la mayoría de los casos y en lo que es la situación general en el mercado hipotecario español.

No sé si ha tenido usted la posibilidad, y yo se lo recomiendo, de que analice el número de renegociaciones que se producen. Es decir, habitualmente hay siempre una actitud favorable desde el punto de vista de las instituciones bancarias a lo que es evitar las situaciones límites, las situaciones de desahucio. Estoy convencido de que los bancos no se quieren quedar con las viviendas en garantía. Su negocio es otro, su negocio es captar depósitos, dar crédito y que estos créditos se devuelvan; no es gestionar viviendas. Entonces, en última instancia, lo que estamos haciendo es actuar sobre estos colectivos.

Usted me dice un número de personas. Ha visto que la definición que yo le he dado de los diferentes segmentos, de los diferentes tipos de familia, es relativamente amplia. Después, eso hay que cruzarlo con lo que son unas limitaciones de renta que parecen razonables, desde el punto de vista de que estamos hablando de 19.200 euros al año, y que también tiene que haber otra condición sobrevenida, que es en los últimos cuatro años se haya incrementado el esfuerzo de la cuota hipotecaria. Es decir, lo que estamos intentando es definir y estamos instando actuar sobre quien lo necesita, y yo creo que eso no va a perjudicar lo que, de algún modo, es uno de los principios generales que tiene que regir en todo sistema económico, que es que las deudas, lógicamente, y sus intereses hay que devolverlos.

Se está actuando en aquellas circunstancias que se cree imprescindible y que se cree que es de necesidad social, pero en absoluto se está generalizando. Yo creo que esto no va a tener ningún impacto desde el punto de vista de la evolución de la mora en España que, vuelvo a decir, es una de nuestras fortalezas. Las hipotecas en España se pagan y yo creo que eso es algo que hay que, de algún modo, continuar favoreciendo, porque es una de las fortalezas de nuestro país.

Es muy importante, y permítame usted que se lo recuerde, que una de las diferencias fundamentales de los test de stress, de las pruebas de esfuerzo, en España y en otros países es que en España el problema no era con las hipotecas individuales. El problema en España ha sido con el crédito promotor y eso es algo que tenemos que tenemos que tener en consideración, desde el punto de vista de lo que es la mora. Ahí es donde actuamos desde el primer momento, ahí fue donde el Gobierno aprobó dos Reales Decretos Leyes para incrementar las provisiones en ochenta mil millones de euros, porque ahí es donde existía la necesidad real de actuación. Y, cuando uno ve, por ejemplo, el test de stress de Oliver Wyman, se pone de manifiesto esto.

Además, y esto lo enlazo con el "banco malo", en el "banco malo" verá usted también que la mayoría de los activos que se transfieren no son de viviendas adjudicadas como consecuencia de hipotecas individuales; la mayoría van a ser suelo, crédito promotor y participaciones en sociedades inmobiliarias de carácter mayoritario.

Por tanto, yo creo que el problema está acotado, que lo que estamos haciendo hoy es atender a una urgente necesidad de un colectivo muy específico que, merece todo el apoyo, en estos momentos difíciles, desde el punto de vista social, sin tener ningún tipo de impacto adicional sobre lo que es una situación de mora hipotecaria, que creo que en España es baja y va a continuar siendo baja.

P.- Yo le quería preguntar al ministro de Economía. Hay varios Grupos Parlamentarios que proponen la dación en pago. A mí me gustaría saber si usted la ve factible en algún momento y, si no la ve factible, que nos diga por qué.

A la Vicepresidenta. Quería incidir en si nos podía contar por qué no ha sido posible el acuerdo con el PSOE. ¿Cuál ha sido el escollo? ¿Ellos querían ir más lejos y ustedes en este momento no podían? ¿Cuál es el escollo?

Después quería insistir también con el tema de la huelga, en el sentido de que ayer la gente salió a la calle contra medidas de este Gobierno. Entonces, me gustaría saber si ustedes toman nota, si se dan por aludidos, mensaje recibido… ¿Cómo reciben ustedes la huelga?

Sr. de Guindos.- La dación en pago es una posibilidad que se recoge en el Código de Buenas Prácticas actual; pero la dación en pago es una solución de última instancia. Es decir, en el Código de Buenas Prácticas, que continuará siendo la base de la regulación, con modificación, como indicábamos anteriormente, de lo que son sus límites, se establecían tres hitos: uno, reestructuración de la deuda hipotecaria para aliviar al deudor hipotecario; en segundo lugar, la posibilidad de una quita y, en última instancia, la dación en pago. En la dación en pago uno se queda sin la casa. Es decir, de alguna forma, es una solución de último recurso, si me permite usted la expresión; pero ya está recogida en el Código de Buenas Prácticas, que asumieron la gran mayoría de los bancos españoles y que es obligatorio; por tanto, es una posibilidad que está ahí.

No creo que sea la posibilidad o que sea la alternativa ideal, si me permite usted, porque, aunque es una alternativa, en última instancia, si tú das las llaves de tu casa en pago de una deuda hipotecaria, te has quedado sin ella y, por lo tanto, lo que estamos aquí intentado evitar es que nadie se quede sin su casa, que nadie se vaya fuera, que pierda su casa. Ése es el objetivo básico.

Por lo tanto, la norma que aprobamos hoy, que es para un colectivo especifico y para un tipo de unidades familiares que hemos definido anteriormente, es es lo que pretende: que durante dos años no se expulse a nadie de su casa, no se eche a nadie de su casa, cuando se dan determinadas circunstancias, tanto desde el punto de vista de definición de la unidad familiar, como desde el punto de vista económico.

Pero la dación en pago ya estaba recogido en el Código de Buenas Prácticas, cuya regulación posterior o flexibilización posterior, como ambos comentamos anteriormente, se tramitará en lo que es la Ley que convalidará este Real Decreto Ley.

Vicepresidenta.- Me preguntaba por qué no ha sido posible, digamos, llegar a un acuerdo en estos días. Nosotros hemos trabajado para llegar a un acuerdo, al menos en lo más urgente, y seguiremos haciéndolo. Desde luego, un cambio en el sistema hay que hacerlo muy analizado y muy estudiado. Estamos hablando de medidas que tienen mucho efecto respecto de la gente que incluyes, pero que también hay que hacer con cuidado para no dejar fuera a nadie que pueda necesitarlo, y, después, sobre el propio sistema hipotecario.

Para nosotros era perentorio la aprobación de estas cuestiones urgentes, pero ahora seguimos hablando de otras cuestiones que ha planteado el Partido Socialista y que pueden plantear otros Grupos, o que plantea el propio Gobierno.

El Gobierno, y yo lo he anticipado aquí, tiene encima de la mesa una serie de asuntos importantes, como cláusulas abusivas o sociedades de tasación, que también queremos abordar, que creemos que hay que modificar, pero que no lo queremos hacer con la urgencia, con la premura, de un Real Decreto Ley, porque exigen un sosiego y un análisis importante. Cada uno tendrá que explicar su posición al respecto y tendremos que hacerlo también con la coherencia debida.

Yo lo decía hace un momento: creo que todos, especialmente los partidos que estamos llamándonos a estar en el Gobierno y en la oposición, si lo deciden los ciudadanos, tenemos que ser también muy consecuentes con nuestra trayectoria anterior. Por eso, yo lo que le pido al Partido Socialista de cara a esta negociación y diálogo, que queremos tener abierto y que hemos quedado esta mañana en seguir teniendo abierto, es que seamos consecuentes con lo que decíamos antes y con lo que proponemos ahora, porque somos ambos partidos de Gobierno.

Me pregunta sobre la gente que salió a la calle y los sindicatos. El Gobierno, indudablemente, escucha a la calle; pero también tiene que tomar decisiones de acuerdo con la responsabilidad que le han dado las urnas. Ésa es nuestra posición. Desde luego, atendemos las opiniones de sindicatos, de partidos y de colectivos que se manifiestan en un momento de gran dificultad; pero nosotros también tenemos que tomar las medidas que, como Gobierno, y dado que los ciudadanos nos han dado esa responsabilidad, consideramos que son las más adecuadas en un momento de crisis, en el que el déficit público es muy elevado --nos lo encontramos así--, en el que la deuda pública es creciente, en el que hay que tomar medidas como las que hemos adoptado hoy, en materia de restructuración del sistema financiero que estaban por hacer y que son necesarias, muy necesarias; y en las reformas estructurales que hemos puesto encima de la mesa.

P.- Al Ministro me gustaría preguntarle cómo van las negociaciones con Bruselas respecto a las quitas que van a tener que asumir los tenedores de preferentes, sobre todo en las nacionalizadas, que es lo que más urge.

Luego, a raíz de algunas informaciones periodísticas que hemos visto hoy, me gustaría preguntarle al Gobierno --a usted, en este caso-- si España está negociando con el Fondo Monetario Internacional la solicitud de una línea de crédito preventiva.

Sr. de Guindos.- Con respecto a la primera cuestión, en los próximos días, el día 28 de noviembre, me parece que es exactamente la fecha en la cual se concreta, se van a aprobar por parte de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea los planes de reestructuración de las diferentes entidades; las nacionalizadas, fundamentalmente. Aparte puede haber alguna otra que, como consecuencia de que no pueda levantar capital en los próximos meses, forme parte también o pueda recibir una ayuda pública, y para esas también se aprobarán planes de reestructuración. Pero, fundamentalmente, estamos hablando de las que actualmente están bajo el control del FROB.

Ahí se definirá, de acuerdo con las normas de competencia --esto no tiene absolutamente nada que ver con la inyección de capital, son las normas de competencia--; se definirá, de acuerdo con las normativas de ayuda al Estado más específicamente, lo que es la reducción de la capacidad que tiene que llevar a cabo; en segundo lugar, también lo que se denomina la distribución de la carga, que es lo que usted comentaba anteriormente, en lo cual existe una normativa ya específica y se aplica la normativa específica; y después, y en tercer lugar, el volumen de activos que se pasan al "banco malo," porque eso también acaba definiendo lo que en última instancia es la inyección de capital, pues la transferencia de activos al "banco malo" altera y, normalmente, reduce la necesidad de capital de las instituciones.

Se va aplicar la normativa de competencia. El Banco de España, que es el que está llevando la negociación, prácticamente ha tenido un planteamiento ya de diálogo cercano, profundo, con la Comisión Europea y estoy convencido --lo verán ustedses, todavía no está cerrado del todo-de que habrá una solución que consideramos que será razonable; es decir, que haya lógicamente una distribución de la carga que pensamos que sea equitativa y que sea razonable.

Con respecto a la cuestión del Fondo Monetario Internacional, España siempre está en contacto con el Fondo Monetario Internacional. Yo continuamente, cuando voy a las reuniones, a las asambleas, del Fondo, veo a la directora gerente del Fondo y me reúno con ella. Ellos están haciendo una labor importante desde el punto de vista de lo que es la supervisión de la ejecución del programa bancario. Saben ustedes que tienen un papel ahí, publican su artículo cuarto y el Fondo Monetario Internacional es una institución importantísima al respecto.

Pero lo que sí le puedo decir es que, desde el punto de vista del dinero, España no necesita ningún tipo de dinero del Fondo Monetario Internacional.

P.- Ministro, ayer, en el diario argentino "La Nación", el presidente del Gobierno dijo que, si había que cambiar la Ley Hipotecaria, se cambiaba, y ya está. Hoy, sin embargo, usted ha subrayado que este Real Decreto Ley no afecta en absoluto a la Ley y yo quería preguntarle si el Gobierno ha llegado a la conclusión de que no se debe cambiar o no lo descarta en absoluto, tal vez por seguridad jurídica, por mensaje a los mercados o por las presiones de Bruselas. Yo quería preguntarle si el Gobierno descarta o no ese cambio de la Ley.

Sobre el contenido del Real Decreto Ley, también le quería preguntar qué pasa después de esos dos años. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Hay algo pactado o, simplemente, se ha dejado al albur de los tiempos?

A la Vicepresidenta le quería preguntar sobre la huelga. Pese a que no quiere hacer una valoración de fracaso o de éxito, sí le querría pedir la valoración de la actitud o la actuación del PSOE. Quería saber qué opina el Gobierno de que algunos parlamentarios hicieran huelga y preguntarle también cuál es, exactamente, desde el punto de vista del Gobierno, la actitud del PSOE, en tanto que hace huelga y apoya la huelga ayer, pero, al mismo tiempo, está colaborando con el Gobierno en intentar alcanzar pactos sobre los desahucios. ¿Cuál es, exactamente la relación política entre el Gobierno y el PSOE, y su actitud?

Sr. de Guindos.- Entrando, en primer lugar, en el tema de la nueva Ley Hipotecaria, vuelvo a repetir que lo que va a hacer el Gobierno es para colectivos vulnerables, bien definidos, que al día siguiente de la entrada en vigor de la norma no pierdan su casa y no pierdan su casa durante un período de dos años desde el día en que se publica la norma, desde su entrada en vigor, que me parece que es al día siguiente de su publicación en el BOE. Durante un período de dos años van a continuar en su casa sin coste alguno. Entonces, yo creo que es un alivio muy importante y se hace frente a una demanda social específica que no necesita una modificación de la Ley Hipotecaria. Yo no voy a prejuzgar si hay que cambiarla o no hay que cambiarla. Como hemos comentado anteriormente, posteriormente habrá una tramitación de una ley y en lo que estamos actuando es sobre los colectivos específicamente que se ven más afectados.

Entonces, durante dos años, sin coste, podrán continuar en su vivienda.

Vicepresidenta.- Simplemente quería añadir una cuestión a lo que planteaba el señor ministro, y es que otras situaciones de necesidad de vivienda, porque haya habido una situación de desalojo, estarán, además, paliadas por el Fondo de Vivienda Social que se crea, con lo que, además, se permite encontrar una vía de solución social a un problema económico, más allá de la situación prevista en la aplicación de esta suspensión o de esta moratoria y de otros casos, de otros desalojos, que no forman parte del ámbito hipotecario.

Me preguntaba por la actitud del Partido Socialista. A mí, como Gobierno, no me corresponde juzgar los motivos que puedan tener unos y otros para sumarse o no sumarse a una huelga general. Yo sólo voy a poner en valor una cosa, que es que el partido que sustenta al Gobierno y el presidente del Gobierno, que antes era líder de la oposición, opinaba lo mismo sobre las huelgas generales como líder de la oposición que como presidente del Gobierno, siempre en el ámbito del mayor respeto a los convocantes, a los que deciden secundarla y a los que deciden manifestarse. Pero hay que poner en valor ese ejercicio de coherencia, que los ciudadanos también agradecen.

Tanto en este tema como en el anterior yo creo que todos tenemos que ser muy conscientes de mantener, al menos, un discurso y una línea argumental coherentes. Yo no voy a valorar los motivos de otros ni, por supuesto, si diputados del Partido Socialista han decidido secundar la huelga o ir a una manifestación. Están en ejercicio, como ciudadanos, de una libertad prevista en nuestra Constitución; como políticos, tendrán ellos que explicar a los ciudadanos por qué su posición es ahora ésta y por qué era diferente en otro momento. Eso es un ejercicio que les corresponde a ellos y que el Gobierno no entra a valorar.

Me preguntaba usted cómo se come que vayan a la huelga y se sienten con el… Tampoco a mí me corresponde decirlo. Nosotros, como Gobierno, tenemos un problema encima de la mesa, que es dar una solución a los desahucios, y nosotros tenemos que seguir trabajando. Desde luego, a mí, como Gobierno, me resultaría difícil explicar a los ciudadanos que se ven en un problema de posible desalojo de su casa que lo paralizamos porque haya una huelga general.

El Gobierno no estaba en huelga general, hay un problema, hay que actuar rápidamente y lo hemos hecho. Y yo agradezco la presencia de los que estuvieron ayer y otros días por parte del Partido Socialista.

P.- Al ministro de Economía yo quería preguntarle una cuestión técnica de esta regulación. Dejan ustedes pendientes los intereses de demora; eso significa que intereses que el Defensor del Pueblo e, incluso, el Banco de España han considerado abusivos van a seguir aumentando el número de gente que tiene que ser desahuciada. ¿No han considerado ustedes eso "urgente"? ¿Con quién lo van a negociar, quién va a negociar eso? ¿Se va a negociar con la banca o van a ser ustedes y el Banco de España los que se encarguen, independientemente de la banca?

Para la Vicepresidenta, dos cuestiones rápidas, políticas. La primera, el Consejo de Estado acaba de decir que "el euro por receta" es inconstitucional. Ustedes dijeron que no les gustaba y que no descartaban ir al Tribunal Constitucional. Más allá de lo que diga el Consejo de Estado, yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes van a ir al Tribunal Constitucional o no? ¿Van a recurrir lo que ha hecho la Comunidad de Madrid o no?

Sobre la huelga. Le veo a usted esquivándonos a todos, porque todos le preguntamos por lo que han hecho los demás. Yo le pregunto por lo que han hecho ustedes: ¿dónde está Fátima Báñez? ¿Por qué la ministra de Trabajo no ha valorado todavía la huelga? ¿Le preocupa a usted que esto traslade una imagen de bajo perfil político en algunas carteras clave en la crisis?

Vicepresidenta.- Si me permite contestarle inmediatamente y luego paso a… No me diga usted esto, porque está aquí sentado el ministro de Economía y que hizo la valoración; no me diga "de bajo perfil político". Si me permite que le conteste aquí, funcionamos de esta manera: usted pregunta y yo contesto.

Se trataba de una huelga, y los sindicatos mismos lo dijeron, sobre la política económica del Gobierno y quien tiene buena parte en esa política, igual que la ministra de Empleo, fue el que, por estar en el Congreso de los Diputados en ese momento, hizo la primera de las valoraciones.

Consejo de Estado. El Gobierno va al Consejo de Estado a reclamarle su opinión. Es que es el Gobierno quien va y le pide su opinión sobre el euro por receta, y el Consejo de Estado la da. El Gobierno lo que tiene abierta es una mesa desde hace tiempo, aun antes de que se tomara la decisión en Madrid, de diálogo con la Generalitat de Catalunya para abordar, antes de ir al Tribunal Constitucional, esta cuestión, porque el procedimiento es el siguiente: para evitar la conflictividad entre Estado y Comunidades Autónomas hace unos años se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de manera que, antes de ir a un recurso, las partes se pueden sentar en una mesa y analizar cómo pueden solventar esa cuestión: si modificando la normativa o si estableciendo alguna cláusula interpretativa que salve la inconstitucionalidad.

Hay un dictamen del Consejo de Estado que dice lo que dice, hay una mesa de diálogo y con ese dictamen iremos para, en una medida en la que políticamente sabe lo que opinamos, y usted mismo lo ha dicho, y jurídicamente el Consejo de Estado ha dicho lo que ha dicho, tratar en esa mesa de diálogo de hacer entender a la otra parte la constitucionalidad de la medida, la necesidad de su modificación o, en último recurso, tener que acudir a los mecanismos que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre las normas que no son constitucionales.

Sr. de Guindos.- En relación con los intereses de demora, en el Código de Conducta que se aprobó a finales de febrero o principios de marzo, que aceptaron las instituciones, ya había una reducción de los intereses de demora. Ésta es una cuestión abierta y, por supuesto, la abordaremos en los próximos días.

P.- Vicepresidenta o Miinistro, dos aclaraciones. Primero, quería insistir en la dación en pago. ¿Se han planteado incluirla, como pasa en Estados Unidos, en los contratos que los bancos firman con los particulares, en el sentido de que, efectivamente, pierden la casa pero el problema es que también tienen la deuda cuando pierden la casa, porque la vivienda baja y la deuda se pidió por más dinero? ¿Se han planteado incluirla en esos contratos?

En segundo lugar, alguna aclaración sobre los alquileres sociales; entiendo que los gestiona el Estado. ¿Es para todos los casos de desahucio o solamente para aquellos umbrales que han mencionado?

Sr. de Guindos.- En relación con la dación en pago, ya es posible hoy establecer un contrato hipotecario entregándola, lo que, como sabe usted perfectamente, es más caro, es un contrato más caro. Eso yo creo que pone de manifiesto, en última instancia, el equilibrio que se está intentando jugar, que es el equilibrio entre que si, efectivamente, tú proteges en exceso al deudor, entonces los bancos son más reacios o encarecen la concesión de crédito, o la dificultan. Por lo tanto, es un tema en el cual hay que actuar con equilibrio, con justicia y con sensibilidad social, que yo creo que el Gobierno lo ha hecho; pero también con inteligencia al respecto.

En relación con el tema de este fondo de pisos, es un mandato al Gobierno para que empiece una negociación con las entidades. Las entidades tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB, lógicamente, y ahí lo que estableceremos será este fondo para intentar paliar todas aquellas circunstancias que sean las de mayor urgente necesidad.

Yo he dicho en público que en un país en el cual hay setecientas mil viviendas vacías, aunque esto de las estadística no es… Éste es uno de los problemas fundamentales; es decir, las estadísticas, tanto de ejecución hipotecaria, como las estadísticas de vivienda, no son adecuadas. Una de las cuestiones que queremos, como comentábamos anteriormente, mejorar son las estadísticas de ejecución de vivienda.

Como usted sabe perfectamente, no es lo mismo segunda vivienda que primera vivienda. La segunda vivienda es un bien importante para muchas familias, pero no es estrictamente de primera necesidad, y, entonces, a veces tenemos que centrarnos en lo que son ejecuciones de viviendas de primera vivienda, que es donde efectivamente tenemos la necesidad social y donde se tiene que actuar.

A veces, se da información sobre lo que son ejecuciones y también se meten locales comerciales, naves industriales, etcétera, es decir, ese tipo de cuestiones, ya que forman parte de lo que es la ejecución de garantías hipotecarias en lo que es el tráfico mercantil habitual, pero que no tiene el carácter social, no tiene el carácter de urgente necesidad que comentaba anteriormente.

P.- Al ministro de Economía. La Comisión Europea alabó ayer la política de austeridad del Gobierno español y dijo que no serán necesarios nuevos recortes en 2013, pero la prima de riesgo continúa subiendo. Y también dijo Bruselas que la Unión Europea está preparada para el momento en que España pidiera el rescate. ¿En qué punto estamos en estas dos circunstancias?

Y a la Vicepresidenta. ¿Han pensado o sopesado si habría alguna solución para las personas que han perdido su vivienda en las últimas semanas? Es decir, ¿hay alguna manera de conseguir una retroactividad en cuanto a esta norma?

Sr. de Guindos.- Yo creo que la valoración que hizo ayer el comisario Rehn es una valoración en la cual lo más importante es que nos indica que, en términos estructurales, España ha tomado las medidas para cumplir con su procedimiento de déficit excesivo, tanto en el año 2012, como en el año 2013, y nos indica que concretemos más el tema, algo que se hará en los próximos meses, en relación con el año 2014. Pero creo que, en última instancia, es una señal positiva, es una señal de que se han tomado medidas y esas medidas han llevado a un grado de consolidación fiscal. Es decir, en el pasado no se cumplía el procedimiento de déficit excesivo y ahora lo que están diciendo es que las medidas que has tomado están llevando a que lo que es nuestro compromiso o lo que es el procedimiento para ver si, efectivamente, el Gobierno español está haciendo lo que se comprometió a hacer con Bruselas está ahí. En última instancia, lo que se está poniendo de manifiesto es que España está cumpliendo su parte y, a partir de ahí, usted puede deducir lo que quería.

Esto yo no lo ligaría con el tema de ese potencial rescate, que no es un rescate. Yo siempre digo lo mismo: esto es poner en marcha el programa OMT, que es un programa que nosotros hemos valorado positivamente y lo hemos valorado positivamente, no tanto porque haya una potencial compra de deuda pública de España en el mercado secundario, sino porque supone garantizar lo que es el futuro del euro y el compromiso con el euro. Pero ahí se pone de manifiesto, efectivamente, y yo creo que eso es algo positivo desde cualquier ángulo que se pueda percibir o se pueda analizar, que en lo que es el esfuerzo fiscal España está cumpliendo sus compromisos y la condicionalidad, de algún modo, está implícita en el procedimiento de déficit excesivo.

Vicepresidenta.- Su segunda pregunta, sobre la entrada en vigor, pone de manifiesto la importancia de que el Gobierno adoptara, con carácter legal, la suspensión de los procesos de lanzamiento con urgencia. El Partido Socialista había pedido más tiempo y tendrá más tiempo para ver otros temas; pero, como las dificultades de aplicación retroactiva son muy grandes, nosotros lo que hemos hecho es, inmediatamente, en cuanto se ha planteado este asunto, traer en el primer Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para que entre en vigor cuanto antes.

Precisamente, los motivos de en esta primera fase hacerlo con carácter urgente, con carácter inmediato, y no esperar, como pedía el Partido Socialista, a una negociación en bloque, eran para que inmediatamente pudieran acogerse personas, familias en problemas, a esta medida.

Hay gente que ha perdido su casa, no son procesos hipotecarios, sino otro tipo de circunstancias. Yo creo que hay un problema que hay que atajar y, para eso, combinamos las medidas de paralización de los lanzamientos con la creación urgente del fondo social de viviendas sociales, con alquileres sociales, con alquileres baratos, para lograr que con ese stock de viviendas que se tiene en los bancos poderles dar una salida a todas esas personas que se han quedado sin vivienda por distintas circunstancias, que no la tienen y que puedan acceder a precios razonables.

Pero, como ya digo, precisamente para que entrara en vigor inmediatamente una medida que ya era anunciada y de la que mucha gente, muchas familias y muchos abogados, estaba pendiente de que fuera una realidad, lo que hemos hecho es aprobar el Real Decreto Ley con la máxima urgencia y no esperando a otras negociaciones que requieren una mayor profundidad técnica y jurídica.

P.- Ministro, a pesar de que se había generado una enorme expectativa con el tema de los desahucios --llevamos casi un mes en esta rueda de prensa hablando del asunto--, sin embargo, lo que se aprueba está muy acotado a unos ciertos colectivos; tan acotado que yo --corríjame si me equivoco--, por ejemplo, los casos más escandalosos que hemos vivido, terribles, de suicidios, no creo que entraran en estas acotaciones, y no se ha reformado la Ley Hipotecaria, que se pedía, o por lo menos no se anuncia. Lo que le preguntaban antes es si la presión de los bancos ha podido influir en que no se haga esa reforma o por qué se ha quedado un poco más corto de lo que, tal vez, había unas expectativas creadas.

Como segunda cuestión, le pregunto: ¿cuánto dinero le va a costar a los ciudadanos españoles el "banco malo"? Estamos hablando del FROB, estamos hablando de avales del Estado, ¿cuánto dinero…? Es difícil calcularlo, entiendo, pero, aproximadamente, de cuánto dinero podemos estar hablando que los ciudadanos españoles, al final del proceso, tengan que acabar de poner.

Y a la Vicepresidenta. Sobre el tema de la huelga ya nos ha dicho que no quiere opinar sobre cuestiones políticas, pero sobre algo que sí atañe al Gobierno, o al menos a las Delegaciones del Gobierno, que, en última instancia, también dependen de usted, porque es que ayer vimos que hay como seis o siete Delegaciones de Gobierno de ciudades de tamaños muy distintos que todos daban 35.000 personas. Yo no sé si esto es telepatía o es que hay un problema ahí de credibilidad de las Delegaciones de Gobierno, porque en Madrid se daba la misma cifra que en Santander y en Oviedo, por ejemplo.

Sobre el tema del "euro por receta", que le preguntaban antes, no nos aclara si lo van a recurrir o no; pero yo le quiero preguntar por qué cuando Cataluña lo hizo hubo mucho menos, digamos, escándalo político, el Gobierno no fue tan virulent y, sin embargo, ahora, que Madrid lo ha recurrido, está siendo clarísima su oposición.

Sr. de Guindos.- No sé si usted considera que el conjunto de familias numerosas, de familias monoparentales con dos hijos a cargo, unidades familiares en la que forme parte un menor de tres años, unidades familiares en las que alguno de sus miembros tengan una discapacidad superior al 33 por 100, unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y agotadas todas sus prestaciones de desempleo, donde exista una situación de discapacidad, de dependencia, de enfermedad grave o donde exista violencia de género, son colectivos que usted considera que… Creo que son colectivos lo suficientemente amplios y yo creo que se definen por sí mismos, y yo no voy a hacer ninguna valoración al respecto; pero no son cuestiones marginales, si me permite usted al respecto.

Entonces, sobre todo, para la gente que efectivamente se encuentra en esa situación y que se encuentra en una situación en la cual le echan de su casa, evidentemente no es la más agradable, como puede usted imaginar.

También aquí es importante que los indicadores de renta, como comentaba anteriormente, se van casi a veinte mil euros al año y, lógicamente, se exige que haya habido una alteración de lo que es la carga hipotecaria: que haya subido un 50 por 100 en relación con la renta y que la cuota hipotecaria supere el 50 por 100.

Creo que es un planteamiento absolutamente equilibrado y creo que es un planteamiento que da respuesta a una necesidad social que está ahí. Yo no entro en análisis de casos concretos porque, lógicamente, aquí lo que tenemos que intentar, desde el punto de vista del Gobierno, es legislar para lo que es la necesidad en sí misma. Sintiendo muchísimo lo que son las situaciones especificas tan graves que se han producido y considerando que efectivamente han producido una situación de alarma social, el Gobierno lo que hace es elegir unos colectivos que creemos que son lo suficientemente importantes y lo suficientemente meritorios desde el punto de vista de lo que es la necesidad de su cobertura, y establecer que para ellos durante dos años, sin coste, vuelvo a repetir, van a poder continuar, a pesar de que se haya llevado a cabo el proceso de ejecución presupuestaria y las viviendas se las hayan quedado los bancos. Creo que no es algo menor, si me permite usted la opinión.

Después, en relación con el tema del "banco malo", el "banco malo", en el plan de negocio que existe --como todo plan de negocio, es discutible, pero es un plan elaborado por terceros, por gente y asesores que tienen muchísima experiencia en este ámbito--, lo que se establece es que tiene que tener una rentabilidad del 15 por 100 en quince años. Eso, lógicamente, tiene que llevar a que los accionistas del mismo, tanto privados como públicos, que es el FROB, alcancen a medio plazo esa rentabilidad del 15 por 100, lo cual supone implícitamente que, de acuerdo con ese plan de negocio, que es lo que tenemos encima de la mesa, elaborado con unas hipótesis razonables que están con el visto bueno de la Comisión, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España y del Ministerio de Economía, tenga una rentabilidad.

Yo no solamente espero que no se pierda dinero a lo largo de los quince años. En un primer momento el "banco malo" sí puede tener pérdidas, porque compra los activos desde el primer momento y, después, los va liquidando a medida que va pasando el tiempo y, lógicamente, paga intereses por la totalidad. Es decir, los primeros años siempre son los peores desde el punto de vista del "banco malo" pero, en lo que es el horizonte temporal, es una rentabilidad adecuada que permitirá que, lógicamente, el FROB, que en última instancia somos todos, que es el contribuyente español, tenga una rentabilidad adecuada por el 45 por 100 del capital que va a tener el FROB.

Vicepresidenta.- Como decía al principio de mi intervención, ayer hubo, entre concentraciones y manifestaciones, 1.084 en España. Discúlpeme, pero desconozco las cifras de todas y cada una de ellas, y, desde luego, el Ministerio del Interior está a su disposición para aclararle esos extremos de participación de los que ellos disponen.

Sobre el euro por receta, el planteamiento de este Gobierno, cuando Cataluña aprobó el euro por receta, como no se estaba de acuerdo con la medida y como se dudaba que fuera inconstitucional, fue hacer dos cosas: pedir el oportuno informe al Consejo de Estado, que es necesario para ir al Tribunal, y abrir una mesa de diálogo con la Generalitat de Catalunya para analizarlo jurídicamente. En el caso de Madrid, cuando sea, si es, una norma jurídica que entre en vigor, se procederá de la misma manera.

En el asunto del euro por receta de Cataluña, yo no creo recordar que me hayan preguntado aquí con anterioridad, porque hubiera contestado esto. Sobre este asunto ya me han preguntado en algunas ocasiones y por eso, a lo mejor, parece que tiene una mayor trascendencia. Pero la posición es la misma.

El Tribunal Constitucional tiene unos procedimientos antes de ir, que agotamos las Administraciones para evitar conflictos. Caso catalán: informe al Consejo de Estado. Si no pensáramos que era inconstitucional, no se hubiera pedido ni se hubiera constituido la mesa de diálogo; y en el caso de Madrid, igual. Y, cuando ustedes me han preguntado de uno u otro caso, yo les he contestado.

Muchísimas gracias.