Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Señoras y señores, muy buenos días.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley General Presupuestaria, que se enmarca dentro de la política de equilibrio de las cuentas públicas, básica para el crecimiento de la economía española y para la creación de empleo, tal y como se ha demostrado en los últimos años. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, en vigor desde el pasado año, establece el marco general de equilibrio presupuestario, mientras que la Ley General Presupuestaria da un paso más en este sentido y regula todo el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control financiero del sector público estatal. La nueva Ley Presupuestaria permitirá, por lo tanto, racionalizar el proceso presupuestario en el marco fijado por la Ley de Estabilidad.

El Ministro de Hacienda nos ampliará, a continuación, los detalles de este importante informe.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley sobre actuaciones para el abono de indemnizaciones en relación con los daños ocasionados por el accidente del buque "Prestige". Este Real Decreto-Ley permite el adelanto de las indemnizaciones a los afectados por el vertido, asumiendo el Estado el pago de estas compensaciones. Así, el Real Decreto-Ley autoriza al Instituto de Crédito Oficial al pago de las indemnizaciones hasta un máximo global de 160 millones de euros y al Ministro de Hacienda, a suscribir acuerdos transaccionales individuales con los damnificados que así lo deseen.

Se ha dado luz verde, además, a un Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en apoyo a la autoridad provisional afgana y en la operación "Libertad Duradera". Se autoriza, de este modo, la participación de unidades españolas hasta el 20 de diciembre del presente año. La entidad máxima autorizada entre ambas operaciones asciende a 400 efectivos.

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha autorizado un contrato para el suministro y transporte de desvíos ferroviarios de Alta Velocidad en la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga, tramo Córdoba-Bobadilla, en las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga. El presupuesto de licitación es de 27,2 millones de euros y el plazo de ejecución, de quince meses. Con la construcción de la Línea de Alta Velocidad se disminuirá la distancia recorrida entre Córdoba y Málaga en veinte kilómetros, así como el tiempo de duración de viaje, que pasará de dos horas a cuarenta y cinco minutos.

Asimismo, se autoriza la licitación de las obras del tramo Romanos-Mainar de la Autovía Somport-Sagunto. Este tramo, que se encuentra en la provincia de Zaragoza, tiene una longitud de 11,8 kilómetros y su presupuesto asciende a 39,1 millones de euros.

Se ha autorizado también en la reunión del Consejo de hoy la celebración del contrato de redacción del proyecto de ejecución de obra de una nueva residencia para deportistas en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. La nueva residencia, cuyo presupuesto se eleva a 13,5 millones de euros y sustituirá a la actual Residencia Blume, se integra en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid. Estos Centros se configuran como unas estructuras de soporte de la máxima calidad científica, técnica y humanística para el deporte de alto nivel y constituye, por tanto, un factor esencial en el desarrollo deportivo del país.

El Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años que no estén en posición de título de bachiller o equivalente. Este Real Decreto, que entrará en vigor para las pruebas que se realicen a partir del curso 2004-2005, ha sido debatido con las Comunidades Autónomas y con las Universidades a través del Consejo de Coordinación Universitaria, y también ha recibido informe del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Estado.

Por otro lado, se ha autorizado la firma del convenio entre España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Ávila) y su aplicación provisional. Con esta gran antena, cuyo diámetro será de 35 metros y que es gemela de la que la Agencia tiene ya instalada en Australia, se podrán seguir las ondas espaciales en las próximas misiones interplanetarias a Marte y Venus.

Se ha solicitado a las autoridades francesas la extradición de la miembro de ETA Ainhoa García Montero por su vinculación con los asesinatos del director financiero de "El Diario Vasco", de San Sebastián, ocurrido el 24 de mayo de 2001 en esta capital vasca, y por el asesinato el 3 de agosto de 2000 del presidente de los empresarios guipuzcoanos. Igualmente, se ha solicitado a las autoridades francesas la extradición de Manuel Pérez Martínez, miembro de los GRAPO, por delitos de estragos terroristas.

En materia de personal, se ha aprobado un Real Decreto por el que se nombra General Jefe de la Fuerza Terrestre al Teniente General de las Armas del Ejército de Tierra don Manuel Borra Gutiérrez de Tovar, y otro Real Decreto por el que se nombra General Jefe del Mando y Zona Militar de Canarias al Teniente General de las Armas del Ejército de Tierra don José Javier Arregui Asta. En Trabajo, se nombra Secretario General del Real Patronato sobre Discapacidad a don Antonio Garrigues Walker.

En cuanto a las actividades del Presidente del Gobierno para los días 20 a 27, el viernes 20 prosigue su estancia en Tesalónica, donde participa en las sesiones de trabajo del Consejo Europeo. El domingo 22 viajará, a media mañana, a Pamplona para asistir a la reunión de la comisión paritaria Partido Popular-Unión del Pueblo Navarro, y a un posterior almuerzo con militantes. El miércoles 26, a las dieciséis, informará sobre las conclusiones del Consejo Europeo de Tesalónica ante el Pleno del Congreso de los Diputados y, posteriormente, asistirá a la sesión de control al Gobierno. Y el viernes 27 presidirá, a las nueve y media, la reunión habitual y ordinaria del Consejo de Ministros.

Sr. Montoro.- He tenido la ocasión, la oportunidad, de informar al Consejo de Ministros sobre el Anteproyecto de una nueva Ley General Presupuestaria que lo que pretende, fundamentalmente, es mejorar la eficacia del gasto público. Es una ley que nos ayudará a gastar mejor, a sacar el mayor rendimiento del dinero público.

Esta nueva Ley General Presupuestaria contiene las normas necesarias para que los gastos del Estado se programen con varios años de antelación, se ajusten a sus objetivos concretos, se limiten a las posibilidades reales, sin incurrir en déficit, se gestionen con la flexibilidad necesaria y, por último, se controlen con mayor exigencia.

Con esta Ley lo que hacemos es llevar, plasmar, los principios de estabilidad presupuestaria y de gestión eficaz a todos y cada uno de los Ministerios y organismos que componen la Administración del Estado, y es que, cuando las cuentas públicas están bien gestionadas, con racionalidad y sin déficit, la economía española crece más y crea más empleo, como estamos comprobando en estos últimos años. Por eso son tan importantes las leyes de estabilidad que establecen los principios generales y es, sin duda, importante esta Ley General Presupuestaria, que lo que hace es entrar en el detalle de la programación, de la gestión y de la evaluación del gasto.

La nueva Ley establece un sistema de presupuestación y gestión por objetivos en aras de la eficiencia de los recursos. El Ministerio de Hacienda y los Centros Gestores realizarán una evaluación continua de las políticas de gasto de los distintos Departamentos ministeriales para conocer así mejor el grado de cumplimiento de dichos objetivos.

La asignación del gasto a los Departamentos ministeriales se hará en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados. Esto supone, sin duda, una exigencia de más responsabilidad a los centros gestores en el cumplimiento de esos objetivos y, en una palabra, lo que se hace es vincular los gastos futuros al cumplimiento de los objetivos presentes. Por otro lado, los Departamentos ministeriales tendrán más flexibilidad en la gestión del gasto, ya que podrán reasignar partidas del gasto en inversión para adecuar en cada momento el gasto a sus necesidades.

Los escenarios presupuestarios plurianuales constituyen una novedad importante, ya que aseguran en el tiempo el objetivo de equilibrio presupuestario y contribuyen así a generar certidumbre para el conjunto de los agentes económicos y sociales. En estos escenarios se enmarcarán los Presupuestos Generales del Estado de cada año y esos escenarios se refieren a los tres ejercicios posteriores a su aprobación, y deberán ser elaborados por el Ministerio de Hacienda y aprobados por el Gobierno en su conjunto.

Para entrar en los detalles de la Ley vamos a destacar, en primer lugar, en lo que se refiere a la orientación de la política presupuestaria del Gobierno, la importancia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la que establece un marco general de equilibrio presupuestario y que impone también la obligación de adecuar la Ley General Presupuestaria de nuestro país a las consecuencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

A continuación, figurarían la Ley General Presupuestaria, que es la encargada de regular todo el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal, y la Ley General de Subvenciones, que vela por la eficacia de las subvenciones para atender a actividades de interés público y de la que el Consejo de Ministros ya ha conocido la información y que espero que esté en condiciones de ser aprobada pronto por el Consejo.

El gran objetivo de todo ello es mejorar la asignación del gasto público en España.

En lo que se refiere a las necesidades de la Ley, ¿por qué? En primer lugar, porque tenemos que insistir en la importancia de racionalizar todo el proceso presupuestario, que ya es definido en el marco de la Ley de Estabilidad, y pretendemos aumentar la responsabilidad y también la flexibilidad en la gestión del gasto; es decir, más responsabilidad para los gestores, pero también más flexibilidad para los gestores a la hora de ejecutar ese gasto. En tercer lugar, pretendemos adecuar los regímenes de contabilidad y control a las características del órgano al que se aplican. En cuarto, articular las relaciones económico-financieras con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y la Unión Europea.

Finalmente, llevamos adelante una actualización de la regulación del Tesoro Público, la Deuda Pública y la gestión de la tesorería del Estado. Aquí lo que pretende el Proyecto de Ley es proponer la aprobación anual de un presupuesto monetario que iría destinado a conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos y que vendría a sustituir al Plan de disposición de fondos del Tesoro.

Los objetivos del Anteproyecto de Ley son, el primero, el servir a la estabilidad presupuestaria y, en consecuencia, a la estabilidad macroeconómica del país; en segundo lugar, profundizar en la eficiencia, como les decía, del gasto público; en tercero, afianzar la seguridad jurídica y también clarificar la estructuración del sector público estatal; y, por último, profundizar, promover, también una mayor transparencia de lo que va a ser toda la acción económico-financiera del sector público estatal.

La Ley General Presupuestaria en realidad comparte los mismos principios que informan a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, principios como son: la transparencia, la objetividad, la igualdad, la eficacia en el cumplimiento de los objetivos que fija la Administración y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Desglosándolo por esos grandes capítulos, grandes objetivos, el primero de ellos, el objetivo de la estabilidad, es el objetivo que desarrolla plenamente la Ley General de Estabilidad Presupuestaria; se adapta el régimen presupuestario económico-financiero de intervención, contabilidad y control financiero a los principios y previsiones de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Por eso decía que esta nueva Ley es una consecuencia de las Leyes Generales de Estabilidad Presupuestaria.

Se establecen escenarios presupuestarios plurianuales en equilibrio, que son los escenarios referidos a los tres ejercicios siguientes, que asignan los recursos por políticas de gasto e incluyen detalle de objetivos, medios, actividades, procesos inversores e indicadores de seguimiento.

Se regula el Fondo de Contingencia según lo fijado por la Ley de Estabilidad; Fondo de Contingencia que asciende al 2 por 100 del límite de gasto aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes, y que se dedica a financiar las necesidades imprevistas e inaplazables que inciden sobre el déficit público medido en términos de Contabilidad Nacional y su aplicación. Como ustedes conocen, para aplicar el Fondo hace falta autorización previa del Consejo de Ministros y la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria ya prevé el suministro de información trimestral a las Cortes sobre el grado de utilización del Fondo de Contingencia.

En lo que se refiere al segundo gran objetivo: la eficiencia, lo que el Anteproyecto establece es un sistema de presupuestación y gestión por objetivos a través de escenarios plurianuales que están comprometidos con la estabilidad, que en definitiva se convierten en garantes de la estabilidad presupuestaria. Se evalúan los objetivos conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Centro Gestor, y se asigna el gasto a los Departamentos en función de su cumplimiento. También se introduce mayor flexibilidad en la gestión del gasto de inversión y es el capítulo de inversión el que a partir de la aprobación de esta Ley gozaría de mayor flexibilidad, de manera que cada Departamento ministerial, cada Ministerio, pueda reasignar las partidas dentro de su capítulo de inversiones, permitiendo una mayor adecuación del gasto a las necesidades reales, efectivas, que se comprueben de cada Departamento.

Se amplía a todos los gastos la posibilidad de adquirir compromisos plurianuales siempre y cuando tengan cabida en los escenarios presupuestarios plurianuales. Y se prevé finalmente, dentro de este gran objetivo de eficiencia en la administración del gasto público, el ingreso en el Tesoro de los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y de otras entidades públicas siempre que esos remanentes no sean necesarios para el desarrollo de su actividad.

En lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, lo que hace la norma es sistematizar y actualizar a la anterior, comprendiendo todo el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad e intervención y de control financiero del sector público estatal. Se completa, asimismo, la regulación contenida en la LOFAGE y tengamos en cuenta a este respecto, y para valorar lo que significa la sistematización y actualización de la normativa anterior, que la actual Ley General Presupuestaria data del año 1977 y fue posteriormente cuando se elaboró un texto refundido en el año 1988. Desde que gobierna el Partido Popular hemos acometido sucesivas reformas de la Ley General Presupuestaria y ahora lo que hacemos es sistematizar y actualizarlas en esta normativa.

También es muy importante el ordenamiento en el ámbito económico-financiero del conjunto del sector público estatal. Lo que hacemos es una enumeración completa de los entes que lo integran y los clasifica conforme a su naturaleza económica-financiera en tres subsectores: el sector público de carácter administrativo, el sector público empresarial y el sector público fundacional, delimitando claramente a lo largo de la Ley el régimen presupuestario de contabilidad y control correspondiente a cada uno.

El otro gran objetivo que inspira la Ley, el objetivo de transparencia, nos lleva a sistematizar las normas de contabilidad aplicadas por la Intervención General del Estado. Se adapta la información contable a la Ley de Estabilidad, se elevan a rango legal los principios contables públicos que hasta ahora se disponían por Orden Ministerial y se delimita el régimen aplicable a cada uno de los subsectores en que se divide el sector público estatal. Finalmente, aumenta la eficacia del control financiero sobre el sector público estatal.

En conclusión, la razón de ser de esta Ley es la racionalización de todo el proceso presupuestario, de todo el régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, contabilidad y control financiero del gasto público con el objeto de avanzar en la consecución de las pretendidas eficiencia, transparencia y seguridad jurídica en un marco de estabilidad presupuestaria, que estamos viendo que es el mejor instrumento de política económica a la hora de impulsar un crecimiento económico creador de empleo, como sigue teniendo la economía española.

P.- Al señor Montoro. Me gustaría saber, cuando se habla de escenarios presupuestarios plurianuales, qué fuerza tienen. ¿Son estimativos? ¿Se pueden superar o no se pueden superar?

Sr. Montoro.- La Ley de Estabilidad Presupuestaria ya prevé que la programación presupuestaria en España se haga de acuerdo con esos escenarios plurianuales y el propio compromiso de España dentro de la Unión Económica y Monetaria europea así lo prevé también. Hacemos ya la programación de lo que va a ser la evolución de nuestro gasto público para los siguientes tres años y, por tanto, estamos comprometidos ya en lo que son los procedimientos de coordinación de la política económica y presupuestaria española dentro de la Unión Europea con esa programación, que para nosotros ya funciona como un límite, como un techo, de gasto infranqueable.

Este ejercicio, este año, es la primera vez que estamos haciendo la traducción, la materialización, la elaboración, de esos escenarios y esos escenarios lo que harán será, en definitiva, también limitar la evolución de los gastos de los diferentes Departamentos para los siguientes ejercicios. De esa manera lo que hacemos es, en definitiva, acomodar una programación que no debe ser estrictamente anual, como es la de los Presupuestos, sino que, en definitiva, hacemos una proyección de la política presupuestaria a varios ejercicios lo que da más seguridad, mucha más fiabilidad, a los agentes económicos a la hora de tomar sus decisiones.

P.- Tres cuestiones para el señor Montoro. En primer lugar, me gustaría saber si se va a objetivar de alguna manera una serie de criterios para establecer cuándo se cumplen esos objetivos de los programas de inversión, si se va a establecer algún tipo de penalización en el caso de que no se cumplan y qué órgano va a ser el que determine si esos objetivos se han cumplido o no. ¿Va a ser el Ministerio de Hacienda o una comisión mixta entre el Departamento que está encargado de ejecutar esas inversiones y el que está encargado de controlarlas?

Sr. Montoro.- En primer lugar, vamos a establecer unos índices, que es la previsión, y, a partir de esos índices, lo que haremos es evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Los órganos que evalúan serían siempre el Ministerio de Hacienda con el Departamento ministerial correspondiente o con el centro gestor correspondiente y siempre será en el sentido, como usted planteaba, de una forma mixta. Si no le queremos llamar formalmente una comisión, pero se hará de acuerdo con un mecanismo mixto combinado.

Después, obviamente, no cumplir los objetivos presupuestarios llevará adelante la penalización, en el sentido de que lo que veremos es que no hacía falta ese gasto programado en el Presupuesto para conseguir ese objetivo que no se ha alcanzado. Por tanto, la penalización sería, en definitiva, la revisión de esa categoría de gasto para los siguientes programas presupuestarios. Eso es lo que se derivará, naturalmente, y corresponderá al propio Gobierno ya tomar las decisiones para que en lo que sea la elección de las prioridades políticas de gasto se tenga en cuenta lo que pudiera haber sido un incumplimiento de objetivos.

P.- Al Vicepresidente Primero le quería preguntar, puesto que ya parece que es inevitable la celebración de nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid, si cree posible o conveniente que coincidan con las autonómicas catalanas. En segundo lugar, ¿cree que para cuando se celebren esas elecciones se conocerá ya quién es el sucesor?

Vicepresidente.- Sobre el segundo asunto, la verdad es que no lo sé; es decir, no sé si en ese momento ya sabremos quién será el sucesor, fundamentalmente por dos razones: porque no lo sé, pero es que tampoco sé cuándo se va a celebrar la fecha de las elecciones. Yo creo que es un argumento contundente.

En relación con el primer tema, yo creo que las elecciones en Madrid deben celebrarse cuando proceda con arreglo a la legislación vigente, interpretada por quien tiene facultad para hacerlo, que es la propia Presidenta de la Asamblea de Madrid. Lo que yo sí creo es que es bueno que de esta crisis salgamos y salgamos mediante la convocatoria de unas nuevas elecciones, y será la Presidenta de la asamblea de Madrid la que tenga que fijar los procedimientos y resolver los problemas jurídicos que existen para saber cuál es la fecha.

Sobre este asunto quiero recordar que esto se ha organizado como consecuencia de la decisión de un partido, el Partido Socialista, que colocó, porque quiso el Partido Socialista, a dos personas que ya conocía suficientemente porque llevaban muchos años en el partido e incluso eran diputados en esa lista electoral. Ha ocurrido lo que todos sabemos que ha ocurrido, y yo creo que lo procedente ahora es celebrar esas elecciones y terminar con este sin fin de decisiones e interpretaciones que se están haciendo por parte de mucha gente. Yo creo que es el momento de apelar al sentido común. No podemos ver cómo se ponen querellas por cohecho sin precisar si se han verificado o no pagos, quién los ha hecho, a quién los ha hecho; querellas en las que se pide que se suspenda en la condición de diputado a una persona por votar de forma distinta; es decir, querellas absolutamente no fundamentadas desde el punto de vista jurídico.

Yo creo que lo que quiere ahora el conjunto de la opinión pública, y que es lo más sensato, es que fijemos con claridad las reglas del juego, que digamos "va a haber elecciones" y que no se pueda generar ninguna duda porque algún partido político tenga la tentación de usar de estas personas, de usar de sus votos, de usar de sus abstenciones, de usar de sus actuaciones o de usar de cualquier decisión que puedan tomar estas personas. Yo creo que después de lo que ha sucedido aquí la mayor aportación que todos podríamos hacer a implantar un cierto sentido común, que parece muy necesario, es decir: señores, vamos a convocar nuevas elecciones y vamos a olvidarnos de este asunto.

Yo espero que el PSOE no tenga la tentación de usar a estas personas para hacer algo distinto de la convocatoria de elecciones, que creo que es lo que la lógica, la decencia y el sentido común demandan en este momento.

Sobre la fecha, la que corresponda con arreglo a la Ley. Yo creo que el propio Presidente de la Generalidad tiene más margen que el que puede tener en este momento la aplicación estricta de la Ley por parte de la Presidenta de la Asamblea en la Comunidad de Madrid.

P.- Una pregunta para el Vicepresidente. La Fiscalía General del Estado ha anunciado ya una querella contra los responsables, entre ellos, contra el Presidente del Parlamento vasco, el señor Atutxa, por no disolver el Grupo Parlamentario que integran los miembros de Batasuna. Quería que hiciese alguna valoración sobre esta decisión de la Fiscalía General del Estado.

Otra pregunta al Ministro de Hacienda. Respecto a la posibilidad de reasignar partidas del capítulo de inversiones, ¿esas nuevas partidas, si se reasignan, serán hechas públicas? Ahora con esas partidas el Presupuesto es público; la reasignación de la partida ¿también será conocida y cómo? ¿Al Parlamento o de qué manera?

Vicepresidente.- Yo tengo que decirle, en relación con la primera pregunta, que a mí me parece muy correcta esa decisión. Yo creo que todos los ciudadanos estamos sometidos al imperio de la Ley, seamos miembros del Gobierno, seamos presidentes de Parlamento o seamos ciudadanos que no ejercen ningún tipo de actividad política.

El Tribunal Supremo se ha dirigido al Presidente del Parlamento vasco exigiéndole que cumpla una resolución del propio Tribunal Supremo y el Presidente del Parlamento vasco está obligado, como no podía ser menos, porque él tiene también que cumplir la Ley, a acatar y a actuar en consecuencia. No lo ha hecho así, el fiscal ha entendido que ha cometido un delito de desobediencia y, por tanto, lo único que ha sucedido aquí es que se han cumplido los procedimientos establecidos en nuestro Estado de Derecho, que establecen que todos los ciudadanos, incluido el señor Atutxa, somos iguales ante la Ley.

En este sentido quiero decir que esta decisión hace que, lógicamente, ratifiquemos, y esto creo que es muy positivo, la confianza de todos en el Estado de Derecho. Yo soy de los que tienen la firme convicción de que, al final, la resolución del Tribunal Supremo va a tener que ser cumplida por el Parlamento vasco y quien no la cumpla se tendrá que atener a las consecuencias. Si no fuera cumplida esa decisión del Tribunal Supremo, repito, sería un golpe de incalculables consecuencias para lo que es un Estado democrático y de derecho, como es el nuestro.

Por tanto, yo no puedo decir otra cosa que señalar que me parece muy correcto que a una persona que no cumple las resoluciones del Tribunal el Fi8scal General del Estado diga que hay que proceder contra él porque, insisto, todos somos iguales ante la Ley.

Sr. Montoro.- En relación con lo que sería reasignación de partidas de gasto, la mayor flexibilidad que introduce la Ley es relativa a la inversión pública, a partidas de inversión pública y, por tanto, lo que busca, lo que pretende fundamentalmente, es que haya un alto grado de ejecución y que, en definitiva, se materialicen las previsiones de inversión que aprueba el Parlamento, que es quien da el permiso definitivo para esa aprobación.

A partir de ahí, los cambios que puedan hacerse en un ejercicio tienen que ser públicos, tienen que ser conocidos, tienen que ser aprobados incluso en su propia programación y en su propia reasignación por el propio Consejo de Ministros y, a partir de ahí, dar información pertinente a las Cortes.

P.- Una pregunta al Vicepresidente Primero. El Ministro de Administraciones Públicas ha dicho esta mañana que no le parece ni oportuno ni prudente que intervenga el Fiscal Anticorrupción en el asunto de los escándalos de Madrid. Yo quería pedirle al Portavoz del Gobierno si el Gobierno comparte esta posición, si esta posición es la del Gobierno o si tiene alguna cosa que decir en este sentido.

Vicepresidente.- Lógicamente, yo no soy quién para decir cuándo interviene la Fiscalía. La Fiscalía, lógicamente, interviene cuando cree que hay indicios de criminalidad en un asunto concreto y determinado; por tanto, ésa es una decisión que a ellos compete.

Lo único que constato son dos cosas: primero, que aquí se ha interpuesto una querella por cohecho contra determinadas personas y no se dice en qué consiste ese cohecho. Se habla de unas recalificaciones en un municipio que tuvieron lugar en el año 1997. Con esas recalificaciones de las que se habla, ¿qué pasa? ¿Se han conocido ahora? ¿Por qué no se interpuso esa querella en el año 1997 o por qué se puso en la lista a alguna persona que pudo intervenir en esas recalificaciones del año 1997? Es que es una querella sin pies ni cabeza, donde se acusa de cohecho a unas personas; pero, claro, el cohecho supone que alguien paga a un determinado funcionario público para que éste adopte la decisión en uno u otro sentido y aquí no se dice a quién se paga ni de qué decisión estamos hablando, ni por qué, ni para qué.

Por tanto, se ha interpuesto una querella criminal que no tiene ningún fundamento jurídico; es que no tiene ninguno. Yo eso lo constato.

En segundo lugar, de lo que yo fundamentalmente debo de hablar es de un asunto que es un asunto político. El PSOE ha colocado a esas personas en su lista y yo supongo que los motivos de la querella los conocería antes; pero, además, en los motivos de la querella a uno de los diputados ni siquiera se le atribuye la más mínima relación con nada de eso. Entonces, si los conocía, ¿por qué pone a esas personas en la lista y por qué ahora interpone una querella y lo no hizo hace unos años?

Yo creo que lo sensato --es la aportación que nosotros queremos hacer y creo que es lo que cualquier persona con un mínimo de sentido común cree que es lo razonable-- es que se convoquen elecciones y que ya le digamos a la gente que vamos a convocar a elecciones. Ya bastantes problemas se le ha creado al conjunto de las personas que han votado en Madrid como para que sigamos discutiendo sobre si vamos a pactar, sobre si cabe la posibilidad de que alguien va a presentarse para ser elegido y disolver al día siguiente... Fijemos, porque podemos hacer, las reglas de juego. Me parecería tremendo el que se pudiera usar de los votos de estas dos personas para hacer algo distinto de algo tan razonable, a la vista de lo que ha ocurrido, como es el que se convoquen nuevas elecciones.

Por tanto, ése es el tema. A partir de ahí, yo no soy quien para decir quién tiene que intervenir, lo que tiene que hacer... Es una decisión que tienen que tomar ellos. Pero, si el PSOE cree que hay un delito, que lo diga con meridiana claridad. No basta con querellarse, hay que decir por qué se querella, es decir, a qué personas se acusa y de qué, y, como acusa a algunas personas que son diputados del Partido Socialista, que diga si se enteró ahora mismo o si ya lo sabía desde hace tiempo.

Como esas preguntas, lógicamente, no tienen respuesta alguna y como yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo dando un espectáculo bastante poco edificante por parte de la dirección socialista, yo creo que lo sensato es que transmitamos el mensaje de que vamos a celebrar unas nuevas elecciones; que, sin duda alguna, no es una buena solución, pero es la mejor de las posibles, y a ver si todos somos lo suficientemente inteligentes para hacer unas listas donde no incluyamos a personas que luego den lugar a que se generen problemas como los que estamos comentando en este momento.

P.- Al Vicepresidente le quería pedir si nos podría aclarar cómo están las negociaciones sobre Gibraltar, qué tipo de problemas hay con Londres y si Estados Unidos puede tener un papel en la solución de este contencioso.

Vicepresidente.- En relación con el asunto de Gibraltar, lo primero que tengo que decir, porque efectivamente se ha publicado en el día de hoy, es que no hay ninguna carta del Presidente del Gobierno al Presidente de los Estados Unidos sobre Gibraltar y que Estados Unidos no tiene ninguna intervención en relación con este asunto. Quiero dejarlo sentado con meridiana claridad: ninguna intervención.

A partir de ahí, ¿cómo están las cosas en este momento? Como usted a buen seguro conoce, tanto el Gobierno de España como el del Reino Unido negocian, en el marco del Proceso de Bruselas, un acuerdo global sobre Gibraltar, un acuerdo que pretendemos que garantice un futuro seguro, estable y próspero, y que beneficie a la región en su conjunto. Estas negociaciones --ésta es, lógicamente, nuestra opinión-- responden a la necesidad de terminar con una situación que hoy en día todo el mundo entiende que es anacrónica y que es insostenible, y que es profundamente contradictoria con el hecho de que España y el Reino Unido son socios y aliados en la Unión Europea, en la Alianza Atlántica y mantienen una intensa relación bilateral en todos los terrenos.

Ésta es nuestra posición, se está negociando y estamos en un proceso que, como saben ustedes, es complejo y es difícil, en el que hay que tener mucha finura, mucho acierto y, si me lo permiten, también un poco de suerte. Pero es como está la cosa en este momento y no puedo, lógicamente, darle mayores novedades en relación con este tema.

P.- Al margen del fundamento de las querellas interpuestas y desde una perspectiva estrictamente de higiene democrática, me gustaría saber, insistiendo un poco en la pregunta anterior, si el Gobierno considera que la Justicia debería aclarar la actitud de dos señores que han subvertido un resultado electoral, al fin y al cabo, o si considera que basta con pasar página y convocar unas nuevas elecciones. Ésa sería la primera pregunta.

La segunda, quería saber si el Gobierno estima que en un Estado aconfesional en el proyecto centrista del Gobierno tienen cabida medidas como la equiparación de la Religión al resto de las asignaturas desde un punto de vista académico o la propuesta del Presidente Aznar de incluir en la Constitución Europea el cristianismo como valor de referencia.

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta, yo le respondería diciendo si es función o no de los Tribunales, con arreglo a nuestros textos constitucionales y a lo que es un sistema democrático, aclarar el sentido de voto de los diputados elegidos por los ciudadanos. Ésta es la pregunta cómo hay que hacerla. En mi opinión, yo creo que la función básica de los tribunales de justicia --en este caso, de la Fiscalía-- es investigar el cumplimiento de la Ley, en el caso de la Fiscalía, y, en el caso del juez, decir si una conducta se ajusta o no a la Ley. Yo creo que ése es el tema, es decir, investigar. Por lo tanto, ésa es la pregunta: ¿corresponde a los Tribunales y a la Fiscalía aclarar el sentido de voto de los diputados? Yo creo que la respuesta la tiene usted en nuestra Constitución.

A partir de ahí, lo que está claro que corresponde a la Fiscalía y a los Tribunales es perseguir la comisión de delitos, eso es lo que les corresponde. Serán ellos los que digan si hay indicios o no de delitos. Lógicamente, nadie investiga si no hay indicios de que se hayan cometido delitos. Pero para aclarar el sentido de voto de un diputado o estudiar las motivaciones del sentido de voto de un diputado tiene usted que responder si, con arreglo a la Constitución, es función o no de los Tribunales.

En relación con el segundo asunto, yo tengo que decirle que la Religión no es una asignatura obligatoria en España, como usted muy bien conoce. La Religión no es una asignatura obligatoria en España. En España la Religión es voluntaria y la gente que quiere estudia Religión, que puede ser la religión católica, que es la mayoritaria en España, o puede estudiar otro tipo de religiones; incluso puede no estudiar religiones, sino que quien no quiera estudiar Religión puede estudiar el hecho religioso, pero no desde una perspectiva confesional.

Por tanto, creo que es plenamente respetuoso con lo que usted acaba de señalar. La Religión no es obligatoria en España y, por tanto, no hay ningún ciudadano al que se le obligue a estudiar Religión.

En cuanto al planteamiento que ha hecho el señor Aznar y algunos otros, muchos, dirigentes políticos europeos, yo quiero recordarle a usted que dentro de lo que es Europa, sin duda alguna, uno de los principios inspiradores básicos de lo que es Europa y uno de los temas que más han inspirado lo que es Europa es el cristianismo; no ha sido el Islam precisamente. A partir de ahí, lógicamente, cada uno puede opinar lo que estime oportuno y conveniente; pero me parece que en las raíces de la historia de lo que es la Unión Europea, sin duda alguna, algo ha tenido que ver el cristianismo.

Por tanto, parece muy razonable que haya algunas personas que quieran que esto conste en la exposición de motivos. Lo que sería sorprendente es que quisieran que constara el budismo, el islamismo u otra cosa distinta, que eso sí que no parecería razonable.

P.- Al hilo precisamente de lo que acaba de especificar, y habida cuenta que Jordi Pujol también había defendido el reconocimiento del cristianismo por parte de la Constitución Europea, quisiera saber si ha habido algún cambio de impresiones entre Aznar y Pujol sobre este tema y si tiene previsto el Presidente Aznar tomar algún tipo de iniciativa para que él y Pujol se vean o hablen antes de que ambos abandonen las respectivas Presidencias.

Sobre el tema de Madrid, quisiera preguntarle qué estimación se hace de cuáles pueden ser los resultados de estas nuevas elecciones madrileñas, que parecen inevitables. ¿Ustedes creen que todo quedará tal cual, con la única excepción de que estos dos tránsfugas desaparecerán del mapa, o esperan que, a raíz de esto, puede dar un vuelco de algún modo o pueden recibir algún castigo opciones que antes no lo habían recibido?

Vicepresidente.- Si han hablado Aznar y Pujol sobre ese asunto concreto por el que usted se interesa, yo lo desconozco. En cualquier caso, es verdad que el señor Pujol, como hombre que es culto y conocedor de la historia y del mundo en el que vive, había sostenido ese planteamiento. Como he dicho antes, no es el único; hay otras muchas personas que así también lo han hecho.

Sobre si sería bueno o malo que hubiese un contacto entre el señor Presidente de la Generalidad y el Presidente del Gobierno antes de que el Presidente de la Generalitat deje de serlo como consecuencia de que ahora decida o no presentarse a las elecciones, yo creo que sería bueno el que se produjera este contacto por muchas razones. Yo creo que sería bueno que así tuviera lugar.

En cuanto a la estimación de lo que pueda ocurrir en Madrid, la verdad es que no es algo en lo que al menos el Gobierno se haya preocupado mucho a lo largo de los últimos días. Yo creo que lo importante en este momento es darle una salida a una situación que, vuelvo a insistir, no la ha creado, por supuesto, el Gobierno, ni tampoco la ha creado el Partido Popular. Nuestra aportación y nuestro mensaje a la sociedad son claros: nosotros en ningún caso vamos a utilizar ninguna actuación, por activa o por pasiva, de estas personas a ningún efecto político y, como no lo vamos a hacer, lo que queremos es que se produzca la convocatoria de elecciones y que se fijen unas reglas de juego claras, porque creo que ya por bastantes cosas han tenido que pasar los vecinos de esta Comunidad Autónoma. Y nos gustaría que el PSOE, que fue quien generó el problema, no lo olvidemos, actúe también en consecuencia.

P.- Para el Vicepresidente. Quería saber si ante la fuga de los narcotraficantes el Gobierno estudia tomar alguna medida legislativa para evitar que esto se vuelva a repetir.

Luego, volviendo al tema de la sucesión, quería saber si, de coincidir finalmente las elecciones con la designación del sucesor de Aznar, el partido se replantearía retrasar la sucesión.

Vicepresidente.- Sobre este asunto es difícil plantearse retrasar porque, al menos que yo conozca, no hay ninguna fecha para designar el sucesor, utilizando la terminología al uso. Es que no hay fecha, que yo conozca. Puede haberla, pero yo no la conozco; entonces, es muy difícil decir si se va a retrasar o si se va a adelantar. Aquí se ha hablado del otoño, pero no es que el otoño sea un concepto jurídico indeterminado, porque el otoño comienza en septiembre y termina el 21 de diciembre; pero lo es casi porque es muy... No tengo ningún dato que aportarle sobre ese asunto, sobre todo, porque ni sabemos siquiera, como le he dicho antes a su colega, la fecha de las elecciones. Es más, tampoco está claro que vayan a producirse, porque no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones del Partido Socialista. Yo sé las verdaderas intenciones del Partido Popular, pero no las del Partido Socialista. Ése es un dato que no debemos olvidar.

Por lo tanto, a partir de ahí, es muy difícil que yo pueda aportarle mucho más de lo que he dicho, que ya sé que no es mucho; pero uno puede lo que puede.

En relación con el primer asunto, sin duda alguna éste es un tema absolutamente lamentable y el Gobierno está dispuesto, como no puede ser menos, a estudiar todas las reformas que se puedan plantear para evitar que se produzcan acontecimientos de estas características. Pero me temo que no estemos ante un tema en el que sean necesarias las reformas legales, sino otras decisiones que no le competen directamente al Gobierno.

P.- Vicepresidente, esta semana se produjo en el Parlamento de Canarias la toma de posesión como parlamentario regional de una persona que está condenada por un delito de soborno, don Dimas Martín, presidente del Partido Independiente de Lanzarote, y además inhabilitado para ocupar cargo público. La razón oficial que se ha dado para esto es que él pidió un indulto al Gobierno y entonces está suspendida la pena o las penas.

En relación con este tema, quería preguntarle, en primer lugar, en qué estado se encuentra esta solicitud de indulto del señor Dimas Martín; en segundo lugar, ¿qué valoración hacen ustedes? ¿Les parece normal que una persona en esta situación, que además se da la circunstancia de que ha sido reincidente y ha tenido condenas por otros asuntos, tome posesión, dándose además la circunstancia de estar inhabilitado para ocupar cargo público en la pena que tuvo? En último lugar, también quería que valorara las acusaciones que en este sentido se han formulado desde el Partido Socialista, diciendo que este señor ha pactado su indulto con ustedes a cambio de un respaldo al Partido Popular y a Coalición Canaria.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, como es evidente, yo no tengo nada que ver con el señor Dimas Martín, que no forma parte del partido político en el que yo milito. Por tanto, eso quiero dejarlo muy claro: ahí nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. El señor Dimas Martín ha sido elegido, porque así han querido las personas que lo han votado, y la circunstancia de que esté inhabilitado, pero que la pena no se aplique, se deberá, como es natural, a una resolución judicial, no a una decisión del Gobierno.

Cuando una persona solicita un indulto, se dirige a los Tribunales para que suspenda la pena a la espera de que se produzca la resolución sobre el indulto y son los Tribunales los que resuelven. Por tanto, es una responsabilidad, en la cual yo no voy a entrar, de los propios tribunales de justicia; es su decisión, que yo no debo juzgar.

A partir de ahí, lo que es la responsabilidad del Gobierno del que yo formo parte es el asunto del indulto. Sobre que nosotros tengamos un pacto, según denuncia el Partido Socialista, con esta persona, tengo que decir que esa absolutamente falso. Ya llega un momento en la vida en que uno tiene que demostrar qué es lo que no ha hecho, lo cual es ciertamente complicado. Simplemente quiero decir que es absolutamente falso que eso haya sido así. Fíjese usted, hasta tal punto es absolutamente falso que yo desconocía esta situación por la que usted me está preguntando; o sea, que fíjese en lo que hay de verdad en lo que dicen los señores del Partido Socialista.

En cuanto a la situación en la que está el indulto, supongo que estará como todos los indultos y se resolverá por el turno que tiene establecido el Ministerio de Justicia y, por supuesto, se resolverá haciendo lo que proceda hacer en Derecho; pero teniendo en cuenta, como es natural, el informe del tribunal sentenciador que ni siquiera sé si se ha producido en estos momentos.

P.- ¿Para cuándo el Gobierno va a tomar una decisión, o en qué fase se encuentra, sobre el tema de la investigación con células-madre embrionarias procedente de embriones sobrantes?

Vicepresidente.- Ése es un asunto, como usted muy bien sabe, polémico y es un asunto importante. Sin que pueda precisarse el número exacto, puede haber unos 35 ó 40.000 embriones congelados y hay una cierta polémica que afecta desde las ideas de las personas hasta los propios criterios científicos y otros muchos temas.

Lo único que puedo decirle sobre este asunto es que el Gobierno ha pedido informes --probablemente, usted ya lo conozca--; el último de ellos a la Comisión de Ética, que me parece que tiene una dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha fijado unos criterios; que lógicamente el Gobierno está estudiando los criterios fijados por esta Comisión y por otras; que está oyendo a mucha gente, pero que en este momento no hay una decisión tomada sobre qué es lo que vamos a hacer, ni tampoco una fecha; lo cual no quiere decir que no se vaya a tomar una decisión, ni tampoco lo contrario. Le digo en la situación exacta en la que estamos.

P.- Con el Real Decreto-Ley aprobado hoy, ¿cuándo van a cobrar los afectados por el "Prestige"?

Vicepresidente.- En principio, lo que hacemos nosotros con este Real Decreto-Ley es intentar que los afectados cobren las indemnizaciones del FIDAC a las que tienen derecho a la mayor celeridad posible para evitar que se produzca... Ya sé que algunos, si menciono al "Mar Egeo", se pueden sentir aludidos; pero no. Quiero decir que, cuando se produjo la situación del "Mar Egeo", donde gobernaban los que lo hacían en el año 1992, se produjo una situación que era tremenda, porque tardaron tiempo inmemorial en recibir las indemnizaciones. A nosotros lo que nos gustaría es que lo recibiesen a la mayor celeridad posible y para eso hemos aprobado hoy este Real Decreto-Ley.

¿Para qué sirve este Real Decreto-Ley? Para que, cuando recibamos las primeras cantidades del FIDAC, podamos, vía ICO, dárselas a las personas que convenien con la Administración y no cedan sus acciones a la Administración.

En principio, nosotros tenemos un acuerdo en el FIDAC por virtud del cual se nos pagará el 15 por 100 de las facturas que nosotros presentemos. Nosotros, una vez aprobado este Real Decreto-Ley, presentaremos facturas a partir de ya --estábamos a la espera de aprobar este Real Decreto-Ley-- y, si en este año, como yo espero, el FIDAC nos paga ese 15 por 100 de la factura, se podrá comenzar ya a hacer los pagos a las personas que convenien con la Administración.

Tengo que decir que también vamos a dedicar al pago del importe de esas indemnizaciones el importe del sorteo de la Lotería Nacional que se hizo en su día, aproximadamente unos 3.500 millones de pesetas.

Por tanto, yo creo que, si no se producen accidentes, entre comillas, en el camino, ya en este año 2003 se podrán abonar las indemnizaciones a algunas personas. Tenga usted en cuenta que, en cualquier caso, el plazo para conveniar con la Administración termina el 31 de diciembre de este año 2003. Pero creo que este año ya se podrá percibir por parte de algunos, por lo menos, alguna parte de las indemnizaciones a las que tengan derecho, con lo cual, si lo conseguimos, creo que se habría actuado con una rapidez ciertamente importante.

Muchas gracias, señoras y señores.