Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Fomento, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en Consejo de Ministros.

Uno de los elementos que ha recibido hoy un importante impulso es la reforma de las Administraciones Públicas, mediante la aprobación de las dos leyes fundamentales para consolidar todo el esfuerzo que las Administraciones han hecho en su reforma durante estos últimos tres años. Hoy se envían a las Cortes los Proyectos de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público. A través de ellos, lo que buscamos es implantar una Administración electrónica, interconectada, transparente y con una estructura más clara y más simple. Han sido proyectos ampliamente informados por Comunidades Autónomas, Entidades Locales, el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos o el Consejo de Estado, entre otros.

Esta reforma se basa en dos ejes fundamentales: por un lado, las relaciones de la Administración con los ciudadanos y con las empresas, de la que se ocupa la Ley de Procedimiento Administrativo; y la propia organización y relación interna entre las distintas Administraciones y dentro de cada Administración, en la que se centra la Ley de Régimen Jurídico.

Principales novedades en estas leyes --lo vamos a hacer para que sea un poquito más gráfico-- según sectores a los que van dirigidos. Principales novedades para los ciudadanos:

Lo que hace, fundamentalmente, la primera de las leyes es facilitar las relaciones electrónicas del ciudadano con la Administración. Con este motivo, se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quién se dirija. Es decir, se abre un registro electrónico para que las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, los 365 días al año, pueda el ciudadano interconectar con la Administración.

Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar en los trámites administrativos, y además, se establece la asistencia personal de la Administración para todos aquellos ciudadanos que lo necesiten o que no quieran dirigirse a la Administración por vía electrónica; y se prevé, incluso, que las Administraciones puedan avisar al ciudadano, si así lo ha autorizado, mediante un mensaje al teléfono móvil, de que tienen una notificación que pueden consultar de forma electrónica. Es decir, que a partir de ahora el ciudadano que lo desee podrá dejar un número de teléfono móvil al que le llegará la notificación por parte de la Administración.

Se reducen las cargas administrativas. Se establece como regla general, pero se impulsa mucho más a través de los sistemas de registros que ahora veremos, la no solicitud de documentos originales, como pueden ser declaraciones de renta o certificados de empadronamiento, ni se exigirá a los ciudadanos la presentación de fotocopia, sino que, registrados los documentos electrónicamente, ya será la Administración la que, en su caso, elaborará las copias o redirigirá la documentación hacia los procedimientos que los necesite.

Habrá un procedimiento administrativo general más fácil de conocer, se va a prescindir de un buen número de los procedimientos especiales que existen en la actualidad e, incluso, se prevé un procedimiento administrativo exprés para casos de menor complejidad, a fin de poder agilizar su resolución.

Se generaliza en todos los procedimientos administrativos lo que ahora existe sólo en algunos, que es la reducción del importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

En el ámbito de la elaboración de las normas, además de establecer un procedimiento más ágil para la elaboración de leyes y otras normativas de naturaleza administrativa, se establece la obligación cada año de publicar un plan normativo anual, para que los ciudadanos puedan conocer cuáles son las leyes que en un primer momento y, sin perjuicio de que fueran necesarias por motivos de urgencia, puedan modificar la Administración.

Principales novedades para las empresas, en este caso. Las empresas se organizaran obligatoriamente de forma electrónica con todas las Administraciones --como ya vienen haciendo con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, ahora se extiende a todas las Administraciones-- y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes se relacionen en sus trámites administrativos con la Administración. Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que ya tiene la Administración o que puede elaborar la Administración.

En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común, que será enero y junio, para la entrada en vigor de normas que afecten a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad profesional o económica. Esto permitirá que sólo tengan que adaptarse en dos momentos muy concretos del año a los cambios y puedan planificar mejor su actividad.

En el ámbito de las relaciones entre las propias Administraciones, es decir, Administraciones entre sí, mayor transparencia y un funcionamiento más ágil, porque todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus procedimientos. Para ganar en transparencia, y esto es muy importante, y además lo demandaban las Comunidades Autónomas, se crea un inventario único y público de todos los organismo y entidades vinculadas o dependientes de todas las Administraciones, un único inventario, de manera que, a diferencia de lo que nos ha pasado, y luego hablaré de los Entes Públicos que hemos reducido, y de las empresas públicas, se podrá saber, qué empresa pública o qué organismo público depende de cada Administración. Esto hasta este momento no estaba actualizado y, además, permitirá a cualquier ciudadano o a cualquier empresa conocer qué organismos y qué entidades existen en cada momento.

Pero además, para mejorar la transparencia, también se creará un registro estatal de todo el listado de órganos de cooperación en los que participe la Administración General del Estado y de todos los convenios que tiene la Administración General del Estado, de manera que también podrán conocerse esos órganos de colaboración.

Como decía hace un momento, también ganamos en calidad normativa, porque se prevé la realización de una consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de propuestas normativas, y habrá una evaluación todos los años de las iniciativas aprobadas en el año anterior para ver cómo han funcionado y la posibilidad de introducir nuevas modificaciones.

Por otro lado, también se regulan las Conferencias Sectoriales como órganos de cooperación en la necesidad de que se les informe y puedan informar de los proyectos normativos que afecten a otras Administraciones. También se refuerzan el control y la disciplina de las Administraciones Públicas para lograr la consolidación fiscal.

Como saben, y ahora les diré, el esfuerzo en reducción de empresas públicas y organismos públicos en general en estos últimos años, en esta Legislatura especialmente, ha sido amplísimo. Luego insistiré en los datos, pero se han reducido en España, se han eliminado, se han suprimido en términos netos, es decir, de los reducidos restamos los que hemos creado…, la eliminación neta de organismos públicos y de empresas públicas ha sido de 2.194, entre organismos y empresas públicas. Ése ha sido un esfuerzo ingente y ahora lo que tenemos que lograr, hecho ese esfuerzo, es que haya mucho mayor control a la hora de crear nuevos organismos públicos. Hay que consolidar lo hecho.

¿Qué hacemos? Un sistema muy exigente a la hora de crear nuevos organismos públicos para evitar su proliferación injustificada; habrá que acreditarse la necesidad del mismo y la imposibilidad de llevarse a cabo de otra manera. Se simplifica toda la tipología del sector público institucional. Se establece un régimen completo y más ágil para sus transformaciones, fusiones, disoluciones, liquidaciones y extinción de entidades, porque sabemos lo fácil que es crearlas y lo que nos ha costado extinguir esas 2.100, más de 2.100. Y, además, se establece para todas ellas un régimen de supervisión continua, para que podamos analizar, tanto el plan de actuación, como su plan su sostenibilidad financiera.

Por último, se hace un esfuerzo muy importante en los organismos de coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas. Se regula por primera vez por Ley la Conferencia de Presidentes y se regulan de forma precisa las Conferencias Sectoriales: por primera vez, sus acuerdos serán, con carácter general. de obligado cumplimiento.

Por tanto, con estas dos leyes lo que hacemos es consolidar pro futuro el esfuerzo que hemos hecho en la reforma de la Administración en estos años. Y aprovecho para presentarles el balance trimestral y acumulado de lo conseguido con la reforma de las Administraciones Públicas, el llamado Informe CORA.

A fecha de hoy --como saben, este Informe contiene 222 medidas--, 156 medidas están íntegramente implantadas. Es decir, más del 70 por 100, el 70,2 por 100, de las medidas de este Informe están totalmente ejecutadas, totalmente culminadas

Por destacar algunas cuestiones, quiero señalarles que la actividad legislativa y normativa para adaptar las distintas Administraciones a este Informe ha sido muy amplia. Desde junio de 2013, en que se presentó, se han aprobado tres Proyectos de Ley Orgánica, veintiún Proyectos de Ley, cuarenta y un Real Decretos y numerosos Acuerdos y Ordenes de todos los Departamentos ministeriales. Y para lograr que las Comunidades Autónomas pudieran llevar a cabo y aprovechar los esfuerzos de ese Informe, se han firmado 292 convenios para evitar duplicidades y favorecer los canales de comunicación y la interconexión de ficheros y datos. Catorce Comunidades Autónomas se han adherido a más del 85 por 100 de las medidas del Informe CORA.

Como señalaba hace un momento, uno de los esfuerzos más amplios que quiero destacar ha sido el proceso de reducción de empresas y de otros organismos públicos. Éste era, quizá, uno de los asuntos que más se demandaba al inicio de la Legislatura: reducir esa proliferación de organismos públicos por parte de las Administraciones. A fecha de hoy, se han suprimido 2.194 Entes Públicos: 105 en el Estado, que saben que tiene una Administración institucional más pequeña, 715 en las Comunidades Autónomas y 1.374 en las Corporaciones Locales. 2.194 Entes Públicos. No la decisión de extinguirlos; la extinción, o sea, no existen, han desaparecido del panorama administrativo.

El segundo de los elementos en la descripción del informe trimestral, y que es muy importante, son los avances en compras centralizadas.

Como ustedes saben, hasta ahora, y la Ministra lo conoce muy bien --entre otros, tuvo que simplificar los contratos de energía eléctrica--, cada Ministerio y cada organismo dentro de cada Ministerio compraba independientemente sus principales suministros, por poner un ejemplo. Pues bien, sólo con trece grandes acuerdos o con contratos marco en los principales contratos de la Administración, hemos ahorrado 454 millones de euros, que es ni más ni menos que el presupuesto del Ministerio de la Presidencia y de sus organismo adscritos: el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia del BOE, etc., etc. Sólo centralizando contratos de toda la Administración y contratando todos juntos: 454 millones de euros.

Otro elemento que ha tenido un gran avance es la plataforma de facturas electrónicas, estoy estacando las principales novedades de estos tres meses. Hasta la fecha, desde su implantación se han gestionado más de 900.000 facturas electrónicas emitidas por unas 22.000 empresas distintas a 5.700 Administraciones de todos los niveles. Esto no sólo agiliza la tramitación de las facturas y ahorra papel, sino que permite, fundamentalmente, las facturas no queden en los cajones, porque desde el momento en que la factura electrónica ingresa en un registro público, se tiene certeza de la fecha de su emisión y del momento en que empiezan a producir intereses.

Otro de los grandes avances y más importantes que se han llevado a cabo en estos meses ha sido el acuerdo para extender la conectividad en centros escolares en toda España. Se trataba de incorporar progresivamente a los centros escolares y de enseñanzas universitarias la red de fibra óptica. Ésta es una de las principales medidas del informe que permite tener conectada a toda la Administración educativa con red de fibra óptica y fue uno de los convenios que firmamos en esta Legislatura.

Pues bien, desde 2012, el conjunto de medidas de reforma de la Administración aprobadas, que son medidas de eficiencia, empleo público y reorganización orgánica… No voy a incluir las de enajenaciones, que son cinco mil millones más, de determinadas participaciones del Estado; sólo en lo que son medidas de eficiencia administrativa, empleo público, reorganización orgánica e ingresos de venta de patrimonio digamos inmobiliario --como digo, no metemos patrimonio accionarial, del que también ha dispuesto la Administración y que han sido cinco mil millones más--; sólo en medidas de reorganización administrativa se han ahorrado más de veinte mil millones de euros, 20.200 millones de euros. El presupuesto de los ministerios de un año, lo que es la Administración central y los distintos ministerios, es de 34.000 millones de euros.

Resumiendo, Informe CORA, ahorros de 20.200 millones de euros, 2.194 empresas y otros organismos públicos suprimidos, y ejecutadas al 100 por 100 más del 70 por 100 de las medidas del Informe.

El segundo de los bloques que hemos aprobado hoy, que también es una reforma estructural fundamental, afecta al sector del transporte, con los Proyectos del Ley del Sector Ferroviario y de Carreteras, que presentará la Ministra y que enviamos también al Congreso de los Diputados. Y también a propuesta del Ministerio de Fomento, se ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de la Autovía A-68, un tramo muy importante, Figueruelas-Gallul, con un valor estimado de 56 millones y medio de euros.

Tercer asunto, también muy importante: hoy se aprueban dos Reales Decretos por los que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Segura, y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. En respuesta a la falta de precipitaciones en ambas demarcaciones, que ponen en riego la demanda de agua en estos territorios, se aprueban estos Reales Decretos de sequía, que irán acompañados, además, la próxima semana de un crédito extraordinario para financiar las actuaciones que deben acometerse con carácter urgente, del entorno de los cincuenta millones de euros y cuyo informe con carácter urgente hoy hemos solicitado al Consejo de Estado.

¿Qué medidas se adoptan y para qué? El objetivo es incrementar el agua disponible con medidas excepcionales limitadas en el tiempo y se va a hacer con el consenso de todos los agentes implicados, especialmente los usuarios. ¿Qué medidas se adoptan? Establecimiento de reglas excepcionales en la utilización del dominio público hidráulico. Se prevén modificaciones en las dotaciones de suministro o en los criterios de selección de recursos, con el objetivo de evitar poner en riesgo la garantía de abastecimiento.

En segundo lugar, se movilizan todos los recursos disponibles. En la cuenca del Segura, la utilización de aguas subterráneas no asignadas que funciona como una reserva estratégica para estos casos y, en total, se usarán 89 pozos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura; la movilización de agua desalada hasta un volumen de 66 hectómetros cúbicos y, temporalmente, las cesiones de derecho por el volumen total previsto en el título concesional del cedente para optimizar el uso del agua.

En la Cuenca del Júcar, se ejecutarán, además de las medidas de gestión del dominio público hidráulico con carácter excepcional, obras de captación para poner en funcionamiento entre cinco y diez pozos más de sequía.

Como digo, estará previsto un crédito extraordinario que permitirá determinadas actuaciones y determinadas infraestructuras imprescindibles para poder hacer frente a esta situación de sequía, y, entre otras, la conexión de alguna desaladora con zonas especialmente necesitadas, como Lorca, de agua.

Capítulo de inversiones. Aparte de la que hemos destacado en el ámbito de Fomento, me gustaría señalarles que el Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de límites y el número de anualidades establecida en La Ley General Presupuestaria para que el Ministerio de Justicia contrate proyectos de obras en edificios judiciales e inversiones informáticas durante los próximos cinco años. Se eleva el límite de gasto para que la inversión alcance los 152 millones de euros. La inversión en nuevas tecnologías garantiza, además, el programa de digitalización de la Justicia durante este año y el próximo, y diversas encomiendas, como el mantenimiento del sistema de gestión procesal o la plataforma tecnológica de registros procesales.

Entre las inversiones en edificios judiciales más importantes destacan los nuevos edificios de Juzgados de Albacete, Badajoz, Guadalajara, Lorca, Segovia y Ibiza, el Campus de la Justicia de Valladolid o la rehabilitación de la sede judicial de Ceuta.

En el capítulo de condecoraciones, quiero destacar que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a Abel Martínez Oliva, por cumplir con su deber como profesor, protegiendo a sus alumnos y a sus compañeros en el Instituto Joan Fuster de Barcelona. Como saben, nación en Lleida en 1979 y desde 2008 ejerció como docente en diferentes centros educativos de Cataluña; el último, este Instituto donde falleció el pasado 20 de abril.

Como saben, esta Gran Cruz tiene un carácter restringido y únicamente pude ser otorgada, y por eso se hace, a personas físicas españolas o extranjeras que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, a la docencia y a la investigación. El Consejo de Ministros, a petición entre otros del Consejo Escolar del Estado, considera que Abel Martínez Oliva lo ha hecho y ha prestado un servicio extraordinario a la comunidad educativa y a todos los españoles.

Sra. Pastor.- Como saben, durante esta Legislatura todos los sectores que abarcan la actividad del Ministerio de Fomento hemos llevado a cabo una profunda revisión legislativa y una actualización. Les pongo como ejemplo las dos leyes que han transformado el sector de la vivienda, la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana, y también la Ley que flexibiliza el mercado del alquiler. Hemos reformado el mercado del transporte, con la aprobación de la nueva Ley del Transporte, y para culminar este proceso de reformas, hemos aprobado en el Consejo de Ministros estos dos Proyectos de Ley, que son tan importantes, no solamente para mejorar el transporte en nuestro país por carretera y por ferrocarril, sino que son importantes, fundamentalmente, para mejorar la calidad del transporte.

El pasado 13 de marzo, como saben, se presentó el Anteproyecto de Ley del sector ferroviario y, tras ese paso por el Consejo de Ministros, se ha sometido a audiencia pública de todos los sectores y a dictamen del Consejo de Estado, y hoy se trae aquí para su tramitación parlamentaria.

Empezaré por la Ley del Sector Ferroviario y les diré cómo pasa este Proyecto de Ley a las Cortes Generales. Saben que la legislación es una legislación que ha habido que adaptar a la normativa comunitaria y que, además, la Ley de 2003 quedaba antigua para la potencia ferroviaria que es hoy España.

Y en este momento el último informe internacional que conocemos recoge que el factor clave del turismo --uno de los factores, pero el más importante de la calidad del turismo-- en España es precisamente la calidad de sus infraestructuras.

Pues bien, esta Ley pretende, en primer lugar, establecer un marco jurídico que permita seguir desarrollando este modelo ferroviario español de excelencia; en segundo lugar, conseguir un incremento de la oferta a los ciudadanos y una mejora de la calidad del servicio que prestamos en el sector ferroviario; también, reforzar la seguridad, todos los elementos y todos los mecanismos de seguridad, con la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria; y, asimismo, transponer al Derecho español la normativa comunitaria.

En materia de infraestructuras hay cambios muy importantes. El primero de todos es que la planificación en infraestructuras debe estar en una ley. No se puede dejar, a mi juicio, tener, desde luego, un modo de gestionar u otro, sino que tiene que haber una estrategia indicativa, que corresponde de planificación al Ministerio de Fomento; tiene que haber un programa de actividad y tiene que haber, sobre todo, un convenio entre el ADIF, el Gestor de Infraestructuras, y el Ministerio de Fomento para ver qué infraestructuras son las importantes, cuáles son las relevantes y cuáles generan vertebración en nuestro país, y el análisis siempre de la eficiencia social y también de la eficiencia económica.

Por lo tanto, no se va a hacer ninguna línea ni ninguna infraestructura en nuestro país si no tiene un análisis previo en profundidad de cuáles son su retorno social y económico.

También quiero decirles que el sistema actual de cánones es antiguo y es poco incentivador. Es decir, para que se hagan una idea, da igual ir con un tren diez kilómetros que cien mil. Por lo tanto, entendemos que tiene que haber incentivos a que haya, lógicamente, mucha más actividad. Se elimina el canon de acceso, que suponía una barrera para muchos operadores, y se crea el canon por utilización de energía eléctrica y también de tracción y zonas de carga y descarga. No voy a detenerme, porque es muy técnico, en todos los tipos de cánones que aparecen.

En el transporte de mercancías introducimos medidas que son muy importantes. Una de todas es una mayor liberalización de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas. Para que haya mayor competencia, tiene que haber transparencia y todos los operadores tienen que dar cuenta a los administradores de infraestructuras de sus cuentas. Tenemos que conocer con transparencia cuáles son sus costes y, por tanto, cómo repercuten los costes en los precios.

Se simplifican el régimen tarifario y las autorizaciones, y se impulsa el papel de los puertos. En España, como saben, hay parte de la red ferroviaria que está dentro de los puertos. Nosotros estamos intentando potenciar precisamente la conectividad ferroportuaria y esas infraestructuras tienen que tener otras condiciones, otras características y, sobre todo, otros requisitos, porque están dentro de un ámbito distinto de actuación.

Además, quería decirles que en el servicio de transporte por viajeros los operadores ferroviarios tienen que aportar información de actividad e información contable. Esto, por ejemplo, ya lo estamos haciendo en aerolíneas. Nosotros, en las aerolíneas, tenemos información detallada de su contabilidad, de si tienen algún tipo de riesgo, en la explotación, etcétera, de tal modo que podemos, de forma preventiva, actuar. Esto también lo vamos a hacer en todo el sector ferroviario. Las empresas deberán, además, tener cuentas separadas de las actividades de mercancías y de viajeros.

En materia de seguridad, se crea la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que es independiente, como saben, y que va a velar en todo momento por garantizar los máximos estándares de seguridad. También cambiamos el régimen sancionador, sobre todo, reforzando los derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con su seguridad.

El segundo bloque son carreteras. La Ley de Carreteras, como saben, era una ley muy antigua. Creo que tenemos unas infraestructuras viarias de muy buena calidad, pero nos quedan por hacer, sin duda, muchas cosas. Esta Legislatura ha sido la Legislatura de cerrar los grandes ejes vertebradores (el eje del Cantábrico, todo el eje del Corredor Mediterráneo, Despeñaperros…) y las grandes infraestructuras.

Pero esas infraestructuras, las de ahora y las del futuro, no pueden quedar tampoco sin una rigurosidad en su planificación, y, sobre todo, que cualquier carretera que se haga en España tiene que tener previamente un análisis de eficiencia, de retorno económico y social, y de intermodalidad. Me habrán escuchado muchas veces que he dicho que en algunos sitios hay de todo y en otros hay muy poco, y ése es un problema: la simetría. Por lo tanto, tenemos que acabar con las asimetrías que tiene nuestro país.

Se mejoran los sistemas de coordinación entre las Administraciones. Saben que es muy importante un punto nuevo que introduce el Proyecto de Ley, que es la suspensión temporal cautelar de las recalificaciones urbanísticas que pueden afectar a la planificación de una nueva vía para evitar actuaciones especulativas. Se establece la nulidad de pleno derecho de las decisiones urbanísticas adoptadas sin considerar las necesidades de una construcción de una infraestructura, de una carretera, desde que está en fase de información pública, lógicamente. Y también se articula la mejora de la seguridad vial, de tal modo que una carretera, no es que tenga que tener medidas de seguridad vial cuando se hace o cuando está construida, sino previamente. Igual que se hace el impacto medioambiental, se va a hacer un impacto sobre la seguridad viaria; es decir, ver todas las condiciones por dónde transcurre una carretera, y las que pueden afectar, desde los radios de curvas, hasta la longitud de una curva. Y también auditorías permanentes de seguridad vial.

Se introducen medidas específicas de patrimonio público viario. Para que nos entendamos todos, Fomento podrá ordenar, en travesías, incluso en travesías urbanas, la retirada de publicidad que pueda afectar a la seguridad viaria o a la explotación de una vía, porque distraen al conductor y pueden generar, como saben, peligro para la circulación.

Se refuerza la cooperación entre la Administraciones con un régimen de simplificación del régimen de autorizaciones sobre el uso de las zonas de protección de las carreteras del Estado. Ésta es una medida CORA, una de las muchas que ha presentado la Vicepresidenta.

Se introducen mejoras en la gestión administrativa de carreteras. Por ejemplo, se reconoce la iniciativa particular en la promoción de áreas de servicio para la mejora de los servicios de los usuarios. Y ponemos una limitación, sobre todo en las explotaciones de gasolineras, para que no pueda haber más de tres seguidas de un mismo proveedor, sino que tiene que haber competencia, lógicamente, para que los ciudadanos puedan elegir a qué proveedor van. Y eso con el fin de obtener mejores precios, lógicamente.

Se promueve el desarrollo de aparcamientos seguros en las autovías para garantizar la seguridad de los conductores, sus vehículos y sus mercancías.

La Ley considera el papel de las nuevas tecnologías: se van a introducir sistemas inteligentes de transporte y para eso saben que es muy importante el desarrollo de la fibra óptica; ofrecer información real a los conductores, incluso a través de su terminal móvil, e implantar dispositivos de transmisión de información desde los Centros de Gestión de Tráfico a los vehículos, sobre todo de condiciones de lluvia, de hielo o de nieblas.

Se modifica el régimen sancionador de autopistas de peaje, lo que permitirá un cumplimiento más eficaz de las obligaciones. Estoy hablando de multas de un régimen sancionador que era de los años 70; de 1973, concretamente. Había multas que estaban en pesetas; las de ahora también, pero sólo que multiplicadas.

Y se introducen mejoras en materia de competencia y accesibilidad. Para promover la competencia de la que les hablaba en el sector de carburantes, se prohíbe el encadenamiento excesivo de estaciones de servicio; como digo, como mucho pueden llegar a tres. Y las áreas de servicio de descanso en los aparcamientos tienen que contar, lógicamente, no sólo con actuaciones en materia de seguridad, sino que tienen que ser seguros y tienen que ser accesibles.

Finalmente, y termino ya, esta nueva Ley actualiza la legislación adaptándola a los tiempos que corren; promueve una mejor utilización de los recursos disponibles --aquí no se van a hacer carreteras dependiendo de intereses particulares, si me permiten, sino del interés general--; promueve una mejor utilización de todos los recursos; mejora la coordinación entre Administraciones; evita que se produzcan actuaciones especulativas en torno al sistema viario, a las carreteras; articula medidas de mejora de la seguridad vial; y, por último, medidas de protección del patrimonio público viario.

P.- Vicepresidenta, tengo dos preguntas para usted. Respecto a la investidura de Susana Díaz, y esta misma mañana se ha producido la segunda votación, la segunda no investidura, en este caso, de Susana Díaz, el Gobierno siempre ha dicho y ha repetido la importancia de la estabilidad, estabilidad política y estabilidad institucional. ¿Qué parte de responsabilidad puede tener el partido que sustenta el Gobierno para que no haya estabilidad política en Andalucía?

Eso por un lado. Y si me permite también, sobre el resultado de las elecciones en el Reino Unido, la victoria de David Cameron, ¿qué valoración hace el Gobierno español sobre eso? Y una cuestión muy concreta: las encuestas, los sondeos, los pronósticos, han fallado absolutamente todos. ¿Cree que esto es algo que puede ocurrir también en España?

Vicepresidenta.- En relación con la primera de sus preguntas sobre la investidura de Susana Díaz, la presidenta entonces de la Junta de Andalucía decidió convocar unas elecciones, cuando temporalmente no tocaban o no eran obligadas, por ganar estabilidad. Yo creo que quien toma estas decisiones tiene que valorar las consecuencias que pueden generar. Lo hizo por, decía, ganar en estabilidad. Como digo, no era obligado; podía haber aguantado hasta el final de la Legislatura. Tenía unos presupuestos aprobados y decidió convocar unas elecciones. Yo creo que cada uno tiene que ser consecuente y asumir las responsabilidades de sus decisiones, sobre todo decisiones tan personales, si me permite, como ésta, que corresponde al presidente de cada Administración.

Sobre la posición del resto de los partidos, no le corresponde al Gobierno. Cada uno de los partidos, de acuerdo con las conversaciones que hayan tenido y el propio trato que haya recibido del partido que le corresponde o que tiene que intentar formar gobierno, es quien tiene que tomar esas decisiones. Desde luego, no el Gobierno de la nación.

Sobre los resultados en el Reino Unido, como es habitual entre países socios y amigos, el presidente del Gobierno ha felicitado esta mañana mismo al presidente del Partido Conservador por su victoria ayer, reconociéndole, además, la decidida labor reformista que ha llevado a cabo ese Gobierno y que ha permitido, además, impulsar medidas que son necesarias para el bienestar de los ciudadanos y para el dinamismo de la economía del Reino Unido, que hay que reconocer.

Nosotros entendemos que el nuevo Gobierno continuará contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales hispano-británicas y a la necesaria concertación política, que es fundamental en el seno de la Unión Europea, con lo que, hecha esa felicitación y ese reconocimiento a una labor que ha llevado muy reformista, nosotros seguimos trabajando en la línea en que la hemos mantenido hasta ahora con el Gobierno británico.

Me pregunta por las encuestas. Yo siempre aquí soy muy prudente valorando encuestas, porque aquí se ha visto, y más en Estados, y ahí tenemos una cierta similitud bastante amplia con el Reino Unido… Sobre todo en escenarios tan cambiantes y tan --si me permite llamarlo-- novedosos, donde se producen circunstancias, es muy difícil valorar y acertar en la interpretación. Y al final, lo que importan son los resultados de las urnas y lo que los ciudadanos en las urnas valoran como mejor para sus propios intereses.

Pero eso avala la prudencia que siempre tenemos desde esta mesa en esas valoraciones y en extraer muchas veces conclusiones antes de tiempo porque, ya digo, son escenarios novedosos, en los que tampoco puedes tirar de precedente, de serie histórica. En España sólo hace falta mirar hacia atrás y lo que ha pasado, y entonces yo creo que se impone la prudencia.

P.- Para la Vicepresidenta. En relación con la situación en Andalucía, quería saber si el Gobierno considera que una posible salida podría ser un pacto entre los principales partidos para dejar gobernar a la lista más votada después de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, y si ve que eso podría ser posible.

Por otro lado, respecto al Real Decreto Ley sobre los derechos televisivos del fútbol, después de la huelga que se ha convocado, quería saber si el Gobierno está abierto a alguna modificación y si comparte la opinión de la Liga de Fútbol Profesional de que se trata de una huelga ilegal.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los asuntos, y en relación con Andalucía, nosotros somos dos Administraciones y dos Gobiernos distintos, y, desde luego, nosotros no vamos a interferir, y, además, a nada que hemos dicho cualquier cosa que no era tal, ya se ha encargado la Junta de Andalucía de exponer sus discrepancias.

Aquí son dos Administraciones distintas. La que fue, y ahora no está investida, presidenta de la Junta de Andalucía ha decidido convocar elecciones y ella es la que tiene que trabajar por lograr ese Gobierno estable y llegar o no a acuerdos. Desde luego, el Gobierno no es quien para decirle al resto de los partidos del arco parlamentario lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Yo creo que ésa es una tarea que le corresponde a la no investida presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Susana Díaz: trabajar por constituir un Gobierno. Es que fue su opción. Convocó unas elecciones en ese momento porque era lo que consideraba más conveniente para constituir un Gobierno estable. Pues le corresponde trabajar por eso o poner de manifiesto que el resultado de esa decisión le ha llevado a una situación quizá más complicada de la que vivía con anterioridad.

Pero el Gobierno, que es otra Administración, no es quien para decirle a ningún partido, ni siquiera al que le sustenta, lo que tiene que hacer en este punto. Imagínese a los otros por los que usted me pregunta.

Sobre los modelos de explotación de los derechos audiovisuales en las competiciones futbolísticas y el sistema de repartos, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley precisamente porque las partes implicadas así lo solicitaron todas ellas. Se puso de manifiesto, de forma unánime, por los organizadores de las competiciones, los clubes y los futbolistas la necesidad de reformar ese modelo y que, además, se hiciera con carácter estable y por el Gobierno. Nosotros atendimos a lo que era una petición o una demanda que le hicieron al Gobierno de una solución urgente para establecer un marco estable, transparente y de optimización económica.

Nosotros creemos que son las partes las que, en el marco de ese consenso, que es de donde nace, tienen que trabajar. Al Gobierno le plantearon el acuerdo unánime de todos en la necesidad de reformar el sistema y por eso lo hizo. Yo lo que invito a las partes es que en este asunto, que, como ustedes saben, desde hace ya largos años no es fácil, sigan trabajando en ese entorno de consenso que lograron para pedírselo al Gobierno. Y yo espero que vuelvan a lograrlo para solventar esta situación que tienen entre ellos.

P.- Quería preguntarle a la Vicepresidenta a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, que hemos conocido hoy, sobre la enseñanza del castellano en las escuelas de Cataluña, de la polémica que hemos vivido estos días también con la prescripción y ese argumento que escuchamos por parte del Gobierno catalán, de las autoridades educativas, que dice que el problema surge porque desde el Gobierno central hay un problema con la identidad catalana. Yo no sé cuál es la respuesta a esas quejas del Gobierno de Cataluña.

Vicepresidenta.- El Gobierno de la nación respeta dos elementos fundamentales, que yo creo que los tenemos que respetar todos, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos; y, en segundo lugar, las resoluciones judiciales. Yo creo que ese es el marco en el que se mueve la democracia y en el que nos debemos mover todos.

En primer lugar, nosotros consideramos que la libertad de los padres y de los alumnos es fundamental, y la tiene que respetar y la respeta el Gobierno de la nación, y la tiene que respetar el resto de la comunidad educativa, porque el sistema educativo precisamente es para eso: para formar nuevos ciudadanos y hacerlo en libertad.

¿Quién decide cómo ha de hacerse? Pues, indudablemente, los Tribunales y el Tribunal Supremo ha sido muy claro; y lo han sido numerosos pronunciamiento de los Tribunales, tanto el Superior de Justicia de Cataluña en numerosas ocasiones, como también el Tribunal Supremo, de cómo ha de articularse esa libertad.

Yo creo que uno no puede hacer otro tipo de interpretaciones cuando de lo que se está hablando es de respeto a las decisiones de los Tribunales, y ahí están esas decisiones de los Tribunales, que aplican la Ley, y del Gobierno, que tiene que velar porque la Ley se cumpla, dentro del marco de la Constitución.

Para nosotros, todas las lenguas, el castellano y el resto de las lenguas cooficiales, son lenguas de España. Así está previsto en nuestra propia Constitución, como está prevista la libertad de los ciudadanos, y es el Tribunal Supremo el que establece cómo ha de hacerse. Este Gobierno respeta y cumple, cuando le afectan, y acata, sentencias de los Tribunales, y aquí todo el mundo ha de hacerlo así. Porque fuera de la Constitución, fuera del cumplimiento de las resoluciones de los Tribunales y del respeto a los derechos de los ciudadanos, ya no estamos hablando del cumplimiento de las leyes democráticas; estamos hablando de otro tipo de planteamientos. Pero el marco en el que este Gobierno se mueve es en el respeto que establece la Constitución a todas las lenguas, en el ejercicio de la libertad, que ha de respetarse, y en el respeto a las resoluciones de los Tribunales, que dicen cómo ha de articularse. Ese es nuestro marco de actuación.

P.- Vicepresidenta, yo también quería preguntarle por la huelga del fútbol. Más allá de que el Gobierno ha atendido una petición de todas las partes, unánime, para llevar a cabo este Real Decreto Ley, ¿le parece oportuna esta huelga en la situación económica en la que nos encontramos? ¿Temen que pueda colarse, de alguna forma, la huelga en la campaña electoral?

Vicepresidenta.- Yo no estoy aquí para decidir si es oportuno o no oportuno. Cada uno toma las decisiones con medidas laborales que considere oportunas, siempre dentro del marco de la Ley. Cada uno tendrá que dar sus argumentos y explicarlos.

Yo puedo explicar cuál ha sido la actuación del Gobierno. Cuando todo el sector, todos los afectados, llegan al Gobierno y dicen "nos hemos puesto de acuerdo en que ha de establecerse un régimen centralizado; queremos que sea estable, duradero y transparente, y queremos que lo haga el Gobierno en este marco", nosotros es lo que hemos hecho.

Y, si me permite, yo creo que fútbol es fútbol. Ya está bien de meter la política en todos los ámbitos. Nosotros hemos tratado de ayudar a solucionar un problema porque, por otro lado, nos lo han demandado, como ha ocurrido en otros Estados, como es el caso italiano. Pero yo no voy a entrar a analizar motivaciones, peticiones o decisiones de otro tipo. No me corresponde. Nosotros estamos aquí para ayudar a solucionar problemas.

P.- Primero, más que preguntas son dudas sobre la reforma de la Administración. El registro electrónico al que ha aludido, ¿es único o cada Ministerio tendrá uno?

Vicepresidenta.- ¿El de organismos? Único. Es un inventario único.

P.- Cuando dice que no se pedirá documentación original, ¿es de todas las Administraciones o de la Administración a la que se está refiriendo? Si un trámite requiere un documento de la Administración central, otro de la municipal y otro de la…

Vicepresidenta.- En lo que estamos trabajando en ese punto, y ya hemos avanzado para que pueda cumplirse la Ley, son las Plataformas de Intermediación de Datos. Eso ¿qué quiere decir? Que, si, por ejemplo, tú tienes que abrir un procedimiento en una determinada Administración en la que necesitas papeles de otros, a través de esa Plataforma de Intermediación de Datos tú puedas obtenerlo. Por ejemplo, en el caso de un certificado de una determinada Administración que es necesario para hacer trámites en otra, que a través de esa Plataforma de Intermediación de Datos tú puedas extraer esa documentación que necesitas para llevarla a cabo.

Como digo, la Plataforma de Intermediación de Datos ha sido algo que estamos implantando con carácter amplio en esta Legislatura y nos va a permitir que cumplamos precisamente con esa máxima. Es la implantación práctica de esa máxima de no demandar al ciudadano, primero, documentos que tiene la propia Administración --eso es más fácil-y, segundo, documentos que tiene otra Administración. ¿Cómo se hace? Poniéndolos todo en común a través, sobre todo los más habituales, de esa Plataforma de Intermediación.

P.- Y la tercera duda es: ha dicho que se han firmado convenios para evitar duplicidades con catorce Comunidades. Me gustaría saber con cuáles no.

Vicepresidenta.- Son dos aspectos distintos. Hemos firmado 292 convenios --luego le podremos dar el desglose-- con distintas Administraciones en muy diferentes ámbitos. Por ejemplo, contratación administrativa, al que se han ido sumando distintas Comunidades Autónomas. Eso por un lado, y eso son generales y varían mucho.

Luego, hay Comunidades Autónomas... Lo que hemos hecho es un balance, porque siempre nos preguntan: ¿las Comunidades Autónomas están asumiendo medidas CORA? Pues sí, todas han asumido medidas CORA; ya le digo, todas. Pero hay un mayor número, que son quince, que han asumido más del 85 por 100 de las medidas CORA y, si no me falla la cabeza, diez han asumido más del 90 por 100.

Pero como esta documentación es pública, y saben que la colgamos, tanto en la página CORA, como en el Portal de Transparencia, tienen el desglose de los convenios y de toda la documentación firmada.

P.- Y ahora va la pregunta.

Vicepresidenta.- Ahora va la pregunta, porque esto eran dudas, que yo agradezco, ¡eh!, porque el tema no es fácil.

P.- En relación con los problemas que se están viendo en Andalucía para llegar a un acuerdo de un Gobierno estable, y los que, según el CIS ayer, se podrían plantear a futuro, ¿el Gobierno se podría plantear alguna medida para garantizar Gobiernos estables, como está haciendo, por ejemplo, Italia?

Vicepresidenta.- Mucho debate sobre este asunto. Yo quiero recordarles que, cuando planteó el Gobierno precisamente un debate sobre esta cuestión, hubo bastante oposición por parte de otros grupos políticos. Nosotros, sabiendo que es necesaria la estabilidad, sobre todo porque se planteaba especialmente en el ámbito municipal, en el ámbito municipal abrimos ese debate y no es que tuviéramos muchos compañeros de viaje en el debate; más bien, todo lo contrario. Pone de manifiesto que ese problema, de momento, salvo Andalucía, que, como digo, además, responde a una decisión muy política y absolutamente intencional… No es que tocara convocar esas elecciones y se convocaran; se decidió convocarlas y ahora el problema es mayor que el que se tenía al principio, y se convocó para resolver un problema que parece ser que se ha agravado.

Dicho lo cual, en el resto no se han celebrado elecciones. Yo creo que hay que esperar al resultado de las elecciones. Hemos visto lo que pasa en otros sitios en que hay ciudadanos, en este caso en el Reino Unido, que han tenido en cuenta también esa estabilidad. Vamos a ver qué pasa en España; pero es que ese debate, cuando se planteó, alejado, por otro lado, de los comicios, la posición parecía que era muy diferente y no encontramos ese eco que, a nuestro juicio, es importante para reformas de esta naturaleza.

P.- La primera conclusión o análisis que se ha hecho en el Reino Unido de la victoria por mayoría absoluta de David Cameron es que los ciudadanos han valorado las reformas económicas que ha puesto en marcha y, sobre todo, la creación de empleo, dándole esa mayoría absoluta. Entonces, me gustaría preguntarle por qué creen que aquí, en España, todavía en las encuestas sociológicamente no se pone de manifiesto ese apoyo al partido que está gobernando, a pesar de la creación de empleo y los datos de crecimiento del PIB que tenemos.

Ligado a esto, me gustaría preguntarle también otra cosa, que es cómo valora la cercanía que la encuesta del CIS puso ayer de manifiesto entre el PP y el PSOE, prácticamente un empate técnico, a seis meses de las elecciones generales.

Vicepresidenta.- Creo que le voy a contestar a las dos, especialmente a la primera, que es que se contesta por sí misma. Usted me dice: en las urnas, los ciudadanos han valorado las reformas, el crecimiento y la creación de empleo; y las encuestas en el Reino Unido parecía que no valoraban la situación económica, la mejora del crecimiento y la creación de empleo. Es lo que pasa aquí: que las encuestas, según usted me dice, parece ser que no lo valoran; pero es que en el Reino Unido tampoco lo valoraban. O sea que, siento decirle que, con su pregunta, casi es la respuesta: que a lo que hay que estar es a los ciudadanos en las urnas.

Y si me permite que le diga, yo creo que los ciudadanos sí empiezan a valorar. El lunes salió el Índice de Confianza del Consumidor: récord de su serie histórica; no de antes de la crisis, de su serie histórica. En estos últimos meses hemos logrado que supere los cien puntos, que era como un tope que nunca se había superado, y ahora está en 104. Es decir, una cosa con las encuestas, que parece ser que en algunos sitios no han acertado, y otra cosa es el sentimiento de los ciudadanos que, por otro lado, se mide en las elecciones.

Y, como ya digo, siempre con prudencia, la valoración de las encuestas.

P.- No sé si ha dado una cifra global del ahorro que han supuesto las medidas CORA de reforma de la Administración; no sé si hay una cifra global, o no la ha dado.

Luego, a la ministra de Fomento me gustaría preguntarle sobre el tema de la especulación para hacer autovías, especulación para recalificar terrenos. ¿Cómo piensa intervenir el Gobierno? ¿Cuál es el proceso para intervenir y para evitar eso?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, fundamentalmente, hemos destacado, aparte de otros muchos datos, tres elementos importantes en el cumplimento del Informe de la Reforma de la Administración: unos ahorros generados de 20.200 millones de euros, en los que, como digo, no incluimos ingresos generados de la venta de participaciones del Estado, porque entonces superarían los 25.000 millones. Pero, dejando eso al margen, 20.200 millones de medidas de buena gestión, por llamarlo de alguna manera.

En segundo lugar, supresión neta de entes públicas, empresas públicas y demás tipos de organismos, 2.194, entre el Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; y el 70 por 100 de las medidas del Informe ejecutadas al 100 por 100. Las otras están en avanzado fase de ejecución, pero todavía tenemos algunos meses.

Sra. Pastor.- Con respecto a la pregunta que me hace, quiero decir que la Ley es clarísima. La Ley lo que dice es que hay una suspensión temporal, cautelar, de cualquier recalificación urbanística, y, por lo tanto, que pueda afectar a la planificación de una vía. Es decir, que, cuando usted inicia el procedimiento, hace el encargo del estudio informativo, a partir de ese momento no se puede hacer ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque se estaría interfiriendo en el precio de los terrenos que circundan a una nueva carretera o a una nueva vía. Por lo tanto, la Ley es meridianamente clara. En segundo lugar, cualquier actuación que se haga en contrario es nula de pleno derecho.

Por lo tanto, en torno a la planificación de una infraestructura viaria no se puede hacer ningún tipo de operación urbanística. Así de claro.

Le recuerdo que el Gobierno, en materia también de expropiaciones, aprobó ya una norma muy importante que es aquella que determina, por ejemplo, en el caso de las autopistas, que, cuando hay sentencias con respecto a los valores de las expropiaciones, se le descuenta al concesionario de la RPA. Y también, como usted conoce seguro, en el Gobierno en este momento estamos trabajando --lo sabe bien la Vicepresidenta-- en una modificación de la RPA española, que, como usted sabe, hace una valoración de la responsabilidad patrimonial de la Administración; la hace del valor invertido. A nosotros nos parece que se está vulnerando el principio de riesgo y ventura, y, por lo tanto, el cambio que vamos a hacer en la norma --que hay que llevar a las Cortes, lógicamente-- va en el sentido de que sea el valor actual del bien, como dicta el sentido común y, además, en beneficio del interés general.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.