Vicepresidenta.- Buenos días. Cuando a principios del siglo pasado, en 1911, se convocó el primer Día Internacional de la Mujer, había muchas causas que reivindicar: el derecho al voto, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Un siglo después seguimos peleando por los derechos de las mujeres, contra la violencia que se ejerce contra ellas, por la igualdad de derechos y por la promoción de condiciones de igualdad real y efectiva en la vida diaria.
La celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo día 8 es una buena ocasión para renovar el compromiso firme del Gobierno con la igualdad de la mujer; de todo el Gobierno, como sabe muy bien el Vicepresidente Solbes, que hoy nos acompaña. Es un compromiso evidente, constante y permanente. Desde la constitución misma del Gobierno paritario, como saben hemos ido asumiendo medidas, con dos leyes fundamentales, vanguardistas: la Ley contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica de Igualdad, que se aprobará previsiblemente en las próximas semanas.
Desde el inicio de la Legislatura hemos aprovechado la celebración, como recordarán también, del 8 de marzo para dar un empuje a la igualdad real entre hombres y mujeres. Ésta es la tercera ocasión en que lo hacemos.
Cada año hemos establecido medidas concretas y hemos evaluado el cumplimiento de las anteriores. Recordarán que hace dos años fueron 54 iniciativas, que el año pasado se completaron con otras nuevas, incluyendo lo que era el Anteproyecto de Ley de Igualdad, porque la igualdad no se logra de la noche a la mañana; exige largo tiempo y requiere pasar de las grandes iniciativas macropolíticas y de la frialdad de los papeles a la micropolítica, a la calidez y a la cercanía, a las condiciones en que viven y trabajan las mujeres en su día a día, para que las grandes medidas, las grandes leyes, irradien su poder de cambio sobre las actitudes cotidianas. Y esto es largo y costoso.
Este año también, como les decía, hemos aprovechado la celebración la próxima semana del día 8 de marzo, para revisar y para promover medidas concretas y directas, aunque el Plan de Igualdad que aprobaremos este año, de aquí al final de la Legislatura, lo haremos en unas semanas, en el momento en que esté aprobada la Ley de Igualdad, para contener e incluir en el mismo las medidas de puesta en marcha y ejecución contenidas en dicha Ley.
En estos momentos en el estado de cumplimiento se encuentra lo que hemos venido haciendo en estos dos planes de los dos años anteriores. Les diré que creo que el balance es razonablemente positivo. Las 54 medidas del Plan de Igualdad de 2005, todas ellas, como recordarán, estaban en marcha en el año 2006 y han seguido desarrollándose en el último año y en las ocho áreas en que incidía: empleo; empresa; conciliación de la vida laboral y familiar; investigación; solidaridad; deporte; violencia de género y acceso al empleo público.
El detalle pormenorizado de la evaluación de cada una de las 54 iniciativas del primer año y del segundo se está elaborando. Hoy lo hemos podido ver y se lo facilitaremos en los próximos días, porque es muy prolijo y todavía no está en condiciones en limpio de podérselo pasar, pero se lo haremos.
También evaluaremos la situación de las iniciativas adoptadas hace un año complementarias del Plan para las Mujeres con Discapacidad, que aprobamos a finales del año pasado, y de la constitución del Observatorio de Violencia de Género.
Sí voy a referirme en particular, sobre todo por lo notable de los resultados y por la importancia que los mismos tienen, a los avances que se vienen produciendo, gracias al impulso que estamos dando y a las medidas adoptadas, en el área de empleo y de las empresas, porque en estos momentos más de ocho millones de mujeres tienen trabajo en España, lo que significa el 41 por 100 del empleo total.
En el año 2006 el empleo femenino aumentó en más de cuatrocientos mil puestos de trabajo, lo que ha situado la tasa de paro femenino en el 11,4 por 100. Es una tasa todavía mayor que la masculina, pero la brecha que había se va cerrando de forma continuada.
La tasa de temporalidad de empleo femenino ha descendido también, pues casi un millón de mujeres firmaron el pasado año un contrato indefinido, y ha mejorado también la calidad del empleo ocupado por las mujeres. Por darles sólo un dato, en el sector de intermediación financiera, casi el 90 por 100 de los empleos creados han sido ocupados por mujeres, y en el de Investigación y Desarrollo, casi un 60 por 100. Los datos son también muy positivos en el trabajo autónomo, donde el número de altas de las mujeres es de 45.000.
Respecto a la creación de empresas por mujeres, que hemos venido desarrollando a través del programa "Emprender en femenino", nacido del convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, a mediados del cuarto trimestre del año 2006 se habían creado ya un total de casi dos mil empresas y se ha facilitado información a diez mil mujeres.
A través de los Convenios celebrados entre la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, siete asociaciones de mujeres, el Instituto de la Mujer y la Fundación La Caixa, 142 mujeres emprendedores crearon su propia empresa el año pasado mediante la concesión de microcréditos.
Les dije hace un año que el camino hacia la igualdad es largo, porque está asentado en estereotipos y costumbres culturales difíciles de cambiar; pero estamos avanzando. Sin duda, no todo lo rápido que nos gustaría, pero avanzamos. Las dificultades se están percibiendo especialmente, y de manera muy lamentable y triste, en la lucha contra la violencia de género.
Asistimos con amargura a una cuenta trágica de casos de mujeres asesinadas por sus ex parejas; pero yo estoy convencida de que, con el apoyo de los ciudadanos, ganaremos. Tardaremos, pero ganaremos. Ganaremos la batalla de la violencia machista, se lo aseguro, y en ello estamos poniendo un esfuerzo muy especial y constante.
Recordarán que el pasado 15 de diciembre aprobábamos un plan de choque que contenía la puesta inmediata en marcha de veinte medidas para establecer más medios y tener un mayor control. Hace tan sólo tres días tuvimos un buen ejemplo de ese trabajo con la creación de las Unidades Provinciales de Lucha contra la Violencia de Género; una medida pionera y necesaria para que la prevención, la protección y el cuidado de las mujeres pase de los despachos y el papel a los hogares, a sus casas.
El 17 de abril, como saben, me he comprometido yo misma a dar cuenta del funcionamiento inicial de estas Unidades. Vamos a hacer un seguimiento diario desde el Gobierno. Acabamos de firmar también un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias que avanza en el mismo sentido, estableciendo colaboración con las Policías Locales, y estamos dispuestos a someter todo el conjunto de medidas a una evaluación continua.
Pues bien, además de la creación de esas Unidades Provinciales, de las veinte medidas que adoptamos en diciembre y del acuerdo de la FEMP, hoy de nuevo el Gobierno da un impulso y hemos aprobado, sin esperar al Plan de Igualdad, otras diez iniciativas adicionales para luchar contra la violencia de género.
En primer lugar, hemos dado instrucciones para que el Instituto Nacional de Estadística establezca estudios del tema de la violencia, de la realidad social, para que conozcamos con mayor nivel de información qué es lo que está pasando, cuándo está fallando y cuáles son los mecanismos. Tenemos información pero queremos profundizar en la información, incluso, por ejemplo, a través de la Encuesta Nacional de Salud.
Vamos a ampliar el servicio de teleasistencia móvil, con veinte mil teléfonos gratuitos más, con más agilidad e información para acceder al servicio, de forma que no sólo ya las mujeres que tienen una orden de protección, sino incluso las que no la tienen pero pueden estar en situación de riesgo, tengan este servicio.
Vamos a establecer medidas específicas en el ámbito rural, medidas e información. Es un ámbito en el que hasta ahora se habían adoptado medidas, pero no las suficientes.
Se van a crear este año 43 Juzgados de Violencia de Género e igual número de plazas de fiscales. Se crean siete nuevas Unidades de Forenses y vamos a reestructurar el funcionamiento de los servicios forenses, de forma que en cada Juzgado de Violencia al que acuda una mujer haya un médico forense que la atienda.
Hemos llegado a un acuerdo y estamos estableciendo convenios con las empresas que distribuyen información postal para hacer una divulgación masiva de los derechos de las mujeres cuando sufren violencia, porque estamos observando que a muchas de las medidas que se han puesto en marcha hay pocas mujeres que se acogen a ellas, quizás por falta de información.
Estamos trabajando con Autocontrol, la Asociación de Autorregulación de la Publicidad, para elaborar un código de tratamiento de la violencia de género en los medios.
Vamos a poner en marcha y a regular el Fondo de Garantía de Alimentos que, como saben, se creó en la Ley de Presupuestos.
Vamos a enviar también a los pequeños municipios, de menos de cinco mil habitantes, información sobre todas las medidas de protección que están en marcha.
Finalmente, hemos acordado que la Dirección General del Patrimonio ponga a disposición de las asociaciones de mujeres y de las organizaciones inmuebles de Patrimonio para que las víctimas de violencia de género puedan ser acogidas y atendidas como merecen, es decir, para que en estos inmuebles se puedan montar casas de acogida.
Como ven, poco a poco vamos ganando terreno. No vamos a cesar en adoptar medidas de forma permanente para ganar ese terreno a la violencia y a la desigualdad, en donde vemos que desgraciadamente queda todavía mucho por hacer y hay que hacerlo con decisión, con coraje cívico. No podemos dejar, de verdad, que las niñas crezcan creyendo en la igualdad y abandonarlas después en una realidad laboral y social que, a veces, desmiente su sueño.
Quería informales también de que celebramos la semana próxima un acontecimiento que demuestra el compromiso que viene a sumarse, a demostrar ese compromiso del Gobierno con la mujer, al que en este caso se une el compromiso con el desarrollo y la cooperación en África, y que quiero anunciarles.
El martes y el miércoles de la próxima semana, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, España va a acoger el segundo encuentro de mujeres españolas y africanas: "Mujeres por un mundo mejor". El año pasado fue en Maputo y este año va a ser en Madrid. Les anuncio que la reunión se va a desarrollar al más alto nivel, ya que en Madrid se dará cita el mayor grupo de mujeres africanas y españolas con responsabilidad nunca reunido en el mundo.
Es un gran orgullo que se produzca esta reunión a iniciativa de España y de Mozambique. No es sólo una satisfacción que vayan a participar más de 250 mujeres representativas de todos los estamentos políticos, sociales, jurídicos y también económicos de 43 países del continente africano. La satisfacción viene, sobre todo, de la grandeza de los objetivos que perseguimos: la igualdad, el desarrollo y la paz, y también del hecho de que aquí vayamos, en esta Conferencia, como hicimos el año pasado y hemos hecho a lo largo de todo el año, a trabajar para lograr esos objetivos, intercambiando ideas y proyectos, asumiendo juntas principios y proponiendo iniciativas concretas.
Será, sin duda, un encuentro muy relevante del que les daremos cumplida cuenta el martes de la próxima semana y en cuya ceremonia de apertura participará S.M. la Reina y clausurará, la ceremonia de clausura, el Presidente del Gobierno.
Estoy convencida y estamos convencidos desde el Gobierno de que el desarrollo de África, y con él el desarrollo equilibrado del mundo está, en buena medida, en manos de las mujeres del continente, descansa sobres sus hombros. África y el mundo necesitan mujeres fuertes y poderosas para su desarrollo, y sólo si cuentan con las iniciativas y con los recursos necesarios las mujeres africanas podrán ser auténticamente libres e iguales; un requisito indispensable para un verdadero desarrollo global.
La verdad es que estamos deseando ya recibir a nuestras amigas africanas y colegas, que son cómplices nuestras en esta tarea de favorecer un mundo de hombres y mujeres iguales.
El Consejo de Ministros ha hablado hoy, en segundo lugar, de un asunto que va a afectar a millones de familias y del que el Vicepresidente Segundo les ampliará información, les va a dar él conoce muy bien el tema todo tipo de detalles. Me refiero al mercado hipotecario. El Consejo ha aprobado el Anteproyecto, ya convertido en Proyecto de Ley, de Ley de Modernización del Mercado Hipotecario, porque se necesita una regulación más acorde con la realidad respecto a las preocupaciones y dificultades de los ciudadanos en este tema.
El Gobierno está trabajando para que las hipotecas sean más transparentes, más baratas, más seguras y más flexibles, y este Proyecto del Mercado Hipotecario beneficia, en una u otra dimensión, a toda la sociedad española: a jóvenes, a familias y a mayores.
Era importante acometer esta reforma, puesto que el sector permanecía casi sin cambios desde hace diez años y en España estos últimos diez años han supuesto precisamente un período especialmente activo en la contratación de hipotecas.
¿En qué van a cambiar las cosas? Yo creo que van a cambiar, primero, en que éste es un proyecto que protege mejor al consumidor y su derecho a tomar decisiones en función del riesgo real de los productos, y el Ministerio de Economía y Hacienda exigirá que Bancos y Cajas ofrezcan a sus clientes una información mínima. En segundo lugar, se refuerza la independencia de las entidades de tasación. En tercer lugar, el Gobierno quiere también que el coste de apertura y cancelación o cambio en las condiciones de las hipotecas sea más barato. En cuarto lugar, se regulan también las llamadas hipotecas de máximos, pues queremos que con una sola hipoteca se puedan garantizar otras obligaciones financieras que puedan surgir al ciudadano.
Hoy hay otro objetivo, no menos importante, directamente vinculado con la Ley de Dependencia, porque el Anteproyecto regula el uso que los afectados de dependencia severa o de gran dependencia pueden hacer de la hipoteca inversa, que también se regula en esta Ley. Este producto financiero, que también beneficia a los mayores de 65 años, como saben, permite convertir la vivienda habitual en un bien líquido, en dinero efectivo, que se va recibiendo mensualidad a mensualidad, como si se tratase de una pensión.
Pero el Vicepresidente les va a explicar realmente este tema en unos minutos.
Cambiando de asunto, el Consejo ha acordado hoy crear dos nuevas Conferencias Sectoriales: la del Agua y la de Inmigración. Como saben, las Conferencias Sectoriales son órganos que articulan la cooperación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas; son los órganos que nos permiten sumar iniciativas para que España y todos sus territorios avances y progresen.
Llevamos casi tres años de Legislatura y hemos realizado, como saben, tres Conferencias de Presidentes. Estos encuentros ya han permitido mejorar la financiación de la sanidad, hacerla más solidaria y más uniforme. Ahora tenemos que extender esa solidaridad y esa cooperación a dos ámbitos muy relevantes, el agua y la inmigración, conforme a lo establecido en la última Conferencia de Presidentes y también conforme a las prioridades de nuestro país en la actualidad, porque son dos temas estratégicos. El principio de cooperación es inseparable del Estado Autonómico y el papel de las Conferencias Sectoriales es canalizar ese obligado principio de cooperación que vertebra una España solidaria y una España más unida.
Hemos aprobado también hoy, en materia de pesca, un plan para la reestructuración y remodelación de la flota artesanal en Marruecos. Es un programa que costará dieciséis millones de euros, pero que va a ser una inversión muy rentable también para el sector pesquero español. Al mejorar la flota artesanal de Marruecos, que afecta a 4.100 embarcaciones, va a permitir que especies que ahora están sometidas a una presión excesiva, como los cefalópodos, tengan un mejor tratamiento.
Hemos también autorizado la firma con Cabo Verde de un convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Hemos aprobado un Real Decreto que eleva las sanciones por infracciones en las normas de seguridad de las empresas. Se trata de promover la prevención de riesgos laborales, la seguridad en el funcionamiento de las cooperativas o la necesidad de respetar el límite máximo de horas extraordinarias. No es posible que la infracción o las infracciones de la normativa laboral tengan o no tengan casi coste para quien incumple esa normativa. Es por ello por lo que el Gobierno hoy actualiza esas sanciones, que van a permitir que haya más seguridad en el trabajo y más seguridad en lo que es la aplicación de toda la normativa de riesgos laborales, de cooperativas, de prevención…, en definitiva, en toda la legislación social.
Hemos escuchado de nuevo un informe hidrológico de la Ministra de Medio Ambiente. Como saben, la situación en Levante sigue siendo problemática, a pesar de que se va solucionando el problema de suministro y abastecimiento para consumo con la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de las desaladoras; pero, a pesar de ello, tenemos que garantizar que llega agua a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Por ello, hemos aprobado un trasvase desde el Tajo para suministro humano de 38 hectómetros cúbicos y hemos autorizado la compra-venta, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, de 31 hectómetros cúbicos entre el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y la Comunidad de Regantes de Estremera. Estos hectómetros cúbicos, añadiéndose los anteriores, van a permitir que en los próximos meses no haya ningún tipo de problema. Por eso creemos que, además, haciendo hoy ese trasvase, vamos a poder durante este tiempo garantizar la realización de las obras que hay que llevar a cabo en esa zona, que están produciendo pérdidas de agua. En definitiva, se trata de rentabilizar más nuestros recursos.
El Gobierno ha autorizado también hoy la desclasificación de documentos que obran en poder del Centro Nacional de Inteligencia, atendiendo a la petición de la Audiencia Nacional formulada en el transcurso, como recordarán, del juicio que se está celebrando por el gravísimo atentado del 11 de marzo. El Consejo ha analizado la documentación solicitada, no existen implicaciones en la seguridad nacional para la desclasificación y, por lo tanto, el Gobierno ha accedido a dicha desclasificación dando, una vez más, muestra de la más absoluta disposición de este Gobierno para que la Justicia actúe con total independencia y con todos los recursos disponibles ante el peor atentado de la historia de nuestro país.
Por último, me van a permitir, antes de terminar y darle la palabra al Vicepresidente, que les haga una reflexión. El Ministro del Interior les comunicó ayer la decisión de aplicar al preso De Juana Chaos la situación de cumplimiento de condena con una medida de atenuación, a la vista de las decisiones adoptadas por la Junta de Tratamiento y de su propuesta, y a la vista de los informes médicos y del auto del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
El asunto, naturalmente, ha generado un amplio debate social que el Gobierno respeta, asume y afronta. Desde el Gobierno queremos trasladar a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, nuestra profunda comprensión, como ya señaló ayer el Ministro, por la incertidumbre que genera la decisión; nuestro respeto, también profundo, por las críticas y nuestra más absoluta disposición a explicar con transparencia el sentido de nuestras decisiones, con transparencia y con responsabilidad, y a asumir al cien por cien las consecuencias de lo que decidimos.
La aplicación de una medida de atenuación a la situación de cumplimiento de condena es una medida escrupulosamente legal. Nos gustará más o menos al Gobierno, como a la mayoría de los ciudadanos, no le gusta, pero se ajusta estrictamente a la legalidad y a la interpretación que de esa legalidad hacen los jueces.
Además, les diré que, a diferencia de los terroristas, el Estado de Derecho es, como no puede ser de otra manera, magnánimo. Aunque tengamos que tomar decisiones que producen rechazo, el Estado de Derecho y el Gobierno, que lo respeta y lo protege, en ocasiones tienen que asumir decisiones difíciles de entender y lo aceptamos. Lo aceptamos porque forma parte de las responsabilidades de gobernar.
A los ciudadanos de buena voluntad, cualquiera que sea su ideología, e incluso a los ciudadanos que mantienen posiciones más discrepantes de las nuestras, les pedimos, como hemos hecho siempre, confianza: confianza en las instituciones democráticas y confianza en los procedimientos democráticos que los demócratas nos hemos dado para resolver todas las situaciones y que el Gobierno jamás forzará ni quebrará, jamás.
Los terroristas nunca van a ganar la partida, nunca. Nunca más, nunca van a ganar la partida a la Ley. Jamás ganarán la partida, a pesar de la generosidad, incluso a veces difícil de entender, con que actúa y tiene que actuar el Estado de Derecho.
Para acabar, muy brevemente también, en relación con los graves incidentes ocurridos hace unos días en un partido de fútbol de competición oficial, quiero destacar que se trata de unos hechos que a todos nos avergüenzan y que la mayoría de los aficionados de este país, la inmensa mayoría, reprueba. Desde aquí queremos, una vez más, apelar a la responsabilidad, porque entre todos tenemos que conseguir que el espectáculo futbolístico sea exclusivamente una actividad lúdica para el disfrute de todos los aficionados y nunca un lugar de violencia y de confrontación.
Como ya saben, se ha reunido la Comisión Nacional contra la Violencia y ahí se adoptarán y propondrán las decisiones pertinentes.
Vicepresidente.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Reforma del Mercado Hipotecario. El mercado hipotecario es uno de los segmentos fundamentales del sistema financiero con gran incidencia en la estabilidad macroeconómica y financiera. De su funcionamiento depende la financiación, lógicamente, de la vivienda, que representa alrededor de dos tercios del valor de la riqueza de los hogares españoles; pero también condiciona las decisiones de consumo e inversión de nuestros ciudadanos.
El crédito hipotecario tiene un gran peso en el balance de las entidades de crédito y supone más de la mitad del total del crédito del sector privado residente. A cierre del año 2006 el volumen de crédito total hipotecario que gestiona España se eleva a más de 900.000 millones de euros, de los que más de 500.000 millones de euros corresponden a créditos hipotecarios, a personas físicas, lo que supone, grosso modo, como cinco millones de familias que pagan mensualmente una hipoteca. Por lo tanto, bajo los tecnicismos que voy a comentarles ahora rápidamente, de lo que estamos hablando es de cinco millones de familias españolas.
El mercado hipotecario se reguló en su parte fundamental en normas básicas de los años 1981 y 1994, hubo una cierta corrección de las mismas en el año 2003 y ahora lo que hemos pretendido es hacer una reforma, digamos, algo más en profundidad para mejorar la transparencia y la protección a los ciudadanos; mejorar las condiciones de amortización anticipada; hacer uno de los instrumentos de financiación y transmisión de riesgos a las entidades financieras que les permitan ser más eficientes y regular, como ha señalado anteriormente la Vicepresidenta, la hipoteca inversa, que es un producto novedoso de gran potencial, que va a permitir a los ciudadanos de cierta edad transformar el valor de su vivienda habitual en renta. Lógicamente, esto tiene que ver con toda nuestra preocupación del envejecimiento de la población y de mantener la renta a los ciudadanos con independencia de su situación profesional.
Voy a hacerles muy rápidamente la presentación de la reforma. Las líneas generales de la reforma son: mejora de la protección del consumidor con el refuerzo de los mecanismos de transparencia comentaré algo posteriormente; modificación del régimen de penalizaciones por subrogación y cancelación anticipada; mejora de los costes arancelarios asociados a la modificación de una hipoteca; fomento de la independencia en la actuación de las sociedades de tasación y flexibilización del régimen jurídico de los mecanismos de refinanciación, tema éste que es un tema técnico, que vale la pena. Hay alguna otra reforma más, sobre la que haré comentario posteriormente, y regulación, como último tema, de la hipoteca inversa y seguro de dependencia.
Transparencia más efectiva, ¿cómo? Mediante una revisión de los mecanismos actuales. Lo que pretendemos es que, cuando un ciudadano va a, digamos, un Banco, por una parte se le dé una información de distintos productos de forma razonablemente estandarizada, de tal forma que pueda conocer cuáles son las hipotecas y comparar las hipotecas de un banco con otro sin que se convierta en algo excesivamente complejo. Estas normas de transparencia lo que permiten es conocer, antes de que se firme el contrato y antes de que haya una oferta vinculante, cuáles son las condiciones de cada una de las hipotecas y, por tanto, permitiría elegir mejor cuál es la hipoteca que conviene más a cada ciudadano.
Segundo tema, ¿por qué un nuevo régimen de compensación para la amortización anticipada y de subrogación? Fundamentalmente, porque hasta ahora las comisiones que se cobraban por estos conceptos tenían, en cierta medida, un carácter disuasorio. Dicho de otra forma, se daba un tratamiento distinto a las novaciones, que eran la modificación sobre los tipos de interés, de las cancelaciones y amortizaciones anticipadas. Ahora lo que pretendemos es, primero, reducir los costes de estas operaciones igualando esos conceptos y, en segundo lugar, conseguir que tengamos un sistema más dinámico y más ágil.
Esto nos va a permitir que haya una compensación por desistimiento, que lo que pretende es que, lógicamente, las entidades financieras recuperen el coste que para ellas tiene la existencia de un determinado préstamo. Es una comisión que se cobra en todos los préstamos. El nivel que se fija es el del 0,5 por 100 frente al 1 por 100 que existía anteriormente, cuando se cancela el préstamo a tipo variable. Para el supuesto de una hipoteca o amortización de un préstamo a 120.000 euros por cambio de vivienda, por ejemplo, la medida supondrá un ahorro para el cliente de 600 euros; 600 euros que les recuerdo que son 100.000 pesetas, digamos, por este concepto, porque, claro, cuando hablamos en euros da la sensación de que no es tan grave. Son 100.000 pesetas.
Segunda idea importante que sucede por el riesgo de tipos de interés, que es otra de las comisiones que normalmente cobran las entidades financieras. Lógicamente, aquí también hay que pagar los gastos en que el Banco ha incurrido, pero cuando el Banco ha incurrido en estos gastos. Esto quiere decir que hay que dar un tratamiento distinto a cuando hablamos de tipos de interés fijo, a cuando hablamos de tipos de interés variable o a cuando hablamos de tipo de interés mixto, y, en consecuencia, establecer unos nuevos límites que en algunos casos dan mayor margen a los Bancos, pero en otros casos les restringe o, incluso, permite que los costes sean cero.
Por ejemplo, en el caso máximo respecto a la nueva regulación, si se utilizara el 5,2 por 100 de comisión, que es lo que está permitido hasta ahora, y pasase al nuevo sistema, el ahorro sería de 2.400 euros les recuerdo, aproximadamente, 400.000 pesetas simplemente por el cambio de operación, que no es un tema menor.
A continuación, veremos cuál es la situación actual y cuál es la situación futura. Muy claramente pasamos de unas comisiones de subrogación y de amortización anticipada, que en el caso de tipo variable podría llegar a 1,5 por 100, a una comisión que en el máximo puede llegar a medio punto. En el tipo mixto también se podía llegar al 1,5 por 100 y ahora es del 0,5 por 100, con una posibilidad, en función del tipo de interés que sea por encima o por debajo del mercado, que compense la evolución de ese tipo de interés respecto al tipo mixto pactado. Lo mismo sucede con el tipo fijo donde, evidentemente, el actual modelo de aplicar hasta el 2,5 por 100 lo reducimos al 0,5 por 100 y también aquí, si cuando el tipo de interés del préstamo es menor al del mercado lógicamente no hay ninguna compensación por pérdida de riesgos de tipo de interés, cuando es mayor al del mercado sí puede haber algún riesgo y por eso se acepta la idea de una comisión límite.
Reducción de costes arancelarios y registrales. Aquí la idea es la misma: cómo conseguimos bonificar los costes arancelarios y notariales. Modificamos, por ejemplo, el concepto de novación de las hipotecas. Hasta ahora novación era sólo modificación de tipos de interés; ahora novación es tipo de interés, condiciones financieras, plazos… Hay una serie de conceptos que no suponen una nueva hipoteca. No es una amortización ni subrogación, sino que es una notación en la hipoteca inicial y, por lo tanto, no hay que cambiar todo el procedimiento notarial y registral que antes existía. Simplemente se dice "donde dice A, ahora tiene usted que decir B", y no tenga usted más gastos.
Sin embargo, en todo caso, cuando estamos hablando, ya no sólo de novación con ese concepto ampliado, sino de subrogación, pero también de cancelación de préstamos hipotecarios, lo que hacemos es, en primer lugar, a los costes notariales se les aplica una bonificación del 90 por 100; pero, además, se hace una corrección técnica que es muy importante. Yo comprendo que es difícil de entender, pero en los aranceles notariales hay una tasa distinta para lo que se denomina documentos sin cuantía que los documentos con cuantía. Cuando hay un documento con cuantía, es un porcentaje de la cuantía; cuando es documento sin cuantía, es un tanto alzado. Lo que hemos hecho es darle el tratamiento de documento sin cuantía, con lo cual supone que, en vez de pagar un mínimo de noventa euros, van a pagar un máximo de treinta euros. En consecuencia, estamos hablando de un cambio significativo.
Otro tanto hacemos con las inscripciones registrales. Aquí vamos a una rebaja. El concepto que se establece es el tratamiento para las inscripciones y la reducción del 90 por 100, lo cual nos permite es un ejemplo; es verdad que hay otros, pero éste es un ejemplo que nos da idea de lo que estamos hablando que para cancelación de una hipoteca de 120.000 euros, en la que se pagan ahora en costes notariales alrededor de 240 euros, es decir del orden de 40.000 pesetas, con la nueva regulación se pasan a pagar 42 euros, es decir, grosso modo, seis mil y pico pesetas, siete mil pesetas; es decir, seis veces menos. El coste registral pasará de 111 euros, más o menos 18.000 pesetas, a 25 euros, es decir, 4.000 pesetas.
Yo creo que con esto tienen ustedes una idea de lo que estamos hablando, del orden de magnitud del esfuerzo que se hace y de lo que significa desde el punto de vista de todo aquel que ha entrado en una determinada hipoteca porque las condiciones eran distintas y ahora, como van modificando los tipos de interés, piensa que es mejor pasarse a otra financiadora que le da mejores condiciones o renegociar la hipoteca, o bien por plazos o con otras condiciones en su propia entidad financiadora, o amortizar, si lo considera pertinente o porque tiene recursos, y pagar menos intereses que, evidentemente, cuando está en tipo variable que lo que tiene que pagar ahora.
Regulamos también las entidades de tasación. Yo creo que muchos de ustedes por lo menos, algunos de los que estamos en esta mesa hemos tenido que hacerlo, y supongo que muchos de ustedes han tenido que ir a pedir una hipoteca.
Uno de los problemas de la hipoteca es que siempre tiene que tasarse. Aquí lo que pretendemos es que, para garantía de todos, las sociedades de tasación sean lo más transparentes posible y lo más independientes posibles de las entidades que dan el crédito y que, en consecuencia, todos tengamos la garantía de que no se nos da un crédito al que no podamos hacer frente porque realmente el valor que estamos en estos momentos hipotecando no vale lo que la sociedad dice, aunque pueda estar bien desde el punto de vista administrativo para cumplir los requisitos formales de los procedimientos, y sin embargo es muy importante que la sociedad de tasación sea más independiente en ese sentido, se regula el régimen de participaciones significativas, que tenga una serie de controles internos a través de un sistema de régimen interno de una comisión técnica, y que, además, exista un régimen innovador.
Hay un tema en el que no entraré, que es que las entidades financieras, como saben ustedes, se financian con cédulas hipotecarias para captar ese dinero que luego dan en préstamos hipotecarios. Evidentemente, las cédulas hipotecarias, en cierta medida, son un conjunto agregado y ese conjunto agregado, en la medida en que tiene unos problemas de liquidez porque tiene unos determinados períodos, podría generar una falta de flexibilidad si hace falta hacer frente a una situación de mayor dificultad. Por lo tanto, lo que se hace es establecer para esos colaterales que tiene…, no son colaterales, exactamente, digamos esa financiación que tiene el sistema financiero, darles un mayor margen de maniobra para cubrir con otro tipo de activos financieros que son de más fácil ejecución, si hace falta, y darles también una serie de ventajas en términos administrativos para la titulización de todas estas operaciones, con lo cual mejoramos también el sistema.
Últimos comentarios sobre la hipoteca inversa y la dependencia. En la hipoteca inversa la idea es muy simple: tenemos una población que va envejeciendo. Decíamos antes que, evidentemente, el gran activo que tienen las familias españoles es su vivienda. Se puede encontrar la contradicción de que una persona quiera mantener un nivel de vida al final de su vida superior al que le da la pensión que recibe y tiene, sin embargo, un bien que le gustaría utilizar, pero que hasta ahora lo tiene relativamente limitado.
Ahora puede hacer dos cosas: o venderlo y utilizar esos recursos o, digamos, darlo en alquiler, o bien a través de una empresa oficial o bien porque él lo quiere dar privadamente a quien sea, obtener esos recursos y vivir de esos recursos. Ahora lo que ponemos en marcha es un nuevo sistema, que creemos que es muy interesante, y es que, cuando alguien tiene más de 65 años, hipoteca su casa con una determinada entidad financiera, y va recibiendo, o bien todo el dinero o bien, a lo largo del periodo de tiempo, una determinada cuantía de dinero. Esos recursos, como no son rentas porque es recuperación de un capital que él tiene, están exentos de impuestos.
Esta hipoteca está exenta del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para sea, digamos, lo más barata posible y, evidentemente, pueden suceder dos cosas: que agote totalmente a lo largo de su vida y viva más años que el período hipotecario, y evidentemente se le da la garantía de que, en todo caso, seguirá viviendo en su casa; no recibirá ya recursos, pero seguirá viviendo en su casa; y que, evidentemente, fallezca antes. Sus herederos, lógicamente, podrán recuperar la casa pagando lo que, evidentemente, ha recibido del Banco, y en consecuencia son propietarios del bien, o, lógicamente, recibir el remanente en el caso en que, evidentemente, no se haya utilizado al cien por cien o la diferencia entre el valor real inicial y el valor final de venta de la vivienda.
Creemos que es un sistema que ya se aplica en algunos países. No es el bálsamo de Fierabrás que va a resolver todos los problemas; es un instrumento adicional que se pone a disposición de los ciudadanos, pero creemos que es un instrumento importante, que ya han empezado a llevar a cabo alguna práctica de este tipo algunas entidades financieras españolas y que creemos que es muy importante regularlo y darle contenido a largo plazo, porque puede ser un instrumento muy útil para todos.
Está colgado de esta norma algo que es un poquito distinto, que es el seguro de dependencia. ¿ Por qué viene aquí? Lógicamente, porque está vinculado a todo el tema de dependencia. Está en la Ley del IRPF, hace falta ponerlo en marcha y aquí lo que se establece es la parte normativa imprescindible para que podamos empezar a desarrollar todas las "tecnicalities" del seguro de dependencia que nos parece fundamental y que va en la misma idea que ya hemos hablado también de la hipoteca inversa, que es conseguir que la gente, ya a partir de cierta edad, pueda tener, o bien unos seguros, o bien unos ingresos de otra naturaleza, que le permitan durante el mayor período posible de su vida tener un nivel de gasto en función de su patrimonio o en función de aquellas opciones de seguro o de inversión que ellos hayan decidido.
P.- Vicepresidenta, querría saber su posición acerca de algunas consecuencias que ha tenido ya el traslado de De Juana Chaos. La primera de ellas es que el Partido Popular ha convocado una manifestación de protesta, aún sin fecha, y la segunda es que parece que cunde el ejemplo y algunos presos, en una cárcel de Almería, anuncian huelga de hambre para pedir el mismo trato que el etarra.
Vicepresidenta.- Ya les he hecho una reflexión en mi intervención. Si me permite, antes de contestarle puntualmente a las dos cuestiones que usted me plantea, quisiera decir algo más, porque me imagino que va a haber más preguntas sobre este tema.
Yo creo que es bueno aportar sosiego a este debate, eso para empezar, y, desde luego, para aportar sosiego no hay nada mejor que aclarar determinadas dudas, porque se están diciendo algunas cosas verdaderamente que no se corresponden con la realidad.
Se dice tranquilamente que De Juana queda liberado. No es cierto. Sigue cumpliendo condena con cumplimiento calificado en segundo grado y con una medida de atenuación derivada de su estado físico.
Se ha dicho que se ha cedido al chantaje. No es cierto. El Estado no acepta chantajes. Si hay Ley, y hay Ley, no hay chantaje, porque la Ley no lo admitiría. No hay chantaje; se ha hecho con arreglo a la Ley. Hay un auto judicial, hay un informe de la Junta de Tratamiento y un informe médico; todos ellos avalan la decisión, con arreglo al procedimiento legal.
Se dice que es el pago de un precio político. No es cierto. El Gobierno no paga precios políticos, ni los ha pagado ni los pagará nunca. Lo que sí que es es una decisión política, porque gobernar es tomar decisiones políticas.
El Gobierno y todos los Gobiernos del mundo con sus actuaciones hacen política todos los días para precisamente eso, porque para eso nos han elegido los ciudadanos: para tomar decisiones políticas; no pagar precio de ningún tipo.
Por tanto, el Gobierno ni acepta chantajes ni paga precios políticos; gobierna porque los ciudadanos así lo han decidido, que gobernemos, y estamos gobernando. Y en este caso el Gobierno ha actuado con arreglo a los criterios de legalidad, la Ley por encima de todo, y también con arreglo a los criterios que la Ley permite, que son los de oportunidad, que es el de mostrar que para nosotros, para este Gobierno, como para la mayoría de los ciudadanos, la vida está por encima de la muerte.
En definitiva, el Gobierno aplica la Ley e interpreta la Ley con valores constitucionales, y uno de esos valores es el respeto a la vida.
Y les diré algo más que yo creo, estoy segura, que la mayoría de los ciudadanos van a entender perfectamente: yo creo que todos compartimos, el Gobierno comparte con los ciudadanos, el rechazo moral que conlleva esta decisión, como también estoy segura que la mayoría de los ciudadanos entienden que en un Estado de Derecho, por encima de cualquier otra consideración, está la Ley y la Ley aplicada con arreglo, como les decía antes, a los valores, en este caso constitucionales.
Cuando se gobierna, como sucede también en muchas ocasiones en la vida diaria, hay que tomar decisiones y, a veces, hay decisiones, yo les digo sinceramente, que producen una enorme satisfacción, por ejemplo, cuando subimos las pensiones o cuando ampliamos derechos para personas que carecen de esos derechos. Otras decisiones gustan menos, por ejemplo, cuando tenemos que seguir adoptando medidas porque se sigue ejerciendo la violencia contra las mujeres y mueren mujeres; y otras, como es el caso que estamos hablando, nos producen un rechazo a todos, un rechazo total. Pero el sentido de la responsabilidad y la defensa del Estado de Derecho deben primar por encima de cualquier otra consideración oportunista y partidaria.
Declaraciones de los líderes del Partido Popular a las que se refería usted y sus consecuencias. Sabe usted que yo desde esta mesa no hago valoraciones sobre las declaraciones de otros dirigentes políticos, pero les diré que en este caso resultan sencillamente ignominiosas y obscenas; democráticamente hablando, claro.
¿Consecuencias? ¿Que el Partido Popular, el líder de la oposición, dice que va a convocar una manifestación? Ya les digo que, a mi juicio, el grado de irresponsabilidad del Partido Popular resulta, como señalaba, verdaderamente obsceno y me reafirmo en ello; pero es que, además, esto de convocar es una ocurrencia impropia y poco digna de quien es el líder de la oposición; por cierto, el líder de la oposición, el líder de la derecha, peor valorado de toda la democracia.
El Gobierno, con respecto a la última cuestión, va a aplicar siempre la Ley y el reglamento penitenciario a todos los presos con arreglo a los criterios de los jueces y con arreglo a los valores constitucionales. Siempre, como lo hemos hecho siempre y como lo vamos a seguir haciendo siempre.
P.- Voy a cambiar el tercio y voy a preguntar al Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía sobre las razones de esta Ley Hipotecaria. ¿Se debe a la subida de los tipos de interés, que esto puede provocar impagos y que estos impagos pueden dañar el crecimiento económico?
Si me permite, voy a hacerle dos preguntas del sector energético. La primera es si el Gobierno o usted es partidario que ENEL pueda ejercer derechos políticos por encima del 3 por 100, que prohíbe la Ley española a empresas extranjeras públicas en sectores estratégicos.
La segunda es si es usted partidario de que la SEPI vote contra el blindaje de Endesa en la junta del día 20 para ser coherente con las recomendaciones de buen gobierno que impulsa el Gobierno de forma general, y usted de manera particular, y como se ha encargado de recordarle el señor Bernotat, Presidente de E.ON.
Vicepresidente.- En cuanto al primer tema, razones de esta Ley. Las razones de esta Ley son, básicamente, porque hay cinco millones de familias en España que tienen hipotecas y, por lo tanto, si tenemos un sistema que sea más eficiente y que permita que las familias opten mejor por una o por otra hipoteca en un sistema de concurrencia, yo creo que hay que dar esas garantías. Es buena para las familias; es buena para las entidades financieras en la medida en que mejoramos también, como he dicho anteriormente, su capacidad de financiación; es buena para todos en la medida en que mejoramos el sistema de tasación y es buena para los jubilados en la parte de la hipoteca inversa.
Evidentemente, ¿que en una situación de subidas de tipos de interés hay más demanda para cambiar de hipoteca? Sí. ¿Eso quiere decir que esto supone alguna previsión de riesgo adicional? No. Yo no veo una situación muy distinta ahora de como la veía hace unos meses, vista la evolución de tipos de interés. Sí entiendo que exista un mayor apetito de los utilizadores de hipotecas para cambiar y para buscar alternativas. Eso es normal y eso es lo que queremos dar.
Si la pregunta es si me preocupa algo la subida del mercado hipotecario, no me preocupa nada. Es decir, en el dato fundamental, que es la evolución de los impagados o los pleitos de dudoso cobro, en estos momentos estamos a niveles muy, muy, bajos, y eso todo el mundo relacionado con el mundo financiero lo sabe perfectamente.
Participación de ENEL o de cualquier otro en España. Yo creo que hay que aplicar la legislación vigente y la legislación vigente dice varias cosas. Primero, la disposición 27 de la Ley de Acompañamiento del año 1999 disposición que, por otra parte, como usted sabe, está recurrida por la Comisión en Bruselas que considera que es discutible y que no se puede aplicar tal como está, pero en estos momentos está en vigor lo que dice es que una empresa propiedad de un gobierno o una empresa pública extranjera con un determinado porcentaje… no dice que no pueda comprar, dice que no puede ejercer los derechos políticos si no se autorizan. Evidentemente, si no se autorizan, no podrá ejercer los derechos políticos. Eso es evidente. De acuerdo con la información que yo dispongo, ha pedido que se le reconozcan los derechos políticos. Llegado el momento, el Consejo de Ministros analizará el tema y decidirá.
Segundo punto, ejercer derechos políticos del 3 por 100 como máximo en el caso de que se participe en más de dos empresas que sean las relevantes en términos del sector. Ése es un tema sobre el que tiene que opinar la CNE y en el que yo creo que también hay que aplicar la legislación vigente, como hay que aplicarla también en lo que se refiere a superar el 10 por 100 para poder llegar hasta el 24,9 por 100. En ese sentido, por tanto, a mí me parece que el tratamiento que hay que dar es el mismo, el tratamiento que legalmente tenemos establecido ahora en el país, aunque acepto, y ahí reconozco que tengo una cierta alma compartida, que la posición de Bruselas en este tema es que la disposición 27 del año 1999 va demasiado lejos y que no se puede discriminar entre empresas públicas y privadas, que es la posición de la Comisión, siempre y cuando no exista una ayuda pública que, evidentemente, afecta a la operación.
El problema de la SEPI. En el problema de la SEPI nuestra posición ha sido siempre la misma: tomaremos las decisiones en su momento y seremos el último que tome la decisión, y, evidentemente, tomaremos en consideración todos los elementos incluidos en las normas del buen gobierno.
P.- Quería seguir preguntando a la Vicepresidenta sobre el asunto De Juana Chaos. Primero, sobre la forma en que se tomó la decisión ayer. El Ministro del Interior lo presentó como una decisión personal y esto ha llamado la atención. Quería saber si en la toma de esa decisión participaron el Presidente del Gobierno y usted misma, y si hoy ha habido respaldo expreso del resto del Gobierno a esa decisión.
En segundo lugar, quería saber si existe el compromiso o no del Gobierno de que, si se recupera de su salud, volverá al régimen de prisión, digamos, normal.
En tercer lugar, otra de las cosas que se ha dicho es que esto era una decisión para impulsar o para levantar la suspensión del proceso de paz y quería saber si esto es así.
Vicepresidenta.- Puede usted imaginarse que ningún miembro del Gobierno toma decisiones que no estén respaldadas por el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, y eso es lo que ocurrió ayer, ni más ni menos. El ámbito de las competencias está dentro de Interior y el Ministro del Interior fue al que le correspondió comunicarlo. Uno.
Dos, aplicaremos la Ley, vuelvo a repetir. Usted sabe que la situación de cumplimiento es segundo grado y el segundo grado lleva consigo una medida de atenuación, en este caso, derivada por una situación de enfermedad física. Si eso se supera, la Ley actúa de nuevo y sigue aplicándose el segundo grado. Eso es lo que hay y, por supuesto, vamos a cumplir lo que hay. Vamos a cumplir y aplicar en todo caso y en cada momento la Ley.
Tercero, la verdad es que el Gobierno no actúa en función de ninguna decisión que tome o pueda tomar ni ETA ni De Juana. Como ya le he dicho y reitero, hemos actuado con arreglo a criterios de legalidad en el fondo y en el procedimiento, interpretando esa legalidad con arreglo a los valores constitucionales para demostrar, y eso es lo que muestra de nuevo esa decisión, que para este Gobierno, como para la inmensa mayoría de los ciudadanos, la vida está por encima de la muerte.
P.- Sobre este tema también. Creo que ha dicho al principio que el Gobierno estaba dispuesto a explicar y no sé si dentro de esta explicación cabe la iniciativa que ayer le planteó Rajoy al Presidente del Gobierno de comparecer. Es decir, ¿el Gobierno está dispuesto aceptar esa comparecencia?
En segundo lugar, quería preguntarle también si el Ejecutivo va a hacer algo para explicar esta decisión, que usted ha definido de difícil de entender, a las asociaciones de víctimas que ayer ya anunciaron movilizaciones y demás.
Vicepresidenta.- El Gobierno comparece en el Parlamento siempre que el Parlamento lo decide. Hasta ahora ha sido así y va a seguir siendo así. No es una decisión del Gobierno; es una decisión del Parlamento, de la Mesa de la Junta de Portavoces, que es la que tiene que decidir las comparecencias, como ha sido siempre hasta ahora. Por lo tanto, no tengo nada que añadir, al margen de lo que me puedan parecer determinados debates de nuevo que no sé si son muy responsables; pero no voy a hacer consideraciones, sino decir, como siempre, que respetaremos las decisiones del Parlamento.
Por supuesto, el Gobierno está haciendo información y explicación de todas las medidas. Ayer estuvo con todos los grupos políticos, hay una Dirección General y todas las explicaciones que haya que dar vamos a darlas.
P.- Insistiendo en un punto anterior, usted ha dicho que el Gobierno ha tomado una decisión política y yo quería saber si esta decisión puede empujar hacia el fin del terrorismo que busca el Gobierno.
Vicepresidenta.- Le vuelvo a decir que una decisión que adopta el Gobierno es política. El Gobierno es un órgano político ¿o no?, porque a veces ya, con esto de decir "no vamos hablar de política" parece que, si el Gobierno toma una decisión política, tiene un aspecto negativo. Es que todas las decisiones del Gobierno son políticas, sujetas a las leyes, todas, pero políticas, porque es un órgano político; no somos un órgano administrativo. El Gobierno no es un órgano administrativo, no es un órgano burocrático; es un órgano político elegido por los ciudadanos y, por tanto, las decisiones que toma son políticas, sujetas a la Ley. El Gobierno siempre actúa con arreglo a la Ley, siempre. ¡Sólo faltaría! No sé si algunos, algún otro Gobierno, habrán actuado fuera de la Ley pero, desde luego, el Gobierno actúa siempre con arreglo a la Ley.
Y le vuelvo a repetir: esta decisión se ha tomado no en función de las decisiones que tome, pueda tomar, decir o pensar ETA ni De Juana. Insisto, la hemos tomado porque es una decisión de legalidad, interpretada con arreglo a los valores constitucionales de que la vida está por encima de la muerte. Ésa es la motivación de nuestra decisión, exclusivamente.
P.- Vicepresidenta, yo quería una aclaración sobre algo que acaba de decir sobre la posibilidad de que De Juana pase al segundo grado normal una vez que esté recuperado. El Ministro del Interior dijo ayer explícitamente que del hospital en el que está, cuando le dieran el alta, pasaría a su domicilio. Lo que yo pregunto es si el resto de los presos que cumplen el segundo grado lo cumplen en su domicilio, que lo ignoro y me gustaría que usted me lo aclarara, o si en definitiva, lo que acaba de decir contradice lo que dijo ayer el Ministro y el preso volvería a la Prisión de Martutene.
Vicepresidenta.- Yo no he dicho donde va a ir el preso ni va a dejar de ir, porque lo tendrá que decir la Junta de Tratamiento. Tendrá que haber una propuesta y tendrá que haber una decisión. Lo que estoy diciendo es que se va a aplicar siempre la Ley. La Ley se va a aplicar y lo que se ha decidido en estos momentos es una decisión de clasificación de segundo grado con una medida de atenuación, medida de atenuación que se va a cumplir en los primeros días en el hospital y, cuando se pueda, en su domicilio.
A partir de ahí, en el futuro seguiremos aplicando la Ley. Cuando las circunstancias cambien, se volverá a aplicar la Ley. ¿Qué ocurrirá? Vamos a ver cuando esas circunstancias cambien, pero las circunstancias de momento ahora no han cambiado y lo que conlleva la aplicación del segundo grado decidido en los términos que se ha decidido es cumplirlo cómo se ha decidido. No hay más. No hay tampoco que buscar otra interpretación donde no la hay. Es así de claro y es exactamente eso lo que dijo ayer el Ministro y lo que estoy diciendo yo, porque es que lo que dicen la Ley y el Reglamento es muy claro. Es una calificación en segundo grado de una pena que queda por cumplir de un año y medio, que eso si que no es muy habitual, pero es así.
P.- Quería otro asunto que no tiene que ver con éste. Es si el Gobierno ha tomado alguna decisión respecto a la adjudicación de vuelos en la Terminal Sur de El Prat. Ayer el Presidente dijo que se decidiría inmediatamente y no sé si tiene que pasar por Consejo de Ministros.
Vicepresidenta.- Pero tan inmediatamente como anunciarlo ayer y decidirlo hoy, no. Se decidirá pronto, pero no tan inmediata. Somos muy eficaces, yo se lo reconozco, pero prácticamente el Presidente del Gobierno llegó ayer por la tarde de Barcelona y no ha dado prácticamente tiempo. O sea que lo haremos con eficacia, como siempre.
P.- Yo quería preguntar al Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía sobre las condiciones en las que el Gobierno va aprobar la entrada de ENEL en el capital de Endesa; plazos y demás. También cómo piensa que va acabar esta pugna por hacerse con el control de esta empresa.
También quería preguntarle por la teoría de los "campeones nacionales" que formula el Presidente Rodríguez Zapatero. Querría saber dónde queda esta teoría cuando va a entrar una empresa que está participada al 30 por 100 por una empresa italiana y que está participada al 30 por 100 por el Estado italiano.
Para terminar, también quería preguntarle por la coincidencia o no coincidencia de que el día en el que ENEL anunció su entrada en el capital el Ministro Clos había hecho una entrevista esa misma mañana en la que hablaba de una solución española. ¿Qué sabía el Gobierno antes de que se produjeran los movimientos de ENEL?
Vicepresidente.- En la primera mi respuesta va a ser casi parecida a la de la Vicepresidenta. ENEL va a entrar comprando o está entrando comprando acciones de acuerdo con la legislación vigente en España en este momento, ni más ni menos. He vuelto a repetir anteriormente cómo son los procedimientos y, de momento, evidentemente, ENEL no tiene autorización de ejercicio a sus derechos políticos, ésa es la situación, y tampoco tiene autorización de tener el 24,9 por 100, aunque sí ha solicitado ambas cosas. Por lo tanto, eso en estos momentos seguirá sus trámites y se va a tomar la decisión.
¿Cómo va a terminar la OPA? Ya me gustaría a mí saberlo. En estos momentos estamos, como hemos dicho siempre, en una situación en la que el Gobierno ha hecho su trabajo, que es posibilitar que la OPA siga adelante, y, a partir de ahí, es un problema de los agentes económicos y agentes económicos son los compradores y los vendedores. Yo no sé si saldrá algún comprador o algún vendedor más antes o después; pero en estos momentos ahí cada uno está intentando en función de la defensa de sus intereses.
Podemos teorizar de por qué uno u otro entra en un momento determinado u otro, si la legislación española es perfecta o es mejorable... Hoy oía algunas críticas, que entiendo perfectamente, sobre que el problema de la legislación española es que permite comprar 24,9 por 100 sin OPA y sólo a partir del 25 por 100 es con OPA. Pues sí, pero da la casualidad de que es la misma norma que existe en Europa, que dice que es por debajo del 30 por 100 sin OPA. En consecuencia, nosotros ahora vamos a modificarlo al menos al 30 por 100 sin OPA. ¿Qué nos está de mostrando la experiencia actual? Que también esa solución tiene sus problemas; pero esto es así y, al final, hay una ley que es la que hay que aplicar.
Campeones nacionales o no campeones nacionales. Yo creo que estamos en un mundo globalizado y las empresas tienen que tener capacidad de jugar en el mundo globalizado. A partir de ahí, y yo creo que lo hemos dicho muchas veces, queremos tener empresas eficientes y queremos tener empresas que lógicamente favorezcan el empleo, favorezcan el crecimiento y favorezcan la eficiencia en la economía. Si, además, los centros de decisión los tenemos en España, tanto mejor. Es así de simple.
¿Coincidencia del tema ENEL y las declaraciones del Ministro Clos? Yo creo que él ha hecho ya algún comentario y yo creo que la palabra que usted ha utilizado es correcta: coincidencia.
Vicepresidenta.- Muchas gracias.