​El Gobierno establece un mecanismo de control de pagos para garantizar los servicios públicos en Cataluña

La Moncloa, Madrid

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el "mecanismo de control de pagos novedoso pero absolutamente necesario" que el Ejecutivo ha adoptado "ante la situación de manifiesta ilegalidad en que está incurriendo la Generalitat de Cataluña". Montoro ha presentado en la reunión del Gabinete un informe sobre las nuevas medidas, que posteriormente se han aprobado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que la finalidad del mecanismo es "garantizar los servicios públicos fundamentales de los catalanes y que la posición en que están incurriendo los dirigentes políticos en Cataluña no perjudique a nadie en Cataluña ni en el conjunto de España". Gracias a este control de pagos, ha precisado, "ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal" y se podrán cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. A juicio del ministro, "lo que está en juego" es el interés general, así como la defensa de la ley.

En primer lugar, la Comisión Delegada ha acordado requerir al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña que, en el plazo de 48 horas desde la publicación de la decisión en el Boletín Oficial del Estado, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre el Presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos no vinculados con servicios públicos fundamentales (nóminas, sanidad, educación y servicios sociales). Si no lo hace, será el propio ministro de Hacienda quien se encargue de esa tarea.

Pago directo por el Estado

En segundo lugar, Cataluña deberá comunicar al Estado todos los créditos pendientes para el pago de los servicios públicos fundamentales. La información, según ha detallado Cristóbal Montoro, irá firmada por la Intervención de la Generalitat, junto con un certificado de que no se va a financiar ninguna actividad relacionada con el "proceso refrendario" o que no esté amparada por la ley.

Pool Moncloa/J.M.CuadradoUna vez recibida esa información, el Estado abonará directamente las facturas de los proveedores y las nóminas de los empleados públicos. Se trata, ha señalado el ministro, de una "extensión de algo que ya tenemos experimentado, probado y contrastado, que es el Fondo de Liquidez Autonómico".

El Ejecutivo, ha subrayado Montoro, trabajará para que "realmente" la Generalitat no pueda librar "ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado".

Otra de las medidas acordadas es que todas las operaciones de endeudamiento, incluidas las que sean a corto plazo, tendrán que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por último, las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la comunidad autónoma o de entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

El sistema no afecta a las competencias

Cristóbal Montoro ha remarcado que este sistema de control de pagos "no afecta al ejercicio de las competencias", ya que seguirá siendo la Generalitat la que determine cuánto dinero destina a sanidad, educación, protección ciudadana, etcétera. "Por tanto, no estamos sustituyendo competencias y sí estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria", ha expresado.

El ministro ha añadido que "no es admisible" que las autoridades catalanas, y en concreto la Vicepresidencia Económica de la Generalitat, digan que están comprometidas con esos objetivos "pero a su aire". "No es legítimo y, además, no es fiable", ha manifestado.

La Diada debe volver a ser la fiesta de todos los catalanes

Pool Moncloa/J.M.CuadradoDurante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha hecho una valoración de la Diada, fiesta oficial de Cataluña, celebrada el pasado lunes. A su juicio, "la Diada ha pasado a convertirse en un instrumento de la causa secesionista que abandera la minoría radical que en estos momentos gobierna" en esa comunidad.

"La Diada es la demostración más evidente de la división social existente en Cataluña porque una minoría se ha apropiado de ella. No vimos ni una señera, que es la bandera que une a todos los catalanes y, en cambio, sí vimos cómo encapuchados procedieron a la quema de banderas de España, de Francia o de la Unión Europea", ha añadido.

El ministro ha señalado que "el Gobierno quiere que la Diada vuelva a ser la fiesta de todos los catalanes compartiendo una misma bandera, que sea un día para la convivencia pacífica y tolerante, donde nadie puede ser ni señalado ni excluido".

Llamamiento a la cordura y la concordia

El portavoz ha asegurado que, desde que empezó el desafío secesionista, el Ejecutivo ha mantenido una línea de actuación caracterizada por dar una "respuesta adecuada" basada en el Estado de Derecho. "El Gobierno va a preservar la concordia porque es el Gobierno de todos y no quiere debilitar más el equilibrio social maltrecho", ha dicho.

Méndez de Vigo ha mantenido que "el Estado democrático funciona con precisión" y durante los últimos días se han hecho llamamientos para que se respete la legalidad desde la jefatura del Estado, las asociaciones de jueces, el ámbito universitario y las instituciones europeas.

En este sentido, el ministro también ha lanzado nuevamente "un llamamiento a la cordura y a la concordia" y ha pedido a todos los españoles "que tengan confianza en la fuerza de la democracia porque el Gobierno sabrá administrarla, garantizando el derecho y las libertades de todos los ciudadanos y no solo de unos".

Acuerdos del Consejo de Ministros

Impulso a la extensión de acceso a la banda ancha

El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda al convenio marco de colaboración para la extensión del Programa "Escuelas Conectadas", que impulsa el acceso a la banda ancha ultrarrápida en los centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos (Primaria y ESO).

Pool Moncloa/J.M.CuadradoÍñigo Méndez de Vigo ha precisado que la inversión del Estado en el Programa supera los 240 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y Red.es. El resto será financiado por las comunidades autónomas con cargo a las fuentes de financiación que ellas mismas especifiquen.

El ministro ha concretado que siete comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja y Murcia) han suscrito el convenio. Con la aprobación de esta adenda, se establece un nuevo marco de financiación para las comunidades no adheridas aún al programa y para los centros docentes de Ceuta y Melilla.

Con el objetivo de impulsar la atención digital al ciudadano, el Consejo de Ministros también ha autorizado una inversión de 11,7 millones de euros en servicios de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia. El objetivo es favorecer los trámites de los ciudadanos con Justicia a través de la web institucional y la Sede Electrónica.

Inversiones en la provincia de Teruel

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de una subvención nominativa para financiar inversiones en la provincia de Teruel para este ejercicio por un importe de 30 millones de euros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Comunidad de Aragón, Javier Lambán, firmarán este acuerdo.

Íñigo Méndez de Vigo ha explicado que Aragón no tiene acceso al Fondo de Cooperación Interterritorial dado su nivel de renta, pero que, dado que Teruel es una provincia desfavorecida y castigada por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión, el Gobierno aplica una excepción desde el año 2012 y destina fondos para paliar sus problemas.

El montante global de fondos que el Estado ha destinado a esa provincia desde 2012 suma 180 millones de euros, que han permitido efectuar infraestructuras como la Ciudad del Motor de Alcañiz, la Plataforma Aeroportuaria, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, el centro turístico de Galáctica y la restauración de la catedral de Teruel, según ha detallado el ministro.

Informe sobre el 'Brexit'

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido acerca del 'Brexit'.

Las negociaciones "van con retraso respecto al calendario acordado", pero Dastis ha recalcado que "la posición española se encuentra en plena sintonía con los otros socios de la UE, apoyando todas las intervenciones que está llevando a cabo el negociador principal, Michel Barnier", según ha informado Méndez de Vigo.

Asuntos de actualidad

Pool Moncloa/J.M. CuadradoEl ministro de Educación, Cultura y Deporte ha iniciado su comparecencia tras el Consejo de Ministros expresando la condena y rechazo del Gobierno español por lo que "parece un atentado terrorista" en el metro de Londres, así como su solidaridad con los afectados. Además, ha afirmado que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación está en contacto con la policía británica con el fin de conocer si hay alguna víctima de nacionalidad española.

Preguntado por la postura del Ejecutivo ante la solicitud del diálogo formulada, mediante una carta dirigida al presidente Rajoy, por el presidente y el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, la presidenta del Parlament y la alcaldesa de Barcelona, el portavoz del Gobierno ha dicho que no podía pronunciarse, pues "hasta el inicio de esta rueda de prensa" no se ha recibido dicha carta.

Respecto de la petición de diálogo, ha advertido que pedirlo después de meses de incumplimientos, "resulta una añagaza" que pretende "engañar a la gente" e imponer el referéndum "sí o sí". Frente a ello, el Gobierno siempre ha ofrecido "diálogo sin fecha de caducidad" y "dentro de la ley".

En respuesta a la pregunta referida a cuánto tiempo durará el control de pagos, el ministro Montoro ha explicado que tanto como se prolongue la situación de excepcionalidad, la cual viene marcada por los dirigentes de la Generalitat, "en tanto se sigan negando a cumplir la ley". Su actitud, ha añadido, pone en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia, lo que se garantiza con el mecanismo aprobado hoy.

Además, el titular de Hacienda y Función Pública ha anunciado que va a solicitar a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre las declaraciones de la interventora de Cataluña, quien ha dicho que no facilitará al Ejecutivo datos sobre la fiscalización de los gastos de la Generalitat.