El Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016

Igualdad en el empleo

Ana Mato ha anunciado que para avanzar en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral se destinarán 650 millones de euros. "En un momento en el que empezamos a dejar atrás la crisis e iniciamos el camino de la recuperación necesitamos sumar todo el talento que tanto mujeres como hombres podemos aportar. Sólo así podremos construir una economía más fuerte basada en un crecimiento inteligente y sostenible", ha dicho.

Entre las medidas que incluye este eje destacan la de facilitar la incorporación al trabajo de las mujeres que han tenido un periodo de inactividad por cuidado de hijos o familiares y la de promover el acceso y permanencia en el empleo de mujeres especialmente vulnerables.

La ministra ha avanzado que la norma impulsará y ampliará la Red de Empresas por la Excelencia en la Igualdad; fomentará el espíritu emprendedor de las mujeres desde la etapa escolar a la universitaria y reforzará la vigilancia para evitar la brecha salarial. "Nadie puede pagar un salario inferior a una mujer por un trabajo de igual valor que el que realiza un hombre", ha señalado.

En materia de educación, Mato ha apuntado que se elaborarán programas específicos de apoyo y refuerzo a alumnas especialmente vulnerables (inmigrantes, población gitana, con discapacidad o que sufran entornos de violencia). Asimismo, se realizarán campañas informativas para que los jóvenes elijan sus estudios o profesión basándose únicamente en sus capacidades y expectativas, y no en estereotipos profesionales.

Además, se favorecerá el acceso de la mujer a la sociedad de la información para evitar su exclusión digital y se seguirá trabajando para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos de decisión. En este sentido, la ministra ha destacado que se han firmado acuerdos con las 30 principales empresas del país, que se han comprometido a aumentar hasta un 20% el número de mujeres en puestos directivos en los próximos cuatro años.

Conciliación y responsabilidad

El Gobierno ha destinado 1.529 millones de euros para avanzar en el segundo eje del Plan Estratégico, que es la conciliación y la responsabilidad. Entre las medidas aprobadas están la ampliación del derecho a la reducción de jornada de los padres y madres de niños afectados por enfermedades graves.

Ana Mato ha añadido que para que la conciliación sea un realidad hay que avanzar en la racionalización de horarios. Al respecto, ha adelantado que se estudiarán medidas que permitan disminuir, en determinados periodos y por motivos relacionados únicamente con la conciliación, la jornada semanal recuperándose el tiempo en las semanas siguientes.

Además, la ministra ha anticipado que el Gobierno está trabajando en un plan de maternidad que mejorará las deducciones fiscales para familias con hijos. "No queremos que ninguna mujer tenga que elegir entre ser madre y mantener su puesto de trabajo", ha dicho.

Violencia de género

El Plan Estratégico destinará casi 900 millones de euros a la prevención y sensibilización contra la violencia de género. Ana Mato ha apuntado que la norma ofrecerá una respuesta común y coordinada en todo el territorio nacional; facilitará a las víctimas el acceso a un puesto de trabajo a través de iniciativas como la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género y favorecerá la movilidad de las víctimas en el ámbito de la Administración General del Estado.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan Medidas Urgentes en Materia de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Empresarial, cuyo objetivo es agilizar y flexibilizar estos procesos, cumpliendo así una de las propuestas que realizó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que "se trata de que empresas que son viables puedan seguir desarrollando su actividad y mantener su empleo afrontando con nuevos mecanismos sus deudas, con un mayor margen y una mayor flexibilidad".

Con este Real Decreto Ley se ha buscado, según la vicepresidenta, enfrentarse al reto detectado por la Comisión Europea de asegurar que el desendeudamiento de nuestras empresas vaya de la mano de un flujo de crédito positivo. "Se trata de que en la legislación concursal las normas que regulan los concursos de acreedores no supongan trabas en aquellos procesos de refinanciación de empresas, que, si bien están endeudadas, son perfectamente viables", ha dicho. "Lo que hacemos es facilitar la celebración de acuerdos de refinanciación para esas empresas, potenciar los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos y la conversión de deuda en capital, es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas copartícipes del capital de esas empresas", ha añadido.

El objetivo de la norma "es impedir que un problema de liquidez o de solvencia puntual obligue al cierre de una compañía", ha asegurado Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha destacado que una parte de estas medidas actúan en fase pre concursal, "lo que tratamos de evitar es que las empresas lleguen a una situación de concurso de acreedores, dotando de mecanismos antes de colocarse en esa situación para lograr mantener la empresa y sobre todo su nivel de empleo".

El Gobierno ha aprobado también la remisión a las Cortes del proyecto que modifica la Ley del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, del 23 de mayo de 2002, para concertar las nuevas figuras tributarias estatales creadas en los últimos años.

La norma prevé cambios referidos a la concentración de tributos, la distribución de competencias normativas que afecten a la imposición directa en las nuevas figuras tributarias.

La normativa del territorio vasco será la misma que la del territorio común, pudiendo las diputaciones forales aprobar los modelos de declaración de ingreso y señalar los plazos de ingreso para el periodo de liquidación. No diferirá sustancialmente de lo establecido por la Administración General del Estado en los impuestos sobre los depósitos de entidades de créditos, impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica, impuestos sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas e impuestos sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

El impuesto sobre las actividades de juego, por su parte, deberá regirse por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Las diputaciones forales podrán regular el tipo gravamen con las mismas limitaciones que las comunidades autónomas de régimen común.

Por otro lado, las retenciones del gravamen especial sobre premios de loterías se ingresarán en las haciendas forales correspondientes a la residencia del receptor, ha anunciado la vicepresidenta, pero el tipo de retención en territorio vasco tendrá que ser el mismo que en el territorio común.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha explicado tras el Consejo de Ministros que, atendiendo a la petición de Estados Unidos, el Ejecutivo ha acordado renovar la autorización para el despliegue temporal en la Base Aérea de Morón de la Frontera de una fuerza del ejército de los Estados Unidos de América.

La renovación será por el plazo de un año, a partir del 19 de abril de 2014, y no varía la naturaleza del convenio existente entre España y Estados Unidos pues se limita a un incremento de efectivos humanos y materiales.

La utilización de Morón, según ha explicado, viene vinculada a la situación de inestabilidad en la que se encuentra el norte de África lo que afecta a los intereses de Estados Unidos y también a la seguridad de España.

El titular de Defensa también ha informado de la solicitud efectuada por el Gobierno al Congreso de los Diputados para que autorice a las Fuerzas Armadas españolas a participar en una operación en la República Centroafricana. Para explicar dicha operación Morenés ha anunciado que comparecerá en sede parlamentaria dentro de dos semanas.

Esta solicitud responde a la petición hecha por Consejo de Seguridad de la ONU a la Unión Europea para enviar una fuerza especial (EUFOR RCE) a la República Centroafricana dado el agravamiento de la situación y mientras que las fuerzas de la misión de la Unión Africana no se puedan desplegar, lo que puede demorarse entre cuatro y seis meses.

España ha ofrecido participar con 50 efectivos de operaciones especiales, 10 para ser desplegados en los cuarteles generales y hasta 25 miembros de la Guardia Civil.

La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que el calendario sobre la futura reforma fiscal está siguiendo los plazos indicados por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación. De hecho, el informe solicitado a los expertos será presentado la semana próxima. Se trata, ha añadido, de una reforma amplia, muy completa, con carácter de "globalidad y seguridad jurídica para varios años".

A propósito de las denominadas balanzas fiscales presentadas en las últimas fechas por varias comunidades autónomas, ha destacado que es lógico que cada comunidad tenga su propio criterio, lo que da lugar a cifras muy dispares y ha anunciado que en abril se darán a conocer los datos de 2011. El Gobierno ha de atender al interés general y al objetivo fundamental de que todos los ciudadanos reciban los servicios públicos en condiciones de igualdad en todos los territorios, ha añadido.

Preguntada por las posibles analogías entre la convocatoria de un referéndum en Crimea y la anunciada consulta soberanista en Cataluña, la vicepresidenta ha señalado que Crimea "tiene poco que ver con Cataluña" y que lo que ha quedado sentado es el principio de carácter general según el cual la legalidad internacional se aplica a todos de conformidad con "los acuerdos constitucionales de cada uno de los Estados".