Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Les vamos a explicar los principales asuntos que han sido aprobados hoy en Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Defensa, porque hoy se ha presentado y se ha aprobado en el Consejo el Anteproyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, que será remitido, pasada esta primera fase, al Consejo de Estado para su informe.

¿Por qué esta reforma? Porque el actual Código Penal Militar lleva en vigor veintiocho años y hay, tanto razones técnicas, como mejoras, que permiten aprobar ahora un nuevo Código con la experiencia acumulada en todo este tiempo. Se da, por otro lado, cumplimiento a lo establecido en una Ley Orgánica, la de 7 de julio de 2011, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El proceso de modernización de la organización militar, la profesionalización ya culminada de las Fuerzas Armadas y la permanente participación de unidades militares españolas en misiones internacionales fuera de nuestro territorio, así como la plena incorporación de la mujer, requieren algunas modificaciones, especialmente, las que permiten desarrollar las obligaciones asumidas por España relativas a la prevención y castigo de las violaciones del Derecho Internacional humanitario y del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Además, se ha considerado oportuno incluir nuevas figuras delictivas que otorguen mayor protección penal al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, especialmente en el ámbito de la no discriminación.

El ministro de Defensa dará todos los detalles de este texto, en el que, además, se simplifica el sistema de penas, se reduce su tamaño y se adecúa al Código Penal común, el ordinario, el del conjunto de los ciudadanos.

En segundo lugar, se ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte. Como saben, fue creado en la Ley Orgánica de 20 de junio del año 2013 de protección de salud del deportista y de lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Es un órgano colegiado, de ámbito estatal; está adscrito al Consejo Superior de Deportes, pero tiene que hacer sus funciones con absoluta independencia de éste.

Su creación obedece a la necesidad de asumir las funciones que venían desarrollando dos órganos, el Comité Español de disciplina deportiva y la Junta de Garantías Electorales, que se suprimieron por dicha Ley Orgánica. Será ahora un único órgano el que, una vez que entre en vigor este Tribunal, hará sus funciones. Se unifican, por tanto, en una sola entidad administrativa las tareas que antes llevaban a cabo estas dos instituciones en materia de dopaje, disciplina deportiva y garantía de la legalidad de los procesos electorales que se desarrollen en las actividades deportivas.

¿Qué funciones tiene este Tribunal Administrativo del Deporte? En primer lugar, decidir en vía administrativa, es decir, antes de acudir a los Tribunales, y en última instancia, las cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia relacionadas con el dopaje y conocer de esos recursos especiales de que habla el artículo 40 de la Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje.

Las resoluciones que dicte el Tribunal en materia de este recurso especial y en materia de dopaje en el deporte son inmediatamente ejecutivas, agotan la vía administrativa y contra las mismas los legitimados pueden interponer recurso contencioso-administrativo ya ante los Tribunales de Justicia. Hasta ahora, esta competencia venía siendo ejercida por el Comité Español de Disciplina Deportiva.

La segunda de sus funciones es tramitar y resolver expedientes disciplinarios, tanto en última instancia administrativa, como a requerimiento del presidente del Consejo Superior de Deportes o de su Comisión Directiva. Se trata de conocer infracciones muy graves a las reglas del juego o competición, o a las normas deportivas generales.

Por último, vela, por decirlo de alguna manera, por la limpieza, por la conformidad a derecho, de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las federaciones deportivas españolas, tarea que hasta ahora realizaban las Juntas de Garantías Electorales.

El Tribunal consta de siete miembros, con plena garantía de su independencia e inamovilidad. En el ejercicio de sus funciones no podrán recibir ni instrucción ni orden alguna de ninguna autoridad ni de ninguna otra persona. Son designados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes entre las siguientes personas: cuerpos docentes universitarios, que son profesores titulares de universidad, o catedráticos de universidad; magistrados o fiscales excedentes; funcionarios de carrera en activo de Cuerpos o Escalas clasificadas en su grupo A-1, e igualmente podrán formar parte del Tribunal abogados en ejercicio que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con el deporte.

El presidente será nombrado por el presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta y de entre los miembros del Tribunal, y el secretario será designado por el presidente del Consejo Superior de Deportes entre funcionarios de carrera pertenecientes al grupo A-1, licenciados en Derecho o graduados en Derecho, por las tareas que tiene el secretario general de un tribunal de esta naturaleza.

La duración del mandato de los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte será de seis años y no podrán ser reelegidos. Además de acomodarse a las reglas de la reforma de las Administraciones Públicas, de ir reduciendo órganos y fortaleciendo órganos superiores, la puesta en marcha de este Tribunal no supone incremento de gastos, ya que nace de la fusión de los anteriores y cuenta, además, con el apoyo de los medios personales, técnicos y presupuestarios del Consejo Superior de Deportes.

Por último, quiero darles cuenta del Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para el año 2014. Este Plan tiene como objetivos prioritarios la promoción de hábitos saludables y seguros, el apoyo a las nuevas tecnologías y la promoción de derechos de los ciudadanos. Se prevé una inversión de 41 millones de euros, que representa un aumento del 24 por 100 respecto a la planificación del año pasado. ¿Por qué? Porque se recogen en esta campaña algunas de las que no se realizaron en el año 2013 y que pasan a computar en este año 2014. Si se tiene en cuenta la inversión en publicidad comercial, la suma alcanza los 147 millones de euros; 17 millones más de lo planificado en 2013.

El Plan está a disposición de todas las organizaciones del sector y los ciudadanos a través de la web de La Moncloa. Allí hay información detallada de las 72 campañas institucionales, 28 más que las recogidas en el año pasado --además, indicar este año es un año electoral--, que serán desarrolladas en 2014 por los ministerios, organismos y entidades públicas. Tienen los objetivos de cada campaña, duración, coste, período de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión y público, idioma, evaluación, aplicación presupuestaria y disponibilidad de las mismas.

Ejes principales: seguridad, salud, nuevas tecnologías y derechos de los ciudadanos; un 84 por 100 de la inversión. En primer lugar, campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía, y cuidado del entorno. También es importante el apoyo a las nuevas tecnologías --dividendo digital, programas TIC, Agenda Digital-- y a la promoción en materia de derechos de los ciudadanos: violencia de género, intolerancia, fiscalidad, proximidad de las Fuerzas Armadas, elecciones al Parlamento Europeo y la campaña que figura para el conocimiento y efectos de la Ley de Transparencia.

En cuanto al número de campañas, los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Industria, Energía y Turismo; y Empleo y Seguridad Social, e Interior suman 45 de las 72. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el que lleva a cabo un mayor número de campañas, dieciséis, y el de Industria el que lleva a cabo un mayor esfuerzo inversor.

En cuanto al Plan, incluye, además, un listado de campañas comerciales, con información de los organismos que las promueven y su coste. Está prevista la realización de 44 campañas, como decía, con una inversión de 106 millones de euros.