Intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro

Sr. Montoro.- Como decía la vicepresidenta del Gobierno y portavoz del mismo, la política de favorecer la reducción de los plazos de pago de las Administraciones Públicas ha caracterizado a toda la acción del Gobierno desde comienzos de la Legislatura.

En el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado una nueva norma, que lo que hace es desarrollar el procedimiento, que ya abrimos, insisto, desde comienzo de Legislatura, de proveedores, que se conoció como ese mecanismo. Lo que hacemos con el Real Decreto que hemos aprobado hoy es precisar, establecer, que en el mes de octubre todas las Administraciones Públicas de España, con claves homogéneas, habrán publicado, difundido, cuál es el plazo medio de pago de sus proveedores. Esto es un avance en términos también de transparencia, de compromiso en la gestión pública, puesto que todos los proveedores de las Administraciones Públicas deben conocer si, efectivamente, cada una de ellas está reduciendo esos plazos hasta dejarlos situados en el ámbito que marca la Ley de Morosidad en nuestro país.

Es un objetivo que vemos cada vez más al alcance de la mano y un objetivo para el que también el Real Decreto desarrolla la habilitación que ya establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativa a que, en el caso en el que una Administración Pública no esté cumpliendo los plazos de morosidad, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está habilitado para intervenir en su parte correspondiente, en su cuota correspondiente, del sistema de financiación autonómica y/o local, de manera que garantiza el Gobierno de España que los proveedores están cobrando en su tiempo.

Erradicar la morosidad, éste es un gran objetivo de Gobierno, de país; un objetivo absolutamente necesario, clave para superar la crisis económica; un objetivo que, como les decía, estamos alcanzando y se ve claramente. Hoy ya podemos disponer de los datos propios del período de pagos de la Administración General del Estado, que en el primer trimestre del año 2014 está pagando a sus proveedores en una media de 26,8 días. Ésa es una gran reducción respecto de la situación en la que nos encontramos, cuando en el primer trimestre del año 2012 ese período medio era de 41,7 días.

En ese esfuerzo que estamos haciendo, insisto, todas las Administraciones, también estamos desde el Gobierno de España, como es nuestra obligación, ayudando a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales con mecanismos excepcionales, extraordinarios, como ha sido Proveedores y como ha sido también el Fondo de Liquidez Autonómica. Estos mecanismos han reducido sustancialmente la deuda comercial, es decir, la deuda reconocida y no liquidada, por parte de las Administraciones Públicas, que es lo que todavía veo que se identifica equivocadamente como las facturas en el cajón. Ésas no son facturas en el cajón; ésas están reconocidas en la contabilidad pública y no pagadas, no liquidadas. También es una condición, una categoría, de déficit público; por tanto, el peor: es decir, lo reconoces y no lo pagas, no lo liquidas, obviamente, porque no tienes capacidad económica para hacerlo.

Por eso, junto a Proveedores, desde el Gobierno de España hemos desarrollado el procedimiento, que también se ha entendido excepcional, de los Fondos de Liquidez Autonómica; esos Fondos de Liquidez Autonómica que han llevado a la formulación de unos créditos habilitados desde el Gobierno. También estamos proyectando, estamos trabajando para los próximos días también, mejorar las condiciones de ese crédito del Fondo de Liquidez Autonómica para las propias Comunidades Autónomas, de manera que ellas también se beneficien de lo que está siendo la recuperación de la confianza en España que se traslada a unos menores tipos de interés para financiar aquellos déficit que todavía son demasiados altos en nuestro país, pero cuya financiación es absolutamente básica, porque detrás de ese concepto está la financiación de nuestra pequeña y mediana empresa; pero también está el que los servicios públicos tan básicos como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales se puedan estar pagando y esos hospitales, para entendernos, sigan abiertos o, por descontado, cualquier centro educativo que hubiera tenido que cerrar si no se hubieran habilitado estos mecanismos, estos procedimientos.

Damos, por tanto, pasos en la materialización de nuestras políticas; pero pasos también que han sido, como todos ya conocemos,… No les voy a evitar y les voy a recordar algunas cifras, obviamente, que también yo creo que es bueno recordar. Desde esta mesa de Consejo de Ministros siempre la novedad es lo que acabamos de aprobar; pero en lo que ha sido el balance del Plan de Pago a Proveedores el importe abonado para las Comunidades Autónomas ha sido 30.200 millones de euros y para las entidades locales, 11.600 millones de euros. Por tanto, hemos superado la cifra de 41.800 millones de euros, lo que significa que se han atendido a más de 190.800 proveedores y se han pagado directamente, por el mecanismo creado, más de ocho millones de facturas. Ocho millos de facturas gestionadas directamente, lo que quiere decir también mucho respecto de la eficacia de una Administración que es capaz, obviamente, no sólo de dotarse de los recursos financieros, sino de gestionar sin que prácticamente haya habido reclamaciones en un pago tan grande.

En términos del Fondo de Liquidez Autonómica, los fondos aportados han sido en el año 2012, 16.338,2 millones de euros, de los cuales 6.297,5 millones corresponden a más de 280.000 facturas de casi 20.000 proveedores; en el año 2013, 22.948,5 millones, de los cuales 7.018,77 millones corresponden a casi 400.000 facturas de casi 43.000 proveedores; y en el año 2014 la cuantía prevista del Fondo de Liquidez Autonómica asciende a 23.000 millones de euros. Esto significa que el ahorro de intereses, los ahorros por el FLA, en 2012, 2013 y 2014, se estiman en, al menos, 624,8 millones de anuales y 4.111 millones de euros considerando todo el plazo de la operación; teniendo en cuenta la determinación de los ahorros y los costes máximos de financiación de las Comunidades Autónomas en los periodos en los que ha estado en vigor el FLA. Es decir, considerando los ahorros que han tenido las Comunidades Autónomas adheridas en relación con las condiciones a las que deberían haber formalizado esas operaciones si no se hubieran adherido al FLA.

Todo ello también se completa como conocen, con el apoyo también financiero otorgado a las Entidades Locales con especiales problemas financieros. También estamos soportando ahí a más cien Ayuntamientos de manera directa y, obviamente, garantizando la prestación de los servicios públicos que realizan esos Ayuntamientos para sus vecinos.

Ésas son las ideas que yo quería darles y estamos a su disposición para explicarles el desarrollo de las mismas.