Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Portavoz.- Buenas tardes. Comparecemos ante ustedes el ministro de Hacienda y Función Pública y yo para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

Antes que nada, permítanme expresar condena y rechazo por la explosión que ha habido en el Metro de Londres. Parece un atentado terrorista. No hay todavía noticias fidedignas, pero hemos estado en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está en contacto con la Policía de Londres, para interesarse por lo que ha sucedido y por ver si hay alguna víctima de nacionalidad española. Por el momento, no tenemos ninguna noticia sobre ello; pero vaya nuestra solidaridad y, cómo no, nuestro rechazo.

Quiero recordar también cómo, después de la última rueda de prensa celebrada el pasado viernes, el lunes la Abogacía del Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley de Transitoriedad de fundación de la república de Cataluña, dando así cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros, como les había relatado yo.

Ese recurso se basa en la inconstitucionalidad íntegra y completa, y vulneración de varios artículos de la Constitución, cuyo contenido conduciría a un régimen donde se anularían la división de poderes y todas las garantías del Estado de Derecho. El Poder Judicial pasaría a ser un mero apéndice administrativo del Ejecutivo y el Parlamento quedaría vacío de contenido y merced a un mandato imperativo que esa Ley otorga a un proceso asambleario de participación ciudadana, denominado "Asamblea Constituyente", que se asemeja más a lo que acontece en otros lugares allende los mares que a lo que sucede en nuestro entorno europeo. Después de ese recurso, el Tribunal Constitucional ha suspendido dicha Ley y, por lo tanto, esa Ley no tiene ningún efecto jurídico.

Quiero referirme, además, también al Día de Cataluña, a la Diada, que ha sido tradicionalmente el día de todos los catalanes desde la restauración democrática en 1977. Leía yo este fin de semana una novela de Ignacio Martínez de Pisón, "Derecho Natural", donde contaba la primera Diada de 1977, precisamente, y cómo era una fiesta de todos los catalanes, que transcurría en un clima de convivencia y pluralismo político y social. Lo que vimos el otro día, desgraciadamente, hace que eso ya no sea así. La Diada ha pasado a convertirse en un instrumento de la causa secesionista que abandera la minoría radical que en estos momentos gobierna en Cataluña.

La Diada es la demostración hoy más evidente de la división social existente en Cataluña, porque una minoría se ha apropiado de ella. No vimos ni una "senyera", que es la bandera que une a todos los catalanes, y, en cambio, sí vimos cómo encapuchados procedieron a la quema de banderas de España, de Francia o de la Unión Europea, motivando una queja de la representación francesa; o de fotografías con la imagen del Rey.

Coherentemente con esa deriva radical a la que me he referido, se otorgó al señor Otegi y a la delegación de Bildu una posición prioritaria y privilegiada en dicha manifestación. Creo que ello debe hacer reflexionar a toda la sociedad catalana sobre estas muestras palpables de radicalización política y social, que son una traición al espíritu originario de la Diada. El Gobierno quiere que la Diada vuelva a ser la fiesta de todos los catalanes, compartiendo una misma bandera; que sea un día para la convivencia pacífica y tolerante, donde nadie puede ser ni señalado ni excluido.

Ello, esta manifestación de la Diada, muestra el deterioro democrático en Cataluña, que afecta a su núcleo institucional, incurriendo, como estamos viendo, en desobediencias; y la discriminación política que sufren también una mayoría de catalanes que no pueden ejercer las libertades públicas en condiciones de igualdad con los demás --son tratados de súbditos--, y consecuencia de ello es esa división, esa fragmentación, de la sociedad política catalana.

Como tuvimos ocasión de ver y como tuvo ocasión de ver todo el mundo en los debates --debates por llamarlos de alguna manera--, en las sesiones, que tuvieron lugar en el Parlamento de Cataluña, en media tarde se pegó un golpe a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, que es la base legal de ese Parlamento, y a quinientos años de historia. Ahí tuvimos la prueba patente de que una mayoría parlamentaria, que es en cambio una minoría social y política, privó de los derechos más elementales de representación política a quienes no compartían esas iniciativas secesionistas y les privó de esa función representativa, que es también la esencia del régimen político democrático.

Desde que empezó este desafío secesionista, el Gobierno ha mantenido una línea de actuación caracterizada por dar una respuesta adecuada, que es la respuesta que tiene la democracia contra quienes atentan contra ella: es la respuesta del Estado de Derecho, que es la garantía de nuestros derechos y de nuestras libertades, de todos y no solamente de uno. El Gobierno va a preservar la concordia, porque le importa preservar la concordia, porque el Gobierno es el Gobierno de todos y no quiere debilitar más el equilibrio social maltrecho por esta fractura a la que me he referido anteriormente.

Estos días estamos viendo cómo frente a estos hechos el Estado democrático funciona con precisión y estos días hemos visto cómo se han producido llamamientos muy llamativos a respetar la legalidad, a respetar la Constitución, a respetar los cauces que nos hemos dado todos los españoles: desde las palabras del jefe del Estado ante el mundo de la cultura antes de ayer en Cuenca; ayer, ante el mundo de la Universidad, con la apertura del curso universitario, el rector de la Universidad de Salamanca brindando el apoyo del mundo de la Universidad al Gobierno para que mantenga en todo momento la legalidad; o las principales asociaciones de jueces, las cuatro más importantes, que se han pronunciado sobre la situación de Cataluña y de una manera inequívoca en favor del Estado de Derecho.

Dicen cosas tan firmes como que "los ciudadanos y los poderes públicos, y cito, todos sin excepción, están sujetos a la Constitución. Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé no hay legalidad ni Estado de Derecho". Y continúan las asociaciones de jueces: "la aprobación por el Parlamento de Cataluña --de estas dos leyes a las que he hecho referente anteriormente y suspendidas por el Tribunal Constitucional-- carece de eficacia alguna y no tiene valor vinculante alguno, y los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir dichas leyes ni las normas dictadas en su desarrollo". "Los funcionarios públicos --continúan los jueces-- tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad, y unos y otros encontrarán amparo y respuesta en los juzgados y en los Tribunales".

Asimismo, en el plano europeo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, manifestó ante el Pleno del Parlamento Europeo que en la Unión Europea respetar el Estado de Derecho no es una opción, es una obligación. Y ayer mismo Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, reafirmó algo que dijo ya anteriormente, pero lo dijo con la fuerza de presidir el Parlamento de todos los europeos: que la Constitución de un país es una ley fundamental que es parte del marco jurídico europeo.

Por tanto, dicho todo esto, quiero lanzar nuevamente un llamamiento a la cordura y a la concordia, y pedir a todos los españoles que tengan confianza en la fuerza de la democracia, que el Gobierno sabrá administrarla, garantizando el derecho y las libertades de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos.

El Consejo de Ministros hoy ha tomado una serie de acuerdos. Uno de ellos es por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de una subvención nominativa para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel para el ejercicio 2017, por un importe de treinta millones de euros. Esto lo viene haciendo el Consejo de Ministros desde el año 2012 --¿verdad, ministro de Hacienda?-- y ello es así porque, en virtud de las características del Fondo de Cooperación Interterritorial, Aragón no tendría acceso a dicho Fondo, pero dentro de Aragón la provincia de Teruel es una provincia desfavorecida.

Por tanto, esto es una excepción que aplica el Gobierno, que lleva aplicando ya desde el año 2012, para que Teruel, castigada por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión, acceda a determinados fondos. Ahora los que hemos aprobado son treinta millones para este ejercicio; pero en total, desde el año 2012, la cantidad, el montante global, suma 180 millones de euros por parte del Estado a la provincia, lo que ha permitido llevar a cabo infraestructuras o edificios públicos como la Ciudad del Motor de Alcañiz o la Plataforma Aeroportuaria, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, el proyecto Galáctica y la restauración de la catedral de Teruel.

Próximamente, la vicepresidenta del Gobierno y el presidente de la Comunidad de Aragón firmarán este acuerdo y también quiero anunciarles que en Teruel este año, concretamente el día 27, tendrá lugar la inauguración del curso de Formación Profesional.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado un acuerdo por el que se autoriza a los Ministerios de Energía, de Educación y de Economía la suscripción de la adenda al Convenio marco de colaboración con la entidad pública empresarial Red.es para la extensión de la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. Se trata de un proyecto que permite extender la banda ancha a los centros educativos de primaria y secundaria, con una inversión del Estado de 240 millones de euros. Hay siete Comunidades que habían firmado previamente el Convenio, ahora se abre este Convenio en el cual las Comunidades Autónoma también deberán participar financieramente y se abre también, y es muy importante, a Ceuta y a Melilla.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de doña Silvia Cortés Martín como embajadora de España en Ucrania y de don Pablo Ruiz-Jarabo Quemada como embajador en misión especial de Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

Además, el Consejo de Ministros ha escuchado, en primer lugar, un informe del ministro de Asuntos Exteriores sobre las negociaciones del "Brexit". El ministro de Asuntos Exteriores ha explicado dónde se encuentran dichas negociaciones y ha mencionado el importante discurso que pronunciará la primera ministra, doña Theresa May, en Florencia en los próximos días, donde va a manifestar la posición del Gobierno británico. Probablemente, las negociaciones van con retraso respecto al calendario acordado; pero el ministro de Asuntos Exteriores ha querido recalcar cómo la posición española se encuentra en plena sintonía con los otros socios de la Unión Europea, apoyando todas las intervenciones que está llevando a cabo el negociador principal, don Michel Barnier.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe que ha hecho el ministro de Hacienda y Función Pública. Le voy a dar la palabra a él para que explique ese informe. Nos ha informado en el Consejo de Ministros, pero posteriormente se ha reunido la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que es la que ha tomado el acuerdo.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)