Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en Consejo de Ministros.

Uno de los elementos que ha recibido hoy un importante impulso es la reforma de las Administraciones Públicas, mediante la aprobación de las dos leyes fundamentales para consolidar todo el esfuerzo que las Administraciones han hecho en su reforma durante estos últimos tres años. Hoy se envían a las Cortes los Proyectos de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público. A través de ellos, lo que buscamos es implantar una Administración electrónica, interconectada, transparente y con una estructura más clara y más simple. Han sido proyectos ampliamente informados por Comunidades Autónomas, Entidades Locales, el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos o el Consejo de Estado, entre otros.

Esta reforma se basa en dos ejes fundamentales: por un lado, las relaciones de la Administración con los ciudadanos y con las empresas, de la que se ocupa la Ley de Procedimiento Administrativo; y la propia organización y relación interna entre las distintas Administraciones y dentro de cada Administración, en la que se centra la Ley de Régimen Jurídico.

Principales novedades en estas leyes --lo vamos a hacer para que sea un poquito más gráfico-- según sectores a los que van dirigidos. Principales novedades para los ciudadanos:

Lo que hace, fundamentalmente, la primera de las leyes es facilitar las relaciones electrónicas del ciudadano con la Administración. Con este motivo, se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quién se dirija. Es decir, se abre un registro electrónico para que las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, los 365 días al año, pueda el ciudadano interconectar con la Administración.

Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar en los trámites administrativos, y además, se establece la asistencia personal de la Administración para todos aquellos ciudadanos que lo necesiten o que no quieran dirigirse a la Administración por vía electrónica; y se prevé, incluso, que las Administraciones puedan avisar al ciudadano, si así lo ha autorizado, mediante un mensaje al teléfono móvil, de que tienen una notificación que pueden consultar de forma electrónica. Es decir, que a partir de ahora el ciudadano que lo desee podrá dejar un número de teléfono móvil al que le llegará la notificación por parte de la Administración.

Se reducen las cargas administrativas. Se establece como regla general, pero se impulsa mucho más a través de los sistemas de registros que ahora veremos, la no solicitud de documentos originales, como pueden ser declaraciones de renta o certificados de empadronamiento, ni se exigirá a los ciudadanos la presentación de fotocopia, sino que, registrados los documentos electrónicamente, ya será la Administración la que, en su caso, elaborará las copias o redirigirá la documentación hacia los procedimientos que los necesite.

Habrá un procedimiento administrativo general más fácil de conocer, se va a prescindir de un buen número de los procedimientos especiales que existen en la actualidad e, incluso, se prevé un procedimiento administrativo exprés para casos de menor complejidad, a fin de poder agilizar su resolución.

Se generaliza en todos los procedimientos administrativos lo que ahora existe sólo en algunos, que es la reducción del importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

En el ámbito de la elaboración de las normas, además de establecer un procedimiento más ágil para la elaboración de leyes y otras normativas de naturaleza administrativa, se establece la obligación cada año de publicar un plan normativo anual, para que los ciudadanos puedan conocer cuáles son las leyes que en un primer momento y, sin perjuicio de que fueran necesarias por motivos de urgencia, puedan modificar la Administración.

Principales novedades para las empresas, en este caso. Las empresas se organizaran obligatoriamente de forma electrónica con todas las Administraciones --como ya vienen haciendo con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, ahora se extiende a todas las Administraciones-- y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes se relacionen en sus trámites administrativos con la Administración. Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que ya tiene la Administración o que puede elaborar la Administración.

En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común, que será enero y junio, para la entrada en vigor de normas que afecten a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad profesional o económica. Esto permitirá que sólo tengan que adaptarse en dos momentos muy concretos del año a los cambios y puedan planificar mejor su actividad.

En el ámbito de las relaciones entre las propias Administraciones, es decir, Administraciones entre sí, mayor transparencia y un funcionamiento más ágil, porque todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus procedimientos. Para ganar en transparencia, y esto es muy importante, y además lo demandaban las Comunidades Autónomas, se crea un inventario único y público de todos los organismo y entidades vinculadas o dependientes de todas las Administraciones, un único inventario, de manera que, a diferencia de lo que nos ha pasado, y luego hablaré de los Entes Públicos que hemos reducido, y de las empresas públicas, se podrá saber, qué empresa pública o qué organismo público depende de cada Administración. Esto hasta este momento no estaba actualizado y, además, permitirá a cualquier ciudadano o a cualquier empresa conocer qué organismos y qué entidades existen en cada momento.

Pero además, para mejorar la transparencia, también se creará un registro estatal de todo el listado de órganos de cooperación en los que participe la Administración General del Estado y de todos los convenios que tiene la Administración General del Estado, de manera que también podrán conocerse esos órganos de colaboración.

Como decía hace un momento, también ganamos en calidad normativa, porque se prevé la realización de una consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de propuestas normativas, y habrá una evaluación todos los años de las iniciativas aprobadas en el año anterior para ver cómo han funcionado y la posibilidad de introducir nuevas modificaciones.

Por otro lado, también se regulan las Conferencias Sectoriales como órganos de cooperación en la necesidad de que se les informe y puedan informar de los proyectos normativos que afecten a otras Administraciones. También se refuerzan el control y la disciplina de las Administraciones Públicas para lograr la consolidación fiscal.

Como saben, y ahora les diré, el esfuerzo en reducción de empresas públicas y organismos públicos en general en estos últimos años, en esta Legislatura especialmente, ha sido amplísimo. Luego insistiré en los datos, pero se han reducido en España, se han eliminado, se han suprimido en términos netos, es decir, de los reducidos restamos los que hemos creado…, la eliminación neta de organismos públicos y de empresas públicas ha sido de 2.194, entre organismos y empresas públicas. Ése ha sido un esfuerzo ingente y ahora lo que tenemos que lograr, hecho ese esfuerzo, es que haya mucho mayor control a la hora de crear nuevos organismos públicos. Hay que consolidar lo hecho.

¿Qué hacemos? Un sistema muy exigente a la hora de crear nuevos organismos públicos para evitar su proliferación injustificada; habrá que acreditarse la necesidad del mismo y la imposibilidad de llevarse a cabo de otra manera. Se simplifica toda la tipología del sector público institucional. Se establece un régimen completo y más ágil para sus transformaciones, fusiones, disoluciones, liquidaciones y extinción de entidades, porque sabemos lo fácil que es crearlas y lo que nos ha costado extinguir esas 2.100, más de 2.100. Y, además, se establece para todas ellas un régimen de supervisión continua, para que podamos analizar, tanto el plan de actuación, como su plan su sostenibilidad financiera.

Por último, se hace un esfuerzo muy importante en los organismos de coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas. Se regula por primera vez por Ley la Conferencia de Presidentes y se regulan de forma precisa las Conferencias Sectoriales: por primera vez, sus acuerdos serán, con carácter general. de obligado cumplimiento.

Por tanto, con estas dos leyes lo que hacemos es consolidar pro futuro el esfuerzo que hemos hecho en la reforma de la Administración en estos años. Y aprovecho para presentarles el balance trimestral y acumulado de lo conseguido con la reforma de las Administraciones Públicas, el llamado Informe CORA.

A fecha de hoy --como saben, este Informe contiene 222 medidas--, 156 medidas están íntegramente implantadas. Es decir, más del 70 por 100, el 70,2 por 100, de las medidas de este Informe están totalmente ejecutadas, totalmente culminadas

Por destacar algunas cuestiones, quiero señalarles que la actividad legislativa y normativa para adaptar las distintas Administraciones a este Informe ha sido muy amplia. Desde junio de 2013, en que se presentó, se han aprobado tres Proyectos de Ley Orgánica, veintiún Proyectos de Ley, cuarenta y un Real Decretos y numerosos Acuerdos y Ordenes de todos los Departamentos ministeriales. Y para lograr que las Comunidades Autónomas pudieran llevar a cabo y aprovechar los esfuerzos de ese Informe, se han firmado 292 convenios para evitar duplicidades y favorecer los canales de comunicación y la interconexión de ficheros y datos. Catorce Comunidades Autónomas se han adherido a más del 85 por 100 de las medidas del Informe CORA.

Como señalaba hace un momento, uno de los esfuerzos más amplios que quiero destacar ha sido el proceso de reducción de empresas y de otros organismos públicos. Éste era, quizá, uno de los asuntos que más se demandaba al inicio de la Legislatura: reducir esa proliferación de organismos públicos por parte de las Administraciones. A fecha de hoy, se han suprimido 2.194 Entes Públicos: 105 en el Estado, que saben que tiene una Administración institucional más pequeña, 715 en las Comunidades Autónomas y 1.374 en las Corporaciones Locales. 2.194 Entes Públicos. No la decisión de extinguirlos; la extinción, o sea, no existen, han desaparecido del panorama administrativo.

El segundo de los elementos en la descripción del informe trimestral, y que es muy importante, son los avances en compras centralizadas.

Como ustedes saben, hasta ahora, y la Ministra lo conoce muy bien --entre otros, tuvo que simplificar los contratos de energía eléctrica--, cada Ministerio y cada organismo dentro de cada Ministerio compraba independientemente sus principales suministros, por poner un ejemplo. Pues bien, sólo con trece grandes acuerdos o con contratos marco en los principales contratos de la Administración, hemos ahorrado 454 millones de euros, que es ni más ni menos que el presupuesto del Ministerio de la Presidencia y de sus organismo adscritos: el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia del BOE, etc., etc. Sólo centralizando contratos de toda la Administración y contratando todos juntos: 454 millones de euros.

Otro elemento que ha tenido un gran avance es la plataforma de facturas electrónicas, estoy estacando las principales novedades de estos tres meses. Hasta la fecha, desde su implantación se han gestionado más de 900.000 facturas electrónicas emitidas por unas 22.000 empresas distintas a 5.700 Administraciones de todos los niveles. Esto no sólo agiliza la tramitación de las facturas y ahorra papel, sino que permite, fundamentalmente, las facturas no queden en los cajones, porque desde el momento en que la factura electrónica ingresa en un registro público, se tiene certeza de la fecha de su emisión y del momento en que empiezan a producir intereses.

Otro de los grandes avances y más importantes que se han llevado a cabo en estos meses ha sido el acuerdo para extender la conectividad en centros escolares en toda España. Se trataba de incorporar progresivamente a los centros escolares y de enseñanzas universitarias la red de fibra óptica. Ésta es una de las principales medidas del informe que permite tener conectada a toda la Administración educativa con red de fibra óptica y fue uno de los convenios que firmamos en esta Legislatura.

Pues bien, desde 2012, el conjunto de medidas de reforma de la Administración aprobadas, que son medidas de eficiencia, empleo público y reorganización orgánica… No voy a incluir las de enajenaciones, que son cinco mil millones más, de determinadas participaciones del Estado; sólo en lo que son medidas de eficiencia administrativa, empleo público, reorganización orgánica e ingresos de venta de patrimonio digamos inmobiliario --como digo, no metemos patrimonio accionarial, del que también ha dispuesto la Administración y que han sido cinco mil millones más--; sólo en medidas de reorganización administrativa se han ahorrado más de veinte mil millones de euros, 20.200 millones de euros. El presupuesto de los ministerios de un año, lo que es la Administración central y los distintos ministerios, es de 34.000 millones de euros.

Resumiendo, Informe CORA, ahorros de 20.200 millones de euros, 2.194 empresas y otros organismos públicos suprimidos, y ejecutadas al 100 por 100 más del 70 por 100 de las medidas del Informe.

El segundo de los bloques que hemos aprobado hoy, que también es una reforma estructural fundamental, afecta al sector del transporte, con los Proyectos del Ley del Sector Ferroviario y de Carreteras, que presentará la Ministra y que enviamos también al Congreso de los Diputados. Y también a propuesta del Ministerio de Fomento, se ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de la Autovía A-68, un tramo muy importante, Figueruelas-Gallul, con un valor estimado de 56 millones y medio de euros.

Tercer asunto, también muy importante: hoy se aprueban dos Reales Decretos por los que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Segura, y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. En respuesta a la falta de precipitaciones en ambas demarcaciones, que ponen en riego la demanda de agua en estos territorios, se aprueban estos Reales Decretos de sequía, que irán acompañados, además, la próxima semana de un crédito extraordinario para financiar las actuaciones que deben acometerse con carácter urgente, del entorno de los cincuenta millones de euros y cuyo informe con carácter urgente hoy hemos solicitado al Consejo de Estado.

¿Qué medidas se adoptan y para qué? El objetivo es incrementar el agua disponible con medidas excepcionales limitadas en el tiempo y se va a hacer con el consenso de todos los agentes implicados, especialmente los usuarios. ¿Qué medidas se adoptan? Establecimiento de reglas excepcionales en la utilización del dominio público hidráulico. Se prevén modificaciones en las dotaciones de suministro o en los criterios de selección de recursos, con el objetivo de evitar poner en riesgo la garantía de abastecimiento.

En segundo lugar, se movilizan todos los recursos disponibles. En la cuenca del Segura, la utilización de aguas subterráneas no asignadas que funciona como una reserva estratégica para estos casos y, en total, se usarán 89 pozos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura; la movilización de agua desalada hasta un volumen de 66 hectómetros cúbicos y, temporalmente, las cesiones de derecho por el volumen total previsto en el título concesional del cedente para optimizar el uso del agua.

En la Cuenca del Júcar, se ejecutarán, además de las medidas de gestión del dominio público hidráulico con carácter excepcional, obras de captación para poner en funcionamiento entre cinco y diez pozos más de sequía.

Como digo, estará previsto un crédito extraordinario que permitirá determinadas actuaciones y determinadas infraestructuras imprescindibles para poder hacer frente a esta situación de sequía, y, entre otras, la conexión de alguna desaladora con zonas especialmente necesitadas, como Lorca, de agua.

Capítulo de inversiones. Aparte de la que hemos destacado en el ámbito de Fomento, me gustaría señalarles que el Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de límites y el número de anualidades establecida en La Ley General Presupuestaria para que el Ministerio de Justicia contrate proyectos de obras en edificios judiciales e inversiones informáticas durante los próximos cinco años. Se eleva el límite de gasto para que la inversión alcance los 152 millones de euros. La inversión en nuevas tecnologías garantiza, además, el programa de digitalización de la Justicia durante este año y el próximo, y diversas encomiendas, como el mantenimiento del sistema de gestión procesal o la plataforma tecnológica de registros procesales.

Entre las inversiones en edificios judiciales más importantes destacan los nuevos edificios de Juzgados de Albacete, Badajoz, Guadalajara, Lorca, Segovia y Ibiza, el Campus de la Justicia de Valladolid o la rehabilitación de la sede judicial de Ceuta.

En el capítulo de condecoraciones, quiero destacar que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a Abel Martínez Oliva, por cumplir con su deber como profesor, protegiendo a sus alumnos y a sus compañeros en el Instituto Joan Fuster de Barcelona. Como saben, nación en Lleida en 1979 y desde 2008 ejerció como docente en diferentes centros educativos de Cataluña; el último, este Instituto donde falleció el pasado 20 de abril.

Como saben, esta Gran Cruz tiene un carácter restringido y únicamente pude ser otorgada, y por eso se hace, a personas físicas españolas o extranjeras que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, a la docencia y a la investigación. El Consejo de Ministros, a petición entre otros del Consejo Escolar del Estado, considera que Abel Martínez Oliva lo ha hecho y ha prestado un servicio extraordinario a la comunidad educativa y a todos los españoles.