Respuestas a los medios de comunicación

P.- Vicepresidenta, tengo dos preguntas para usted. Respecto a la investidura de Susana Díaz, y esta misma mañana se ha producido la segunda votación, la segunda no investidura, en este caso, de Susana Díaz, el Gobierno siempre ha dicho y ha repetido la importancia de la estabilidad, estabilidad política y estabilidad institucional. ¿Qué parte de responsabilidad puede tener el partido que sustenta el Gobierno para que no haya estabilidad política en Andalucía?

Eso por un lado. Y si me permite también, sobre el resultado de las elecciones en el Reino Unido, la victoria de David Cameron, ¿qué valoración hace el Gobierno español sobre eso? Y una cuestión muy concreta: las encuestas, los sondeos, los pronósticos, han fallado absolutamente todos. ¿Cree que esto es algo que puede ocurrir también en España?

Vicepresidenta.- En relación con la primera de sus preguntas sobre la investidura de Susana Díaz, la presidenta entonces de la Junta de Andalucía decidió convocar unas elecciones, cuando temporalmente no tocaban o no eran obligadas, por ganar estabilidad. Yo creo que quien toma estas decisiones tiene que valorar las consecuencias que pueden generar. Lo hizo por, decía, ganar en estabilidad. Como digo, no era obligado; podía haber aguantado hasta el final de la Legislatura. Tenía unos presupuestos aprobados y decidió convocar unas elecciones. Yo creo que cada uno tiene que ser consecuente y asumir las responsabilidades de sus decisiones, sobre todo decisiones tan personales, si me permite, como ésta, que corresponde al presidente de cada Administración.

Sobre la posición del resto de los partidos, no le corresponde al Gobierno. Cada uno de los partidos, de acuerdo con las conversaciones que hayan tenido y el propio trato que haya recibido del partido que le corresponde o que tiene que intentar formar gobierno, es quien tiene que tomar esas decisiones. Desde luego, no el Gobierno de la nación.

Sobre los resultados en el Reino Unido, como es habitual entre países socios y amigos, el presidente del Gobierno ha felicitado esta mañana mismo al presidente del Partido Conservador por su victoria ayer, reconociéndole, además, la decidida labor reformista que ha llevado a cabo ese Gobierno y que ha permitido, además, impulsar medidas que son necesarias para el bienestar de los ciudadanos y para el dinamismo de la economía del Reino Unido, que hay que reconocer.

Nosotros entendemos que el nuevo Gobierno continuará contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales hispano-británicas y a la necesaria concertación política, que es fundamental en el seno de la Unión Europea, con lo que, hecha esa felicitación y ese reconocimiento a una labor que ha llevado muy reformista, nosotros seguimos trabajando en la línea en que la hemos mantenido hasta ahora con el Gobierno británico.

Me pregunta por las encuestas. Yo siempre aquí soy muy prudente valorando encuestas, porque aquí se ha visto, y más en Estados, y ahí tenemos una cierta similitud bastante amplia con el Reino Unido… Sobre todo en escenarios tan cambiantes y tan --si me permite llamarlo-- novedosos, donde se producen circunstancias, es muy difícil valorar y acertar en la interpretación. Y al final, lo que importan son los resultados de las urnas y lo que los ciudadanos en las urnas valoran como mejor para sus propios intereses.

Pero eso avala la prudencia que siempre tenemos desde esta mesa en esas valoraciones y en extraer muchas veces conclusiones antes de tiempo porque, ya digo, son escenarios novedosos, en los que tampoco puedes tirar de precedente, de serie histórica. En España sólo hace falta mirar hacia atrás y lo que ha pasado, y entonces yo creo que se impone la prudencia.

P.- Para la vicepresidenta. En relación con la situación en Andalucía, quería saber si el Gobierno considera que una posible salida podría ser un pacto entre los principales partidos para dejar gobernar a la lista más votada después de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, y si ve que eso podría ser posible.

Por otro lado, respecto al Real Decreto Ley sobre los derechos televisivos del fútbol, después de la huelga que se ha convocado, quería saber si el Gobierno está abierto a alguna modificación y si comparte la opinión de la Liga de Fútbol Profesional de que se trata de una huelga ilegal.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los asuntos, y en relación con Andalucía, nosotros somos dos Administraciones y dos Gobiernos distintos, y, desde luego, nosotros no vamos a interferir, y, además, a nada que hemos dicho cualquier cosa que no era tal, ya se ha encargado la Junta de Andalucía de exponer sus discrepancias.

Aquí son dos Administraciones distintas. La que fue, y ahora no está investida, presidenta de la Junta de Andalucía ha decidido convocar elecciones y ella es la que tiene que trabajar por lograr ese Gobierno estable y llegar o no a acuerdos. Desde luego, el Gobierno no es quien para decirle al resto de los partidos del arco parlamentario lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Yo creo que ésa es una tarea que le corresponde a la no investida presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Susana Díaz: trabajar por constituir un Gobierno. Es que fue su opción. Convocó unas elecciones en ese momento porque era lo que consideraba más conveniente para constituir un Gobierno estable. Pues le corresponde trabajar por eso o poner de manifiesto que el resultado de esa decisión le ha llevado a una situación quizá más complicada de la que vivía con anterioridad.

Pero el Gobierno, que es otra Administración, no es quien para decirle a ningún partido, ni siquiera al que le sustenta, lo que tiene que hacer en este punto. Imagínese a los otros por los que usted me pregunta.

Sobre los modelos de explotación de los derechos audiovisuales en las competiciones futbolísticas y el sistema de repartos, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley precisamente porque las partes implicadas así lo solicitaron todas ellas. Se puso de manifiesto, de forma unánime, por los organizadores de las competiciones, los clubes y los futbolistas la necesidad de reformar ese modelo y que, además, se hiciera con carácter estable y por el Gobierno. Nosotros atendimos a lo que era una petición o una demanda que le hicieron al Gobierno de una solución urgente para establecer un marco estable, transparente y de optimización económica.

Nosotros creemos que son las partes las que, en el marco de ese consenso, que es de donde nace, tienen que trabajar. Al Gobierno le plantearon el acuerdo unánime de todos en la necesidad de reformar el sistema y por eso lo hizo. Yo lo que invito a las partes es que en este asunto, que, como ustedes saben, desde hace ya largos años no es fácil, sigan trabajando en ese entorno de consenso que lograron para pedírselo al Gobierno. Y yo espero que vuelvan a lograrlo para solventar esta situación que tienen entre ellos.

P.- Quería preguntarle a la vicepresidenta a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, que hemos conocido hoy, sobre la enseñanza del castellano en las escuelas de Cataluña, de la polémica que hemos vivido estos días también con la prescripción y ese argumento que escuchamos por parte del Gobierno catalán, de las autoridades educativas, que dice que el problema surge porque desde el Gobierno central hay un problema con la identidad catalana. Yo no sé cuál es la respuesta a esas quejas del Gobierno de Cataluña.

Vicepresidenta.- El Gobierno de la nación respeta dos elementos fundamentales, que yo creo que los tenemos que respetar todos, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos; y, en segundo lugar, las resoluciones judiciales. Yo creo que ese es el marco en el que se mueve la democracia y en el que nos debemos mover todos.

En primer lugar, nosotros consideramos que la libertad de los padres y de los alumnos es fundamental, y la tiene que respetar y la respeta el Gobierno de la nación, y la tiene que respetar el resto de la comunidad educativa, porque el sistema educativo precisamente es para eso: para formar nuevos ciudadanos y hacerlo en libertad.

¿Quién decide cómo ha de hacerse? Pues, indudablemente, los Tribunales y el Tribunal Supremo ha sido muy claro; y lo han sido numerosos pronunciamiento de los Tribunales, tanto el Superior de Justicia de Cataluña en numerosas ocasiones, como también el Tribunal Supremo, de cómo ha de articularse esa libertad.

Yo creo que uno no puede hacer otro tipo de interpretaciones cuando de lo que se está hablando es de respeto a las decisiones de los Tribunales, y ahí están esas decisiones de los Tribunales, que aplican la Ley, y del Gobierno, que tiene que velar porque la Ley se cumpla, dentro del marco de la Constitución.

Para nosotros, todas las lenguas, el castellano y el resto de las lenguas cooficiales, son lenguas de España. Así está previsto en nuestra propia Constitución, como está prevista la libertad de los ciudadanos, y es el Tribunal Supremo el que establece cómo ha de hacerse. Este Gobierno respeta y cumple, cuando le afectan, y acata, sentencias de los Tribunales, y aquí todo el mundo ha de hacerlo así. Porque fuera de la Constitución, fuera del cumplimiento de las resoluciones de los Tribunales y del respeto a los derechos de los ciudadanos, ya no estamos hablando del cumplimiento de las leyes democráticas; estamos hablando de otro tipo de planteamientos. Pero el marco en el que este Gobierno se mueve es en el respeto que establece la Constitución a todas las lenguas, en el ejercicio de la libertad, que ha de respetarse, y en el respeto a las resoluciones de los Tribunales, que dicen cómo ha de articularse. Ese es nuestro marco de actuación.

P.- Vicepresidenta, yo también quería preguntarle por la huelga del fútbol. Más allá de que el Gobierno ha atendido una petición de todas las partes, unánime, para llevar a cabo este Real Decreto Ley, ¿le parece oportuna esta huelga en la situación económica en la que nos encontramos? ¿Temen que pueda colarse, de alguna forma, la huelga en la campaña electoral?

Vicepresidenta.- Yo no estoy aquí para decidir si es oportuno o no oportuno. Cada uno toma las decisiones con medidas laborales que considere oportunas, siempre dentro del marco de la Ley. Cada uno tendrá que dar sus argumentos y explicarlos.

Yo puedo explicar cuál ha sido la actuación del Gobierno. Cuando todo el sector, todos los afectados, llegan al Gobierno y dicen "nos hemos puesto de acuerdo en que ha de establecerse un régimen centralizado; queremos que sea estable, duradero y transparente, y queremos que lo haga el Gobierno en este marco", nosotros es lo que hemos hecho.

Y, si me permite, yo creo que fútbol es fútbol. Ya está bien de meter la política en todos los ámbitos. Nosotros hemos tratado de ayudar a solucionar un problema porque, por otro lado, nos lo han demandado, como ha ocurrido en otros Estados, como es el caso italiano. Pero yo no voy a entrar a analizar motivaciones, peticiones o decisiones de otro tipo. No me corresponde. Nosotros estamos aquí para ayudar a solucionar problemas.

P.- Primero, más que preguntas son dudas sobre la reforma de la Administración. El registro electrónico al que ha aludido, ¿es único o cada Ministerio tendrá uno?

Vicepresidenta.- ¿El de organismos? Único. Es un inventario único.

P.- Cuando dice que no se pedirá documentación original, ¿es de todas las Administraciones o de la Administración a la que se está refiriendo? Si un trámite requiere un documento de la Administración central, otro de la municipal y otro de la…

Vicepresidenta.- En lo que estamos trabajando en ese punto, y ya hemos avanzado para que pueda cumplirse la Ley, son las Plataformas de Intermediación de Datos. Eso ¿qué quiere decir? Que, si, por ejemplo, tú tienes que abrir un procedimiento en una determinada Administración en la que necesitas papeles de otros, a través de esa Plataforma de Intermediación de Datos tú puedas obtenerlo. Por ejemplo, en el caso de un certificado de una determinada Administración que es necesario para hacer trámites en otra, que a través de esa Plataforma de Intermediación de Datos tú puedas extraer esa documentación que necesitas para llevarla a cabo.

Como digo, la Plataforma de Intermediación de Datos ha sido algo que estamos implantando con carácter amplio en esta Legislatura y nos va a permitir que cumplamos precisamente con esa máxima. Es la implantación práctica de esa máxima de no demandar al ciudadano, primero, documentos que tiene la propia Administración --eso es más fácil-y, segundo, documentos que tiene otra Administración. ¿Cómo se hace? Poniéndolos todo en común a través, sobre todo los más habituales, de esa Plataforma de Intermediación.

P.- Y la tercera duda es: ha dicho que se han firmado convenios para evitar duplicidades con catorce Comunidades. Me gustaría saber con cuáles no.

Vicepresidenta.- Son dos aspectos distintos. Hemos firmado 292 convenios --luego le podremos dar el desglose-- con distintas Administraciones en muy diferentes ámbitos. Por ejemplo, contratación administrativa, al que se han ido sumando distintas Comunidades Autónomas. Eso por un lado, y eso son generales y varían mucho.

Luego, hay Comunidades Autónomas... Lo que hemos hecho es un balance, porque siempre nos preguntan: ¿las Comunidades Autónomas están asumiendo medidas CORA? Pues sí, todas han asumido medidas CORA; ya le digo, todas. Pero hay un mayor número, que son quince, que han asumido más del 85 por 100 de las medidas CORA y, si no me falla la cabeza, diez han asumido más del 90 por 100.

Pero como esta documentación es pública, y saben que la colgamos, tanto en la página CORA, como en el Portal de Transparencia, tienen el desglose de los convenios y de toda la documentación firmada.

P.- Y ahora va la pregunta.

Vicepresidenta.- Ahora va la pregunta, porque esto eran dudas, que yo agradezco, ¡eh!, porque el tema no es fácil.

P.- En relación con los problemas que se están viendo en Andalucía para llegar a un acuerdo de un Gobierno estable, y los que, según el CIS ayer, se podrían plantear a futuro, ¿el Gobierno se podría plantear alguna medida para garantizar Gobiernos estables, como está haciendo, por ejemplo, Italia?

Vicepresidenta.- Mucho debate sobre este asunto. Yo quiero recordarles que, cuando planteó el Gobierno precisamente un debate sobre esta cuestión, hubo bastante oposición por parte de otros grupos políticos. Nosotros, sabiendo que es necesaria la estabilidad, sobre todo porque se planteaba especialmente en el ámbito municipal, en el ámbito municipal abrimos ese debate y no es que tuviéramos muchos compañeros de viaje en el debate; más bien, todo lo contrario. Pone de manifiesto que ese problema, de momento, salvo Andalucía, que, como digo, además, responde a una decisión muy política y absolutamente intencional… No es que tocara convocar esas elecciones y se convocaran; se decidió convocarlas y ahora el problema es mayor que el que se tenía al principio, y se convocó para resolver un problema que parece ser que se ha agravado.

Dicho lo cual, en el resto no se han celebrado elecciones. Yo creo que hay que esperar al resultado de las elecciones. Hemos visto lo que pasa en otros sitios en que hay ciudadanos, en este caso en el Reino Unido, que han tenido en cuenta también esa estabilidad. Vamos a ver qué pasa en España; pero es que ese debate, cuando se planteó, alejado, por otro lado, de los comicios, la posición parecía que era muy diferente y no encontramos ese eco que, a nuestro juicio, es importante para reformas de esta naturaleza.

P.- La primera conclusión o análisis que se ha hecho en el Reino Unido de la victoria por mayoría absoluta de David Cameron es que los ciudadanos han valorado las reformas económicas que ha puesto en marcha y, sobre todo, la creación de empleo, dándole esa mayoría absoluta. Entonces, me gustaría preguntarle por qué creen que aquí, en España, todavía en las encuestas sociológicamente no se pone de manifiesto ese apoyo al partido que está gobernando, a pesar de la creación de empleo y los datos de crecimiento del PIB que tenemos.

Ligado a esto, me gustaría preguntarle también otra cosa, que es cómo valora la cercanía que la encuesta del CIS puso ayer de manifiesto entre el PP y el PSOE, prácticamente un empate técnico, a seis meses de las elecciones generales.

Vicepresidenta.- Creo que le voy a contestar a las dos, especialmente a la primera, que es que se contesta por sí misma. Usted me dice: en las urnas, los ciudadanos han valorado las reformas, el crecimiento y la creación de empleo; y las encuestas en el Reino Unido parecía que no valoraban la situación económica, la mejora del crecimiento y la creación de empleo. Es lo que pasa aquí: que las encuestas, según usted me dice, parece ser que no lo valoran; pero es que en el Reino Unido tampoco lo valoraban. O sea que, siento decirle que, con su pregunta, casi es la respuesta: que a lo que hay que estar es a los ciudadanos en las urnas.

Y si me permite que le diga, yo creo que los ciudadanos sí empiezan a valorar. El lunes salió el Índice de Confianza del Consumidor: récord de su serie histórica; no de antes de la crisis, de su serie histórica. En estos últimos meses hemos logrado que supere los cien puntos, que era como un tope que nunca se había superado, y ahora está en 104. Es decir, una cosa con las encuestas, que parece ser que en algunos sitios no han acertado, y otra cosa es el sentimiento de los ciudadanos que, por otro lado, se mide en las elecciones.

Y, como ya digo, siempre con prudencia, la valoración de las encuestas.

P.- No sé si ha dado una cifra global del ahorro que han supuesto las medidas CORA de reforma de la Administración; no sé si hay una cifra global, o no la ha dado.

Luego, a la ministra de Fomento me gustaría preguntarle sobre el tema de la especulación para hacer autovías, especulación para recalificar terrenos. ¿Cómo piensa intervenir el Gobierno? ¿Cuál es el proceso para intervenir y para evitar eso?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, fundamentalmente, hemos destacado, aparte de otros muchos datos, tres elementos importantes en el cumplimento del Informe de la Reforma de la Administración: unos ahorros generados de 20.200 millones de euros, en los que, como digo, no incluimos ingresos generados de la venta de participaciones del Estado, porque entonces superarían los 25.000 millones. Pero, dejando eso al margen, 20.200 millones de medidas de buena gestión, por llamarlo de alguna manera.

En segundo lugar, supresión neta de entes públicas, empresas públicas y demás tipos de organismos, 2.194, entre el Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; y el 70 por 100 de las medidas del Informe ejecutadas al 100 por 100. Las otras están en avanzado fase de ejecución, pero todavía tenemos algunos meses.

Sra. Pastor.- Con respecto a la pregunta que me hace, quiero decir que la Ley es clarísima. La Ley lo que dice es que hay una suspensión temporal, cautelar, de cualquier recalificación urbanística, y, por lo tanto, que pueda afectar a la planificación de una vía. Es decir, que, cuando usted inicia el procedimiento, hace el encargo del estudio informativo, a partir de ese momento no se puede hacer ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque se estaría interfiriendo en el precio de los terrenos que circundan a una nueva carretera o a una nueva vía. Por lo tanto, la Ley es meridianamente clara. En segundo lugar, cualquier actuación que se haga en contrario es nula de pleno derecho.

Por lo tanto, en torno a la planificación de una infraestructura viaria no se puede hacer ningún tipo de operación urbanística. Así de claro.

Le recuerdo que el Gobierno, en materia también de expropiaciones, aprobó ya una norma muy importante que es aquella que determina, por ejemplo, en el caso de las autopistas, que, cuando hay sentencias con respecto a los valores de las expropiaciones, se le descuenta al concesionario de la RPA. Y también, como usted conoce seguro, en el Gobierno en este momento estamos trabajando -lo sabe bien la vicepresidenta- en una modificación de la RPA española, que, como usted sabe, hace una valoración de la responsabilidad patrimonial de la Administración; la hace del valor invertido. A nosotros nos parece que se está vulnerando el principio de riesgo y ventura, y, por lo tanto, el cambio que vamos a hacer en la norma --que hay que llevar a las Cortes, lógicamente-- va en el sentido de que sea el valor actual del bien, como dicta el sentido común y, además, en beneficio del interés general.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.