Intervención de la ministra de Fomento, Ana Pastor

Sra. Pastor.- Como saben, durante esta Legislatura todos los sectores que abarcan la actividad del Ministerio de Fomento hemos llevado a cabo una profunda revisión legislativa y una actualización. Les pongo como ejemplo las dos leyes que han transformado el sector de la vivienda, la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana, y también la Ley que flexibiliza el mercado del alquiler. Hemos reformado el mercado del transporte, con la aprobación de la nueva Ley del Transporte, y para culminar este proceso de reformas, hemos aprobado en el Consejo de Ministros estos dos Proyectos de Ley, que son tan importantes, no solamente para mejorar el transporte en nuestro país por carretera y por ferrocarril, sino que son importantes, fundamentalmente, para mejorar la calidad del transporte.

El pasado 13 de marzo, como saben, se presentó el Anteproyecto de Ley del sector ferroviario y, tras ese paso por el Consejo de Ministros, se ha sometido a audiencia pública de todos los sectores y a dictamen del Consejo de Estado, y hoy se trae aquí para su tramitación parlamentaria.

Empezaré por la Ley del Sector Ferroviario y les diré cómo pasa este Proyecto de Ley a las Cortes Generales. Saben que la legislación es una legislación que ha habido que adaptar a la normativa comunitaria y que, además, la Ley de 2003 quedaba antigua para la potencia ferroviaria que es hoy España.

Y en este momento el último informe internacional que conocemos recoge que el factor clave del turismo --uno de los factores, pero el más importante de la calidad del turismo-- en España es precisamente la calidad de sus infraestructuras.

Pues bien, esta Ley pretende, en primer lugar, establecer un marco jurídico que permita seguir desarrollando este modelo ferroviario español de excelencia; en segundo lugar, conseguir un incremento de la oferta a los ciudadanos y una mejora de la calidad del servicio que prestamos en el sector ferroviario; también, reforzar la seguridad, todos los elementos y todos los mecanismos de seguridad, con la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria; y, asimismo, transponer al Derecho español la normativa comunitaria.

En materia de infraestructuras hay cambios muy importantes. El primero de todos es que la planificación en infraestructuras debe estar en una ley. No se puede dejar, a mi juicio, tener, desde luego, un modo de gestionar u otro, sino que tiene que haber una estrategia indicativa, que corresponde de planificación al Ministerio de Fomento; tiene que haber un programa de actividad y tiene que haber, sobre todo, un convenio entre el ADIF, el Gestor de Infraestructuras, y el Ministerio de Fomento para ver qué infraestructuras son las importantes, cuáles son las relevantes y cuáles generan vertebración en nuestro país, y el análisis siempre de la eficiencia social y también de la eficiencia económica.

Por lo tanto, no se va a hacer ninguna línea ni ninguna infraestructura en nuestro país si no tiene un análisis previo en profundidad de cuáles son su retorno social y económico.

También quiero decirles que el sistema actual de cánones es antiguo y es poco incentivador. Es decir, para que se hagan una idea, da igual ir con un tren diez kilómetros que cien mil. Por lo tanto, entendemos que tiene que haber incentivos a que haya, lógicamente, mucha más actividad. Se elimina el canon de acceso, que suponía una barrera para muchos operadores, y se crea el canon por utilización de energía eléctrica y también de tracción y zonas de carga y descarga. No voy a detenerme, porque es muy técnico, en todos los tipos de cánones que aparecen.

En el transporte de mercancías introducimos medidas que son muy importantes. Una de todas es una mayor liberalización de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas. Para que haya mayor competencia, tiene que haber transparencia y todos los operadores tienen que dar cuenta a los administradores de infraestructuras de sus cuentas. Tenemos que conocer con transparencia cuáles son sus costes y, por tanto, cómo repercuten los costes en los precios.

Se simplifican el régimen tarifario y las autorizaciones, y se impulsa el papel de los puertos. En España, como saben, hay parte de la red ferroviaria que está dentro de los puertos. Nosotros estamos intentando potenciar precisamente la conectividad ferroportuaria y esas infraestructuras tienen que tener otras condiciones, otras características y, sobre todo, otros requisitos, porque están dentro de un ámbito distinto de actuación.

Además, quería decirles que en el servicio de transporte por viajeros los operadores ferroviarios tienen que aportar información de actividad e información contable. Esto, por ejemplo, ya lo estamos haciendo en aerolíneas. Nosotros, en las aerolíneas, tenemos información detallada de su contabilidad, de si tienen algún tipo de riesgo, en la explotación, etcétera, de tal modo que podemos, de forma preventiva, actuar. Esto también lo vamos a hacer en todo el sector ferroviario. Las empresas deberán, además, tener cuentas separadas de las actividades de mercancías y de viajeros.

En materia de seguridad, se crea la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que es independiente, como saben, y que va a velar en todo momento por garantizar los máximos estándares de seguridad. También cambiamos el régimen sancionador, sobre todo, reforzando los derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con su seguridad.

El segundo bloque son carreteras. La Ley de Carreteras, como saben, era una ley muy antigua. Creo que tenemos unas infraestructuras viarias de muy buena calidad, pero nos quedan por hacer, sin duda, muchas cosas. Esta Legislatura ha sido la Legislatura de cerrar los grandes ejes vertebradores (el eje del Cantábrico, todo el eje del Corredor Mediterráneo, Despeñaperros…) y las grandes infraestructuras.

Pero esas infraestructuras, las de ahora y las del futuro, no pueden quedar tampoco sin una rigurosidad en su planificación, y, sobre todo, que cualquier carretera que se haga en España tiene que tener previamente un análisis de eficiencia, de retorno económico y social, y de intermodalidad. Me habrán escuchado muchas veces que he dicho que en algunos sitios hay de todo y en otros hay muy poco, y ése es un problema: la simetría. Por lo tanto, tenemos que acabar con las asimetrías que tiene nuestro país.

Se mejoran los sistemas de coordinación entre las Administraciones. Saben que es muy importante un punto nuevo que introduce el Proyecto de Ley, que es la suspensión temporal cautelar de las recalificaciones urbanísticas que pueden afectar a la planificación de una nueva vía para evitar actuaciones especulativas. Se establece la nulidad de pleno derecho de las decisiones urbanísticas adoptadas sin considerar las necesidades de una construcción de una infraestructura, de una carretera, desde que está en fase de información pública, lógicamente. Y también se articula la mejora de la seguridad vial, de tal modo que una carretera, no es que tenga que tener medidas de seguridad vial cuando se hace o cuando está construida, sino previamente. Igual que se hace el impacto medioambiental, se va a hacer un impacto sobre la seguridad viaria; es decir, ver todas las condiciones por dónde transcurre una carretera, y las que pueden afectar, desde los radios de curvas, hasta la longitud de una curva. Y también auditorías permanentes de seguridad vial.

Se introducen medidas específicas de patrimonio público viario. Para que nos entendamos todos, Fomento podrá ordenar, en travesías, incluso en travesías urbanas, la retirada de publicidad que pueda afectar a la seguridad viaria o a la explotación de una vía, porque distraen al conductor y pueden generar, como saben, peligro para la circulación.

Se refuerza la cooperación entre la Administraciones con un régimen de simplificación del régimen de autorizaciones sobre el uso de las zonas de protección de las carreteras del Estado. Ésta es una medida CORA, una de las muchas que ha presentado la Vicepresidenta.

Se introducen mejoras en la gestión administrativa de carreteras. Por ejemplo, se reconoce la iniciativa particular en la promoción de áreas de servicio para la mejora de los servicios de los usuarios. Y ponemos una limitación, sobre todo en las explotaciones de gasolineras, para que no pueda haber más de tres seguidas de un mismo proveedor, sino que tiene que haber competencia, lógicamente, para que los ciudadanos puedan elegir a qué proveedor van. Y eso con el fin de obtener mejores precios, lógicamente.

Se promueve el desarrollo de aparcamientos seguros en las autovías para garantizar la seguridad de los conductores, sus vehículos y sus mercancías.

La Ley considera el papel de las nuevas tecnologías: se van a introducir sistemas inteligentes de transporte y para eso saben que es muy importante el desarrollo de la fibra óptica; ofrecer información real a los conductores, incluso a través de su terminal móvil, e implantar dispositivos de transmisión de información desde los Centros de Gestión de Tráfico a los vehículos, sobre todo de condiciones de lluvia, de hielo o de nieblas.

Se modifica el régimen sancionador de autopistas de peaje, lo que permitirá un cumplimiento más eficaz de las obligaciones. Estoy hablando de multas de un régimen sancionador que era de los años 70; de 1973, concretamente. Había multas que estaban en pesetas; las de ahora también, pero sólo que multiplicadas.

Y se introducen mejoras en materia de competencia y accesibilidad. Para promover la competencia de la que les hablaba en el sector de carburantes, se prohíbe el encadenamiento excesivo de estaciones de servicio; como digo, como mucho pueden llegar a tres. Y las áreas de servicio de descanso en los aparcamientos tienen que contar, lógicamente, no sólo con actuaciones en materia de seguridad, sino que tienen que ser seguros y tienen que ser accesibles.

Finalmente, y termino ya, esta nueva Ley actualiza la legislación adaptándola a los tiempos que corren; promueve una mejor utilización de los recursos disponibles --aquí no se van a hacer carreteras dependiendo de intereses particulares, si me permiten, sino del interés general--; promueve una mejor utilización de todos los recursos; mejora la coordinación entre Administraciones; evita que se produzcan actuaciones especulativas en torno al sistema viario, a las carreteras; articula medidas de mejora de la seguridad vial; y, por último, medidas de protección del patrimonio público viario.