Intervención de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Saénz de Santamaría

Vicepresidenta.- Como ha señalado el ministro portavoz, les presentamos hoy el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018 que hemos aprobado en el Consejo de Ministros.

Como ven, es la primera vez que se aprueba por parte de un Gobierno de la nación un instrumento de esta naturaleza. Con ello cumplimos una autoexigencia que nos marcamos en la pasada Legislatura como consecuencia de las medidas de reforma de las Administraciones. Establecimos en la Ley del Gobierno, por los cambios que se operaron en el año 2015 con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la obligación de que todos los años, a final de año, el Gobierno aprobara y presentara lo que iba a ser su Plan Anual Normativo del año siguiente. Es decir, que hoy, a 7 de diciembre, de lo que informamos es a ustedes y al conjunto de los ciudadanos es de nuestro proyecto normativo, que es, por tanto, también buena parte de nuestro proyecto político, para el año 2018.

Con esto nos situamos dentro del liderazgo en el conjunto de la Unión Europea y de los países de la OCDE de lo que se llama "buena regulación", "regulación inteligente" ("smart regulation" o "better regulation"). Es una recomendación que habían hecho, tanto la OCDE, como la Comisión Europea. Yo he tenido algunas reuniones con el vicepresidente Timmermans, amigo aquí del portavoz, para colaborar y llevar un cierto liderazgo a la hora de establecer mecanismos que permitan al conjunto de los ciudadanos, pero también al conjunto de los operadores jurídicos, económicos y sociales, conocer con suficiente antelación cuáles son los proyectos normativos del Gobierno.

Con esto buscamos tres objetivos fundamentales:

• Primero, una cierta racionalidad de la actividad normativa. Si sabemos lo que vamos a hacer, es posible que evitemos modificaciones sucesivas, que evitemos discordancias entre distintas regulaciones que procedan de diferentes ministerios o que podamos, incluso, anticiparnos a reformas que están en el futuro por venir.
• El segundo elemento muy importante es que damos a conocer a todos los operadores, al conjunto de los ciudadanos pero también al conjunto de los afectados, a los operadores económicos y sociales, y a los expertos, cuál va a ser la actividad normativa del Gobierno durante el año 2018. Piensen ustedes que hay elementos muy importantes para hacer las normas como son los tramites de audiencia pública o como es la necesidad de solicitar determinados informes. A partir de hoy, todos los operadores, los colegios profesionales, las patronales, los sindicatos o las ONGs sabrán que tenemos la voluntad de redactar, de elaborar, normas que pueden afectarlas y, por tanto, mandarnos con antelación sus observaciones y sugerencias.
• Por último, lo que aseguramos es la congruencia entre las distintas modificaciones, de manera que tengamos todos pleno conocimiento de lo que va a llevar a cabo cada ministerio en su tramitación gubernativa para que, antes de que llegue a Consejo de Ministros, los distintos Departamentos puedan saber en qué medida la norma de otro puede acabar afectando a su tramitación.

Este Plan Normativo hace dos cosas distintas: por un lado, determina las normas que se planifican, las normas en las que se va a trabajar, las normas que se van a estudiar y, en su caso, aprobar; por otro lado, identifica de esas normas cuáles van a ser objeto de evaluación posterior, es decir, qué normas de estas que vamos a trabajar, después de aprobadas, se examinará cómo han funcionado, cómo han servido o no para resolver los problemas para los que estaban diseñadas.

Les haré una mención particular de las normas que vamos a llevar a cabo. Estamos hablando de planificar, y planificar en el terreno del Gobierno; esto es importante tenerlo en cuenta. Hay disposiciones, como verán, con rango de ley orgánica, hay otras con rango de ley ordinaria y otras, de reales decretos. Indudablemente, para aprobar reales decretos la competencia es del Gobierno de la nación pero, para aprobar leyes, somos muy conscientes de que es un Gobierno sustentado por una mayoría de 137 diputados. Por tanto, aquí la planificación en este punto es la planificación de la actuación del Gobierno. El Gobierno va a iniciar o a continuar la redacción de esas normas, pero en su tramitación mantendrá acuerdos con los distintos partidos políticos. Algunas se materializarán en leyes o no, según exista o no ese acuerdo; pero los grupos ya saben que tenemos presente este calendario legislativo y que contactaremos con ellos los diferentes Departamentos ministeriales para llevarlo a cabo.

Asimismo, somos plenamente conscientes de que existen una serie de comisiones, o subcomisiones, o ponencias de estudio, en las diferentes Cámaras que están abordando temas muy amplios, de los que puede o no derivarse la necesidad de que el Gobierno presente un proyecto de ley. Como no están en fase de conclusiones, como todavía no hemos recibido ese mandato, se señala que pueden incorporarse otras derivadas de los trabajos de la Comisión Constitucional, de Justicia, de Educación y Deporte, y de Empleo y Seguridad Social. Es decir, somos plenamente conscientes de que también el Legislativo puede trasladar al Gobierno la necesidad de aprobar proyectos de ley que hoy por hoy están en fase, digamos, de discusión; sobre su necesidad.

Datos generales del Plan en la parte de planificación: Se prevé la aprobación de 287 normas, de las cuales nueve tienen rango de ley orgánica; 38, de ley ordinaria y 240, de real decreto. Con el Plan, fundamentalmente, hacemos dos cosas: por un lado, ponemos de manifiesto el impulso legislativo del proyecto del Gobierno; pero también planificamos otro tema fundamental, que es la transposición de Directivas comunitarias, a la que estamos obligados. De esas 287, 44 propuestas normativas trasponen Directivas europeas a través de cuatro leyes orgánicas, diecisiete ordinarias y veintisiete reales decretos. Con ello intentaremos trasponer a nuestro ordenamiento 52 Directivas. ¿Por qué salen más? Porque de las 44 habrá algunas que traspongan dos o tres, hay temas que son muy conexos. Por tanto, incluimos en este Plan los calendarios de transposición.

Como decía, el Plan no es rígido. Es posible que a lo largo de la Legislatura se plantee la necesidad de aprobar otras normas, o que nos inste el Legislativo a hacerlas, o que se incorporen nuevas Directivas. Se incorporarán al Plan Anual justificándose en la Memoria de Impacto de Análisis Normativo por qué hay que hacerlas y por qué no estaban en el Plan.

Hay que diferenciar los aspectos de planificación y evaluación, pero seguimos en la planificación. De todas estas normas tendrán ustedes el listado completo en la Referencia, pero sí hemos querido destacar por materias las que consideramos más relevantes desde un punto de vista político. Probablemente, los agentes económicos y sociales estarán más pendientes de otras, les afectará, etcétera; pero, como impulso del Gobierno, nos parece importante que ustedes conozcan que en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de la protección social, una de nuestras prioridades va a ser poner en marcha la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Fue una ley que salió del Pacto de Estado en materia de violencia de género creado en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, que ha sido anunciada por el presidente de Gobierno y que ya está en tramitación.

También nos parece importante por su incidencia la Ley de Menores sin alcohol, que tiene por objeto establecer medidas preventivas para evitar el consumo de alcohol por parte de los menores; o, y esto ya es un Reglamento, el desarrollo de la Ley del Voluntariado, que se hizo con un gran consenso social y con el sector, y queremos trabajar de la misma manera para lograr ese consenso en su desarrollo reglamentario.

Protección del medio ambiente. Este es otro capítulo importante que va a recibir un impulso significativo en el año 2018. Estamos en la redacción de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para fijar los objetivos a medio y largo plazo en las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energías. También, la Ley de Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de la vida útil de los combustibles y de la energía en el transporte, o la Ley que modifica el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero.

El tercero de los elementos --hay varios-- lo hemos calificado como protección de derechos. Se trata de un conjunto de normas, muchas relativas al ámbito de la Justicia, que buscan el fortalecimiento de nuestro sistema jurídico y judicial. Ahí hay cambios en Código Civil, Código Mercantil, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal e, incluso, la Ley Orgánica del Poder Judicial. También tienen dos iniciativas importantes en materia de prevención del terrorismo: la Ley Orgánica sobre registro, llamado PNR, del nombre de los pasajeros y la Ley de modificación de la Ley de Prevención y Blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Y una norma importante: la regulación de determinados aspectos en los servicios electrónicos de confianza, en la línea de incrementar los elementos de protección en nuestro ámbito digital. Y reglamentos de desarrollo que nos parecen de calado: el de la Ley de Transparencia o el regulador del derecho de asilo y protección subsidiaria, de acuerdo con las exigencias comunitarias.

Dentro de lo que denominamos recuperación económica, hay dos capítulos: uno, general, de recuperación, en el que hay dos aspectos importantes relativos al ámbito financiero: uno de ellos es en los esquemas de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero y otro, la modificación del mercado de valores; y la transposición de Directivas para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros en materia de derecho de pensión o las modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades.

También en el ámbito de Hacienda y la financiación autonómica y local -- entenderán que eso es un claro ejemplo de lo que les decía al principio de la necesidad de acuerdos parlamentarios--, la Ley Orgánica de modificación de los sistemas de financiación de las Comunidades Autónomas y la correspondiente de las Haciendas Locales. Dependerá de que logremos los acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a nivel parlamentario; pero están ahí, del mismo modo que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2018 y 2019: 2018, que se tramitará durante el año que viene, y 2019 porque saben que el inicio de la tramitación a efectos administrativos lo es en julio del año anterior.

Por último, la evaluación normativa. De estas más de 280 normas elegimos un conjunto de ellas que, una vez aprobadas, van a ser objeto de evaluación. La evaluación lo que busca es analizar los resultados en términos de eficacia y de sostenibilidad; es decir, aprobada esta norma, ¿sirve para el objetivo?

Uno de los elementos muy importantes es la disminución de cargas. Como uno de los objetivos que nos hemos marcado es disminuir las cargas administrativas, una vez aprobada la norma habrá que ver, en muchas de ellas, que son muy económicas, si ayudan a los agentes económicos y a los agentes sociales a "lidiar mejor" con la Administración, menos burocracia, o el impacto que puedan tener sobre la economía en su conjunto, o en determinados sectores.

Aquí hemos incluido 43 proyectos normativos, algunos de gran interés para los ciudadanos, como es la evaluación de las modificaciones a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, porque esto son cargas administrativas generalmente, y Protección del Consumidor; la que afecta a seguridad de redes y sistemas de información, dentro del ámbito de la ciberseguridad y todo el desarrollo digital, que es un objetivo de este Gobierno; la de Cooperativas de Crédito o los Reales Decretos de reutilización de información del sector público --esto son trabas-- o los que afectan al Registro Mercantil.

Por tanto, para concluir, presentamos en diciembre de 2017 el proyecto normativo, el proyecto legislativo, del Gobierno en 2018. Fijamos nuestras prioridades en lo que digo: en la tramitación gubernativa. Cuando presentemos el de 2019, haremos balance de 2018 y no les quepa ninguna duda de que en alguna diremos: llegamos hasta aquí, no conseguimos acuerdo, no pudimos presentarla, pero ahí hay un trabajo hecho de cara a seguir negociando. Y otras las incorporaremos como consecuencia de los mandatos legislativos o de las novedades que se puedan ir produciendo.

Pero lo que abrimos es una nueva forma de legislar, que es anticipar los objetivos y permitir que los afectados, y también las Cámaras legislativas, puedan conocer cuáles son las tareas del Gobierno en la elaboración de la redacción de las normas, participar en ellas, darle mucha mayor transparencia al procedimiento y, sobre todo, tener una comunicación mucho más anticipada con quienes van a ser destinatarios de esas normas: sectores en particular y ciudadanos en general.

Portavoz.- Vean ustedes que hemos utilizado por vez primera unas pantallas que había aquí. Antes esto era un potro de tortura, muy propenso a la tortícolis de los que venían aquí; pero aquí hemos podido seguir la exposición que ha hecho la vicepresidenta.

Vicepresidenta.- Yo seguía a la vieja usanza, pero…

Portavoz.- Ya me hablará del cuello mañana.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)