Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a explicarles los principales asuntos que han sido aprobados hoy en Consejo de Ministros.

Hoy en el Consejo se desarrolla también una de las propuestas que hizo el presidente del Gobierno el pasado debate sobre el estado de la Nación. Completamos un paquete de reformas para el crecimiento y apoyo de los emprendedores y a las empresas como paso muy importante para garantizar su viabilidad. A las medidas que aprobamos la semana pasada sobre financiación empresarial hoy se añade un Real Decreto Ley, que ahora explicaré, de medidas urgentes para la financiación y la reestructuración de empresas. Se trata de que empresa que son viables puedan seguir desarrollando su actividad y mantener su empleo afrontando con nuevos mecanismos sus deudas con un mayor margen y una mayor flexibilidad.

Me acompañan el ministro de Defensa y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque hoy aprobamos, por un lado, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y, en materia de defensa, renovamos la autorización al despliegue temporal de una fuerza del Ejército de los Estados Unidos en Morón; y, por otro lado --esto es lo importante--, solicitamos al Parlamento autorización para la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana. Ahora lo explicará el señor Ministro.

En primer lugar, como decía, mandamos al Congreso de los Diputados para su convalidación un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial. Es una norma que nace para asegurar el futuro de las empresas, evitando situaciones de insolvencia y dotándolas de mayores instrumentos para potenciar la refinanciación y las propias reestructuraciones empresariales.

Uno de los retos detectados por la Comisión Europea el pasado miércoles, cuando España salió de la lista de países en procedimiento de desequilibrios excesivos, fue asegurar precisamente que el desapalancamiento, digamos, el desendeudamiento, de nuestras empresas vaya de la mano de un flujo de crédito positivo para los demandantes de financiación sanos. Decía la Comisión: la eliminación de los obstáculos en el funcionamiento de los mercados de productos financieros y los procedimientos de solvencia eficientes podrían reducir el lastre para el crecimiento que supone esta relación de deuda.

Precisamente eso es lo que buscamos con este Real Decreto Ley que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Se trata de que la legislación concursal, las normas que regulan los concursos de acreedores, no supongan trabas en aquellos procesos de refinanciación de empresas que, si bien están endeudadas, son perfectamente viables. Es decir, se trata de establecer nuevos mecanismos que permitan que empresas que son viables, que pueden seguir adelante, que tienen futuro, no se vean lastradas por problemas de financiación o problemas de sobreendeudamiento. Es decir, el objetivo es impedir que un problema de liquidez o de solvencia puntual obligue al cierre de una compañía porque, sin embargo, tiene ritmos o perspectivas de crecimiento y de beneficios que la hacen viable en el medio y en el largo plazo.

Por tanto, lo que hacemos es facilitar la celebración de acuerdos de refinanciación para esas empresas, potenciar los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos --quitas y esperas, lo que se suele llamar-- y la conversión de deuda en capital; es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas o en partícipes del capital de esas empresas.

Una parte de estas medidas actúan en fase preconcursal. Es decir, lo que tratamos de evitar es que las empresas lleguen a una situación de concurso de creedores, dando mecanismos antes de colocarse en esa situación para lograr mantener la situación de la empresa y, sobre todo, su nivel de empleo.

¿Cuáles son estas reformas? Se permite la firma de acuerdos individuales de financiación, con uno o más acreedores, siempre que mejore la posición patrimonial del deudor y sin necesidad de contar con mayorías de pasivo. Se recogen unos criterios para determinar cuántos acuerdos son válidos.

En los acuerdos colectivos de refinanciación no homologados judicialmente se elimina la exigencia de experto independiente, siendo suficiente que el auditor de cuentas certifique que se cuenta con las mayorías de pasivo exigidas. Una vez firmado el acuerdo, éste no podrá ser rescindido posteriormente si la empresa entra en concurso de acreedores. Éste era uno de los principales problemas para la refinanciación: la duda que existía sobre si, dos años después, eso podía ser objeto de rescisión.

En los acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente se simplifica esta intervención judicial; se incrementa la seguridad jurídica; una vez homologados los acuerdos, no podrán ser objeto de rescisión, como decía, en caso de que finalmente la empresa entre en concurso de acreedores; se elimina también la exigencia del informe de experto independiente; se facilita la consecución de las mayorías necesarias para lograr acuerdos, que pasan del 55 al 51 por 100; se extienden los acuerdos de refinanciación homologados a acreedores disidentes, siempre que se superen ciertas mayorías, y se facilita la conversión de deuda en capital; el paso, por tanto, de acreedores a propietarios, acreedores a accionistas. También se incluye la posibilidad de que los acuerdos de refinanciación homologados incluyan la conversión de deuda en capital. El acuerdo de la junta de accionistas requerirá mayoría simple y ofrecerá una alternativa de quita al acreedor disidente, que podrá elegir.

Además, se adoptan una serie de medidas comunes a todos los acuerdos colectivos, estén homologados o no judicialmente. Durante las negociaciones se paralizan las ejecuciones singulares de bienes necesarios para continuar con la actividad empresarial.

Una medida importante es la que se conoce como "el dinero nuevo" o "el dinero fresco"; en la terminología británica, "fresh money". La totalidad del dinero puesto para la refinanciación hasta ahora sólo tenía una garantía del 50 por 100; ahora goza de la calificación, en su totalidad, de crédito contra la masa, por lo que esos acreedores que ponen dinero nuevo, que se arriesgan con dinero fresco, tienen una mayor preferencia frente a los demás deudores. La vigencia de esta última norma será de dos años; es decir, durante este periodo se limita esa posibilidad de tener esa garantía, entre comillas, frente a la masa.

En segundo lugar, hemos aprobado para su remisión ya a Cortes Generales, y tal y como se acordó en la Comisión Mixta del Concierto Económico del pasado 26 de enero, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Como saben, el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco prevé la adaptación, previo acuerdo de las distintas Administraciones afectadas, a las modificaciones que se han producido en el ordenamiento jurídico tributario: cambios referidos a la concertación de tributos, a la distribución de competencias normativas que afecten a la imposición directa o cambios en las nuevas figuras tributarias. Lo que hacemos hoy es incluir esas modificaciones, como digo, con objeto de acuerdo en la Comisión Mixta del Concierto Económico en el mes de enero.

Destaco someramente algunas, puesto que ya son conocidas, puesto que fueron el objeto de esa reunión: se conciertan los tributos de titularidad estatal creados en los últimos años y la normativa del territorio vasco será la misma que en el territorio común, pudiendo las Diputaciones Forales aprobar los modelos de declaración de ingreso y señalar los plazos de ingreso para el período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración General del Estado en los siguientes impuestos: Impuesto sobre los depósitos de entidades de crédito, Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía núcleo-eléctrica, Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, e impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Como ven, algunos de los últimos impuestos creados en nuestro país.

El Impuesto sobre las actividades de juego, en tercer lugar, deberá regirse por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Y las Diputaciones Forales podrán regular el tipo de gravamen con las mismas limitaciones que las Comunidades Autónomas de régimen común.

Por otro lado, las retenciones del gravamen especial sobre premios de loterías se ingresarán en las Haciendas forales correspondientes a la residencia del perceptor; no obstante, el tipo de retención en territorio vasco tendrá que ser el mismo que en el territorio común. Se incluyen también modificaciones respecto a la residencia habitual y al domicilio fiscal. Y se amplía a cuatro meses el plazo para la tramitación de los procedimientos de cambio de domicilio y se otorga a la Administración interesada la posibilidad de verificar y hacer verificaciones censales en el domicilio fiscal.

El detalle completo de todas las modificaciones lo tienen ustedes en la Referencia del Consejo de Ministros. Yo me he limitado a los aspectos más llamativos. Es una norma amplia.

Muy brevemente. En el ámbito de la defensa, hoy hemos adoptado dos Acuerdos, como decía, que explicará el Ministro: el Acuerdo por el que se renueva por un año la autorización concedida por acuerdo del 19 de abril de 2013 al despliegue temporal en la base aérea de Morón de la Frontera de una fuerza del Ejército de los Estados Unidos de América y se autoriza el incremento de sus efectivos y medios aéreos en el marco de las operaciones de respuesta a situaciones de crisis en África, para proteger a ciudadanos, instalaciones y personal destinado en este país; y, por otro lado, el acuerdo por el que se solicita autorización al Congreso de los Diputados para el despliegue y participación de las Fuerzas Armadas en la operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana.

En otro orden de cosas, hoy hemos aprobado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que es un compromiso de todo el Gobierno con la igualdad entre hombres y mujeres; un Plan trasversal que nos afecta a todos.

Hoy en día, aunque han sido importantes los avances realizados en España en los últimos años, la tasa de actividad de las mujeres es de trece puntos por debajo de la de los hombres; recibimos un salario anual un 22 por 100 menor; menos del 14 por 100 de los integrantes de los Consejos de Administración de empresas del IBEX son mujeres; la maternidad también nos afecta en la entrada y permanencia en el mercado laboral; en 2012, el 95 por 100 de quienes tomaron excedencia por cuidados de hijos fueron mujeres. Por tanto, lo que hacemos es trabajar especialmente en el ámbito laboral, en el ámbito de la conciliación y también en el ámbito de la violencia de género, como los tres principales ejes de este Plan, que explicará la ministra y que tiene un presupuesto de 3.140 millones de euros.

De otros Ministerios, y muy brevemente, me voy a centrar fundamentalmente en un Real Decreto y un Acuerdo, sin perjuicio de que hay bastante más en la Referencia del Consejo de Ministros, por su relevancia social.

Hoy aprobamos el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas, el conocido como PIMA Tierra. Después de aprobar el PIVE para la renovación de vehículos de automoción y de aprobar la semana pasada el PIMA Aire, que afectaba fundamentalmente a vehículos comerciales, pero también a motocicletas, bicicletas de pedaleo eléctrico, etc., etc.; hoy aprobamos este Plan para la renovación de del parque de tractores en España. Se establecen ayudas al achatarramiento de tractores agrícolas antiguos para que se sustituyan por tractores nuevos y, por tanto, menos contaminantes. Es un Plan que está dotado con 5,4 millones de euros. Los beneficiarios podrán ser personas físicas titulares de explotaciones agrarias, cooperativas, sociedades agrarias de transformación y empresas físicas o jurídicas siempre que estén dedicadas a la actividad agraria.

La cuantía de la ayuda contempla distintos aspectos: por achatarramiento, la cuantía base de la ayuda se ha establecido en setenta euros por unidad de potencia, por caballo, del tractor achatarrado, y esta cuantía base no podrá superar los siete mil euros por cada beneficiario. Estamos hablando de vehículos de gran tamaño e importante coste. Para la compra de un tractor nuevo, complemento de la ayuda anterior, si el tractor está clasificado como A, categoría más alta de eficiencia energética, dos mil euros, y, si el nuevo tractor está clasificado como B, que es la segunda más alta, mil. La cuantía total de la ayuda, que comprende la cuantía base por el achatarramiento más el complemento por la compra de tractor nuevo, según su eficiencia energética, no podrá sobrepasar los nueve mil euros por beneficiario.

Veo que a ustedes les ha interesado… En el campo sí interesa mucho y es importante. Es una medida también de competitividad: menos contaminación, pero vehículos más modernos y más cómodos. Las tareas no son ni fáciles ni sencillas, sino más bien duras.

Por último, hoy hemos autorizado el Acuerdo por el que se conceden las subvenciones estatales anuales en cumplimiento de lo hoy dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Se trata de las subvenciones por funcionamiento, al margen de las otras que vienen ligadas por períodos electorales.

La Ley del 20 de diciembre de 2013, de Presupuestos Generales del Estado, como saben, ha consignado para este ejercicio algo más de 52 millones, que es idéntica cuantía a la del año pasado; es decir, hay una congelación sobre este punto. Esta cantidad está destinada a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados en concepto, como decía hace un momento, de financiación ordinaria. Su distribución se realiza de manera proporcional al número de escaños y de votos que en las últimas elecciones haya obtenido cada partido. Tienen el listado de todas las formaciones y la cuantía correspondiente en la Referencia del Consejo de Ministros.