Intervención de la vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (Parte 2)

El Consejo de Ministros ha hablado hoy, en segundo lugar, de un asunto que va a afectar a millones de familias y del que el Vicepresidente Segundo les ampliará información, les va a dar él conoce muy bien el tema todo tipo de detalles. Me refiero al mercado hipotecario. El Consejo ha aprobado el Anteproyecto, ya convertido en Proyecto de Ley, de Ley de Modernización del Mercado Hipotecario, porque se necesita una regulación más acorde con la realidad respecto a las preocupaciones y dificultades de los ciudadanos en este tema.

El Gobierno está trabajando para que las hipotecas sean más transparentes, más baratas, más seguras y más flexibles, y este Proyecto del Mercado Hipotecario beneficia, en una u otra dimensión, a toda la sociedad española: a jóvenes, a familias y a mayores.

Era importante acometer esta reforma, puesto que el sector permanecía casi sin cambios desde hace diez años y en España estos últimos diez años han supuesto precisamente un período especialmente activo en la contratación de hipotecas.

¿En qué van a cambiar las cosas? Yo creo que van a cambiar, primero, en que éste es un proyecto que protege mejor al consumidor y su derecho a tomar decisiones en función del riesgo real de los productos, y el Ministerio de Economía y Hacienda exigirá que Bancos y Cajas ofrezcan a sus clientes una información mínima. En segundo lugar, se refuerza la independencia de las entidades de tasación. En tercer lugar, el Gobierno quiere también que el coste de apertura y cancelación o cambio en las condiciones de las hipotecas sea más barato. En cuarto lugar, se regulan también las llamadas hipotecas de máximos, pues queremos que con una sola hipoteca se puedan garantizar otras obligaciones financieras que puedan surgir al ciudadano.

Hoy hay otro objetivo, no menos importante, directamente vinculado con la Ley de Dependencia, porque el Anteproyecto regula el uso que los afectados de dependencia severa o de gran dependencia pueden hacer de la hipoteca inversa, que también se regula en esta Ley. Este producto financiero, que también beneficia a los mayores de 65 años, como saben, permite convertir la vivienda habitual en un bien líquido, en dinero efectivo, que se va recibiendo mensualidad a mensualidad, como si se tratase de una pensión.

Pero el Vicepresidente les va a explicar realmente este tema en unos minutos.

Cambiando de asunto, el Consejo ha acordado hoy crear dos nuevas Conferencias Sectoriales: la del Agua y la de Inmigración. Como saben, las Conferencias Sectoriales son órganos que articulan la cooperación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas; son los órganos que nos permiten sumar iniciativas para que España y todos sus territorios avances y progresen.

Llevamos casi tres años de Legislatura y hemos realizado, como saben, tres Conferencias de Presidentes. Estos encuentros ya han permitido mejorar la financiación de la sanidad, hacerla más solidaria y más uniforme. Ahora tenemos que extender esa solidaridad y esa cooperación a dos ámbitos muy relevantes, el agua y la inmigración, conforme a lo establecido en la última Conferencia de Presidentes y también conforme a las prioridades de nuestro país en la actualidad, porque son dos temas estratégicos. El principio de cooperación es inseparable del Estado Autonómico y el papel de las Conferencias Sectoriales es canalizar ese obligado principio de cooperación que vertebra una España solidaria y una España más unida.

Hemos aprobado también hoy, en materia de pesca, un plan para la reestructuración y remodelación de la flota artesanal en Marruecos. Es un programa que costará dieciséis millones de euros, pero que va a ser una inversión muy rentable también para el sector pesquero español. Al mejorar la flota artesanal de Marruecos, que afecta a 4.100 embarcaciones, va a permitir que especies que ahora están sometidas a una presión excesiva, como los cefalópodos, tengan un mejor tratamiento.

Hemos también autorizado la firma con Cabo Verde de un convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.

Hemos aprobado un Real Decreto que eleva las sanciones por infracciones en las normas de seguridad de las empresas. Se trata de promover la prevención de riesgos laborales, la seguridad en el funcionamiento de las cooperativas o la necesidad de respetar el límite máximo de horas extraordinarias. No es posible que la infracción o las infracciones de la normativa laboral tengan o no tengan casi coste para quien incumple esa normativa. Es por ello por lo que el Gobierno hoy actualiza esas sanciones, que van a permitir que haya más seguridad en el trabajo y más seguridad en lo que es la aplicación de toda la normativa de riesgos laborales, de cooperativas, de prevención…, en definitiva, en toda la legislación social.

Hemos escuchado de nuevo un informe hidrológico de la Ministra de Medio Ambiente. Como saben, la situación en Levante sigue siendo problemática, a pesar de que se va solucionando el problema de suministro y abastecimiento para consumo con la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de las desaladoras; pero, a pesar de ello, tenemos que garantizar que llega agua a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Por ello, hemos aprobado un trasvase desde el Tajo para suministro humano de 38 hectómetros cúbicos y hemos autorizado la compra-venta, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, de 31 hectómetros cúbicos entre el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y la Comunidad de Regantes de Estremera. Estos hectómetros cúbicos, añadiéndose los anteriores, van a permitir que en los próximos meses no haya ningún tipo de problema. Por eso creemos que, además, haciendo hoy ese trasvase, vamos a poder durante este tiempo garantizar la realización de las obras que hay que llevar a cabo en esa zona, que están produciendo pérdidas de agua. En definitiva, se trata de rentabilizar más nuestros recursos.

El Gobierno ha autorizado también hoy la desclasificación de documentos que obran en poder del Centro Nacional de Inteligencia, atendiendo a la petición de la Audiencia Nacional formulada en el transcurso, como recordarán, del juicio que se está celebrando por el gravísimo atentado del 11 de marzo. El Consejo ha analizado la documentación solicitada, no existen implicaciones en la seguridad nacional para la desclasificación y, por lo tanto, el Gobierno ha accedido a dicha desclasificación dando, una vez más, muestra de la más absoluta disposición de este Gobierno para que la Justicia actúe con total independencia y con todos los recursos disponibles ante el peor atentado de la historia de nuestro país.

Por último, me van a permitir, antes de terminar y darle la palabra al Vicepresidente, que les haga una reflexión. El Ministro del Interior les comunicó ayer la decisión de aplicar al preso De Juana Chaos la situación de cumplimiento de condena con una medida de atenuación, a la vista de las decisiones adoptadas por la Junta de Tratamiento y de su propuesta, y a la vista de los informes médicos y del auto del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

El asunto, naturalmente, ha generado un amplio debate social que el Gobierno respeta, asume y afronta. Desde el Gobierno queremos trasladar a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, nuestra profunda comprensión, como ya señaló ayer el Ministro, por la incertidumbre que genera la decisión; nuestro respeto, también profundo, por las críticas y nuestra más absoluta disposición a explicar con transparencia el sentido de nuestras decisiones, con transparencia y con responsabilidad, y a asumir al cien por cien las consecuencias de lo que decidimos.

La aplicación de una medida de atenuación a la situación de cumplimiento de condena es una medida escrupulosamente legal. Nos gustará más o menos al Gobierno, como a la mayoría de los ciudadanos, no le gusta, pero se ajusta estrictamente a la legalidad y a la interpretación que de esa legalidad hacen los jueces.

Además, les diré que, a diferencia de los terroristas, el Estado de Derecho es, como no puede ser de otra manera, magnánimo. Aunque tengamos que tomar decisiones que producen rechazo, el Estado de Derecho y el Gobierno, que lo respeta y lo protege, en ocasiones tienen que asumir decisiones difíciles de entender y lo aceptamos. Lo aceptamos porque forma parte de las responsabilidades de gobernar.

A los ciudadanos de buena voluntad, cualquiera que sea su ideología, e incluso a los ciudadanos que mantienen posiciones más discrepantes de las nuestras, les pedimos, como hemos hecho siempre, confianza: confianza en las instituciones democráticas y confianza en los procedimientos democráticos que los demócratas nos hemos dado para resolver todas las situaciones y que el Gobierno jamás forzará ni quebrará, jamás.

Los terroristas nunca van a ganar la partida, nunca. Nunca más, nunca van a ganar la partida a la Ley. Jamás ganarán la partida, a pesar de la generosidad, incluso a veces difícil de entender, con que actúa y tiene que actuar el Estado de Derecho.

Para acabar, muy brevemente también, en relación con los graves incidentes ocurridos hace unos días en un partido de fútbol de competición oficial, quiero destacar que se trata de unos hechos que a todos nos avergüenzan y que la mayoría de los aficionados de este país, la inmensa mayoría, reprueba. Desde aquí queremos, una vez más, apelar a la responsabilidad, porque entre todos tenemos que conseguir que el espectáculo futbolístico sea exclusivamente una actividad lúdica para el disfrute de todos los aficionados y nunca un lugar de violencia y de confrontación.

Como ya saben, se ha reunido la Comisión Nacional contra la Violencia y ahí se adoptarán y propondrán las decisiones pertinentes.