Nuevas medidas de control financiero sobre Catauña tras vulnerar la Generalitat las condiciones fijadas en el mes de julio

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Función Pública sobre la adopción de medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Posteriormente, se ha reunido la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que ha aprobado las medidas que entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Estas nuevas medidas suponen fortalecer el control del Estado sobre los pagos de la Generalitat, después de que el Gobierno catalán haya decidido vulnerar las condiciones que la propia Comisión Delegada estableció en el pasado mes de julio con la misma finalidad.

Desobediencia de las condiciones fijadas en julio

La decisión de la Generalitat de desobedecer las condiciones del acuerdo del mes de julio ha sido comunicada esta misma semana por la interventora general de la Comunidad Autónoma y por el vicepresidente de Govern catalán. Hasta ahora, la Generalitat había enviado semanalmente todas las comunicaciones a las que estaba obligada, pese a haber presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Además, esta actitud se produce en un contexto político y jurídico de enorme gravedad, cuando las instituciones catalanas han decidido vulnerar el ordenamiento constitucional con la aprobación de las leyes del referéndum de autodeterminación y el desarrollo de los reglamentos para la convocatoria de la consulta de independencia el 1 de octubre.

Toda esta situación puede perjudicar la recuperación económica en España. De hecho, distintos organismos, entidades y agencias de calificación insisten estos días en que la crisis política provocada por el conflicto creado por la Generalitat supone un factor negativo para la recuperación económica y para la prima de riesgo, lo que introduce factores de incertidumbre que pueden desacelerar la economía y repercutir negativamente en la creación de empleo y en la reducción del déficit público.

Para hacer frente a este riesgo, la obligación del Gobierno es seguir actuando, como hasta ahora, con medidas proporcionales a la situación creada, que garanticen la prestación de los servicios públicos y la estabilidad presupuestaria, y protejan el interés general.

Las nuevas medidas de control financiero

Las medidas aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos son las siguientes:

- Se requiere al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un Acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Ello supone que la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial de dicho Acuerdo de no disponibilidad, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.

- La Comunidad Autónoma deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General, certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal. Una vez recibida la información, el Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar esos servicios, sino que abonará directamente, tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de los empleados públicos.

- El Acuerdo de la Comisión Delegada se va a enviar a las entidades de crédito con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero. De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal.

- A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este Acuerdo de la Comisión Delegada, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero.

- Asimismo, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono.

Justificación de las medidas

El Gobierno pone en marcha estas medidas consciente de que son necesarias para preservar la estabilidad presupuestaria, la recuperación económica y la prestación de los servicios públicos básicos, y lo hace en el ejercicio legítimo de sus competencias. Es verdad que estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat, pero no se debe olvidar que es al Estado al que le corresponde la dirección de la política económica del país, y que la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional que el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir.

Por otra parte, este paso se mantiene en la prudencia con la que el Gobierno responde en todo momento al desafío que se está viviendo. Por eso no supone un control político de la Generalitat, como ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora, ya que el Gobierno en ningún momento suspende sus competencias. Lo que sí supone es que el Gobierno del Estado pasa a asumir el control de la gestión de sus gastos, y lo hace en defensa de los servicios públicos, de la estabilidad presupuestaria y del interés general.

El Gobierno asume la responsabilidad de estas actuaciones ante los ciudadanos españoles en general y ante los ciudadanos de Cataluña en particular, desde la convicción de que es su obligación política, constitucional e institucional defender el interés público y el progreso económico del país frente a las iniciativas que lo están poniendo en peligro.