Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

La Moncloa, Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos que adoptado el Consejo de Ministros en la reunión celebrada en el día de hoy, 6 de abril, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

Asimismo, como ya viene siendo habitual, el Consejo de Ministros se ha reunido posteriormente en sesión extraordinaria como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tal y como fue acordado por el Senado en su reunión de 27 de octubre.

Déjenme hacer una referencia a lo que ha sucedido esta semana desde nuestra última comparecencia el martes de Semana Santa. Esta semana, el martes 3 de abril, tuvimos conocimiento de los datos de empleo registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. Los datos de empleo son siempre un barómetro preciso de la situación económica en la que se encuentra el país y, por lo tanto, nos dan una señal real, fidedigna y actualizada de la evolución de la actividad económica. Los datos de marzo, que se suman a los ya conocidos en el mes de febrero, donde la afiliación de la Seguridad Social creció en 81.483 personas anticipan un buen dato de crecimiento económico en este primer trimestre de 2018.

Lo primero que quiero decir es que la economía española continúa creando empleo y lo hace a buen ritmo, por lo tanto, continúa inmersa en un ciclo expansivo, dejando atrás la crisis y dando la razón a las políticas económicas del Gobierno de consolidación presupuestaria y de reformas estructurales. Eso se tradujo en que el número de parados registrados en las oficinas de empleo disminuyó en marzo en 47.697 personas en línea con el descenso registrado en el mismo mes del año anterior; por tanto, el mes de marzo del año anterior bueno, este también, aunque hay que decir que los últimos diez años marzo es un mes en el que aumentaba generalmente el paro: la media era de 2.976 personas de aumento de paro. Por tanto, que haya más empleo es una buena noticia.

Estos datos, además, llegan después de los datos máximos de paro, registrados en febrero del año 2013, que llegó --como saben ustedes--, a alcanzar el 26,94% de la población. Desde entonces el paro se ha reducido en 1.617.671 personas y está en el nivel más bajo de los últimos nueve años. Hay todavía 3.422.551 personas en paro, pero el ritmo de creación de empleo es un ritmo importante, es un ritmo creciente, es un ritmo del que el Gobierno se siente orgulloso porque esa es una de las prioridades de la política económica del Gobierno. La mejor política económica es, como saben ustedes, la creación de empleo.

Además, no solamente se fortalece la creación de empleo sino que también se mejora la calidad del empleo. Estamos en este marzo del 2018 ante el mejor dato de contrataciones indefinidas en un mes de marzo de la serie histórica con 193.448 contrataciones indefinidas, lo que supone un incremento --en contrataciones indefinidas--, del más del 8% respecto a marzo del 2017. Por tanto, estamos hablando de cincuenta meses de incremento de la contratación indefinida interanual. Muchas veces oigo decir que se crea empleo sí pero que es empleo precario, que no es buen empleo, de calidad; hablamos de contratación indefinida. Y la contratación a tiempo completo, además, aumentó un 9%, siendo está la modalidad que más creció. Por tanto, la contratación indefinida y a tiempo completa es la que más crece. Por tanto, esta es una buena noticia; crecimiento del empleo y cada vez empleo de mayor calidad.

También quiero destacar en este mes de marzo la bajada del paro en menores de 25 años, que se ha reducido en 25.037 personas a un ritmo del 8,4%, es decir, casi un punto por encima de la tasa de reducción global, la tasa de reducción del paro en menores de 25 años.

Y, finalmente, el número de afiliados a la Seguridad Social en marzo registro máximos en una década con un incremento de 138.573 personas. Estamos muy por encima de la media de los últimos años que fue de 66.000, un incremento de más del doble.

Por tanto, cuánto estamos hablando de un número, también, importante de incremento interanual de afiliados a la Seguridad Social y de igual forma lo hace el número de personas en la Seguridad Social en el ámbito del emprendimiento. El número de autónomos se ha incrementado interanualmente en más de un 1%; la entrada en vigor de la ley de autónomos deja como balance la creación de 25.722 autónomos en el primer trimestre del año, y es el mejor primer trimestre para los autónomos desde que comienza la serie homogénea en el año 2008.

Por tanto, creación de empleo, es el fiel reflejo de la evolución de la economía española que se encuentra una buena senda, progresando sobre el sustrato una acertada política económica y esto, además, se refleja luego en eso que hemos llamado "el crecimiento integrador". Crecimiento económico durante cinco años seguidos, un crecimiento de nuestra economía en torno al 3%, creación de empleo --ya me he referido a ella antes--, y, además, el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos esenciales, y especialmente de pensiones y funcionarios; a ellos me referiré al hacer alguna referencia a los Presupuestos Generales del Estado que aprobó el Consejo de Ministros, como saben ustedes, el 27 de marzo y que el ministro de Hacienda y Función Pública presentó en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de abril.

En mis comparecencias una y otra vez he insistido en la importancia, decisiva, de la política presupuestaria para este Gobierno, porque es el cumplimiento permanente de los compromisos presupuestarios, el marchamo de confianza y de credibilidad a la política económica del Gobierno. Esta continuidad coherente de la política presupuestaria es también consistente con la reducción del déficit público. Ya saben ustedes que el Gobierno heredó un déficit público del 9,3% en el año 2011, el año 2017 lo cerramos con un 3,07% del PIB por debajo, incluso, de nuestro compromiso con la Unión Europea y hemos acordado con la Unión Europea una previsión de bajada hasta el 2,2% del PIB en el año 2018; por tanto, los Presupuestos tienen que acomodarse a esos compromisos con la Unión Europea.

A la luz de nuestra experiencia política y de los beneficios efectivos que hemos visto en estos últimos años, los Presupuestos han ido acompañando a esta reducción del déficit público. Los Presupuestos de este año 2018 adquieren, también, un especial significado porque fijan, en primer lugar, un marco económico predecible de la evolución de ingresos y gastos del Estado y además porque implican también que los valores de certidumbre, de estabilidad, de confianza, de seguridad, que son elementos imprescindibles para obtener el crédito de instituciones y mercados necesarios internacionales, van en la buena dirección.

Por tanto, como ustedes recordarán, esos Presupuestos, unidos al escenario macroeconómico para el año 2018, que presentó el ministro de Economía, marcan una tendencia, una previsión de crecimiento del 2,7% del PIB. Este crecimiento estaría sustentado en el buen comportamiento tanto de la demanda interna como externa y las perspectivas de crecimiento en la economía mundial; también en la progresiva normalización de la situación política en Cataluña, y en un incremento de la inversión. Por lo tanto, creemos que es importante, para continuar con la senda positiva que hemos comenzado, con la creación de empleo que está adquiriendo cotas muy elevadas, la aprobación de estos Presupuestos Generales del Estado.

Y, es importante también porque estos Presupuestos Generales del Estado trasladan en su integridad a la creación de empleo los beneficios de esa buena evolución económica. En el año 2018 queremos crear 475.000 puestos de trabajo, pretendemos que la tasa de desempleo quede por debajo del 15% y que los afiliados a la Seguridad Social, estamos hablando de más de 19 millones, ya cerca de ese objetivo que se ha marcado el Gobierno en esta legislatura de tener 20 millones de personas trabajando en el año 2020.

Los Presupuestos Generales del Estado, además, impulsan el equilibrio social en España y afectan --como saben--, directamente a la renta de 13 millones de personas. Estos Presupuestos, como saben ustedes, son elemento muy importante de la agenda social del Gobierno, agenda social que pretende distribuir las rentas de ese crecimiento, los beneficios de ese crecimiento para que nadie se quede al margen de la recuperación. Por tanto se refuerza en estos Presupuestos el gasto social hasta alcanzar los 196.782 millones de euros, casi un 56% del total del Presupuesto consolidado se dedica a gastos sociales, la principal partida, 41%, va dirigido a las pensiones. El objetivo prioritario --ya lo dijo el presidente del Gobierno en el debate que hubo en el Congreso de los Diputados--, se ha trasladado a este Presupuesto, son las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas, las pensiones sin derecho a complementos, a mínimos, y las pensiones de viudedad; tres de cada cuatro pensionistas --estamos hablando de más de siete millones de personas--, se beneficiarán, por lo tanto, de iniciativas presupuestarias que suponen, además, incrementos de rentas superiores al garantizado por el propio sistema de pensiones. La subida media de las pensiones de viudedad será de 450 euros al año, la de las pensiones mínimas de 250 euros. Habrá también una rebaja en el IRPF, es decir, en las rentas procedentes del trabajo; que supondrá ahorros de 440 euros al año para 3,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganen de 12.000 a 18.000 euros al año, y por debajo de 14.000 euros dejarán de tributar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Hay medidas en el Presupuesto a favor de las familias: dos nuevas ayudas familiares que beneficiarán a 630.000 contribuyentes; 1.000 euros anuales para gastos de guardería; por discapacidad, habrá una deducción de 1.200 euros anuales; hay otras medidas sociales como el aumento de una semana del permiso de paternidad; el refuerzo de la política de dependencia con un incremento de 46 millones de euros o la lucha contra la violencia de género con un presupuesto de 200 millones de euros, en línea con el pacto de Estado.

También en la mejora de las retribuciones de los funcionarios públicos según el acuerdo logrado con los actores sociales, con los sindicatos especialmente. También hay esa progresiva equiparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas; y muy importante también la Oferta de Empleo Público con una tasa de reposición del 100%, e incluso se previenen otras tasas de reposición superiores en casos concretos.

Políticas de impulso a la competitividad y a la vertebración territorial; el presupuesto de infraestructuras crece un 12%, inversiones que generarán 235.000 puestos de trabajo; el presupuesto de I+D+i cuenta con un incremento del 8,3%. Más dinero para las Comunidades Autónomas y para las Corporaciones Locales; más dinero para mejorar la formación en las Universidades, un nuevo récord histórico en becas, para que nadie en España deje de estudiar por motivos económicos, que suponen más del 60% del presupuesto del Ministerio de Educación.

Por tanto, estamos hablando de medidas, primero de medidas posibles, efectivas, y necesarias, lo que España puede permitirse a la vista de las circunstancias, del crecimiento económico pero también de nuestros compromisos con Europa. Y por eso, los califiqué en alguna ocasión como Presupuestos que benefician a todos y no perjudican a nadie, Presupuestos marcadamente inclusivos que profundizan en la agenda social española, Presupuestos, por tanto, importantes, aportados al conjunto del país y, por ello, quiero remarcar que la aprobación de los Presupuestos es algo --como he dicho-- que beneficia a todos, y que los Presupuestos no deben ser un campo de batalla para erosionar o desgastar al Gobierno, deben servir al interés general. Y, puesto que mejoran la vida de las personas, aquellos que vayan a votar en contra tendrán que explicar a los ciudadanos, tendrán que explicar a los españoles, por qué votan en contra de los Presupuestos, que también es ir en contra de la situación creada en el Parlamento tras las últimas elecciones, una situación donde no existe ningún partido, ni Grupo Parlamentario con mayoría; por tanto obliga a la búsqueda de acuerdos. El Gobierno está a favor de esa búsqueda de acuerdos, lo ha demostrado a lo largo de la tramitación, lo va a seguir demostrando a lo largo de toda la tramitación, lo va a seguir demostrando, con todas las fuerzas políticas. Lo que nos gustaría es que no hubiera aprioristas, que no hubiera gente que dijera en ningún caso vamos a apoyar los Presupuestos Generales del Estado --porque insisto-- son Presupuestos que benefician a todos y no perjudican a nadie.

Déjenme también referirme a la situación del señor Puigdemont. Como saben ustedes, la Fiscalía del Länder de Schleswig-Holstein, la fiscalía alemana, tomó el pasado martes, 3 de abril, la decisión de abrir un proceso judicial para sustanciar la entrega de la extradición a España del señor Puigdemont. Ayer conocimos a través de un comunicado por la tarde, el contenido no lo conocemos todavía, donde el Tribunal se aparta del criterio de la Fiscalía alemana a la hora de decretar la libertad, decreta la libertad con fianza del señor Puigdemont, con obligación de comparecencia semanal en la policía, y obligación de permanencia en el territorio nacional. Continúa por tanto el procedimiento de extradición, y será el Tribunal de Schleswig-Holstein el que estudie el contenido concreto de los mismos. El Gobierno, como saben ustedes, respeta y acata las decisiones de los tribunales, nunca ha extraído ninguna consecuencia de las mismas, fue una decisión del Tribunal Supremo español con los tribunales alemanes y, por tanto, de acuerdo con el principio de separación de poderes, que respetamos, estaremos a expensas de ver qué es lo que resulta del mismo.

Por tanto, queda claro que el señor Puigdemont está en estos momentos sometido a la acción de la justicia en territorio alemán puesto que huyó de la justicia española para no someterse a la misma, está a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales alemanas, que han dejado bien claro que no se trata de un perseguido político sino de un prófugo de la justicia incurso en una causa penal.

Dicho esto, quiero recordar que el Gobierno en todo este caso ha aplicado, siempre, dentro del marco de la Constitución y de las leyes, la vuelta a la normalidad constitucional vulnerada por la declaración unilateral de independencia, por la proclamación de la república. El Gobierno aplicó el 155, como saben ustedes, el pasado mes de octubre, volviendo a esa normalidad constitucional con el apoyo del Senado. Y el Gobierno, fue el Gobierno el que cesó al presidente, al vicepresidente de la Generalidad, los consejeros, y disolvió el Parlamento de Cataluña, y desde entonces gobierna, gobierna todos los días. Gobierna y ha conseguido que vuelva la normalidad a Cataluña. Hoy mismo el delegado del Gobierno en Cataluña, como hacemos siempre, dará cuenta de ello, ha tomado decisiones que afectan a las políticas de todos los días en Cataluña. Por lo tanto, el Gobierno ha cumplido con su obligación y continuará cumpliendo con su obligación porque es el deber del Gobierno, la voluntad del Gobierno el gobernar para todos los catalanes y no solamente para unos pocos.

El Consejo de Ministros ha tomado también una serie de acuerdos. Un acuerdo, en primer lugar, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2018-2020. Este plan es el que sustituye al que aprobamos en el año 2012. Aquel era un Plan que se centraba en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, y que ha tenido muy buenos resultados, han aflorado más de 500.000 empleos irregulares, se ha logrado la conversión de más de 300.000 trabajadores indebidamente temporales en contratos indefinidos, un impacto económico importante de veinte mil millones de euros. En este Plan, que ha aprobado el Consejo de Ministros, Plan, insisto, 2018-2020, en lo que vamos a intentar focalizar nuestros esfuerzos es en la calidad del empleo y a través de ellos, a través de este plan estructuramos en cuatro ejes, doce objetivos y cien líneas de actuación para encarar aquellos temas que subsisten en nuestro mercado de trabajo, como el refuerzo del control de la contratación temporal injustificada, y de la contratación a tiempo parcial, la de los contratos formativos, el mayor control de horas trabajadas y el tiempo de trabajo, el asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no discriminación, la priorización del ámbito de discriminación por género, la especialización funcional de los objetivos de la estación, lanzamiento de campañas específicas, puesta en marcha de nuevas unidades de inspección especializadas en Prevención de Riesgos Laborales, un mayor control de lo que se denominan falsos autónomos. Por tanto este plan, que va acompañado, también, de un Real Decreto por el que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pasa a ser un Organismo Autónomo, es una de los planes, uno de los objetivos que Gobierno pondrá en marcha a partir de este mismo año.

Asimismo, el Gobierno ha estudiado hoy el texto del Anteproyecto de Ley de Servicios Electrónicos de Confianza. Es una norma que va a reformar la Ley de Firma Electrónica del año 2003, y ello es así por la Unión Europea, esto es una transposición, más bien adecuación porque no es una Directiva sino un Reglamento, la adecuación de determinados aspectos del Reglamento 910/2014 sobre Identificación Electrónica y Servicios Electrónicos de Confianza. Afecta este proyecto de ley que ha presentado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a los prestadores de servicios electrónicos de confianza, en especial, la firma y sello de tipo electrónicos, a la autentificación de sitios web seguros o la entrega electrónica certificada y complementa las obligaciones a las que están sometidas según la legislación comunitaria. En suma, lo que pretende este anteproyecto es dotar de mayor seguridad jurídica a la prestación de los servicios y a crear un clima de confianza en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y administraciones públicas.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones en el área de protección internacional para la atención socio-sanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, los CETI, de Ceuta y de Melilla por importe de más de 235 millones de euros más una cuantía adicional de casi 33 millones. Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para impulsar acciones dirigidas a acoger, integrar, a personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional. Esta convocatoria se enmarca dentro de las cinco prioridades cofinanciadas, cuatro de ellas con Fondos Europeos, me refería a la cuantía, y con esta convocatoria --actualmente--, se conseguirá ampliar la capacidad del sistema de asilo español en un 67%.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado diversos acuerdos que afectan a la alta velocidad y al ferrocarril. Uno, ha dado luz verde a un Acuerdo que permitirá operaciones previas para que el tramo de ancho convencional entre Taboaldela y Ourense se transforme en tramo de Red de Alta Velocidad de Ancho Internacional, inversión prevista que supera los 103 millones de euros. Otro convenio, también en Galicia, entre la Consejería, ADIF y Vigo para que consigamos también desarrollar el resto de vialidad concerniente a Vigo, por tanto, nuevamente impulsar la Alta Velocidad en Galicia, una inversión total de 10,7 millones de euros. Y un acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre Fomento, ADIF, el Gobierno de Cantabria, y el Ayuntamiento de Torrelavega, para la integración del ferrocarril en Torrelavega por un valor de más de 95 millones de euros.

De igual forma, ha habido otros tres acuerdos que ha aprobado el Gobierno de ayudas a la investigación y desarrollo. Se autoriza al CDTI la convocatoria correspondiente al año 2018 de subvenciones por importe de 50 millones de euros destinados a financiar proyectos de cooperación regional de I+D. Y acuerdos por los que se autorizan a suscribir determinados convenios de préstamos de líneas de jóvenes emprendedores o líneas Pyme. Por tanto, el Gobierno sigue potenciando investigación y ciencia, vinculada a la creación de empleo.

Finalmente, el Gobierno ha adoptado un Acuerdo por el que se declara oficialmente el día 8 de abril, el Día del Pueblo Gitano. Tanto el Parlamento Europeo, como el Consejo de Europa, o de otros países, conmemoran anualmente este día a través de distintos actos y declaraciones oficiales. Hubo en el Congreso de los Diputados, en marzo del año 2017, un acuerdo tomado por unanimidad, donde todos los Grupos Parlamentarios apoyaron una Proposición no de ley que instaba al Gobierno a llevar a cabo de forma oficial este reconocimiento y eso es lo que ha hecho hoy el Consejo de Ministros.

En el capítulo de nombramientos, el Gobierno ha nombrado embajador de España en Nueva Zelanda a don Fernando Curcio y Ruigómez; cese por la edad de jubilación del embajador de España en la República de Hungría, don José Angel López Jorrín; embajador de España en la República de Malta, don José María Pons Irazazábal. Asimismo, el Consejo de Ministros, ha nombrado a don Fernando Navarrete Rojas como Secretario General del Tesoro y Política Financiera en sustitución de doña Emma Navarro Aguilar que, como saben ustedes, va a ser nombrada vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Estos son los temas que tenía que darles cuenta y estoy a su disposición para contestar a aquellas preguntas que tengan por conveniente plantearme.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)