Intervención de Ione Belarra

Muchísimas gracias, ministra portavoz, ministra de Transportes.

Buenos días a todos y todas, es un placer comparecer hoy aquí para presentar esta Ley. Quería que mis primeras palabras fueran, efectivamente, de agradecimiento, de agradecimiento a la ministra Raquel Sánchez, pero también a los equipos, al equipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y también para el equipo de Derechos Sociales y Agenda 2030, que han trabajado intensamente este año y medio, sé que lo habéis seguido también con intensidad por parte de los periodistas y por parte de la ciudadanía, y creo que ese trabajo ha merecido la pena, porque hoy podemos felicitarnos por la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia. Creo que no es poca cosa.

Esta Ley da el primer paso en un camino que creo que nuestro país tiene que recorrer y es el de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y también los pelotazos urbanísticos. Sabemos que va a ser difícil porque los intereses interpuestos, económicos y políticos, son muy fuertes, pero creo que es el único camino que podíamos recorrer. Seguramente no va a ser lo único que tenemos que hacer, pero desde luego, esta Ley era absolutamente imprescindible para empezar a dar los primeros pasos en la dirección correcta.

Es hora, como decía, de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, que son lo único que ha conocido mi generación.

Pasamos de una burbuja hipotecaria, después de la crisis financiera del año 2008, que dejó tras de sí, recordaréis bien, miles de desahucios, miles de familias que lo perdieron todo, muchas tenían cláusulas abusivas en sus hipotecas, y muchas, también, tuvieron que entregar su vivienda y aun así se quedaron con deudas a perpetuidad, y después vivimos, estamos viviendo todavía hoy, una burbuja del alquiler que ha supuesto, según algunas estimaciones, que entre el 2015 y el año 2020 los alquileres en nuestro país han subido hasta un 50%.

Esa burbuja ha beneficiado principalmente a los fondos de inversión y a los grandes rentistas, los grandes propietarios de nuestro país, que son esas personas que viven básicamente de alquilar las muchas viviendas que han heredado y que no trabajan.

Precisamente porque en estos años, en las últimas décadas en nuestro país, el sector de la vivienda, el sector inmobiliario, ha sido lo que muchos han calificado como la "ley de la selva", no ha habido ningún tipo de regulación. Creo que el Gobierno de coalición tenía la responsabilidad de poner orden en esa "ley de la selva".

Para muchos ha sido, sin lugar a dudas, la gallina de los huevos de oro, pero también ha sido el fracaso y que muchas economías familiares han estado enormemente comprometidas por tener que dedicar una parte muy importante de sus ingresos a pagar el alquiler o a pagar las hipotecas.

Pensábamos que era hora de reequilibrar esa balanza y por eso esta Ley protege, en primer lugar, a los inquilinos y las inquilinas, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios, y al mismo tiempo, exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda, que, como sabéis, es un derecho consignado en nuestra Constitución.

Por primera vez, esta Ley va a permitir que las comunidades autónomas regulen los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado, que son zonas donde los precios del alquiler son inusualmente altos. En esas zonas los grandes propietarios van a tener que bajar los precios del alquiler a los índices de referencia y los pequeños propietarios, o bien van a ser congelados esos alquileres y, por supuesto, a través de los incentivos fiscales que aprobamos con esta Ley, y que algunos de ellos ya están en vigor, les va a salir a cuenta, para que se entienda, bajar los precios del alquiler, que yo creo que también es importante que se conozca esta medida relativa a los pequeños propietarios, dentro de las zonas de mercado tensionado, que van a poder declarar las comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, vamos también a poner freno a la que ha sido una de las vulneraciones de derechos humanos más grave que se ha vivido en nuestro país, que son los desahucios sin alternativa habitacional. Ahora los juzgados, vamos a exigirles la responsabilidad de que soliciten, obligatoriamente, un informe a servicios sociales para determinar si la familia que va a ser desahuciada está en una situación de vulnerabilidad. Si lo está, la comunidad autónoma tendrá la obligación, en el plazo de 2 o de 4 meses, de buscar una vivienda alternativa, y la Ley recoge que tiene que ser una vivienda alternativa, no puede ser un albergue, como hemos visto en algunas comunidades autónomas.

Además, esta ley va a permitir movilizar la vivienda vacía. Quizás uno de los mayores retos éticos que tiene nuestro país es sacar toda esa vivienda vacía al mercado de la vivienda. Los datos del INE siguen estando ahí, y creo que es muy poco ético, y así lo considera este Gobierno, tener viviendas vacías cuando hay muchísimas personas, gente joven y no tan joven, y también personas que directamente no solo no pueden acceder a una vivienda, sino que están directamente viviendo en la calle, no podemos permitirnos tener viviendas vacías. Así que los ayuntamientos podrán utilizar esa herramienta que tienen en sus manos, que es el IBI, a través de un recargo que puede llegar hasta el 150 %, para sacar esa vivienda al mercado del alquiler o a la venta.

Y, sobre todo, creo que es verdad que las medidas que acabo de mencionar van, digamos, a los síntomas de un mercado inmobiliario que ha estado desregulado, que no ha tenido ningún tipo de control en las últimas décadas, pero, sobre todo, esta Ley va al que es el principal problema estructural que tiene el mercado de la vivienda en España, que es que no tenemos un parque público de vivienda en alquiler.

Eso nos aleja de Europa. Somos una anomalía en Europa. Países como Francia, y no es Francia el país de referencia, pero, por ejemplo, Francia, tiene siete veces más vivienda social que España. Otros países, como los Países Bajos, tienen 12 veces más vivienda social que España, pero simplemente referenciando en Francia, tienen 7 veces más viviendas sociales que las que tenemos nosotros.

Por eso, la medida de reservar obligatoriamente el 30% de cualquier promoción a vivienda protegida, y que de ese 30%, el 15% tenga que ir destinado a alquiler social, es una medida fundamental dentro de la Ley, porque es lo que nos va a ir permitiendo construir un parque público de vivienda en alquiler, y lo que va a evitar que se sigan, o que se puedan crear en nuestro país guetos, y la vivienda protegida y la vivienda de alquiler social esté repartida por igual en los distintos barrios. Como muy bien ha explicado la ministra, además, vamos a reforzar la protección de esa vivienda protegida, prohibiendo su venta, su enajenación, para no volver a sufrir situaciones que nadie quería en este país, como la venta de vivienda protegida a fondos buitre.

Esta Ley, como decía, la hemos elaborado teniendo en la cabeza a los inquilinos y a las inquilinas, a los pequeños propietarios, a todas esas personas que en nuestro país, pues tienen que ahorrar hasta 4000 euros y tener un contrato fijo para poder acceder a un alquiler, porque las condiciones que se piden son draconianas, a las personas jóvenes que no pueden desarrollar su proyecto de vida porque no pueden emanciparse y no pueden irse de sus casas, mucho menos pensar en tener hijos o hijas, a las familias vulnerables también las hemos tenido muy presentes, pero sobre todo, a todo el conjunto de la ciudadanía, que es mucha, que tiene que dedicar una parte muy importante de sus ingresos, de los ingresos de su familia, o bien a pagar un alquiler o bien a pagar una hipoteca.

Como decía la ministra, este Gobierno es plenamente consciente de que este texto todavía no cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso, y desde aquí, a mí también me gustaría, hoy, tender mi mano a los grupos parlamentarios, para trabajar conjuntamente, para escuchar, para seguir mejorando la Ley, que siempre es posible, y, sobre todo, para que podamos alcanzar esa mayoría, alcanzar ese acuerdo lo antes posible.

Porque si algo tenemos claro la ministra de Transportes y yo, y creo que el conjunto del Gobierno, es que esta Ley es muy urgente, y cuanto antes podamos tenerla en vigor, antes podrán las comunidades autónomas declarar las zonas de mercado tensionado, y antes podremos empezar a construir ese parque público de vivienda que es imprescindible.

Y, por último, quería que mis últimas palabras fueran a los que, quizás, nadie les va a reconocer, pero yo sí quería hacerlo hoy desde aquí, creo que esta Ley nunca hubiera visto la luz si no fuera porque en nuestro país existe un movimiento social por la vivienda digna, que representa lo mejor de nuestro país, que son todos aquellos vecinos y vecinas que han puesto el cuerpo por los demás, que han dado su tiempo, generosamente, y a cambio de nada, más que defender el derecho de todos y de todas, y yo quería agradecerles su empuje y su compromiso, porque estoy segura que también en esta nueva fase van a tener mucho que aportar. Muchas gracias.