Intervención de María Jesús Montero

Como estáis viendo me acompaña en esta rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Villa, que va a informar del Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia del COVID19, que se ha remitido, como ustedes conocen, a las comunidades autónomas para que realicen sus aportaciones.

Pero antes de empezar quiero comunicarles que nos acaban de informar que se ha producido una explosión en una gasolinera de la ciudad de Cartagena, accidente que ha ocasionado cuatro heridos, dos de ellos graves por quemaduras, que ya están siendo hospitalizado y otras dos personas heridas leves.

Desde el Gobierno, evidentemente, seguimos con atención este suceso y mandamos desde aquí un mensaje de ánimo a los heridos y también a sus familiares.

Y previo al detalle de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, me gustaría destacarles que esta va a ser una semana muy importante para nuestro país en muchos sentidos.

Por un lado, este jueves vamos a celebrar la ceremonia de Estado en memoria de las víctimas de la COVID19. Conocen que va a ser un acto solemne en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Estará presidido, este acontecimiento, por el Rey, contando con la presencia de los máximos representantes, tanto de instituciones españolas como europeas. De hecho, entre las personas que se van a asistir, que se espera que asistan, se encuentra el presidente del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo y el Alto Representante de la Unión Europea. Igualmente, también el acto tenemos previsto que cuente con la participación del director general de la Organización Mundial de la Salud. A todos ellos queremos agradecer su sensibilidad, la cercanía, la solidaridad con toda la sociedad española y especialmente con los familiares y con los amigos de las personas fallecidas.

Como advertimos todas las semanas, y esta queremos seguir haciéndolo, el virus no se ha ido, ni tampoco lo hemos derrotado por completo. Sigue activo, como bien saben, por las localidades que están registrando en los últimos días rebrotes. Por ello no nos vamos a cansar de recordar que tenemos que actuar sin miedo, pero con la máxima cautela. Y de hecho, durante estos meses hemos aprendido que para mantener a raya el virus es imprescindible la responsabilidad individual, insustituible, de cada uno de los ciudadanos, porque está en nuestra mano protegernos y proteger a las personas que queremos.

También queremos lanzar un mensaje claro al conjunto de la población. Las comunidades autónomas, todas, están adoptando en el ámbito de su competencia, las medidas que consideran necesarias de cara a reforzar la protección y el seguimiento de los casos, y el Ministerio de Sanidad sigue trabajando con todas ellas de manera muy estrecha, para monitorizar en cada momento la situación, y activar conjuntamente y sin dilación los mecanismos que correspondan a cada momento.

De hecho, el domingo pasado asistimos a un buen ejemplo de esto que hemos denominado la Nueva Normalidad, con la celebración de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Queremos resaltar que fueron contiendas electorales que se desarrollaron en un ambiente de relativa normalidad, a pesar de las circunstancias imperantes. Y como ya hizo el presidente del Gobierno, queremos felicitar a Alberto Núñez Feijóo y a Iñigo Urkullu, deseando toda clase de suerte en su mandato y en su gestión y, por supuesto, tendiendo desde ya la mano desde el Gobierno para colaborar en todas aquellas actuaciones que resulten necesarias al objeto de perseguir la reconstrucción social y económica de nuestro país.

De otro lado, saben que este viernes y este próximo sábado se va a celebrar el Consejo Europeo, una cita fundamental para el futuro de nuestro país, también para el propio de la Unión Europea, ya que se va a debatir la propuesta del presupuesto plurianual y el plan de recuperación tras la pandemia.

El presidente del Gobierno, están viendo ustedes, que sigue desplegando durante estos días una intensa agenda internacional, para forjar los consensos necesarios que permitan avanzar en este debate, y encontrar los equilibrios justos que hagan que avancemos en esta propuesta, para que se ponga en marcha en la mayor brevedad posible. De hecho, en el mismo día de ayer mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y hoy lo hace con la canciller alemana, Angela Merkel y mañana con el primer ministro sueco, Stefan Löfven. Además, también esta ronda de contactos va a incluir en el día de mañana un encuentro en París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Saben ustedes que el Gobierno, desde el primer día, ha defendido que la salida a esta crisis excepcional requería medidas excepcionales también y urgentes. Los países que hemos vivido la pandemia con mayor impacto, con mayor intensidad, no podemos, desde luego, perder un tiempo precioso en debates que a veces se eternizan. Como también compartimos que esta reactivación económica se tiene que sustentar en los grandes vectores, que desde el primer día han marcado la agenda de este Ejecutivo, como son la transformación climática, la agenda digital o los valores europeos, políticas que son prioridades desde hace mucho tiempo y que compartimos con el conjunto de la Unión Europea.

Una muestra de que ello así, es que esta misma mañana he firmado la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Como he informado en el propio Consejo de Ministros, supone el primer paso para abordar la elaboración de estas nuevas cuentas públicas, imprescindibles para la reconstrucción, decía, social y económica de nuestro país.

Queremos que estos presupuestos nos ayuden a reactivar nuestra economía, que la hagan más competitiva, innovadora, sostenible, favoreciendo la adaptación del tejido productivo a las nuevas realidades que ustedes conocen de la digitalización y de la transición ecológica, realidades, sobre todo en el ámbito de la digitalización, que durante el tiempo de pandemia ha permitido dar pasos de gigante para que tanto las administraciones públicas, las propias empresas y los propios ciudadanos, nos familiarizamos con una nueva forma de relacionarnos con esta tecnología y también con otras personas semejantes a través de estas nuevas tecnologías.

También, del mismo modo que a través del presupuesto, queremos aumentar la cohesión, la justicia social, la igualdad de oportunidades, en definitiva, el fortalecimiento del estado del bienestar, de forma singular, desde el refuerzo al sistema sanitario público, garantizando que cuenta con las capacidades y con los recursos suficientes para afrontar cualquier situación futura.

También queremos que estos presupuestos para la reconstrucción, sirvan de canalización eficiente de recursos que se activen en Europa, especialmente los que se relacionan con la apuesta por la investigación, el desarrollo, la innovación, nuevas tecnologías, el apoyo a las PYMES, el turismo, la hostelería o el medio ambiente.

Por eso digo, unas cuentas imprescindibles para continuar avanzando en la reconstrucción de nuestro país, e incorporando tres ejes transversales que se orientan a los objetivos de desarrollo sostenible, a la evolución del impacto de género y a las políticas de infancia, adolescencia y familia, todos ellos, informes obligados, como se plantean en la propia orden de elaboración.

En el Gobierno, además, creemos que esta crisis que se ocasiona por la pandemia, no puede suponer un freno para estas políticas de desarrollo sostenible o las que promueven la igualdad de oportunidades. Todo lo contrario, tienen que ser un aliciente para que sigamos impulsándolas y que estén presentes en todas las políticas que vamos a desarrollar igualmente, como la creación de empleo, objetivo prioritario para el año 2021 y para el año 2022.

Precisamente en este Consejo de Ministro hemos tenido conocimiento de este Informe de Progreso 2020 que examina la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país, contemplado en la Agenda 2030.

Se trata de un documento que ha presentado el vicepresidente segundo del Gobierno y que analiza la situación de esta realidad en España, conformando esta especie de rendición de cuenta ante el conjunto de la ciudadanía y recopilando esos avances, pero sobre todo los desafíos a los que nos enfrentamos en el próximo período. El informe Progreso 2020 recoge las medidas que se han puesto en marcha por el Ejecutivo durante estos últimos doce meses. También por las comunidades autónomas y las entidades locales en el avance para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. En él se incluyen medidas como la prohibición del despido por baja médica justificada ya adoptada por el Gobierno, la subida del Salario Mínimo Interprofesional acordada en el marco del diálogo social, la Ley de Cambio Climático o Transición Energética, que también se han impulsado por parte del Ejecutivo en las últimas semanas.

También hay otra serie de cuestiones que se reflejan en esta agenda para paliar consecuencias sanitarias, económicas y sociales derivadas de la pandemia, como la prohibición del corte de suministros o suspensión de desahucios, que ustedes conocen, que se ha reflejado en los respectivos Decretos Ley, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la prestación por cese de actividad para los autónomos, contemplada también en el acuerdo del diálogo social, o la regulación de los ERTE por fuerza mayor, también discutida y debatida dentro del mismo seno del diálogo social.

El informe, por último, constata que la salida de la crisis en la que nos encontramos a causa de la enfermedad COVID19, pasa por poner en funcionamiento políticas públicas que se alinean con la Agenda 2030. Esto significa apostar por la inversión, por el blindaje de los servicios públicos como la sanidad, fortalecer el sistema de cuidados, básicamente dirigido a las personas más vulnerables o fortalecer la reindustrialización de nuestro país, impulsando medidas como la universalización del acceso a la educación infantil de cero a tres años. Tienen ustedes a su disposición el informe Progreso y se publicará hoy mismo en la web de la Agenda 2030.

En otro orden de cosas, también hemos aprobado esta mañana, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, la distribución de créditos destinados a comunidades autónomas, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la realización durante este mismo año, del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, un programa dotado con 100 millones de euros que se distribuyen en tres bloques.

Un primer bloque de 45 millones, que no requiere cofinanciación de las comunidades autónomas, que se destinan a proyectos que trabajan en la protección de las familias, básicamente en la pobreza infantil y, por tanto, en todas aquellas actividades que contribuyen a mejorar esta situación sociolaboral de familias con menores a cargo, familias que presentan situaciones de privación material severa, o riesgo de pobreza y de exclusión.

Un segundo bloque de 15 millones, destinado de forma específica a programas que garantizan el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescente durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida laboral y familiar. Tampoco este programa conlleva obligatoriedad de cofinanciación y, por último, un bloque de 40 millones de euros para prestaciones básicas de servicios sociales, justamente para proporcionar, a través de las corporaciones locales servicios que permitan la cobertura de necesidades básicas. En este caso, las comunidades tienen que aportar para la financiación de estos proyectos seleccionados, al menos una dotación económica de igual cuantía que la que aporta el Ministerio.

De otro lado, se ha aprobado también la distribución de un conjunto de 412500 euros que se destinan a la prevención, atención de la marginación e inserción del pueblo gitano. Todo ello en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana, que tiene un período de validez en España desde el año 2012 hasta este mismo año 2020. Esa distribución se ha hecho según el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y podrán ser consultados también la distribución por territorio, en la referencia que siempre se publica tras esta misma rueda de prensa.

El Consejo de Ministros esta mañana igualmente, ha aprobado el proyecto de ley que modifica la Ley de Sociedades de Capital, incluso tras norma financiera, y que busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Se trata, en este caso, de una transposición parcial de la directiva comunitaria de 2017, que cuenta, como es preceptivo, con el informe del Consejo de Estado y de la que ya fue informado el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado mes de marzo. El objetivo de la directiva es mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y también aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo. Ello va a contribuir a sostener el crecimiento económico, así como también a la creación de empleo y de valor, para el conjunto de la sociedad.

Igualmente, entre las medidas que recoge este proyecto de ley figura el derecho de estas sociedades cotizadas a identificar a los accionista para facilitar su participación activa y su implicación en el desarrollo de la sociedad, se obliga igualmente a las instituciones de inversión colectiva a hacer pública la estrategia de inversión en sociedades cotizadas. Y por último, se regula con mayor detalle, el contenido que tiene que incluir la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración. Se incrementa la transparencia de todas estas operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses y se incorporan otras medidas orientadas a mejorar la competitividad de los mercados de valores. Un texto que se ha trabajado de forma conjunta desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con el Ministerio de Justicia y tendrá importantes repercusiones positivas en la sostenibilidad de las empresas, en el bienestar de los trabajadores y en la competitividad de los mercados.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado tres Reales Decretos sobre el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco, según el acuerdo suscrito en la Comisión de Transferencia del 25 de junio, en las siguientes materias: en primer lugar, ejecución de la legislación laboral, ayudas previas a la jubilación ordinaria para trabajadores afectados por expediente de despido colectivo. En concreto, se traspasan las funciones y los servicios de ejecución de esta legislación laboral en materia de gestión de ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores que se vean afectados por procesos de extinción de su relación contractual, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, derivados de procedimientos de expedientes de despido colectivo que se asumen por parte de la Comunidad Autónoma. Continuará, no obstante, en el ámbito de la Administración General del Estado, la gestión de estas ayudas en los procedimientos de despido colectivo que sean de su competencia.

En segundo lugar, se traspasa la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos. De hecho, el País Vasco va a ejercer dicha función en los términos que se establecen en el Real Decreto 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como en su norma de desarrollo. Básicamente, las funciones que se traspasan son la evaluación y el control de la publicidad de medicamentos de uso humano, la inspección de los laboratorios farmacéuticos que fabrican o distribuyen, las tareas de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano o el control de calidad de medicamentos con su potestad sancionadora en materia de productos farmacéuticos en el ámbito de sus competencias.

Por último, se traspasan los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar. Específicamente los servicios que corresponden a la acción protectora del Seguro Escolar, referida a prestaciones que se incluyen en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

El detalle menor que quería también mencionar del Consejo de Ministros es la autorización de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actuaciones en materia de extranjería, destinada a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y favorecer la convivencia y la cohesión social. Todo ello por un importe de 24650000 euros, a través de una convocatoria en donde el Gobierno asegura la recepción de esta financiación, que se tiene prevista por el Fondo Social Europeo, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, cumpliendo con los compromisos en materia de integración que hemos adquirido con la Unión Europea. Estos fondos nos van a permitir y sobre todo, promover proyectos de investigación, de sensibilización o de lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, en definitiva, el respeto a los valores democráticos, la tolerancia, diversidad y solidaridad social.

Todos ellos asuntos importantes. De algunos otros encuentran la referencia, lo que ocurre siempre después del Consejo de Ministros y sin más materia, cedo ahora la palabra al ministro de Sanidad, Salvador Villa, para que nos informe sobre la situación sanitaria.