La vicepresidenta apuesta por fortalecer las instituciones y cerrar espacios a la corrupción

Como ha recordado la vicepresidenta, fue el presidente del Gobierno quien, en el discurso en el debate sobre el estado de la nación, insistió en la propuesta de un acuerdo lo más amplio posible para adoptar un programa eficaz de medidas de regeneración democrática.

El acuerdo se materializó en una propuesta de Resolución, aprobada con un amplio respaldo por el Congreso de los Diputados el pasado 26 de febrero, que contiene un amplio abanico de medidas políticas, jurídicas y de orden práctico que supondrán más límites, más control y más transparencia en la actividad pública.

El impulso de estas medidas corresponde tanto al Gobierno de la nación, que instrumentará las reformas legislativas necesarias para hacerlas efectivas, como a los Grupos Parlamentarios, que habrán de abordar las cuestiones que corresponden a las Cortes Generales.

Sáenz de Santamaría ha reclamado a los miembros del Grupo de Trabajo que dediquen el máximo esfuerzo a la puesta en marcha de las medidas, porque estas reformas constituyen también una prioridad de Gobierno.

La número dos del Ejecutivo ha recordado que el Gobierno de Rajoy viene trabajando en medidas de regeneración desde el comienzo de la Legislatura. Como prueba, señaló que el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, el primero con decisiones legislativas, decidió remitir a las Cortes un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos que, en su tramitación parlamentaria, y tras un amplio acuerdo político, supuso, además de la reducción de las subvenciones que reciben las formaciones políticas, que estas organizaciones asumieran nuevas y más amplias obligaciones de transparencia y control.

El Grupo de Trabajo ha marcado en su primera reunión las tareas que han de emprender los ministerios en relación con todas y cada una de las medidas. Concretamente, la vicepresidenta ha encargado a los integrantes del Grupo de Trabajo la elaboración de las siguientes propuestas normativas:

1. Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos

Las medidas se proyectarán sobre los partidos políticos, como obligados por la norma, y sobre el Tribunal de Cuentas, como responsable del control y fiscalización de los mismos.

Esta norma supondrá la reforma de la Ley Orgánica 6/2001, de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos.

El contenido del Anteproyecto de Ley incluirá:

• Obligación de establecer un procedimiento de aprobación de cuentas en los estatutos de los partidos. Las cuentas deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran.
• Obligación de depósito de las cuentas en un registro público.
• Regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos políticos.
• Comparecencia anual obligatoria del responsable financiero de cada partido ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
• Establecimiento del deber formal de colaboración del responsable de la gestión económico-financiera con el Tribunal de Cuentas.
• Establecimiento de un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos.

2. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas

Con esta reforma se pretende dotar al Tribunal de Cuentas de más medios para el ejercicio de sus funciones y de articular más instrumentos de control para optimizar su capacidad de respuesta.

El contenido de este Anteproyecto de Ley recogerá:

• La definición de fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y determinados organismos públicos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses.
• La fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de todos los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.

3. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público

El objetivo de la reforma es el fortalecimiento del régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción.

4. Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas,

Se trata de aprobar un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración General del Estado.

Esta norma incluirá, entre otras, las siguientes medidas:

• Establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado.
• Regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos.
• Realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato.
• Determinación y límites de los sistemas de protección social.
• Limitación de la compensación tras el cese.
• Refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

5. Reforma de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal

El objetivo de esta reforma es el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción.
En concreto, se analizará el tratamiento penal de los siguientes delitos existentes en la legislación penal y de nuevos comportamientos que pudieran ser incorporados: prevaricación; cohecho; apropiación indebida; malversación de caudales públicos; tráfico de influencias; fraudes y exacciones ilegales; delitos urbanísticos; omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos de sus cuentas y patrimonio social; financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos.

Asimismo, se aumentarán los plazos de prescripción para esos delitos.

6. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Con esta reforma se busca clarificar las reglas de atribución de competencia a los Tribunales y la agilización de los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia.

Concretamente, se estudiarán las siguientes medidas:

• Modificación del régimen de competencia de los delitos conexos.
• Diferimiento de la determinación de la responsabilidad civil a un proceso civil posterior para paliar los retrasos que afectan a la finalización de los procesos penales.