La imposición del requisito de una declaración pública, que sólo a él le fue exigida, constituye una forma de actuar que violenta la conciencia y que, en la medida en que venga determinada por la condición de judío de Matisyahu, cuestiona el principio de no discriminación que está en la base de las sociedades plurales y diversas.
El Gobierno manifiesta su comprensión por el malestar expresado por las comunidades judías y ha reiterado su rechazo hacia toda manifestación de antisemitismo.
Asimismo, España reitera su rechazo a campañas de boicot hacia Israel, así como su firme posición a favor de una solución negociada al conflicto sobre la base de un Estado independiente de Palestina que conviva en paz y prosperidad con Israel.