Esa modificación legal incluyó las medidas en materia judicial recogidas en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados el 28 de diciembre de 2017.
En aplicación de ese pacto de Estado, el artículo 310 de la LOPJ dispone que "todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las carreras judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional".
El temario, según ese mismo precepto legal que entró en vigor en enero, "deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio de no discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, de la normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la mujer, incluyendo la de la Unión Europea y la de tratados e instrumentos internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres ratificados por España".
Así, en el bloque dedicado al Derecho Constitucional, se añaden dos temas específicos sobre las bases constitucionales de la prohibición de discriminación por razón de género y el derecho a la igualdad y la lucha contra la violencia de género.
En el bloque de Derecho Civil, en la parte dedicada a la interpretación de las normas, se incorpora como principio integrador el principio de igualdad y el enfoque de género. Este apartado también cuenta con un nuevo tema dedicado íntegramente a "la perspectiva de género en el derecho de familia", con especial atención a las medidas de protección integral en casos de violencia machista.
En el ámbito del Derecho Penal, el nuevo temario, en el tema destinado a las circunstancias agravantes, recoge un apartado específico sobre el "análisis jurisprudencial de la agravante de género". En el tema relativo a la suspensión de las condenas, se incluyen las "especialidades en supuestos de violencia de género y doméstica". También se crea un nuevo tema sobre los delitos de violencia sobre la mujer por su pareja o expareja que, entre otros temas, trata la divulgación no consentida de imágenes o grabaciones de carácter íntimo. La mutilación genital y la trata con fines de explotación sexual aparecen en los temas dedicados a las lesiones y las torturas y otros delitos contra la integridad moral.
Los cambios alcanzan también a los contenidos de Derecho Procesal. En el temario del derecho procesal civil se incluye una "especial referencia a las medidas de protección en supuestos de violencia de género", así como "la perspectiva de género como criterio integrador" a la hora de valorar la prueba. En el de procesal penal se suma un tema específico sobre medidas cautelares de protección de la víctima y sus hijos en procesos de violencia sobre la mujer.
Los nuevos contenidos se extienden también al bloque de Derecho Administrativo y Laboral. En los futuros exámenes entrarán materias como la ordenación del tiempo de trabajo por razón de violencia de género, el principio de igualdad y su tutela en el ámbito laboral, los planes de igualdad en la negociación colectiva, la nulidad del despido en los casos de violencia sobre la mujer, la corresponsabilidad en los cuidados de menores y dependientes, así como formación específica en materia de Seguridad Social con víctimas de estos delitos.
El Ministerio, a través del secretario de Estado Manuel Jesús Dolz, ha expresado su conformidad con los nuevos contenidos a la comisión de selección, él órgano tripartito conformado por Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado que tiene como misión organizar las pruebas de acceso a ambas carreras.