Intervención del presidente del Gobierno ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa

Estrasburgo

Embajadores,

Es un honor para mí poder dirigirme a todos ustedes en un lugar tan emblemático como es el Consejo de Europa. Un espacio que simboliza el compromiso europeo en torno a dos grandes anhelos: los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos.

Les hablo como presidente de Gobierno de un país, España, para el que esta institución tiene una especial relevancia histórica. Y permítanme explicarles por qué.

Hace 42 años -en 1977- España se encontraba en mitad de una difícil y compleja transición de la dictadura a la democracia. Por aquel entonces, apenas se habían iniciado los trabajos previos para dotarnos de una Constitución moderna y garantista; una herramienta, en definitiva, fundamental para desmantelar las estructuras de un estado autoritario, centralista que sufrió España durante 40 años de dictadura y reconstruir nuestra democracia y también su Estado de derecho. En aquel momento aún había mucha incertidumbre en la sociedad española y riesgo cierto de involución. Si algo habíamos aprendido en España -con lecciones dolorosas a lo largo de nuestra Historia- era a no dar por sentado el tránsito de un régimen totalitario a un régimen democrático en el que las libertades y los derechos democráticos estuvieran plenamente garantizados.

Fue en ese 1977 cuando España ingresó como Estado miembro del Consejo de Europa. Y aquel fue un hito de extraordinaria importancia para España. Todavía en pleno proceso constituyente, esta organización acogía en su seno a un país -a mí país- en el que las instituciones democráticas daban sus primeros pasos. Un camino que, con los años, nos ha hecho acreedores de la consideración de democracia plena -una de las 19 de todo el mundo según los prestigiosos, los más prestigiosos observatorios independientes--.

España fue -no se les olvide nunca- la última dictadura de Europa Occidental.

Hoy, cuatro décadas más tarde, España es un país que ha hecho suyos los valores que reflejan lo mejor de nuestra sociedad. La democracia es una arquitectura jurídica que se sostiene sobre los principios fundamentales de la ley y de los Derechos Humanos, pero la democracia también es un espacio de progreso y bienestar social. A mí también me gusta subrayar esto, porque me parece importante en la época en la que vivimos como consecuencia de la desigualdad que sufren, en buena medida, nuestros compatriotas.

Así, España es una democracia plena, también porque es el país líder en donación y trasplantes de órganos del mundo. Es una democracia plena también porque cuenta con un extraordinario sistema sanitario universal que lo convierte en el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo. Y es una democracia plena también porque cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. O porque, finalmente forma parte activa de los principales foros multilaterales globales.

Y a mí me gusta subrayar que la sociedad española y, sin duda alguna, este Gobierno, el Gobierno que yo represento estamos firmemente comprometidos con el multilateralismo común y la forma de poder resolver muchos de los desafíos globales que tenemos como sociedades. Sometemos nuestras decisiones judiciales a la Corte Penal Internacional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En este último caso, además, como una garantía adicional al derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país.

No se trata, por tanto, de una cesión de soberanía -y esto me gustaría subrayarlo hoy aquí ante ustedes-, no es una cesión de soberanía de a foros que nos son ajenos. Se trata de compartir, no ceder soberanía. Compartir soberanía con foros que nos ayudan a ser mejores en algo que nosotros consideramos que es preexistente al propio Estado, a su propia formación, como son los Derechos Humanos, su salvaguarda. No hay sometimiento a un sistema multilateral cuando se actúa por convicción moral, como hace la sociedad española. No hay cesión alguna cuando se comparte la idea de universalidad de los derechos a proteger. Derechos que siempre encontraron y encontrarán su protección en foros como este.

Hace unos días, en esta misma ciudad, en la sede del Parlamento Europeo, hice una apelación a la necesidad del compromiso cívico con los valores europeos. A que había llegado la hora de proteger a Europa -activamente- si queríamos que Europa protegiera los grandes logros alcanzados en nuestro continente.

El fundamento de esa acción movilizadora descansa en el poder de Europa para inspirar. Para transformar desde la fortaleza de sus valores. Europa inspiró el fin de las dictaduras decrépitas de su orilla mediterránea, como la española. Europa inspiró el derribo del telón de acero. Y hoy, Europa inspira incluso más allá de sus propias fronteras geográficas tradicionales. Ustedes, en el Consejo de Europa lo saben bien, cuando acompañan a países -por ejemplo, del norte de África- para fortalecer las instituciones y también su Estado de Derecho.

España fue uno más en esta gran familia de naciones que, juntas, encuentran la inspiración para avanzar. Inspiración de Europa para avanzar en algo fundamental, como es la igualdad entre mujeres y hombres, hasta ser el país que hoy somos. Les cuento una anécdota que me parece bastante ilustrativa del avance que se ha logrado en España durante estos últimos 40 años: España dejó atrás un tiempo en el que una mujer no podía ni disponer de sus bienes sin autorización de un hombre - y les hablo de 1974, hace apenas tres días- para sentar, en la actualidad, al doble de mujeres que de hombres en su Consejo de Ministros. Inspiración para superar muros de incomprensión y conquistar nuevos derechos, impensables solo una generación atrás. Hoy somos pioneros en la lucha contra cualquier tipo de discriminación, de orientación sexual, de raza o religión. Inspiración de Europa para reconocer nuestra diversidad territorial, que es rica, nunca es un demérito, no es un freno a la prosperidad, sino una riqueza. Diversidad territorial, cultural, lingüística como una riqueza frente a la uniformidad de antaño.

Si hoy somos uno de los Estados más descentralizados del mundo; si nuestras comunidades autónomas gozan de amplias potestades legislativas; si las cuatro lenguas del Estado (el catalán, el castellano, el vasco y el gallego) y nuestras culturas tienen el mayor nivel de protección de toda su historia, por encima de otros países que cuentan también con estructuras federales semejantes a la nuestra, a la española, es, en definitiva, primero por el compromiso democrático de la sociedad española. Pero, en segundo lugar, y esto también me gustaría subrayarlo, por la inspiración que ha supuesto este Consejo y también la construcción europea a la historia y a la sociedad española

Esa es la inspiración que ha hecho de la España de hoy una democracia plena. Una democracia moderna, una democracia avanzada, que asume como propios los principios de separación de poderes propios de un Estado de derecho. Que defiende la independencia judicial y tiene uno de los sistemas más garantistas del mundo.

En tiempos de "fake news", --entiendo que ustedes aquí habrán tratado estos temas-- de construcción de realidades aumentadas y hechos alternativos, no dejaré nunca de apelar a la fuerza de los datos reales, objetivos y constatables. Y quiero detenerme en algunos de ellos para compartir con todos ustedes.

En el periodo 2013/2017, en cuatro años, el número de reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con origen en España estuvo muy por debajo de la media del conjunto de los Estados miembros. Aún más, si tomamos en consideración la media de sentencias condenatorias -apenas seis al año en ese periodo- o nos ceñimos a un criterio objetivo como el de la ratio por población.

No quiero que vean en mis palabras una suerte de autocomplacencia, en absoluto; más bien, al contrario: vean un estímulo para no dar un paso atrás.

Ser conscientes de lo que queda por hacer -de lo que aún nos queda por hacer--, y por mejorar es lo que nos invita a seguir avanzando, tanto en la protección de las libertades como en la plena extensión de los derechos sociales a nuestra población.

Sé que aun así, a pesar del poder de los datos, siempre habrá quien sostenga sus proyectos políticos en relatos falsos para movilizar hacia el odio y hacia la división. Ninguna de las sociedades que estamos aquí presentes somos ajenas a este desafío. Es el sino de un tiempo líquido que debemos combatir con la fuerza de la razón y los hechos, y lo tenemos que hacer de forma emocionada. Porque es la propia democracia la que está en juego si permitimos que esos relatos divisivos y sesgados se impongan.

Hace una semana, el Gobierno de España inició el proceso de ratificación de la Carta Social Europea revisada de 1996. Se trata de un instrumento, a nuestro juicio, fundamental, prioritario para la protección de los derechos sociales, y que tiene en el Consejo de Europa a su gran promotor, y quiero reconocérselo a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Mi Gobierno tuvo claro, desde el primer momento, que España daría este paso. Es un gesto, a mi juicio, de gran relevancia práctica, pero también simbólica. Ilustra nuestro compromiso con derechos básicos como el modelo social europeo, cuya vigencia es clave para que Europa siga teniendo la capacidad de atracción a la que me refería con anterioridad. La capacidad de inspirar, de fortalecer y de crear esperanza, incluso fuera de nuestras fronteras, allí donde más débiles son los cimientos del Estado de derecho; y donde más débiles son las redes de seguridad del Estado del bienestar. España ratifica la Carta Social para seguir siendo exigente consigo misma, sobre todo y ante todo en esta materia. Y asumiendo las recomendaciones del Comité de Derechos Sociales y del Consejo de Europa como una motivación adicional.

La recuperación de la sanidad universal (que fue quebrada hace ya unos años) o el incremento del salario mínimo -que hemos incrementado a lo largo de este primer mes del año 2019, para reducir la desigualdad y redistribuir el crecimiento, que no haya trabajadores pobres en países que crecen y que son ricos--, o luchar contra la pobreza laboral son la mejor evidencia; la prueba del compromiso del Gobierno que presido con los principios de la Carta Social Europea. Pero también -y me gustaría también subrayarlo- con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que, a mi juicio, es un auténtico contrato social global del que mi país quiere ser un actor comprometido.

Señoras y señores, si alguna lección hemos aprendido de la historia es que no se puede gobernar ignorando a las minorías, excluyendo voces o limitando derechos y libertades. Es una lección que mi país aprendió dolorosamente.

Por eso desde 1978 nuestra Constitución estableció un Título -inspirado en buena medida en la obra del Consejo de Europa- en el que se consagran derechos y libertades fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.

Y por eso nos dotamos de una nueva estructura territorial en España, que descentraliza poder legislativo y poder ejecutivo. Para garantizar, no solamente la igualdad entre españoles, que es esencial, sino también que la especificidad, las diferencias y las particularidades de todos y cada uno de los territorios, que es una riqueza de nuestro país, estén protegidas, garantizadas por igual en todos ellos, a la vez que queda garantizada, también, la unidad de España. Asumiendo, en todo caso, que unidad no significa homogeneidad.

Una democracia plena no adquiere tal condición sólo y exclusivamente por la aritmética del voto, esto lo sabemos todos los que estamos aquí presentes. La adquiere porque el imperio de la ley, el respeto a las instituciones y a la protección de los derechos humanos no están en cuestión, ni tan siquiera por el juego de las mayorías y las minorías coyunturales.

Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente.

Cuando se recurre a la mentira o a la manipulación; cuando se promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente. Y son los ciudadanos finalmente quienes sufren injustamente por ello. Si la democracia quiere prevalecer, tiene que enfrentar estos desafíos. Y lo tiene que hacer con contundencia y con convicción. Y hacerlo invocando un relato alternativo, o un relato de esperanza frente al miedo al futuro.

Es crucial implicar a los jóvenes en esa tarea. A quienes más expuestos están a una desigualdad creciente, que frena la movilidad social -que es característica de nuestro modelo social europeo- y que frustra expectativas que creíamos consolidadas. El divorcio entre la economía y la política, a mi juicio, es la mayor amenaza para el futuro de la democracia. Cuanto mayor sea esa brecha, entre la política y la economía, más opciones de éxito tendrán las narrativas autoritarias en nuestras sociedades.

Este año, señoras y señores, el Consejo de Europa cumple 70 años. Recordemos de dónde nace el anhelo de una Europa unida. Unida no tanto en torno a la geografía física, que también, sino a la geografía del espíritu, de los valores: a los valores y a los principios que nos identifican y nos unen frente a la memoria de la barbarie.

No podemos olvidar que la Conferencia de La Haya - que fue el auténtico germen de este Consejo- se reunió apenas tres años después de concluida la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. No podemos olvidar las lecciones que ofrece el pasado a aquellos que deciden refugiarse en las identidades excluyentes y la xenofobia. Aquellos que desprecian lo que nos une y ponen el acento sólo y exclusivamente en aquello en lo que nos divide. No podemos olvidar que el fracaso de las instituciones multilaterales y la banalización de la democracia fueron el preludio de las grandes tragedias en este continente que, desgraciadamente, tiene una memoria frágil.

Hemos tardado siete décadas en construir el sistema compartido de Derechos Humanos, Estado de Derecho y democracia que institucionaliza el Consejo de Europa.

Constituye nuestra responsabilidad histórica. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos una responsabilidad histórica, de evitar dos males que serían irreversibles: el primero. Por un lado, que, como señala el secretario general, a Europa la divida una nueva fractura: entre los ciudadanos con sus Derechos Fundamentales protegidos por el recurso directo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los ciudadanos que carecen de ese recurso.

Por otro lado, el de disminuir las capacidades del Consejo de Europa en su tarea de promover los Derechos Humanos, el Estado de derecho y la democracia, como consecuencia de la aplicación del Plan de Contingencia.

En democracia las formas son tan esenciales como el fondo -lo sabemos todos los que estamos aquí presentes-. Difícilmente podrá el Consejo de Europa tener legitimidad en la promoción del Estado de derecho hacia el exterior, si no actúa conforme a Derecho en la solución de la problemática de su propia vida institucional, en particular la que afrontamos ahora en relación con la Federación Rusa.

Es esencial que tal relación se articule de acuerdo con el Estatuto de Londres y la normativa que lo desarrolla, teniendo en cuenta los criterios interpretativos de los servicios competentes. Debemos construir dicha relación con voluntad política y creatividad, en colaboración -como no puede ser de otra manera- con la Asamblea Parlamentaria. Es fundamental promover los derechos que asisten a todos los Estados miembros en cuanto tales; pero, del mismo modo, es fundamental que todos cumplamos nuestras obligaciones.

Entre dichas obligaciones, permítanme subrayar dos, que a mi juicio son fundamentales. La primera, hacer posible el acceso de todas las instituciones y mecanismos del Consejo de Europa a todo el ámbito territorial de cada Estado. Y, en segundo lugar, que todas y todos los ciudadanos puedan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez agotadas las instancias judiciales internas.

Se han dado -desde el Comité de Ministros y desde la Asamblea Parlamentaria- pasos importantes, que yo quiero reconocer en este foro. Y nos congratulamos de ellos y de la decisión reciente de acometer entre ambos órganos un diálogo reforzado como marco para la búsqueda conjunta de alternativas.

Debemos hacer (hablaba antes con el secretario general) una reunión anual del Comité de Ministros, que tendrá lugar el 16 y 17 de mayo en Helsinki, el momento que, a mi juicio, es clave para encontrar una solución a esta encrucijada. Y no podemos permitir que este año sea el de la puesta en marcha de un Plan de Contingencia que no es, en modo alguno, un mal menor. Es -déjenme que lo diga con claridad- es un paso atrás. Es fundamental buscar vías que permitan la plena participación de la Federación Rusa en el Consejo de Europa. Que permitan que todos los miembros cumplan con los derechos y con las obligaciones que nos corresponden.

Compartimos la visión del secretario general para seguir avanzando en la protección de los Derechos Humanos, del Estado de derecho y de la democracia. España está dispuesta a realizar su aportación y participar con lealtad de esta responsabilidad que nos compete a todos los que estamos aquí presentes.

Nos enfrentamos a desafíos ante los que nada pueden quienes buscan cobijo en la falsa seguridad de las fronteras. Las crisis migratorias, el calentamiento global o los conflictos por la escasez de recursos básicos son amenazas que existen ya, que no se detienen ante una aduana; que no podemos enfrentar desde el aislamiento, ni del ensimismamiento sino desde la cooperación, desde liderazgos cooperativos. En el ámbito migratorio, señoras y señores, tenemos que garantizar la integridad y la seguridad de nuestras fronteras. Pero también, y quiero subrayarlos, tenemos que garantizar los derechos de todos los seres humanos, aunque sean migrantes y demandantes de asilo. Sobre todo si son migrantes y demandantes de asilo.

No sólo es una exigencia moral, que lo es. Y ya con esto bastaría. Es un acto de justicia con nuestro propio pasado, con nosotros mismos como tierra de emigración que somos, no hace tantos años. Siria o, más recientemente Venezuela, son la evidencia más reciente de un drama, de una catástrofe, que se repite a lo largo de la historia con distintos nombres y distintos protagonistas.

Europa tiene que estar a la altura de este desafío desde la afirmación de sus propios valores. Porque la negación de tales valores, implica negarnos a nosotros mismos. A lo que somos hoy, y a las lecciones dolorosas que este continente ha aprendido en su Historia.

Si alguna vez ha tenido más sentido una apelación a un nuevo multilateralismo, --del que les hecho a ustedes partícipes al principio de mi intervención--, de un nuevo multilateralismo que tiene que ser eficaz y renovado, es precisamente ahora: en el punto de intersección de la nueva revolución tecnológica y la evidencia de la fragilidad medioambiental de nuestro planeta.

Nunca antes ha estado tanto en juego en tan poco espacio de tiempo. Y nunca antes hemos sido tan conscientes de que no hacer nada supone condenar a siguientes generaciones. Nos enfrentamos a dilemas morales que no son nuevos, aunque sí lo son los desafíos que abordamos.

Hace más de dos siglos, Benjamin Franklin recordó algo que a mí siempre se me ha quedado grabado, y es que las sociedades que sacrificaban libertad a cambio de seguridad no merecían tener ni la una ni la otra. Y al final, acababan perdiendo ambas: la seguridad y la libertad. Es una reflexión muy oportuna, en estos tiempos, a las puertas de un debate sobre los derechos de cuarta generación. Derechos que remiten a nuevas fronteras disruptivas en el campo del ciberespacio, las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial.

En ese debate tiene que estar presente la visión de una Europa que no reniega de sus valores esenciales. Que no sacrifica derechos individuales en el altar de un nuevo autoritarismo digital. Y que invoca a un humanismo del siglo XXI; para afrontar los nuevos horizontes y fronteras de la ciencia, sin tener que sacrificar libertad a cambio de seguridad; democracia por autoritarismo; o crecimiento económico por una desigualdad que, desgraciadamente, está en aumento.

Una vez más, quiero apelar de nuevo a los jóvenes en este tiempo de transformación y cambio de época. Cada generación tiene el derecho y el deber de protagonizar su propio tiempo. En la conquista de los nuevos derechos, permitamos que los jóvenes encuentren un propósito. Que sean protagonistas, en definitiva, de su propio tiempo, como lo fueron generaciones precedentes en la conquista de derechos precedentes.

Todos, en algún momento de nuestra juventud, en el descubrimiento del idealismo, hemos soñado con un planeta de una única soberanía: la de los Derechos Humanos. Dejemos que los jóvenes sigan soñando con eso. Démosles instrumentos para continuar siendo idealistas.

Señoras y señores, concluyo. Comencé mi intervención recordando el papel del Consejo de Europa en un momento crítico de la historia de mi país, de España. Sin el poder de aquella acción colectiva, sin el aliento de instituciones, e instancias multilaterales como esta, España habría tenido que recorrer una senda mucho más incierta para alcanzar su democracia plena. Sin su respaldo, España no sería hoy la democracia plena que es. Fue la fuerza inspiradora de instituciones como el Consejo de Europa la que nos sirvió para avanzar. Para alcanzar la meta de construir un Estado -y a mí me gusta siempre decirlo- un Estado social y Democrático de derecho sólido. El compromiso de España con esta institución nace, pues, de nuestra propia experiencia.

Por tanto, y con esto concluyo, señora presidenta, no hay mejor forma de rendir tributo al Consejo de Europa que renovar nuestro vínculo, el vínculo de España con esta institución, en la defensa de los Derechos Humanos en el que es, sin duda, su templo más emblemático.

Pueden contar con España siempre en esa tarea.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)