Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Interior, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Hoy avanzamos de manera decidida en uno de los ejes, junto al de la recuperación económica, que han marcado la agenda reformista del Gobierno, que es el Programa de Regeneración Democrática. Hoy hemos aprobado, ya definitivamente para su envío a las Cortes, el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos políticos y el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Además, como explicará el ministro de Justicia, hemos aprobado el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una garantía para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos, en caso de insuficiencia de recursos, ante un tribunal de justicia. Además, incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Comunitaria sobre combustible nuclear gastado y residuos radioactivos. Y hemos aprobado un Real Decreto Ley para paliar los efectos de los temporales sufridos en la cornisa cantábrica y en la fachada atlántica en las últimas semanas; una serie de medidas que prestan especial atención a las pequeñas empresas y a la recuperación de infraestructuras con planes económicos y medidas fiscales que se acelerarán para, además, tenerlo todo listo antes de que comience la temporada turística.

Por partes, en el capítulo de nombramientos, hoy el Consejo de Ministros ha designado para formar parte del Consejo de Estado a tres consejeros electivos: María Luisa Cava de Llano, que fue defensora del Pueblo entre el 30 de junio de 2010 y el 29 de julio de 2012, y ha procedido a la renovación de don Manuel José Silva Sánchez y don Juan Antonio Ortega y Díaz-Hambrona. Ambos ya formaban parte del Consejo de Estado y lo que se procede es a la renovación en los puestos que ocupaban.

En cuanto al llamado Plan de Regeneración Democrática, como les decía hace un momento, hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros los dos Proyectos de Ley que constituyen el núcleo esencial o los dos pilares esenciales del Plan de Regeneración Democrática en el ámbito del control y de la prevención. Se trata de un Proyecto de Ley Orgánica, el de control de la actividad económica financiera de los partidos, y de una Ley ordinaria, que es la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo en el seno de la Administración General del Estado.

Como saben, este Gobierno asentó la base de su programa de actuación para esta Legislatura en la necesidad de un programa de reformas, de recuperación de la economía, que desde el primer momento vinculamos también a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. La regeneración democrática pasaba, necesariamente, por la toma de decisiones en materias relacionadas con la calidad del funcionamiento de las instituciones y la incorporación de la transparencia como principio rector de las mismas. Por eso, desde el primer momento adoptamos medidas en este punto; las que hoy presentamos; por tanto, no son las primeras ni serán las últimas, como luego explicaré.

En el año 2012 se reformó, con gran consenso, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que redujo de manera importante las subvenciones que reciben desde las arcas públicas y supuso ya un avance importante en materia de control y transparencia. Se reformó, además, la responsabilidad penal de los partidos políticos y la lucha contra el fraude fiscal. También aprobamos una Ley de Transparencia y Buen Gobierno, con una tramitación parlamentaria muy amplia, en la que, además, se amplió el ámbito de aplicación de la misma.

Este conjunto de iniciativas se han ido aplicando y, a su vez, hemos ido tramitando y estudiando otras que hoy aprobamos. Esto ha conseguido ya algunos efectos en el ámbito de la situación de nuestro país, como revela el informe hecho público el pasado día 3 de febrero por la Comisión Europea, en el que expresamente se reconoce el importante avance que España está realizando en esta materia. Pero también en ese informe nos hacen recomendaciones, algunas de las cuales han sido incluidas en las leyes a las que hoy damos el visto bueno para enviarlas al Congreso de los Diputados.

No obstante, no es la primera vez que se habla de estas dos leyes en el Congreso de los Diputados. Como saben, ha habido una comunicación previa con los Grupos Parlamentarios sobre las mismas y sobre su contenido. Y ya les informo que, una vez remitidas a las Cortes Generales y puedan ser analizadas por los Grupos, les convocaremos a sucesivas reuniones para poder abordar el contenido de las mismas y trabajar por futuros acuerdos.

Como recordarán, también el pasado 13 de diciembre aprobamos estos Anteproyectos y acordamos, aunque no era preciso, su remisión a dos órganos constitucionales: al Consejo de Estado ambas normas, pero además la Ley de Control Económico Financiero de los partidos al Tribunal de Cuentas. Es la primera vez que una norma de esta naturaleza se envía al Tribunal para su informe; ha agradecido expresamente que se le haya remitido el Proyecto, lo ha valorado positivamente y ha hecho observaciones que han sido incluidas, como lo ha sido también la observación esencial recibida por parte del Consejo de Estado.

Paso a relatarles algunas de las medidas más destacadas que se incorporan a este marco legislativo y alguna de las mejoras que hemos incluido.

En primer lugar, el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos, como saben, reforma tres leyes (Financiación de Partidos, Ley de Partidos Políticos y Tribunal de Cuentas) para incrementar control, fiscalización, transparencia y obligaciones jurídicas de los partidos.

Se prohíben, como saben, las donaciones a los partidos políticos, donaciones procedentes de personas jurídicas, y lo hemos ampliado a entes sin personalidad jurídica pero que no son personas físicas; es decir, sólo las personas físicas podrán realizar estas donaciones.

Se prohíben las condonaciones de deuda de los partidos políticos por parte de las entidades de crédito. A partir de ahora, las entidades de crédito no podrán hacer condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos. Además, ¿qué hemos incorporado como novedad? Entender por condonación la cancelación total o parcial, no sólo del principal del crédito, sino también de los intereses vencidos o la renegociación del tipo de interés por debajo del aplicado en condiciones de mercado. Es decir, tampoco se podrán condonar los intereses; no sólo el principal o rebajar el tipo de interés, sino que los intereses vencidos tampoco podrán condonarse.

Las donaciones indebidas que se hagan a los partidos tendrán que devolverse. Si no se pueden devolver por el partido, se ingresarán al Tesoro.

Se obliga a todos los partidos, y no sólo a los que reciban subvenciones, a presentar sus cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas.

Se aumentan las obligaciones de publicidad y transparencia de los partidos. Así, será obligado que los partidos publiquen en sus páginas web, junto al balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés y el plazo de amortización, así como las subvenciones y donaciones recibidas por importe superior a cincuenta mil euros.

Se regula la figura del responsable de la gestión económica financiera de los partidos, que comparecerá ante el Parlamento. Y tal y como nos ha sugerido el Tribunal de Cuentas, lo hará una vez que se emita el correspondiente Informe por parte del Tribunal.

Sobre esta comparecencia quiero extenderme un poco para agradecer lo útil de la consulta evacuada a los órganos consultivos y, en concreto, en este caso, al Tribunal de Cuentas. El Gobierno siempre tuvo en mente incluir esta obligación de comparecencia parlamentaria del responsable económico financiero de los partidos y hemos sugerido que acudan al Parlamento después de emitido el informe de fiscalización de Tribunal de Cuentas. Es una propuesta llena de sentido, que permite llevar a cabo el análisis por parte del Tribunal y al responsable económico financiero explicar la situación y las medidas que puede adoptar o que va a adoptar para cumplirlo.

Se distinguen las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas entre los partidos receptores de subvenciones, que serán mucho más estrictas, que los no perceptores. Y, en el caso de sanciones que se impongan a los partidos, podrán utilizarse los mecanismos de cobro ejecutivo por parte de la Agencia Tributaria, para que esas sanciones se cumplan en todo caso.

Se establece la obligación de fijar un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos; se regula el contenido mínimo de los estatutos de los partidos; se adapta la regulación de los partidos a la recuperación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por tanto, de los mismos; y se regula la colaboración, que había pedido el Tribunal de Cuentas, con las entidades de crédito y con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Se reconoce la capacidad de creación de partidos políticos a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y aquí hay una observación esencial del Consejo de Estado que, como es esencial y queríamos ir con la conformidad con el Consejo de Estado, hemos aceptado su sugerencia. La Ley contemplaba la circunstancia de que, si los partidos políticos inscritos no presentaban o no adaptaban sus estatutos en un plazo, se pudiera proceder a su cancelación en el Registro de Partidos. Nos advierten de que esa circunstancia puede llegar a interpretarse como supuestos de, entrecomillas, "ilegalización" de partidos sin el procedimiento y hemos procedido de la siguiente manera: si los partidos en el tiempo previsto en la Ley no adaptan sus estatutos a lo que dice la Ley de Partidos, no se les saca del Registro, pero se les cierra la posibilidad de llevar cualquier cosa a ese Registro en tanto en cuanto no adapten sus estatutos.

Les pongo en su conocimiento una circunstancia que pone de manifiesto que este asunto tiene bastante importancia: a 31 de diciembre de 2013 el Ministerio del Interior tenía inscritos 4.080 partidos, de los cuales, desde 1 de enero de 2004, es decir, desde hace diez años, no han enviado ninguna comunicación al Registro nada menos que 2.502, más de la mitad. Un mes después, en febrero de 2014, el Registro hizo un "mailing", un envío, a todos los partidos registrados que no habían realizado ninguna comunicación desde 1981 y el dato es demoledor: el servicio postal devolvió todos los envíos con el sello de "destinatario desconocido". Es decir, tenemos un Registro de Partidos Políticos que no está actualizado, en el que figuran partidos políticos que probablemente…, no, probablemente no, no tienen ningún tipo de actividad; pero, sin embargo, siguen registrados.

Hemos atendido al Consejo de Estado para evitar que pudiera interpretarse esta circunstancia como una ilegalización de facto; pero sí queremos poner de manifiesto que los partidos tendrán que comunicar que han realizado los cambios estatutarios para poder seguir haciendo cosas en el Registro. Pero, desde luego, tendremos que plantearnos, y yo invito a los Grupos a una reflexión en el trámite parlamentario, cómo actualizamos ese Registro de Partidos, porque está claro que se inscriben nuevos pero no se cancelan, por lo que parece, los preexistentes.

En segundo lugar, se aprueba el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que quiere cubrir un vacío legal, pero también una gran dispersión normativa. Ahora son innumerables las leyes que contemplan parcialmente obligaciones o requisitos que tienen que cumplir los altos cargos.

Pues bien, España va a tener, por llamarlo así, un estatuto de obligaciones de los altos cargos de la Administración General del Estado; los más importantes:

- Exigencia de requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo; entre ellos, como les informamos a ustedes, la ausencia de antecedentes penales por determinados delitos importantes cuando se trata de ejercer cargos públicos, como, por ejemplo, el delito de terrorismo. Sobre esta medida quiero destacar, porque es de enorme importancia, que ha sido avalada por el informe del Consejo de Estado, que declara que el concepto de honorabilidad va más allá de lo profesional, que era como se citaba en el Anteproyecto, y debe ser de carácter general, porque los altos cargos no sólo deben ser honorables en su preparación o en su componente de preparación profesional, sino un concepto de honorabilidad más amplio. No se ha puesto, por tanto, ninguna objeción por el Consejo de Estado a este requisito.

- Exigencia de una declaración responsable para ser nombrado alto cargo; regulación del régimen retributivo: protección social y compensación tras el cese de los altos cargos; control de los gastos de representación de los altos cargos; creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses y refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses. Éste es uno de los puntos en los que, por ejemplo, nos insistía el informe de la Comisión Europea para que reforzáramos esta Oficina y su actuación dentro del Gobierno, y así se lleva a cabo en esta Ley.

Como les señalaba hace un momento, estos textos serán ahora remitidos al Congreso para su tramitación parlamentaria, en la que continuaremos, ya no el diálogo, sino la fase de presentación de enmiendas y de acuerdo con los Grupos, porque nuestra intención es trabajar por el máximo consenso entre todos nosotros, habida cuenta que somos los destinatarios principales de las nuevas obligaciones que establecen ambas normas.

Hemos aprobado también hoy en el Consejo de Ministros, para su remisión a las Cortes, el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es un paso importante en el desarrollo del artículo 119 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho a justicia gratuita cuando lo diga la Ley y, especialmente, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con este Proyecto, como explicará el Ministro, se eleva los umbrales de renta, de modo que habrá un mayor número de beneficiarios, y se reconocen nuevos casos que pueden acogerse al beneficio de justicia gratuita; entre ellos, víctimas de violencia de género o de terrorismo.

Hoy aprobamos, y lo explicará el ministro del Interior, un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en estos dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica. Con esta norma se establecen ayudas extraordinarias para paliar los graves daños provocados por los temporales que han venido azotando desde finales de enero la costa cantábrica y la fachada atlántica gallega, en particular, y muy especialmente, en los días 1 y 2 de febrero. Han sido afectados innumerables municipios costeros de las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Desde el inicio de la situación, el Gobierno, con la colaboración de todas las Administraciones, ha venido adoptando medidas para prevenir riesgos en personas y bienes, para dar información y atención a los damnificados y para empezar los procesos de valoración y evaluación de daños para darles una respuesta ágil, que es la que hoy toma forma con este Real Decreto Ley cuyo contenido explicará el ministro del Interior.

También quiero comentarles, en último lugar, que se ha aprobado el Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los recursos radiactivos. Con este Real Decreto trasponemos a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2011/70 EURATOM del Consejo, del 19 de julio de 2011, pendiente de trasposición, que establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radioactivos.

Hoy completamos y actualizamos la normativa, regulando también las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA), que es una sociedad mercantil estatal encargada de la gestión de este combustible nuclear y de los residuos. La norma incluye los principios generales a respetar en la gestión de estos elementos, precisa las responsabilidades asociadas a dicha gestión y establece el contenido del Programa Nacional de Gestión de Residuos, denominado Plan General de Residuos Radioactivos.

Ha tenido una larga tramitación porque, en cumplimiento del artículo 33 del Tratado de EURATOM, el Proyecto fue comunicado a la Comisión Europea en enero de 2013 para recibir un informe de conformidad que permitiera tener claro que se ajusta a la Directiva comunitaria, y, después, ha tenido una tramitación propia de los reglamentos en nuestro Derecho.

Además, este Real Decreto incorpora modificaciones del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas, aprobado por un Real Decreto del 3 de diciembre de 1999, para establecer la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de su utilización de explotación tras el cese de actividad, siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear y a la protección radiológica, y que el cierre no haya sido derivado por alguna de estas circunstancias.

Voy a dar la palabra a los ministros; en primer lugar, al ministro de Justicia, para que explique el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y después, al ministro del Interior.

Sr. Ruíz-Gallardón.- Como ha dicho la Vicepresidenta, hoy hemos aprobado el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, después de que hayan tramitado los informes los órganos consultivos, que, al igual que decía antes la Vicepresidenta con relación a los otros Proyectos, han enriquecido de forma muy importante el Proyecto; concretamente, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, los Consejos Generales de la Abogacía y de Procuradores, el Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos y, naturalmente, el propio Consejo de Estado.

Es una ley importante que lo que hace es modificar la de 1996, que había quedado claramente obsoleta; pero, además de esto, introduce cambios hasta en ocho leyes distintas, incorpora contenido hasta cuatro Directivas de la Unión Europea y, como recordaba también en su introducción la Vicepresidenta, lo que hace es dar un contenido material al mandato constitucional recogido en el artículo 119, cuando dice que "la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".

Tomamos, por lo tanto, como punto de partido un concepto amplio de la justicia gratuita, un concepto amplio que lo que exige es una prestación y una acción positiva y que esté soportada por los poderes públicos, y corregimos las deficiencias que, no por error de la redacción de la Ley de 1996, sino por la modificación de la realidad social a lo largo de estos años, se habían producido.

¿Cuál es la mayor novedad? La ampliación. Ésta es una ley que claramente amplía los supuestos que generan el derecho a la asistencia jurídica gratuita y que, por lo tanto, lo que hace también es elevar los umbrales de renta que dan lugar a este derecho. La población objetiva amparada, en consecuencia, se amplía, tanto cuantitativa como cualitativamente, de tal forma que nadie que realmente deba beneficiarse en España de la justicia gratuita pueda quedar excluido.

También introducimos nuevos sistemas de gestión para garantizar el uso racional de este servicio público y se agilizan las relaciones con los prestatarios del mismo, que, como saben ustedes, en el modelo español son los Colegios de Abogados. A diferencia de otros países, que lo que hacen es sacar a concurso la justicia gratuita y pueden concurrir despachos o agrupaciones de despachos de abogados, u otros que lo hacen directamente a través de funcionarios públicos; el sistema en España, desde que hace ya más de dos siglos fuera pionero el Colegio de Abogados de Madrid en introducirlo, es que sean los propios Colegios de Abogados los que gestionen este auténtico servicio público.

Esta Ley, y podemos decirlo así, es la otra cara de la moneda de la Ley de Tasas, porque solamente podemos financiar esta ampliación que hacemos de la justicia gratuita, sin que eso suponga un incremento del déficit, como consecuencia de los ingresos que nos proporciona la Ley de Tasas. Esto significa que se establece una vinculación de los ingresos obtenidos por las tasas judiciales a la financiación de la justicia gratuita. Es, por lo tanto, el pleno cumplimiento de un equilibrio en cuanto al acceso de la justicia, de tal forma que, precisamente porque quienes pueden pagarlo pagarán una parte, una pequeña parte, como ustedes recuerdan, nada más que un 10 por 100 del coste del proceso --el 90 por 100 sigue corriendo con cargo al presupuesto público--, pero gracias a ese 10 por 100 que pagan quienes pueden pagarlo lo que hacemos ahora es ampliar el número de beneficiarios que acudirán gratuitamente, en su totalidad, sin coste alguno, a recibir la tutela judicial efectiva.

Lo que hemos hecho es una ampliación, como les decía, y una ampliación importante. A veces, la cuantía la hemos elevado hasta cinco veces el IPREM o, lo que es lo mismo, estamos hablando de que en aquellos supuestos que están contemplados en la Ley podrán tener acceso a la Justicia gratuita ciudadanos que tengan unos ingresos brutos anuales de hasta 31.950 euros, que es el equivalente a 2.662 brutos mensuales; es decir, que estamos hablando de un sector muy importante de nuestra población.

El texto, y es una de las grandes novedades también, reconoce el derecho a la asistencia gratuita a las víctimas de la violencia de género --esto no se había hecho en la Ley de 1996, no se había hecho antes en España--, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de la trata de seres humanos en todos aquellos procesos en que concurran en condición de víctimas y con independencia de sus recursos económicos. Este beneficio se va a extender también a los menores de edad y a los discapacitados psíquicos cuando sean víctimas de abuso o de maltrato.

Esto yo creo que es un gran avance. Hasta ahora sólo se garantizaba una inmediata defensa jurídica especializada en los primeros momentos y creo que incluir supuestos auténticamente innovadores como aquellas personas, por ejemplo, que como consecuencia de un accidente sufran secuelas de carácter permanente y reclamen indemnizaciones, indemnizaciones que no son solamente por daños o por gastos médicos, sino también si como consecuencia de esas secuelas tienen que adaptar sus propias viviendas… En todos estos supuestos se tiene derecho de acceso a la justicia gratuita.

También, a todos los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en aquellos litigios que desarrollen en primera instancia en la jurisdicción social, y tiene una exención, que llega hasta el 60 por 100 del pago de las tasas, en interposición de recursos. Lógicamente, si se les reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, se nos reconoce también a los funcionarios públicos y a al personal estatutario.

También se reconoce el derecho a la justicia gratuita, con independencia de los recursos económicos, a determinadas personas jurídicas, y esto es muy importante: a los sindicatos, que ya la tenían históricamente reconocida; a las asociaciones de consumidores y usuarios, siempre, naturalmente, para actividades que estén directamente vinculadas con sus fines, como tales asociaciones; a la Cruz Roja; a las entidades de defensa de los discapacitados y --ésta es una gran e importantísima novedad-a las asociaciones de víctimas del terrorismo para las que, para la defensa de sus intereses, y de acuerdo con las indicaciones que nos ha trasladado permanentemente el Ministerio del Interior, hemos introducido también ese beneficio de la justicia gratuita.

Una novedad también importante es que, una vez que esté reconocido el beneficio, éste se puede elegir libremente entre las prestaciones que integran el servicio. Las prestaciones son: exención, por supuesto de pago de tasas judiciales; exención de pago de los depósitos en la interposición de recursos; la defensa, es decir, el abogado; la representación, es decir, el procurador; también hemos introducido el graduado social al que, como saben ustedes, nuestras leyes procesales le autorizan a intervenir en determinados procedimientos de carácter social, pero hasta ahora no estaba amparado por el beneficio de justicia gratuita; y también la inserción gratuita de anuncios y de edictos o de la asistencia pericial.

Como les decía antes, cuando uno se acogía al beneficio de la Justicia gratuita, tenía que obtener todos éstos de acuerdo con el procedimiento establecido por los colegios de abogados. Ahora se puede elegir. ¿Qué ventaja es esto? Que en aquellos casos en los que se tiene un abogado de confianza y no se quiere perder esa defensa en alguien en quien se tiene depositada esa confianza jurídica o muchas veces personal, eso no impide que el resto de las prestaciones, del coste del pleito, lo cubra directamente la asistencia jurídica gratuita.

Quisiera decirles en penúltimo lugar, que hemos creado un Comité de Consultas en el que vamos a participar el Ministerio, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el Consejo General de la Abogacía. Aquí lo que se intenta es establecer criterios homogéneos en todo el territorio nacional en un servicio que en unos casos, en función de las transferencias, lo prestan las Comunidades Autónomas y en otros casos lo prestamos desde el propio Ministerio.

También, y esto es muy importante, incrementamos los controles y se refuerzan las obligaciones de los colegios profesionales a la hora de justificar la aplicación de la subvención.

Hemos establecido un criterio de en el que vamos intentar que no produzcan abusos. En algo que, en definitiva, pagamos todos los españoles no tienen que producirse. Por ejemplo, se establece una presunción --¡ojo!, es presunción, lo cual significa que, si alguien acredita que le ha ocurrido esa circunstancia, podrá por supuesto acogerse; pero lo tendrá que acreditar, lo tendrá que demostrar-- de abuso cuando las solicitudes a favor de una misma persona sean más de tres en un año. Esto por supuesto no afecta a la jurisdicción penal, que en ese caso son todas absolutamente gratuitas; pero, si alguien interpone más de tres pelitos civiles o más de tres asuntos contencioso-administrativos al año- tiene que justificar esa necesidad, porque hay una presunción de que por encima de tres hay un afán de litigar que puede estar vinculado con la voluntad de utilizar el pleito como un sistema de elusión o de dilación del cumplimiento directamente de sus obligaciones.

En definitiva, y recapitulando, Vicepresidenta, decir que las novedades más importantes son: a mí me parece muy significativa la inclusión de las asociaciones de víctimas del terrorismo como uno de los beneficiarios y también, junto a ellos, otras personas jurídicas como sindicatos, asociaciones de discapacitados y de consumidores y la Cruz Roja; que el texto incorpora como beneficiarios a las víctimas de violencia de género, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de trata de seres humanos, así como a los menores y los discapacitados físicos víctimas de abusos; también a los accidentes con secuelas permanentes; que se eleva el umbral: el umbral anterior era dos veces el Salario Mínimo Interprofesional y ahora pasa a ser 2,5 veces el IPREM, pero hay determinadas circunstancias, y concretamente, cuando hay problemas familiares de desestructuración, de salud o discapacidad, en las que la cobertura llega hasta unidades familiares con ingresos de hasta cinco veces el IPREM, es decir, 31.900 euros al año¸ que incorporamos a los graduados sociales y que garantizamos el derecho a la tutela judicial efectiva asegurando que nadie se queda fuera de los Tribunales.

Por lo tanto, creo que ésta es una ley de amplio contenido social, de una fuerza que va a permitir que la tutela judicial efectiva en España, el acceso a los Tribunales, esté al acceso de todos los ciudadanos al margen de cuales sean sus ingresos y que lo que hace es completar, como antes les decía, todo el proceso que iniciamos aprobando la Ley de Tasas, que significaba un coste, pero en este caso lo que hacemos es, precisamente por el cobro de esas tasas, ampliar el beneficio de justicia gratuita a muchísimos españoles más.

Sr. Fernández.- Tal como ha señalado la Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de este año --de manera singular, como ella recordaba, los días 1 y 2 de febrero, pero no sólo esos dos días-- por los temporales de viento y mar que ocasionaron, como digo, graves daños en la fachada atlántica y en la costa cantábrica española. Se fundamenta este Real Decreto Ley en el artículo 86 de la Constitución y en la urgencia y necesidad de acometer esas obras de reparación en estos momentos.

Sobre el alcance de los daños, debo decir que se han concretado daños, tanto a bienes de particulares, como a bienes de titularidad pública de las diferentes Administraciones: Administración del Estado, municipal y local. En cuanto a bienes de particulares, estamos hablando de locales comerciales, viviendas y vehículos situados en las inmediaciones de las zonas de playa o portuarias. Y, cuando hablamos de los bienes de titularidad pública de las diferentes Administraciones, hablamos, fundamentalmente, aunque no sólo, como después señalaré, del dominio público marítimo-terrestre, en particular playas y puertos de titularidad estatal, e infraestructuras de ámbito autonómico y de ámbito municipal de las diferentes provincias afectadas, tanto, como decíamos, en la fachada atlántica gallega, como en la costa cantábrica.

En cuanto a la estimación de daños, a fecha de hoy, y según la evaluación provisional derivada de las estimaciones aportadas por las diferentes Administraciones, podemos cifrar los daños totales causados por esos temporales en torno a los 150 millones de euros. He de decir, asimismo, que una parte de ellos estarían previsiblemente cubiertos por pólizas de seguro, que estimamos que pueden ser del orden de 20-22 millones de euros de acuerdo con las estimaciones a fecha de hoy. Insisto, afectarían a los daños a bienes particulares asegurados e, incluso, a algunos bienes de titularidad pública.

Como les decía, en cuanto al ámbito territorial de aplicación de este Real Decreto Ley, se circunscribe a municipios costeros que pertenecen a las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. La concreción de los municipios y núcleos de población afectados, como es tradicional en este tipo de normas, se deja a una posterior orden del Ministerio del Interior. A fecha de hoy, no obstante, puedo señalar que estaríamos hablando de algo más de cien municipios y núcleos de población los que serían afectados.

¿Qué medidas incluye este Real Decreto Ley? Por una parte, la reparación urgente de ciertas infraestructuras. Lo más urgente es abordar la reparación de las infraestructuras en el dominio público marítimo-terrestre, que son actuaciones que competen, fundamentalmente, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y son urgentes e imprescindibles, precisamente, para reparar elementos que han sido dañados por esos temporales, que son elementos de defensa de litoral y que han quedado precisamente muy afectados. Hablamos de playas, espigones, etcétera. Además, y también esto lo hemos tenido muy presente, son imprescindibles para hacer frente a la acción ordinaria del mar. También es especialmente urgente hacer esas obras de reparación en esos elementos y en otras instalaciones como paseos y zonas anexas a las playas y litorales, precisamente, y de ahí también la urgencia a la que antes aludía, ante de la temporada turística, porque han quedado extraordinariamente dañados.

Decía que había otras infraestructuras, además de las que afectan al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que son las que afectan, como infraestructuras, a competencias del Ministerio de Fomento. Son infraestructuras que afectan tanto al ámbito ferroviario como a carreteras.

Hay otras ayudas que contempla el Real Decreto Ley que quisiera destacar brevemente y que son ayudas para las pequeñas empresas. Dada la naturaleza de los daños, y atendiendo precisamente al importante número de establecimientos mercantiles que hay en playas y en zonas costeras… No olvidemos siempre de que estamos hablando de la zona costera, de la fachada atlántica gallega y de la costa cantábrica, y de los municipios que están ahí geográficamente presentes. Esos establecimientos mercantiles han resultado especialmente dañados y se ha buscado, por tanto, que, además de las medidas que ordinariamente se incluyen en este tipo de decretos para hacer frente a este tipo de emergencias, se contemple también alguna disposición específica para ayudar a estas empresas, insisto, de pequeño tamaño.

De esa manera, por ejemplo, se prevé la compensación de la franquicia en aquellas cuantías no cubiertas por el Consorcio de Compensación de Seguros, y que para estas empresas pequeñas es muy importante, lo que va a permitir que las ayudas que desarrollan según el Real Decreto 307/2005, que es el Real Decreto del Ministerio del Interior que prevé con carácter ordinario este tipo de ayudas, tengan al menos una mínima aplicación en este caso, cosa que, si no estableciéramos esta compensación de la franquicia, no sería de aplicación al caso que nos ocupa.

Por otra parte, para que los municipios costeros concernidos -ésos, a día de hoy como he dicho, algo más de cien, aunque los concretaremos en una orden del Ministerio del Interior, insisto-- puedan comenzar ya a reparar los daños antes del comienzo de la temporada turística se incluye una convocatoria especial de préstamos bonificados a través del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, precisamente para financiar las obras de reparación de esas infraestructuras turísticas de ámbito municipal y también los establecimientos turísticos privados que hayan quedado afectados en esos municipios.

En cuanto a otro tipo de medidas que contiene este Real Decreto Ley, yo resumiría que en el ámbito del Ministerio del Interior se recogen las medidas habituales --estamos delante de una catástrofe de estas características, bien sea por incendios forestales, o sea, como en este caso, por temporales como los que todos conocemos: por viento y en la mar, etcétera--, que son ayudas por daños personales y ayudas a las Corporaciones Locales. En este ámbito, quiero destacar que las ayudas a las Corporaciones Locales en este caso son especialmente importantes, porque estamos hablando de retirada de arenas, limpieza de vías y paseos marítimos, que son obras que habitualmente realizan esas corporaciones locales y, por tanto, estas ayudas son especialmente, insisto, importantes.

Otra medida que contempla el Real Decreto Ley es la exención de determinadas tasas de tráfico a los damnificados por pérdida de vehículos o que hayan podido perder documentación, como el permiso de conducción, con ocasión de esta catástrofe, etcétera.

En relación con las infraestructuras locales, se prevé la posibilidad de financiar hasta el 50 por 100 el coste de la reparación de los servicios afectados, que será tramitada por el procedimiento de emergencia, de tal suerte que se agilizan mucho, como es lógico, las obras que este tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones de titularidad municipal requieren para reestablecer la normalidad en esas infraestructuras.

En cuanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), se recogen actuaciones de restauración del dominio público marítimo-terrestre, como les decía al principio, playas y paseos marítimos, así como reparación de los daños en el dominio público hidráulico --para entendernos, reparación de desagües, colectores o retirada de tapones--, así como el arreglo de los desperfectos causados en los caminos naturales y en las vías verdes.

Se incluyen también, como es habitual en este tipo de disposiciones, insisto, exenciones fiscales, tanto en lo que hace referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, exenciones de cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, reducciones de cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas y la posibilidad de reducir por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los módulos de las actividades agrarias para fijar la cuota de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el IVA, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

También contiene medidas en el ámbito laboral, muy importante cuando hablamos de este tipo de sucesos. Se recogen, así, medidas de flexibilización del régimen laboral y exención de cuotas de la Seguridad Social para aquellas empresas y trabajadores que hayan resultado afectaos en su actividad ordinaria con ocasión o consecuencia de estos temporales de los que trae causa este Real Decreto Ley.

Por último, para facilitar precisamente que todas estas obras se puedan acometer de reparación con la máxima urgencia, se flexibilizan algunos de los requisitos que exige la normativa en materia de contratación del sector público, considerándose las obras, los servicios, las adquisiciones o suministros de emergencia para que puedan realizarse, cualquiera que sea su cuantía, con la rapidez y agilidad que el caso requiere.

Debo decir que todo este coste, que yo he estimado a fecha de hoy, como les decía al principio, en torno a los 150 millones de euros, está previsto en el Real Decreto Ley que se financiará mediante créditos extraordinarios con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.

Por último, se crea una comisión de seguimiento para evaluar las ayudas o subvenciones que, de acuerdo con este Real Decreto Ley, se puedan ir concediendo. Esa comisión de seguimiento la coordinará la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y estarán presentes todos los ministerios coproponentes, empezando por la Vicepresidencia del Gobierno: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Ministerio de Fomento. Y estarán también presentes las Delegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas afectadas, precisamente de manera especial para todo aquello que hace referencia a la coordinación, siempre necesaria en estos casos, con las Comunidades Autónomas afectadas.

P.- Mi pregunta va dirigida al ministro del Interior. Su Ministerio ya ha entregado, creo, todas las grabaciones al juez y ha colgado esas grabaciones en su página web. A la luz de esos vídeos, no sé qué lectura nos puede hacer de lo que se ve ahí; yo no he tenido oportunidad de verlos todavía.

¿Van a decir "sí" a la comisión de investigación que han pedido el Partido Socialista e Izquierda Unida?

Sr. Fernández.- Empezando por el final, yo me remito a lo que decida el Grupo Parlamentario; yo hablo como ministro del Interior. Pero permítame que haga una reflexión, insisto, sin perjuicio de la autonomía, como es obvio, de la decisión que adopte el Grupo Parlamentario Popular. Si no estoy mal informado, y creo que no, la motivación de esa comisión de investigación era que no se habían dado a conocer los vídeos, y se había dado, además, un plazo de veinticuatro horas. Los vídeos fueron entregados en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ayer, cumpliendo precisamente con la petición que a esos efectos se le había trasladado a la Guardia Civil.

Es evidente que, primero, se tenían que entregar en el Juzgado y, en segundo lugar, debíamos tener la autorización del Juzgado para poderlos hacer público. Ayer la titular del Juzgado nos transmitió que esos vídeos no estaban secuestrados, que no estaban sometidos al secreto del sumario y, por tanto, que teníamos plena autonomía para tomar la decisión que estimáramos oportuna. Y en veinticuatro horas, después de tener esa autorización judicial y después de habérselos entregado, como procedía, a la autoridad judicial, en un ejercicio que creo, sinceramente, que no cabe de calificarse sino de absoluta transparencia, todos los vídeos que han sido entregados a la autoridad judicial han sido colgados en la página web del Ministerio.

Como saben ustedes -y si no lo saben, yo se lo digo; se lo anticipo--, esas grabaciones se corresponden con cuatro cámaras, tres optrónicas y una térmica, que cubren el perímetro fronterizo de Ceuta, que es de aproximadamente 8,2 kilómetros. Sobre todo en lo que hace referencia a las imágenes desde el Monte Hacho, son cámaras térmicas y, por ser todavía oscuro cuando se hizo la parte de las grabaciones que tiene que ver más con los acontecimientos del pasado día 6 de febrero, hechos dramáticos, humanitariamente terribles, que se produjeron con ocasión del intento de entrada ilegal en la Ciudad Autónoma de Ceuta y que llevaron al fallecimiento, como digo, de quince personas… Al ser cámaras térmicas, tienen una visibilidad que debe ser explicada. Para facilitar su visualización y la comprensión de esas imágenes, esos vídeos están precedidos de un power point, que ha grabado la Guardia Civil.

Según me han dicho, tiene una duración temporal de cinco minutos cuarenta segundos, y un teniente coronel de la Guardia Civil lo ha explicado, simplemente a efectos de facilitar la comprensión de esa visualización, porque sin esa explicación puede hacerse dificultosa, insisto, dado que son cámaras térmicas y dada la poca o difícil visibilidad que tienen por el hecho de que todavía no había, por la hora: estamos hablando, fundamentalmente, en lo que hace referencia a los hechos que tienen un especial interés, de entre las 7,38 de la mañana y las ocho de la mañana; esos veintidós minutos. La visibilidad era deficiente todavía. Son cámaras térmicas y eso requiere una explicación, que hace la Guardia Civil.

Están ahí y lo único que tengo que decir es que hemos hecho un ejercicio de absoluta transparencia. No se podía hacer antes, insisto, porque, primero, tenía que entregarse a la autoridad judicial y, hasta que no lo autorizaba la autoridad judicial, no los podíamos dar a conocer. Me permito decir que ese ejercicio de transparencia precisamente no ha sido el que ha prevalecido en ocasiones anteriores y similares.

Pero, en todo caso, si usted me pregunta por mi opinión, tengo que decir que para nada contradicen el informe exhaustivo que a mí me trasladó la Guardia Civil y sobre la base del cual yo comparecí el pasado día 13 ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. En todo caso, acreditan que la actuación de la Guardia Civil, los medios disuasorios que utilizó y el lanzamiento de pelotas de goma se hicieron siguiendo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que establece la Ley; siguiendo los procedimientos de actuación que para la utilización de estos medios antidisturbios usan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que en ningún momento, obviamente, tuvieron otro objeto que el disuasorio. Prueba de lo que estoy diciendo es que las veintitrés personas que llegaron nadando a la playa del Tarajal y, finalmente, tuvieron acceso a la playa llegaron sanas y salvas, sin daño ni lesión alguna.

Conviene recordar que, cuando llega alguna persona con algún daño o alguna lesión, la Guardia Civil no hace entrega de ellas a ninguna otra autoridad y tampoco esa otra autoridad la recibe. Es decir, ése es un dato que, sin perjuicio de que está explicado en esa inicial descripción que hace del vídeo la Guardia Civil, yo quiero aquí poner también de manifiesto.

P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Me gustaría saber si, dentro del paquete fiscal de estímulo a la economía que, previsiblemente, va a anunciar el Presidente en el próximo Debate del Estado de la Nación, podría estar la bajada del 21 por 100 de la retención a los autónomos, como se ha publicado esta semana.

Una segunda pregunta. ¿Cómo valora el Gobierno la visita que el Príncipe de Asturias va a realizar a partir del domingo a Cataluña, con una cena, me parece, con Artur Mas y otra con empresarios? ¿Y en qué medida ha participado el Gobierno en la confección de la agenda del Príncipe?

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta, el propio presidente del Gobierno tuvo la oportunidad de abordar algunos de los aspectos de la reforma fiscal en sede parlamentaria en respuesta a una pregunta parlamentaria en la sesión de control del pasado miércoles.

Nosotros, como saben, encargamos a unos expertos un informe sobre propuestas en materia de reforma fiscal, una reforma fiscal completa, en la que se incluyen bajadas de impuestos. En estos días hemos visto publicadas noticias de diferente naturaleza. Permítame que, dado, como usted decía, que lo anunciará el presidente del Gobierno, si lo estima oportuno, en el Debate del Estado de la Nación, será en ese momento donde él pondrá el acento en aquellos elementos que considere más importantes de esa reforma; teniendo presente que lo que se busca es que esa reforma fiscal sea una reforma para el crecimiento por cuanto, dentro de las medidas de política económica que tenemos los Estados dentro de la Unión Europea, la reforma fiscal es clave para poder dinamizar nuestra economía; en la que se tendrá muy presente la situación de las clases medias y, por tanto, un tratamiento equitativo, como establece también nuestra Constitución, en el establecimiento de las obligaciones fiscales, y un sistema tributario mucho más sencillo, mucho más simple y mucho más comprensible.

Sobre la visita del Príncipe de Asturias a Cataluña, el heredero, el Príncipe de Asturias, tiene una relación muy particular con esa Comunidad Autónoma, inherente también a su propia condición. Yo creo que es algo muy digno de tener en cuenta y me parece siempre muy positivo que por parte de quien ostenta representación institucional en nuestro país se trabaje por precisamente lo que la Constitución reconoce especialmente al Monarca, pero también a quien tiene un papel institucional constitucionalmente reconocido para cumplir esas funciones que la propia Constitución le establece.

Las decisiones de esas visitas corresponden, en este caso, a la Casa del Príncipe. Por parte del Gobierno, desde luego, valoramos muy positivamente visitas de esta naturaleza a cualquier Comunidad Autónoma en nuestro país, y ésta, en la que tiene el Príncipe especial vinculación como Príncipe de Girona, todavía más.

P.- A la Vicepresidenta quería insistirle con el Debate sobre el Estado de la Nación. Me gustaría saber qué idea le quiere transmitir el Presidente a la sociedad en ese Debate sobre el Estado de la Nación y qué objetivo se marca el Gobierno con ese Debate.

Al ministro del Interior. Esperamos en unos minutos un comunicado de la banda terrorista ETA. Me gustaría saber qué es lo que espera el Ejecutivo de ese comunicado.

Y al ministro de Justicia. Me gustaría saber cómo va la recopilación de pruebas para instar a la ilegalización de las marcas herederas de Batasuna. Le hago esta pregunta a colación de unas declaraciones que hizo el señor Floriano el lunes en la sede del Partido Popular, asegurando que queda constatado que estas marcas todavía no han condenado la violencia, el terrorismo de ETA.

Vicepresidenta.- Me pide lo que llaman ustedes una previa del Debate sobre el Estado de la Nación. El Debate del Estado de la Nación se celebra, como bien saben, en el ecuador de la Legislatura. Se trata de hacer balance de lo hecho hasta ahora; de poner en valor, indudablemente, la mejora de la situación económica de nuestro país, pero también de poner de manifiesto todo lo que queda por hacer, con especial atención al empleo.

Este Gobierno ha puesto en marcha una importante agenda reformista, con la que hay que continuar, y en el ánimo de todo el Gobierno está el acometer esta segunda parte de la Legislatura llevando a cabo reformas para el crecimiento.

Por tanto, en este Debate sobre el Estado de la Nación el objetivo es hacer balance de lo hecho, valorar cómo ha cambiado la situación económica, valorar lo que nos queda por hacer y, muy especialmente, trasladar esa recuperación que se ve en las grandes cifras en las economías familiares, en las economías domésticas, en las pequeñas y medianas empresas, con reformas; reformas que, en este caso, ya son reformas, como la reforma fiscal, encaminadas hacia el crecimiento.

Sr. Fernández.- Ese comunicado va a ser más de lo mismo y por más de lo mismo entiendo una etapa más de un ejercicio de teatralización, de escenificación, que lleva realizando ETA, en particular, desde que el 20 de octubre de 2011 anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista porque estaba derrotada policialmente, porque estaba derrotada por el Estado de Derecho. Eso quiero enfatizarlo una vez más. No hizo ese comunicado como pretendió hacer ver, y de ahí la escenificación, como una concesión a la paz para que tuviéramos que darle las gracias porque hubiera decidido dejar de atentar contra el conjunto de la sociedad, con esa estrategia de socialización del terror y del sufrimiento a la que durante décadas ETA ha estado sometiendo al conjunto de la sociedad española, intentando imponer por la vía terrorista un proyecto totalitario y excluyente.

Después de ese comunicado del 20 de octubre de 2011, ahora pretende, mediante sucesivos comunicados, ir escenificando, teatralizando, que se va desprendiendo por entregas de armas. Y es evidente que, en mi opinión, nosotros no debemos contribuir a esa teatralización, a darle credibilidad a esa escenificación a la que ETA nos viene sometiendo porque, en definitiva, lo único que espera la sociedad española, y para lo que el Gobierno y el Estado están trabajando, es la disolución definitiva, sin condiciones y sin concesiones, por parte de ETA; trabajando para la derrota total y definitiva de ETA.

A partir de ahí, le quiero decir, si me lo permite, alguna cosa más brevísimamente. Una, por aquello de que obras son amores y no buenas razones, quiero recordar que desde que empezó a ejercer sus funciones el actual Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, se han localizado, detenido y puesto a disposición judicial, pese a que ETA estaba en situación de cese definitivo de su actividad terrorista, 99 personas; las últimas, como saben ustedes, en México y también en Venezuela, también en Brasil, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, etcétera; y por supuesto, en España. Han sido desmanteladas estructuras de ETA; las dos últimas, ustedes lo saben muy bien, Herrira y el KT, el grupo de coordinación, que era el tentáculo que unía a ETA y le permitía mantener el control sobre sus presos, imponiéndoles sus directrices.

Eso lo hacemos porque el Estado de Derecho no está en tregua, no se va adaptando a esa escenificación. Mientras ETA no se disuelva, es una organización terrorista que está viva y la misión de un Estado de Derecho es luchar contra las estructuras de una organización terrorista.

Dos cosas más. Para adquirir sus armas ETA no necesitó de verificadores; por tanto, si de verdad quiere desprenderse de sus armas, no hace falta verificadores. Es más, quien ha derrotado a ETA ha sido el Estado de Derecho y en la vanguardia del Estado de Derecho han estado la Guardia Civil y la Policía. Con la Guardia Civil y la Policía nos basta y nos sobra para verificar, si de verdad es así, que se han desprendido de sus armas.

Y tampoco fueron los verificadores internacionales los que derrotaron a ETA. Ni requirieron de verificadores internacionales para adquirir sus armas, ni fueron los verificadores internacionales los que derrotaron a ETA. Por tanto, no nos hacen falta, dicho con todo respeto, esos verificadores internacionales. Los mejores son la Guardia Civil y la Policía.

No quiero concluir, si me lo permite usted, este punto haciendo referencia a un hecho que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y con su pregunta, porque hoy se ha producido un acto, sí, muy importante, y que yo quiero valorar de manera muy especial, y es el homenaje que en el Parlamento vasco se ha tributado a dos víctimas de la barbarie terrorista de ETA: el senador socialista Enrique Casas y Fernando Buesa. A ese homenaje el Gobierno se suma y creemos que es especialmente importante en estos momentos, en que ETA con esos desprendimientos de armas por entregas, quiere blanquear su imagen.

Parece que pretende que le vayamos dando las gracias porque deja su actividad terrorista, primero; porque va entregando sus armas después. Tengo que decir que ese tributo es hoy más necesario que nunca para que la sociedad española tenga bien presente y no olvide nunca a aquellos que precisamente murieron víctimas de ETA por defender sus valores, por defender la libertad y por defender la democracia.

Sr. Ruíz-Gallardón.- La Abogacía del Estado y la Fiscalía tienen instrucciones de estar permanentemente atentos a cualquier conducta que pueda significar una vulneración de las líneas rojas que estableció el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia donde delimitó cuáles eran las condiciones que las formaciones políticas tenían que tener para estar dentro de la Ley.

Contestando a su pregunta, le digo que esto no responde al principio de oportunidad, sino que se aplica conforme al principio de legalidad. Por lo tanto, no es necesaria una decisión política, sino que basta una iniciativa jurídica que, en el supuesto de que se acreditase la vulneración de esas condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional, pondría en marcha automáticamente la Fiscalía.

P.- Al ministro del Interior. En esos vídeos se ven claramente los disparos de pelotas de goma al agua, que han causado tanta polémica. Yo le quería preguntar desde cuándo saben ustedes que se dispararon pelotas al agua; si es cierto que les engañó a ustedes, a la cúpula del Ministerio, la Guardia Civil con los primeros informes; si descarta que esos disparos de pelotas pudieran haber contribuido al pánico y, por tanto, a ampliar la tragedia, y si no se hizo nada mal, de alguna manera.

Al ministro de Justicia. Mucha gente ha interpretado, de la sesión de control del miércoles, que se abre la puerta a reincorporar el supuesto de malformación. Yo quería saber si esa interpretación es correcta, si está encima de la mesa recuperar ese supuesto.

Y a la Vicepresidenta, sobre lo que ha presentado del Plan de Regeneración, ¿por qué ese límite de cincuenta mil euros? ¿No temen que las fundaciones vinculadas a los partidos se puedan convertir en un coladero, al haber puesto ustedes más exigencias ahora, incluso de publicidad, que toda la financiación vaya por las fundaciones que no tienen esas exigencias?

Sr. Fernández.- La Guardia Civil jamás ha engañado al Gobierno, jamás. Tengo que decir que esa primera información fue poco después de que se produjeran esos dramáticos hechos, en unos momentos de una gran confusión, y cuando yo después, ese mismo día, porque ya pedí inmediatamente comparecer a petición propia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, pedí a la Guardia Civil que me enviara, a efectos de esa comparecencia, una información exhaustiva de los hechos producidos --información que me fue remitida, si no recuerdo mal, el día 12, y sobre la base de la cual yo comparecí el día 13, como saben muy bien--, ahí se ponía de manifiesto que, efectivamente, frente a esa información que en esos primeros momentos se dio, ya en la versión definitiva y con el tiempo suficiente para haber aquilatado todos los hechos que concurrieron en aquella jornada, se informó claramente de que el lanzamiento de pelotas de goma, de esos elementos que utilizan las Fuerzas de Seguridad… Se utilizaron de forma disuasoria en la mar y yo lo dije. Lo decía la Guardia Civil y yo así lo dije.

Tengo que decir que, salvo que se demuestre lo contrario, y hasta ahora no se ha demostrado lo contrario, hay algo que conviene recordar, porque me parece especialmente relevante, sin que eso empañe para nada ni pretenda atribuir ningún tipo de responsabilidad de ningún género a las autoridades marroquíes, que están colaborando con nosotros de manera ejemplar… Así se lo hice yo saber ayer en la reunión del G-4 y en la bilateral que en los márgenes de esa reunión del G-4 tuve con mi colega marroquí, que esa colaboración es espléndida y es magnífica. Quiero recordar, digo, no obstante, que, salvo que se demuestre lo contrario, las quince personas que fallecieron desgraciadamente, esas personas fallecieron en aguas marroquíes; ninguna falleció en territorio español.

Eso conviene recordarlo, porque a veces lo olvidamos o parece que lo queremos olvidar. Salvo que se demuestre lo contrario, que hasta ahora no se ha demostrado, todas esas personas, dramáticamente, fallecieron en aguas marroquíes, no en aguas españolas.

Y no se ha acreditado, en absoluto, que haya ninguna relación de causa-efecto entre la actuación disuasoria de la Guardia Civil para intentar cumplir la Ley en el sentido de intentar que ilegalmente unas personas no penetraran en territorio nacional, la actuación que tuvo con finalidad claramente disuasoria, y esas muertes porque, repito, las personas que llegaron a la línea de playa, donde con el concepto operativo de vigilancia y control de rechazo de la frontera estableció el límite la Guardia Civil, las veintitrés que accedieron, vuelvo a repetir, accedieron sanas y salvas.

Por tanto, jamás engañó la Guardia Civil y la visión de esos vídeos, en mi opinión, pone claramente de manifiesto que no hay ninguna relación de causa-efecto entre la actuación de la Guardia Civil y los dramáticos hechos que se produjeron en territorio marroquí.

Sr. Ruíz-Gallardón.- Cuando les he presentado el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, he tenido ocasión de agradecer y felicitar, y felicitarnos a nosotros como Gobierno, por la labor --también lo ha comentado con los otros Proyectos la Vicepresidenta-- extremadamente positiva que desarrollan los órganos consultivos.

En la tramitación de este Proyecto de Ley, además de los que habitualmente participan, van a participar también todas las Comunidades Autónomas, puesto que, como ustedes saben, tienen las competencias de sanidad transferidas. En ese proceso es donde estamos ahora mismo.

Yo creo que lo prudente es que el Gobierno estudie, y estudie con intensidad, todas las sugerencias que se nos trasladen por parte de los órganos consultivos; que sigamos escuchando, naturalmente, a la sociedad en un debate rico en su dialéctica que está en estos momentos abiertos, y entonces, cuando nosotros presentemos el Proyecto de Ley, será ya cuando, a la vista de lo que nos hayan dicho los órganos consultivos, establezcamos cuál es el criterio definitivo del Gobierno de cara a la tramitación parlamentaria. Ese será el momento.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta en relación con las donaciones a las fundaciones, le recuerdo que tuvimos la oportunidad de abordar este asunto en una pregunta similar que me formuló cuando presentamos el Anteproyecto de Ley y yo le comentaba las importantes novedades que también el Proyecto contiene respecto al tratamiento de las fundaciones.

Hasta ahora determinadas fundaciones recibían, por estar asociadas a un determinado partido, determinadas subvenciones; pero eso no había que declararlo o reconocer esa circunstancia. Ahora con la Ley se regula exhaustivamente el carácter de las fundaciones vinculadas a los partidos como un elemento imprescindible para poder acceder a las subvenciones que da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de acuerdo con la actual estructura. Esa vinculación establece una serie de obligaciones, mucho más rigurosas que otro tipo de fundaciones, en materia de transparencia, de control y rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas.

Pero yo quiero recordarles que las fundaciones en nuestro país tienen una estructura diferente a otro tipo de asociaciones, otro tipo de entidades, por cuanto en ellas lo normal es una colaboración público-privada que se lleva a cabo a través de la fórmula de su propio patronato. Con lo que lo que hemos hecho es intensificar, por un lado, que las fundaciones que tienen una vinculación con un partido político lo tengan así que declarar, que eso sea público, que sea un requisito previo a la obtención de subvenciones de esta naturaleza, y se incrementan las obligaciones de transparencia, de control y de rendición de cuentas ante el propio Tribunal.

Me preguntaba sobre la cuantía de la publicación. Sin perjuicio de que el conjunto de las donaciones tenga que formar parte de las cuentas y de la documentación que se remite al Tribunal de Cuentas, a efectos de su publicidad y siguiendo parámetros que se utilizan en otras leyes, se ha puesto esa cuantía porque nos parece una circunstancia relevante para hacer una información manejable, asequible y, sobre todo, para lo que tratamos con esta Ley de lograr, que es transparencia y control, en cuanto que las donaciones por parte de las personas físicas estén ausentes de cualquier otro tipo de condicionamiento.

La Ley, frente al sistema anterior, elimina la posibilidad de donaciones de personas jurídicas o de entes que no lo tienen pero que no son personas físicas. Lo limita a las personas físicas, con un gran control y transparencia a través del Tribunal de Cuentas, y, desde luego, las que se consideran significativas por determinados niveles, además, con un plus adicional de publicidad. Lo que logramos con esta Ley es, dentro de la operatividad que también tienen que tener los partidos, dar publicidad a determinadas de sus operaciones que, por su montante o por su cuantía, indudablemente, tienen que ser objeto de conocimiento por parte de los ciudadanos, porque de control, ya le digo, lo son todas a través del Tribunal de Cuentas y de la nueva comparecencia que el responsable económico-financiero va a tener en el Congreso de los Diputados; control parlamentario que se añade al control por parte del Tribunal.

P.- Me gustaría saber si el Tribunal de Cuentas estará en condiciones, dado el retraso que lleva en la fiscalización de todo lo que le compete, de hacer una fiscalización más fuerte de los partidos que reciben subvenciones e, incluso, de los que no reciben subvenciones.

Y sobre ETA, cuando declaró el fin de su actividad armada, el Partido Popular en la oposición, y después el Gobierno en el poder, le pedía el desarme incondicional y la desaparición incondicional. Hoy puede que se vaya a dar lugar el desarme. Mi pregunta es: ¿consideran que es un paso más o, simplemente, una escenificación lo que antes consideraban que era importante? Si se da ese desarme a través de los verificadores y no de la Guardia Civil y de la Policía, como decía antes el Ministro, ¿lo considerarán no válido?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, yo quiero reconocer el esfuerzo que el Tribunal de Cuentas está haciendo para acelerar el análisis de las cuentas de los partidos políticos. Yo creo que el Tribunal de Cuentas está haciendo un esfuerzo muy importante para impulsar esa fiscalización que está pendiente de años pasados, y yo creo que es una labor encomiable y que hay que reconocer.

El propio Tribunal de Cuentas nos recuerda en el informe la necesidad que tenemos de fortalecer sus estructuras, su dotación y su capacidad de organización para llevar a cabo estas tareas, y alguna de ellas, en esta propia Ley, hemos venido a solventar. Desde luego, está en mente del Gobierno dar el máximo apoyo al Tribunal de Cuentas para que, en ese ejercicio que está haciendo de acelerar la tramitación de estas fiscalizaciones, cuente con el mayor número de medios humanos y materiales que le podamos proporcionar. Pero, como ya digo, el Tribunal se ha autoimpuesto la obligación de acelerar esas fiscalizaciones y creo que es importante que lo pongamos en valor.

Sr. Fernández.- En relación con lo que ha dicho, es evidente que todo lo que sea avanzar en el camino de la disolución definitiva es positivo. Desde ese punto de vista, todo lo que sea entregar las armas es positivo; pero eso no es incompatible con el hecho de la escenificación y la teatralización que se está haciendo de esa entrega de armas.

Si de verdad se quiere entregar las armas, usted lo sabe, es muy fácil. Yo incluso he dicho: bastaría, por ejemplo, con dar la geolocalización, señalar las coordenadas geográficas donde están ubicados esos zulos, esos almacenes, donde están esas armas. Y, repito, no necesitaríamos de verificadores internacionales; con la Guardia Civil y con la Policía, y con la magnífica y extraordinaria colaboración y cooperación que mantenemos con las autoridades galas sería muy fácil acreditar que se han entregado de verdad esas armas.

Pero ir a esa teatralización de ir desprendiéndose por entregas de las armas, anunciar que se va a anunciar, dar un comunicado anunciando otro posterior comunicado en virtud del cual se va a dar un vídeo según el cual se van a desprender de unas armas… Todo eso es en lo que decimos que, en esa ceremonia de teatralización con la que viene actuando ETA desde el 20 de octubre de 2011, nosotros no vamos a entrar.

Porque, sin duda, lo que pretende esa escenificación, esa teatralización, es convertir lo que ha sido la derrota policial y por el Estado de Derecho de una organización terrorista en algo así como una organización que, en aras a la paz, primero anuncia que deja su actividad terrorista, después que entrega las armas, y parece como si la sociedad, que ha sido víctima de esa barbarie terrorista, tuviera que irle dando encima las gracias porque van decidiendo que no nos someten ya al yugo terrorista y, por tanto, que no nos van a matar.

A esa escenificación, a esa teatralización, es a la que nos negamos absolutamente. Si de verdad quieren entregar las armas, que las entreguen. Es muy fácil. Lo que tienen que hacer, por lo demás, es disolverse y eso no es incompatible con el hecho de que todo paso que se dé en esa dirección es positivo; pero toda esa escenificación, toda esa teatralización, sobra absolutamente y a eso es a lo que nosotros no nos prestamos.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.