Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Industria, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a darles noticia de los principales asuntos que han sido acordados hoy en el Consejo; un Consejo de Ministros que, si me permiten la expresión, ha sido un Consejo cargado de asuntos.

Hoy se aprueban seis normas con rango legal, con las que, además, se sigue dando cumplimiento al calendario y a los objetivos marcados en el Plan Nacional de Reformas. Hoy son dos elementos, dos vertientes, los que marcan la acción del Gobierno: de un lado, una serie de medidas para el crecimiento, la recuperación y la competitividad; y, de otro lado, un bloque de medidas en materia de regeneración democrática y respuesta penal ante ciertas situaciones, peligros y dificultades que pueden tener en el ámbito social los españoles.

Por tanto, estamos ante dos bloques que voy a tratar diferenciadamente para informarles de lo que hemos acordado en uno y en otro punto.

También hoy se hace público el primer Informe de Seguimiento de la ejecución de la reforma de las Administraciones Públicas y, al hilo de la aprobación de ese informe, la aprobación de nuevas medidas en Consejo de Ministros en materia de racionalización, reestructuración y reorganización de estructuras y procedimientos de textos legales.

Por lo que hoy llevamos, en la parte del Programa Nacional de Reformas, de un lado; la aprobación definitiva y la remisión a Cortes Generales del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado y que ha sido informado por la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia, y que se remite ahora a Cortes Generales.

En segundo lugar, se aprueba, en lo que yo llamo paquete Economía y Competitividad, el Anteproyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española; Proyecto de Ley que se remite a las Cortes Generales. Ésta es una norma que contribuye a la mejora de la competitividad y eficacia en las políticas de internacionalización. Lo que hacemos es completar lo previsto en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que sentó las bases para una reorganización de CESCE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.

Así, el seguro por cuenta del Estado es un instrumento esencial en un momento de gran dinamismo para nuestras exportaciones. Por eso lo que se busca es garantizar en ese seguro aspectos muy necesarios para nuestras empresas. Éste es un servicio estratégico para la internacionalización de la empresa española; completa y complementa la financiación privada, más en momentos como el actual en que existen dificultades para operaciones de comercio e inversiones, y es un paso adelante en la política común comercial de la Unión Europea para garantizar que nuestros exportadores e inversores cuenten con condiciones tan competitivas como las del resto de actores en los mercados internacionales.

Todas las novedades de esta Ley las tienen ustedes en la Referencia del Consejo de Ministros.

También en este primer bloque de medidas de cumplimiento del Plan Nacional de Reformas, de competitividad y de refuerzo, hay un elemento muy importante. Como decía, se ha presentado al Consejo de Ministros el primer Informe trimestral sobre el grado de ejecución de las medidas recogidas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Como saben, después de aprobar ese Informe creamos una Oficina encargada de la ejecución de ese informe, con un compromiso de presentar trimestralmente la evolución de sus trabajos.

Pues bien, hoy no sólo se presenta el Informe, sino que se da un impulso muy importante a esa reforma con la aprobación del siguiente paquete normativo: Anteproyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; Proyecto de Ley --éste es Proyecto-- por el que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, que enviamos a las Cortes para que nos autoricen, como ahora explicaré, a hacer una compilación normativa; Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial del sector público, que, como saben, es la última medida del Plan de Lucha contra la Morosidad, que forma parte del Informe de la CORA y que se remite ya a Cortes Generales; un Real Decreto de racionalización del sector público, que afecta a otro tipo de organismos --luego lo explicaré--; y un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 183/204, del 30 de enero, que regula la tarjeta sanitaria individual, que, como saben, es a la vez un elemento del Plan Nacional de Reformas, un elemento básico para garantizar la sanidad en nuestro país, pero además un elemento de reforma de las Administraciones Públicas, porque contribuye a un mejor servicio en todo el territorio nacional y a la racionalización.

Por otro lado, hay dos modificaciones de dos Reales Decretos de estructura, el del Ministerio de la Presidencia y el del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para poner en marcha una serie de elementos puntuales muy importantes de este Informe: la contratación administrativa centralizada y, digamos, la racionalización de todo el aparato de informática de la Administración General del Estado con la creación de un jefe de informática único. Por último, hay un Acuerdo por el que se autorizan determinadas decisiones también de racionalización del sector público fundacional.

No me voy a extender mucho en todas las medidas que se han aprobado a lo largo de estos tres meses, contando que uno es el mes de agosto, en el ámbito de la Administración Pública; pero sí, si me permiten, telegráficamente quiero poner en valor que se ha completado toda la reforma legislativa del Plan de Lucha de Morosidad contra las Administraciones Públicas, que está en las Cortes; que se ha aprobado la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, que contempla muchas medidas de simplificación administrativa para la creación rápida de empresas para el cumplimiento de sus obligaciones, y que se han remitido a las Cortes, tanto el Proyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como el Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado. También ha ido a las Cortes el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que permite dar cumplimiento a todas las medidas de simplificación de procedimientos en materia de medio ambiente.

La semana pasada mandamos a las Cortes la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que establece nuevos mecanismos de cooperación con Comunidades Autónomas y elimina trabas a las empresas del sector.

Se han reforzado instrumentos de planificación conjunta entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el Plan Anual de Política de Empleo, en el Acuerdo Marco de Intermediación Laboral con las Comunidades Autónomas, en la creación de la Conferencia Sectorial en materia de tráfico y seguridad vial, que traerá la modificación de la Ley de la Seguridad Vial; o la nueva Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, que tiende hacia un sistemas de ventanilla única, con independencia de la Administración Pública a la que se acuda.

También se ha dado el encargo de elaborar el manual de racionalización y eliminación de duplicidades continuo, que tiene que presentarse en enero del 2014.

Y, como ejemplos de algunas medidas importantes y útiles al ciudadano, y de las que ya pueden disfrutar, el conocimiento telemático de la situación de cotización de los empresarios a la Seguridad Social; la casi generalización en toda España, menos tres puntos concretos, del servicio de cita previa telefónica con el Servicio Público de Empleo --los desempleados que quieran acudir a una Oficina del Servicio Público de Empleo podrán recabar cita previa telefónica sin esperar colas--; el BOE a la carta, que ya tiene cincuenta mil suscritores; o la cita previa experimental en las Jefaturas de Tráfico de Barcelona y Madrid, y locales de Sabadell y Alcorcón. Son proyectos experimentales para generalizar la cita previa en todas las oficinas.

No me extiendo sobre lo que ya hemos hecho, pero sí hacer balance de los índices de ejecución de la CORA, que es nuestro compromiso. A 20 de septiembre de 2013, tres meses menos un día de la presentación del Informe, medidas que están en ejecución: están ejecutadas completamente quince medidas; medidas en fase final de ejecución, veintidós; medidas en fase media de ejecución, noventa, y medidas en fase inicial de ejecución, 82. Es decir, quince medidas finalizadas, más 194 en fases de ejecución, de las que la mayor parte están o en fase final o en fase media de ejecución, y 82 en fase inicial de ejecución.

Ahora voy al paquete de reforma de las Administraciones Públicas que se aprueba en este Consejo de Ministros. Distintas normas legales, reglamentarias y acuerdos de Consejo de Ministros con medidas por las que se extinguen, fusionan e integran un total de 67 organismos y otro tipo de instituciones públicas; se actúa sobre 67 de ellos y se suprimen, en términos netos, 53.

Voy a darles algunos ejemplos, entre otras cosas, porque, como hay que contar la Ley de Reforma del Sector Eléctrico, el Código Penal y la regeneración democrática…, Pero por ponerles algunos ejemplos de cómo lo hacemos, a través, como yo digo, Ley, Reglamento y varios Acuerdos.

Por poner un ejemplo, se reordenan organismos públicos con el fin de ser más eficientes y reducir gasto; ejemplo, en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial Esteban Terradas de la Defensa, se integran el organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Instituto Tecnológico de La Marañosa o el Laboratorio de Ingenieros del Ejército "General Marva"; varios organismos de la Defensa que se unifican en uno solo. Se extingue el organismo autónomo de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas; desaparece y se lleva a cabo por el Ministerio. Se disuelven y liquidan las entidades mancomunadas de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social; por poner un ejemplo, podría poner muchos más; la Gerencia del Sector de la Construcción Naval o la integración del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa.

Segundo bloque: fundaciones. Veinte fundaciones se fusionan, extinguen o dejan de formar parte de la Administración Pública. Fundaciones del sector público, por ejemplo, que se extinguen o liquidan: la Fundación Museo Taller Juan José, la de desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón o la Fundación Empresa Nacional de Residuos. En otras sus funciones pasan a ser asumidas por el sector público estatal.

Otras fundaciones se fusionan con otras mayores; por ejemplo, en la Fundación Escuela de Organización Industrial se van a fusionar la Fundación Colegios Mayores del MAE-AECID, la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía o el Centro Nacional del Vidrio.

Se fusionan con la creación de una nueva, denominada Fundación del Transporte, la Fundación AENA, los Ferrocarriles Españoles; o se integran en la Fundación Biodiversidad la Fundación Observatorio Español de Acuicultura o la Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar.

Tienen la referencia extensa en Consejo de Ministros.

También lo que hacemos es transformar o racionalizamos estructuras públicas existentes para lograr englobar en ellas otras menores; por poner un ejemplo, la Fundación ANECA se convierte en una Agencia de Evaluación y se extingue la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Sus funciones las llevará a cabo la ANECA.

En el ámbito de los observatorios, por poner algunos ejemplos, creación del Observatorio de la Salud y en él se fusionan el Observatorio del Sistema Nacional de Salud, el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, el Observatorio de la Salud de la Mujer o el de la Salud y Cambio Climático.

El organismo autónomo Consejo de la Juventud se suprime y se integran sus funciones en el Instituto de la Juventud, de manera que el Consejo de la Juventud ya se configura como una entidad corporativa de base privada y con personalidad jurídica propia, como exigen los organismos internacionales.

Éste es un ejemplo de cómo hemos operado: sobre 63 organismos públicos dependientes o pertenecientes a la Administración General del Estado, mediante disolución y liquidación, o fusión o conversión en uno superior, que integra a varios, permite, en términos netos, hacer desaparecer 57 organismos públicos.

Otro elemento importante que se adopta hoy: modernización de la Administración, gestión de servicios comunes. Se crean las siguientes, digamos, unidades en el Ministerio de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas: la Dirección General de Compras Centralizadas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Empezar que cada Ministerio contratara, que no se hacía, conjuntamente todos los servicios comunes de sus propios organismos y, a medida que vayamos haciendo esa centralización ministerial, lograr una centralización a nivel de Gobierno de los principales contratos para que se presten a toda la Administración. Sólo voy a poner dos ejemplos: en el Ministerio del Interior ya han centralizado el suministro de energía eléctrica, y se han ahorrado siete millones sobre un presupuesto de cuarenta millones. No está mal. Y en el Ministerio de la Presidencia hemos centralizado suministro y mantenimiento de ascensores. Éste es un Ministerio variopinto y nosotros gestionamos entidades de muy diferente naturaleza: el CIS, el CEPCO, Patrimonio Nacional o la propia Moncloa. Nos hemos ahorrado en los contratos de mantenimiento el 65 por 100, sólo por contratar el Ministerio en nombre de todos nuestros organismos.

También una Administración más moderna es una Administración más transparente. Por eso se crea, con sede en el Ministerio de Hacienda, la Central de Información, donde se van a recopilar todas las fuentes de información pública en materia presupuestaria, financiera y económica, con criterios únicos a la hora de dar y ofrecer datos, lo que permitirá mayor calidad y cantidad de la información estadística, y mayor confianza en las relaciones institucionales entre las Administraciones.

Siguiente elemento que se aprueba hoy: un Proyecto de Ley para pedir a las Cortes Generales que nos autorice a refundir ocho textos, a aprobar ocho textos refundidos. Ésta es una parte de una tarea de codificación que, como saben, afectará fundamentalmente a diecisiete materias legislativas y que por distintas vías estamos logrando compilar. Hoy, por ejemplo, un ejemplo es la Ley del Sector Eléctrico, que simplifica y aglutina mucha normativa anterior; otro ejemplo claro será la reforma fiscal, que permitirá también simplificar y aglutinar muchas reformas.

Pues bien, hoy pedimos a las Cortes Generales que nos autorice a refundir ocho textos esenciales: en materia de Empleo y Seguridad Social, toda la normativa en materia de Empleo y Seguridad Social, que ha tenido muchos cambios; mercado de valores, donde los cambios legislativos son constantes; legislación del suelo, donde la profusión de modificaciones normativas ha creado gran inseguridad en el sector; y el Estatuto Básico del Empleado Público, fundamental.

Por último, hoy, y de mucho interés también para el ciudadano: en el Anteproyecto de Ley de racionalización y otras medidas de simplificación hacemos los cambios legales necesarios para poder en marcha el Tablón Edictal Único en el Boletín Oficial del Estado, de modo que, a través del acceso al Boletín Oficial del Estado, cualquier ciudadano pueda conocer los procedimientos que no se han podido notificar personalmente, que se notifican por edictos. Es decir, que en lugar de peregrinar, cuando esté puesto en marcha, por distintas Administraciones --Tráfico, Seguridad Social, Hacienda…, puede ir a un punto único en el BOE donde vea si se le ha notificado alguna multa o un asunto similar, no personalmente sino por edictos. Licencia deportiva única, que habilitará a su titular para participar en cualquier tipo de competición oficial. Listado único de certificados electrónicos de confianza admitidos por las Administraciones Públicas. Y la tarjeta sanitaria individual, con objeto de garantizar la interoperabilidad de la tarjeta sanitaria entre todas las Comunidades Autónomas, con un formato común y homogéneo, con un número único para cada ciudadano, que hará posible, además, crear una base de datos de tarjeta sanitaria, de manera que podamos avanzar hacia la consulta de historia clínica de un paciente en cualquier lugar al que acceda a un servicio sanitario, que se pueda conocer a través de esa tarjeta todo su historial, y expedir y aumentar el número de las recetas electrónicas que se aplican en nuestro país.

Eso por la parte de la reforma de las Administraciones Públicas.

Plan de Regeneración Democrática y Código Penal. No me voy a extender en el Código Penal, porque ya se extenderá el ministro de Justicia. No es una amenaza, es una realidad; lleva muchas materias. Simplemente, decirles que a través, tanto del Código Penal como del Plan de Regeneración Democrática, se da respuesta a una demanda social importante. Ante determinados comportamientos de distinta naturaleza público o privada, dar una respuesta por parte del ordenamiento jurídico completa y actual.

El Programa de Regeneración Democrática o el Plan que presentamos hoy no es la primera medida que este Gobierno ha planteado en materia de regeneración democrática. A lo largo de esta Legislatura se ha aprobado o se está tramitando normativa muy importante en esta materia de lucha contra la corrupción y regeneración. Quiero recordar la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, que, por ejemplo, prohibió a los partidos políticos la condonación de deudas por más de cien mil euros al año; o la modificación de acuerdos sobre las condiciones de cambio en los créditos, que se obliga a notificar al Tribunal de Cuentas; o la reducción de subvenciones hasta un total de un 40 por 100 en los ejercicios 2012-2013. También una reforma previa que hicimos del Código Penal para luchar contra el fraude fiscal y laboral y contra la corrupción, que recuperó la responsabilidad penal de los partidos políticos; o el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Buen Gobierno, que, como saben, ya está en trámite de enmiendas en el Senado.

Pero el presidente del Gobierno se comprometió en el Debate del Estado de la Nación, y a resultas de ello se aprobó una propuesta de Resolución, donde se establecía la necesidad de que el Gobierno presentara un conjunto de reformas. Hoy hemos sometido al Consejo de Ministros, y hemos tenido su acuerdo para poder negociar con los Grupos, un conjunto de medidas, del entorno de cuarenta medidas, que afectan a una decena de normas concentradas en tres grandes bloques: refuerzo del control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, una mejor regulación del ejercicio de cargos públicos, especialmente en la Administración General de Estado; y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción. No les voy a detallar el conjunto de las cuarenta; sí me detendré en alguno de los aspectos más importantes.

En el primer apartado, Control de la Actividad Económica de los partidos, proponemos que se regule la figura del responsable económico financiero de los partidos; que comparezca anualmente en el Parlamento para dar cuenta precisamente de las cuentas; que se establezca la obligatoriedad de todos los partidos, con independencia de que reciban o no subvenciones, de remitir sus cuentas al Tribunal Constitucional; que se publiquen en la cuenta de ingresos de los partidos las subvenciones y las donaciones que superen la cuantía prevista en la ley; que en los Estatutos de los partidos haya un procedimiento tasado para la aprobación de las cuentas; que se establezcan también directrices de contratación por parte de los partidos políticos; que haya una inscripción obligatoria en el Registro de Partidos de las fundaciones o entidades vinculados con ellos, definiendo lo que se entiende por vinculación y reforzando los mecanismos de control sobre esas fundaciones; un refuerzo del Tribunal de Cuentas para que tenga mayor capacidad mediante fórmulas de colaboración con la Agencia Tributaria y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social o la Oficina de Conflictos de Intereses, y con los organismos privados para fiscalizar esas cuentas de los partidos; y la clarificación del régimen de infracciones y sanciones, unido a un refuerzo en el cobro de las sanciones que se impongan.

Del mismo modo, y en materia de subvenciones, retención de las subvenciones a los partidos políticos que no presenten sus cuentas, una vez que lo comunique el Tribunal de Cuentas. Damos rango legal a algo que no lo tenía --curiosamente, era reglamentario y cualquiera lo podía cambiar por Real Decreto--, a la obligación de los partidos de cumplir los mismo requisitos que cualquier otro particular a la hora de recibir subvenciones públicas, especialmente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Y se amplía la posibilidad de creación de partidos, cumpliendo la normativa comunitaria, a ciudadanos que no tengan la nacionalidad española.

El segundo bloque es la regulación del ejercicio del cargo público y aquí permítanme que haga un discurso un poquito más amplio. Hasta la fecha, toda la normativa que regulaba el ejercicio del cargo público se encontraba dispersa por regulación de muy diferente rango: leyes, como la del Gobierno, la Ley de Conflicto de Intereses, o la LOFAGE, la llamada Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado. Otras eran normas de naturaleza reglamentaria; algunos puntos se recogían en los Reales Decretos de estructura de los Ministerios y otros en simple Orden Ministerial. Ello ha llevado a que muchas veces, y por responsabilidad también de la falta de esa compilación y codificación, los ciudadanos tengan la convicción de que en el ejercicio del cargo público se dispone de una serie de elementos de los que no se dispone, y no es así, o hay una serie de derechos que no son tales.

Lo que queremos hacer es, por un lado, reforzar el control de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre las obligaciones que tenemos los cargos públicos; pero también clarificar, para conocimiento de la ciudadanía, cuáles son ésas, y hacerlo en un único texto legal. Eso es bueno por dos cosas: en primer lugar, para conocimiento de los ciudadanos y para su tranquilidad; y, en segundo lugar, también para la seguridad en el desarrollo de sus funciones por parte de los cargos públicos.

Aquí permítanme que, aunque sé que es algo que no está de moda, lo haga: los

cargos públicos en este país, en cualquier Administración y con carácter general, desarrollan sus funciones volcados en el servicio público. Muchas veces dejan sus puestos, más retribuidos y mejor reconocidos, en empresas privadas por prestar un servicio público, porque les gusta. Incluso, hay funcionarios que pasan a ser cargos públicos, con menor retribución, porque esto, aunque parezca mentira, en ocasiones también engancha y tiene también una legitimidad, que es ayudar en lo que sea posible a mejorar las cosas en el país de uno.

Por tanto, lo que buscamos es transparencia y que se sepa de verdad qué obligaciones y qué derechos tienen los cargos públicos. Para eso:

- Definimos, y lo intentaremos hacer con consenso de los Grupos, los cargos públicos que están sujetos a estos derechos y a estas obligaciones;

- Daremos mayor transparencia a las mismas;

- Buscaremos la concreción presupuestaria --hoy ya saben que el sueldo de los ministros puede conocerlo cualquiera en los Presupuestos Generales del Estado--, pero trataremos de que en los distintos Presupuestos se conozca el montante de esas retribuciones en sus cuantías máximas;

- Clarificaremos por Ley que los altos cargos contribuyen, como cualquier otro trabajador público, al régimen de protección social que les corresponda; por ejemplo, la mutualidad de funcionarios, los que somos funcionarios, que es el caso de los que estamos aquí sentados.

- Y tenemos, cuando nos jubilemos, a la edad que nos jubilemos, los mismos derechos que el resto de los trabajadores; ningún otro acceso a mecanismos que no tengan los trabajadores públicos de protección social.

Gastos de representación. Ahora es una Orden Ministerial la que regula los gastos de representación. ¿Conclusión? Nadie la conoce y todo el mundo puede pensar que en esos gastos de representación puede ir cualquier cosa normal. Los gastos de representación serán exclusivamente para los usos que fije la Ley, que son protocolo y cuestiones básicas de funcionamiento de los Ministerios, y que los gastos reembolsables serán siempre --ya lo son, al menos en la Administración General del Estado, pero esto lo vamos a clarificar-- con presentación de los justificantes. Yo no lo he visto en la Administración General del Estado, pero, para que no quede ningún género de duda ni ningún resquicio, se prohibirá el uso de las tarjetas de crédito. Ya digo, ninguno de los aquí presentes tenemos ninguna en el Ministerio pero, para que no haya ningún género de duda y esto no sea una cosa que se cambie en una Orden Ministerial, se prohibirá. Los gastos reembolsables, previa justificación.

Reforzaremos la Oficina de Conflicto de Intereses para algo que nos parece fundamental, entre otras cuestiones, y es para que de verdad la presentación de las declaraciones de bienes sirva para algo más que para su publicidad inmediata. Presentamos las declaraciones de bienes al principio y al final del cargo para que se vea que la inmensa mayoría de los cargos públicos no se enriquece a lo largo del mandato. Por eso, la Oficina de Conflictos de Intereses dispondrá de un procedimiento para analizar, digamos, la evolución patrimonial, cuando cese el alto cargo, de su patrimonio y mejoraremos su capacidad de interlocución y de pedir colaboración a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Incluiremos una norma de ámbito internacional importante y que supone uno de los elementos clave de lucha contra el blanqueo de capitales y, por tanto, la corrupción. Se ampliará el número de altos cargos de todas las Administraciones sometidos al control reforzado de sus actividades económicas, permitiendo alertar de conductas sospechosas o recursos no justificables. ¿Qué es esto? Ahora, por normativa del GAFI, cuando un cargo público --y ahora lo que se hace es ampliar, y ampliar esa capacidad-- tiene determinados movimientos no justificados en sus cuentas u otro tipo de actividades, lo que se hace es movilizar una serie de instrumentos de control de la Oficia de Blanqueo que permiten comprobar la anomalía o la anormalidad de determinados movimientos. Estamos sometidos a eso y vamos a estarlo todavía más. Es decir, que un movimiento llamativo en una cuenta por parte de las personas que formarán parte de lo que se llaman PEPs (personas con responsabilidad pública) será comunicado a la correspondiente Oficina de Blanqueo. Con eso nos colocamos a la vanguardia de lo que se viene haciendo en otros organismos internacionales en esta materia.

Por último, respuesta penal contra la corrupción. Hoy llevamos el Código Penal que se manda a las Cortes, pero nos ha parecido oportuno consensuarlo con los partidos políticos, un bloque de medidas de tipo penal y procesal, que pueden ser, y lo hablaremos con ellos, bien incluidas como complemento a estas dos reformas materiales, o bien en sucesivos trámites del Código Penal.

¿Qué hacemos? Se crearía un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos. Se revisarán distintos tipos penales: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraudes y acciones ilegales. Se ampliará la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas y una nueva pena accesoria, que es recibir subvenciones o ayudas públicas y determinados beneficios si hay condena; y se incluirán medidas para agilizar los procedimientos y que no se eternicen, por ejemplo, dando al juez la posibilidad de que, una vez que esté investigado e instruido lo que es un delito, pueda no acumular otros conexos que se sigan tramitando, pero ir elevando para su enjuiciamiento los que ya están investigados; que el juez pueda separar responsabilidades civiles y penales para que no se demoren las penales por una determinación que puede exigir periciales en la responsabilidad civil; se racionalizará el régimen de recursos para que no sean utilizados con efecto dilatorio, tratando de garantizar también la defensa, lógicamente, o los derechos de defensa y de acusación.

Y en algo en que vamos a insistir mucho, que está recogido en el Código Penal, y lo explicará el Ministro, pero que es importante, es en lograr que al que haya cometido un delito relacionado con la corrupción, y se haya enriquecido, se le pueda cuanto antes trabar esos bienes y que, al final, este proceso en lo que acabe es en que pueda ser condenado, pero que no se pueda recuperar aquello de lo que se ha aprovechado.

Por último, Proyecto de reforma del Código Penal, que ha pasado sucesivos trámites e distintos informes: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado, del que no voy a decir nada porque el tiempo nos apremia, pero sí poner de manifiesto que es una modificación importante del Código Penal, no sólo en las medidas puntuales contra ciertos delitos, sino también en su regulación de carácter general, y en el que queremos agradecer también la colaboración de todos estos órganos consultivos que han permitido fortalecer un texto del Código Penal que es muy importante para cualquier sociedad en una democracia.

Sr. Ruíz Gallardón.- Efectivamente, como acaba de decir la Vicepresidenta, es una reforma importante, es una reforma que afecta a determinados tipos penales; pero es una reforma que afecta al carácter general de nuestro Derecho punitivo y que, por lo tanto, no debe de considerarse como una modificación más del Código Penal de 1995, sino como una auténtica transformación, aprovechando lo que de bueno, que es mucho, tenía el Código de 1995, pero incorporándonos al lenguaje penal de los países de nuestro entorno, de las democracias más avanzadas del mundo, y que, por lo tanto, son aquellas que mejor garantizan los derechos de los ciudadanos.

Empiezo por decir que esta modernización, esta modificación, del Código era absolutamente necesaria. Como ha explicado la Vicepresidenta, y es discurso reiterado del Gobierno, estamos absolutamente comprometidos en una reforma global de todos los sectores de la Administración Pública y esa reforma, que tiene carácter estructural, orgánico, en lo que se refiere a los distintos departamentos o poderes del Estado, necesita también de unas reformas materiales. No tendría sentido la reforma que vamos a abordar en este mismo curso de todo el procedimiento penal si no fuésemos capaces de acompañarla con una reforma del Derecho sustantivo que adecuase nuestras normas a la realidad que en estos momentos vivimos en España en el siglo XXI.

Como decía antes, la reforma del Código de 1973 que se hizo en el año 1995, sin duda ninguna, fue una reforma avanzada, que lo que hizo fue adaptar el Código Penal al cambio institucional, al cambio de la arquitectura institucional y jurídica de la realidad española, aunque quizás en algunas materias ese acompañamiento a la realidad jurídica constitucional nacida de la Constitución de 1978 no fue suficientemente acompañado --la realidad lo ha superado-- de las transformaciones que ha tenido nuestra propia sociedad.

En algunas materias, y muy especialmente en lo que se refiere a los delitos económicos, los tipos penales que hemos tenido y que hemos mantenido hasta hoy en el Código Penal, no es que nazcan del Código de 1973, sino que algunas figuras nacen, casi literalmente, de la regulación de 1870 y, si me apuran ustedes, más antiguo, hasta el Código de 1848.

Es la razón por la que era necesario abordar una reforma, que empiezo por decirles que no es un texto declarativo, sino que es un trabajo realizado, como decía la Vicepresidenta, con una colaboración estrechísima de todos los Departamentos. Creo que no podría citar, Vicepresidenta, un solo ministerio que no hubiese tenido participación activa en la reforma de nuestro Código Penal, como consecuencia de que multitud de materias sectoriales a ellos les afecta.

Es una reforma que, desde luego, no tiene elementos retóricos; que se adecúa a la realidad, pero que no funciona a golpe de una actualidad pasajera, sino de constantes que preocupan a la sociedad española y de respuestas que exigen los ciudadanos españoles ante agresiones a nuestra convivencia, que deben de tener una respuesta distinta, más grave o, en su caso, también en algunos casos, más flexible.

Quiero decirles, por último, que, si hay algo que define esta reforma del Código, es precisamente esa palabra: la flexibilidad. Cuando les haga una enumeración breve, sin perjuicio de que quedaremos, Vicepresidenta, durante toda la tarde y durante todos los próximos días en el Ministerio de Justicia a disposición de todos los medios de comunicación para aclararles cualquier aspecto de este importante texto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, sí quiero decirles que lo más importante de este Código es la flexibilidad; una flexibilidad que va a permitir adecuar la respuesta penal a cada una de las realidades que se produzcan en nuestra sociedad; una flexibilidad que en algunos supuestos supone, sí, un agravamiento de las penas para algunas conductas que, a juicio del Gobierno, y creemos que identificando un sentimiento de la sociedad, estaban insuficientemente sancionadas en nuestro Código; pero una flexibilidad que permite también buscar siempre el fin de la reinserción de todas y cada una de las personas que están sometidas a un procedimiento penal.

Es una flexibilidad que es especialmente atenta con aquellos que cometen su primer delito, que están sometidos a un trato diferenciado, como consecuencia de que ese primer delito sin reiteración delictiva no debe de ser un camino sin retorno, y que, por lo tanto, pueden ser objeto de medidas de limitación del cumplimiento de condena o de aplicación de medidas sustitutorias, como la libertad condicional, precisamente para evitar que la comisión de un delito pueda marcar definitivamente un espacio del que sea muy difícil salir dentro del mundo delictivo.

Les tengo que decir, con carácter breve, que, además del agradecimiento a todos mis compañeros de Gobierno -y. cuando haga referencia a los tipos especiales entenderán que hay muchos de los aspectos que son, lógicamente, competencia sectorial de estos ministerios--, quiero agradecer el trabajo que han hecho los órganos consultivos, tanto el Consejo General del Poder Judicial, tanto el Consejo Fiscal, tanto el Consejo de Estado, como algunos de carácter más específicamente sectorial. Pienso especialmente en la nueva regulación que se hace de delitos que, directa o indirectamente, afectan a las personas con algún tipo de discapacidad en España.

Han sido trabajos enriquecedores y han sido trabajos que han avalado las líneas fundamentales en nuestro texto, que han declarado su constitucionalidad, pero que además han aportado muy importantes sugerencias que han sido incorporadas al texto. En algunos casos ha habido alguna diferencia, pero les puedo asegurar que la inmensa mayoría de esas sugerencias se han incorporado y han enriquecido el texto. Por lo tanto, lo que hoy les presentamos es un trabajo mejor que el que les presenté hace prácticamente un año, en octubre del año pasado, como consecuencia de ese trabajo que se ha producido por parte de otros Departamentos ministeriales y por parte de los órganos consultivos del Estado.

Y, como les decía antes, puesto que se lo presenté hace un año, hoy haré un resumen muy breve y, naturalmente, después quedaré completamente a disposición de todos ustedes durante esta tarde y durante los días sucesivos.

Quiero decirles, en primer lugar, que hay un nuevo planteamiento del sistema de penas. Lo que se busca es el criterio de la proporcionalidad, una respuesta proporcionada; es decir, que se da mayor protección a quienes más lo requieren, pero se incorporan herramientas flexibles, muy especialmente en referencia a la delincuencia menor.

Hay medidas orientadas a incrementar la figura del sistema, hay una revisión de figuras delictivas, hay una lucha importante de modernización en cuanto a la delincuencia económica y supone también, y esto es importante, el cumplimiento, que es algo que la Vicepresidenta nos requiere reiteradamente, de la adaptación de las Directivas europeas a nuestra normativa y hemos aprovechado, naturalmente, esta reforma para hacerlo así.

En lo que se refiere a la revisión del sistema de penas, sin duda ninguna, una de las incorporaciones más novedosas es la introducción de una nueva pena, que es la prisión permanente revisable. Ésta es una pena privativa de libertad, de duración indeterminada y sujeta a la revisión. Son muy importantes los dos conceptos: la duración es indeterminada, pero está sujeta a revisión.

Se diferencia de las penas privativas de libertad que en estos momentos existen en nuestro Código Penal en que el mero cumplimiento del tiempo es condición necesaria, pero no es condición suficiente para obtener la libertad. Y se diferencia de la llamada cadena perpetua en que el cumplimiento del tiempo permite conseguir la libertad en el mismo momento en que se aprecia, por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias, que no subsisten los riesgos para la comunidad de que esa persona, adquiriendo su libertad, pueda reiterar la comisión delictiva de determinados hechos.

Está reservada para delitos de extremada gravedad, aquellos que exigen una respuesta más eficaz en nuestro Estado, que son los que se refieren a los homicidios terroristas; al homicidio de jefes de Estado; a los homicidios en caso de genocidio y delitos de lesa humanidad o a aquellos genocidios que van acompañados de agresión sexual, y, en el caso de asesinato, en los que son calificados por doctrina como especialmente graves, es decir, aquellos en los que las víctimas son menores o que, no siendo menores, son personas especialmente vulnerables y que, por lo tanto, merecen la misma protección que los menores; a aquellos asesinatos que son subsiguientes a un delito de agresión sexual contra la víctima; a los asesinatos múltiples y a los asesinatos cometidos por miembros de una organización criminal.

Son éstos exclusivamente tasados los supuestos en los que se introduce la prisión permanente revisable; una prisión que, insisto, cumplido un mínimo de condena establecido por el Código en función de la gravedad de los delitos, permitirá la revisión, una revisión que podrá ser solicitada anualmente, y se concederá la libertad cumplidos esos años mínimos, en función de que exista o no el riesgo de volver a cometer ese acto delictivo.

Creo que hay múltiples ejemplos que pueden estar en la mente de todos; pero, por ponerles solamente el último de los casos, los asesinatos cometidos por los miembros de una organización criminal, es evidentemente notoriamente distinto el que esa persona, cumplidos los años mínimos de privación de libertad, siga perteneciendo a esa organización criminal y su puesta en libertad, por tanto, suponga un riesgo cierto para la sociedad de que vuelva a cometer esos hechos delictivos, o que haya renunciado a seguir perteneciendo a la misma organización. Es un ejemplo como otros muchos que les podría dar.

Hay una revisión general del sistema de medidas de seguridad en la que queda vinculada esta medida de seguridad, no tanto a la gravedad del delito cometido, como a la peligrosidad del delincuente. No depende, por lo tanto, tanto de la duración de la pena, sino de la probabilidad elevada de la comisión de nuevos delitos de especial gravedad en el futuro, y aquí hay dos: una que ya existía en nuestro ordenamiento, que es la más importante, el internamiento en centro psiquiátrico, o en centro de deshabituación, o en centro de educación especial.

Y se avanza en algo que, muy tímidamente, había entrado en nuestra legislación en los últimos años, que es la libertad vigilada, que se amplía de una forma extraordinaria: se amplía la posibilidad de imponerla a delincuentes peligrosos --antes solamente era posible, después de cumplida la pena, a los delitos sexuales--y se cumplirá después de la pena. Se ofrece mayor seguridad y control sobre el delincuente con todas las garantías de legalidad.

Hay otros aspectos sobre los que pasaré muy deprisa, pero les pido que no entiendan esto como una falta de importancia de los mismos, sino como una adecuación a los tiempos que debe tener una comparecencia de esta naturaleza; pero la modificación del delito continuado, pensado para aquellas situaciones en las que se cometen varios delitos de la misma naturaleza próxima en el tiempo, va a corregir muchas injusticias que en estos momentos se estaban produciendo en la ejecución de las distintas sentencias que dictaban nuestros tribunales. Les diré, por cierto, que esto excluye a los delitos contra la libertad sexual, que quedan excluidos de este sistema y que serán, en todo caso, condenados por la suma de las penas de todos y cada uno de los delitos cometidos.

Hay unos cambios en la regulación de la libertad condicional. El más importante es que el tiempo que se pase en libertad condicional no computa como cumplimiento de la condena en el supuesto de que el penado vuelva a delinquir en este mismo tiempo. En caso de reincidencia o violación de las condiciones impuestas, el condenado regresará a prisión.

Hay una nueva modalidad, como antes les decía, para los condenados por primera vez a penas cortas, es decir, a delitos que no son de especial gravedad. En aquellos casos en que esos condenados por penas que no supongan haber cometido un delito de especial gravedad, y que tengan una conducta no reprochable durante el tiempo de cumplimiento de su condena, podrán acceder a la libertad condicional a la mitad del tiempo de la condena. Ésta es una modificación sustancial sobre la regulación actual, que solamente permitía esto cuando se habían cumplido dos tercios de la condena. Ahora la libertad condicional para aquellos delincuentes que han cometido su primer delito y que, además de eso, el delito no ha sido grave, y que tienen una conducta irreprochable en el centro penitenciario se acorta el tiempo en que pueden abandonar el establecimiento penitenciario, dentro de esta búsqueda siempre de la reinserción que es objetivo del Código Penal.

Hay una supresión de las faltas o conversión de las faltas más graves en delitos leves y remisión a la vía administrativa o, en su caso, a la vía civil de las faltas leves, lo cual contribuirá también a aliviar, yo creo que de forma muy importante, parte de la carga que en estos momentos tienen nuestros Juzgados y las Fiscalías, que tienen que darle tratamiento penal a un tipo de sanciones que más deben de tener un reproche administrativo que no un reproche de carácter penal.

Hay una nueva regulación de la suspensión de la condena y si me permiten, en la segunda parte de mi informe en lo que se refiere a la revisión de diversos tipos delictivos, que haga una referencia rápida a los más importantes de ellos.

Hay una actualización del delito de asesinato, que es que se incluye un nuevo supuesto de homicidio que debe ser calificado como asesinato y es aquel que se comete para facilitar otro delito o para encubrirlo. Y hay una modificación de los delitos contra la propiedad y estafa, aparte de la supresión de la falta de hurto, que se sustituye por un delito leve.

Pero el más importante cambio que se produce en este caso es un supuesto agravado aplicable a la delincuencia profesional y organizada, y también, y esto es muy importante, hay una penalización de la multirreincidencia. El Código está constantemente marcado por esta idea: la idea de que el primer delito debe tener respuesta penal, pero esa respuesta debe buscar, sobre todo, la reinserción, la no comisión de un segundo delito por esa persona; pero el Código marca claramente que aquellos que han hecho de la delincuencia un método permanente de ingresos económicos deben tener un reproche superior y, por lo tanto, la multirreincidencia es algo que permanentemente agrava cualquier reproche dentro de la nueva norma.

Hay modificaciones importantes, sugeridas, en este caso, por el ministro Arias Cañete, referentes a las explotaciones agrarias y ganaderas. También sugeridas por la ministra de Fomento referidas al cableado eléctrico o de telecomunicaciones.

Hay un agravamiento cuando se utilizan los menores de edad Se amplían los supuestos de robo con fuerza y de robo con violencia para casos de "alunizajes", de butrones, así como de otros establecimientos que estén abiertos al público. Y se crean modalidades agravadas de estafa para casos cometidos por delincuentes profesionales.

Como les decía, el multirreincidente en casos de robo, hurto o estafa podrá ser objeto, además del agravamiento de la pena, de una medida de seguridad de libertad vigilada.

Se modifica el intrusismo, adecuándolo a los tiempos. Se modifican los delitos de atentado, resistencia y desobediencia. Fundamentalmente, lo que se hace es, en el delito de atentado, limitar su aplicación a los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenaza grave de violencia sobre la gente. La resistencia pasiva y la desobediencia grave mantienen su actual regulación, no son objeto de modificación; pero se incluyen algunas agravantes como es el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, la exhibición de armas y toda acción que suponga, lógicamente, un riesgo de la vida o integridad para los agentes.

Se extiende la protección, que hasta ahora se daba en este delito de atentado a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, también al personal de seguridad que actúa bajo mando y dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a los bomberos y al personal sanitario que coadyuva cuando existe un acontecimiento de estas naturalezas.

Se hace una nueva regulación de la alteración del orden público, delimitando la alteración del orden público y su sanción penal, en la que se limita única y exclusivamente a los supuestos en los que actúa un grupo de personas, no una persona individual, que ejercen violencia sobre las personas y las cosas. Y se tipifica también la difusión de mensajes que inciten a la comisión de alteraciones del orden público de especial gravedad, realización de actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas.

Se regula la detención ilegal y secuestro con desaparición. Lo que se hace en este caso es establecer la misma pena en aquellos casos en los que se produzca una detención ilegal y secuestro que si se hubiese producido un homicidio. ¿Cuál es el objetivo? Que, estando las dos conductas calificadas con la misma pena, no sea rentable para el autor de la desaparición ilegal no revelar cuál es el paradero de la víctima, puesto que, al margen de que aparezca o no aparezca la víctima, el reproche penal será el mismo. Y se crean dos supuestos agravados cuando la víctima es menor de edad y cuando esté presente un móvil sexual.

También Agricultura y Medio Ambiente nos ha insistido mucho en que hagamos una nueva regulación de los incendios forestales, que se introduce con un aumento del plazo de prescripción. Se introducen agravantes para zonas habitadas o para zonas que sean de especial valor de protección, o cuando las condiciones climatológicas o del terreno supongan una mayor riesgo. Se incluye como responsabilidad civil la reparación del daño ecológico causado. Y se introduce una reforma de carácter procesal, que es que estos delitos serán juzgados por los juzgados ordinarios y no por el tribunal del jurado, para evitar que pueda existir ningún tipo de presión ambiental sobre los miembros del Jurado, que muchas veces tienen que pronunciarse sobre comportamientos delictivos de conciudadanos suyos.

Se introduce un incremento de la protección de los animales, escalonando la propia responsabilidad penal e introduciendo también la posibilidad de imponer una pena de inhabilitación para la tenencia de los animales.

Se adecúa la insolvencia punible a los supuestos acreedores declarados fraudulentos y se revisa la administración desleal de patrimonios.

En lo que se refiere al delito de malversación, como antes les decía, se supera el modelo vigente decimonónico, ampliándose a todos los supuestos de gestión desleal de patrimonio público y de contratación de precios superiores a los reales.

Hay una reforma muy importante, a la que hacía referencia la Vicepresidenta en su intervención, y muy ambiciosa, que es la que se refiere al comiso; es decir, facilitar la recuperación de los activos procedentes del delito, es decir, evitar que pueda compensar el cumplimiento de la pena como consecuencia de la retención de aquellos activos que se han conseguido por la comisión de ese delito. Se extiende el comiso a los bienes procedentes de actividades delictivas anteriores e, incluso, a aquellas por las que el autor no llegó a ser condenado, y se regula el comiso de bienes de tercero, el comiso sin condena y el procedimiento autónomo de comiso. Es decir, se hace una introducción en las normas más avanzadas europeas para que se impida que la actividad delictiva suponga un enriquecimiento para los autores.

Dentro de los delitos contra la propiedad intelectual lo que se ha hecho es una adecuación del Código Penal a nuestra vigente normativa en materia de propiedad intelectual. Fundamentalmente, lo que se hace es una adecuación al reproche, a la vulneración de la propiedad intelectual, semejante al que tiene la propiedad industrial por considerar el legislador que no debe de tener una diferenciación entre unas y otras. Se persigue la explotación económica, en especial mediante la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, de una obra sin autorización por los titulares, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero. Este matiz es muy importante: si no hay ánimo de obtener un beneficio económico, que puede ser directo o indirecto, o no hay perjuicio de tercero, no hay delito. Son elementos constitutivos del tipo.

Es muy importante también decir que esta regulación supone un auténtico equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el avance de las nuevas tecnologías. Y hay una serie de aspectos técnicos incluidos en este apartado de los que les hago gracia.

Solamente me quiero referir, en penúltimo lugar, a un aspecto al que el Gobierno es especialmente sensible y es la lucha contra el racismo y la xenofobia. Les tengo que decir que, cuando en las Cortes Generales aprueben este Proyecto de Ley del Gobierno, España se incorporará… Me corrijo, España será, probablemente, la legislación más avanzada de toda la Unión Europea en relación con la lucha contra el racismo y contra la xenofobia. Se tipifican, no solamente las conductas que habitualmente están incorporadas en los códigos penales europeos, sino, además, actos de incitación al odio con violencia contra otros por razones ideológicas, religiosas, de sexo, de orientación o de identidad sexual, o de origen nacional. Se tipifica la negación del genocidio como forma de incitación al odio a las minorías; se tipifica la producción, posesión o difusión de materiales objetivamente idóneos para incitar al odio o a la violencia, se tipifica el enaltecimiento de los delitos cometidos por motivos discriminatorios y, por último, la humillación y menosprecio de esos grupos o de las personas que los integran.

Insisto en que, de todo, por supuesto, pero creo que si de algo podemos estar especialmente orgullosos es de haber colocado nuestra legislación penal en defensa de derechos fundamentales, que son atacados por el racismo y atacados por la xenofobia, entre las más avanzadas de Europa.

Y decir también que los menores ocupan un lugar especial en la nueva protección del Código Penal. Se eleva a dieciséis años el consentimiento sexual y No se aplica esta tipificación en aquellos casos en que las relaciones sexuales consentidas por menores de edad, por menores de dieciséis años, sean mantenidas con personas próximas en edad y que tengan similar grado de desarrollo o de madurez.

Se tipifican algunas conductas que no estaban previstas, como hacer presenciar al menor relaciones con terceros, como obligar a un menor a participar en un comportamiento sexual o el contacto con menores a través de las redes de comunicación para que faciliten el material de contenido sexual elaborado por ellos. Se revisa la regulación de la prostitución infantil, y se incluye como supuesto de pornografía infantil la pornografía de carácter simulado.

Se incluyen también la lucha contra la trata de seres humanos y la modificación del delito de inmigración ilegal, donde, por cierto, les tengo que decir que en esta modificación se excluye la sanción penal para todos aquellos casos en que la actuación sea con finalidad humanitaria. Y hay una nueva protección de las personas con discapacidad, en un trabajo que hemos hecho muy estrechamente con el CERMI.

Y termino diciendo que hay una nueva regulación, también en este caso a una instancia muy, muy cómplice, me atrevo a decir, de la ministra de Sanidad, en relación con las mujeres víctimas de violencia de género, introduciendo nuevos tipos penales como es el caso del matrimonio forzado, el acecho u hostigamiento, la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con anuencia de la persona y la inutilización de los dispositivos electrónicos.

Termino, Vicepresidenta, pidiendo perdón por la extensión pero, a pesar de la misma, les tengo que decir que es mucho y más, y me atrevo a decir que no mejor, pero tan bueno como lo que yo les he contado, lo que está incluido en este texto del que tendremos ocasión de hablar durante los próximos días, porque naturalmente todo el equipo del ministerio estará a su disposición. Pero sí les digo, y quiero terminar como empecé, que damos un paso muy importante en un Código que se sitúa entre los más avanzados de todos los países de nuestro entorno, en un Código que da respuesta a las preocupaciones de la sociedad; pero en un Código que mantiene como prioridad absoluta que el reproche penal no solamente no debe ser incompatible, sino que debe de buscar siempre la reinserción del delincuente a la sociedad.

Sr. Soria.- Entramos en la tercera parte de esta comparecencia, que será más corta que las dos anteriores; entre otras cuestiones, porque la Ley de reforma del Sector Eléctrico, que ha sido aprobada hoy en el Consejo de Ministros, ya fue a Consejo de Ministros el pasado día 12 de julio; por tanto, es la segunda lectura. Di cuenta de su contenido en la rueda de prensa que entonces di. Sin perjuicio de que puedan formular alguna pregunta u observación con posterioridad, sí me gustaría hacer referencia, fundamentalmente, a lo que son las novedades que han sido puestas de manifiesto, fundamentalmente, por parte de la Comisión Nacional de la Energía en el preceptivo trámite de informe que se ha hecho.

Este Proyecto de Ley forma parte de una reforma integral del sector eléctrico que tiene muchos problemas; pero, fundamentalmente, los más importantes tienen que ver con que los precios de la electricidad en España son superiores a lo que son los precios medios en el conjunto de la Unión Europea, y esto vale tanto para los precios de las economías domésticas como también para los precios industriales. A pesar de que esos precios son más elevados, resulta que los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes. Como eso ocurre año tras año, se ha ido acumulando un déficit que en mayo de este año supone, aproximadamente, unos veintiséis mil millones de euros.

El déficit que se habría generado en el año 2013, éste en el que estamos, de no haberse tomados medidas en el año 2012 y la primera parte de 2013, habría sido de 10.500 millones de euros. Esas medidas que se han adoptado han permitido reducir esa generación en 6.000 millones de euros, pero quedaban 4.500 millones. La reforma que se ha aprobado lo que tiene por objeto es reducir este déficit estructural de los 4.500 millones de euros.

Había una primera alternativa, que la descartó el Gobierno, que era imputar todo a una subida en los precios; eso hubiese supuesto, aproximadamente, un incremento en los precios de un 42 por 100, lo cual fue descartado. Por tanto, lo que se hizo fue una combinación de medidas que, recayendo sobre los consumidores, sobre los Presupuestos Generales del Estado y también sobre los operadores del sistema, permitiera el llegar a esa cantidad de 4.500 millones de euros. Y todo ello con unas medidas que tienen como finalidad garantizar la estabilidad financiera del sistema; en segundo lugar, reducir los costes y, en tercer lugar, que el impacto fuese el menor posible para el consumidor.

En cuanto a las dos novedades respecto a las cuales quería hacerles un comentario, la Comisión Nacional de la Energía se ha pronunciado en contra del tratamiento que se le da al autoconsumo. Quiero decir que el Gobierno es muy partidario del autoconsumo; de hecho, es la primera vez que se regula en España el autoconsumo, por tanto, la posibilidad de que alguien se desenganche de lo que es el sistema eléctrica general y, mediante la instalación de una o varias placas fotovoltaicas en su propia casa, pueda prescindir del sistema eléctrico y pueda consumir aquello que produce. Hasta ahí, todos de acuerdo.

Ahora bien, para aquellos consumidores que, haciendo eso, además se enganchan a la red general, que estamos pagando todos los demás, también les cobramos un peaje porque, de lo contrario, cuando la utilizaran, si no pagaran, todos los demás estaríamos contribuyendo a pagarle una parte de su consumo. Por lo tanto, ésa es una observación que ha hecho la Comisión Nacional de la Energía y que el Gobierno se ha mantenido en la posición que tenía, puesto que, de lo contrario, sería un consumo que estaría financiando el resto del sistema.

Finalmente también, una consideración que hace la Comisión Nacional de la Energía poniendo alguna restricción al tratamiento singular que se les da en la reforma a los sistemas insulares y extrapeninsulares. Es verdad que en el caso de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se establece, para determinadas actividades, una retribución superior a la que hay en el resto de España; pero eso es así porque, aún con esa retribución superior, el coste global para todo el sistema disminuye. Como de lo que se trata es de disminuir el coste para disminuir el déficit del sector eléctrico, lógicamente, esa observación tampoco la hemos atendido.

Por último, decir que el Informe del Consejo de Estado es plenamente favorable a la reforma que se establece en la Ley. Y con ello, Vicepresidenta, yo concluyo.

Vicepresidenta.- No sin antes agradecer su paciencia, voy a abrir un turno de preguntas.

P.- Yo tenía dos preguntas concretas sobre la reforma de las Administraciones Públicas. Quería saber, con la supresión de los organismos que el Gobierno ha anunciado hoy, cuántos despidos se van a producir. Los sindicatos han dicho que no tienen por qué producirse despidos; pero, entonces, de dónde viene el ahorro, si es sólo un cambio legislativo, normativo o administrativo.

Después, también quería saber si tiene el Gobierno cuantificado el ahorro por la centralización de compras en la Administración, porque parece que las medidas de austeridad han llegado a su tope, ¿no?, y si aquí hay más hueco para ajustar el déficit público, teniendo en cuenta que los últimos datos de déficit y de deuda están mostrando que la evolución del déficit no va demasiado bien este año. Entonces, no sé, incluso, si esto es una forma de compensar la evolución negativa del déficit durante este ejercicio. El año pasado sí fue positiva, pero estos últimos datos no lo parecen.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los puntos, cuando se lleve a cabo la total extinción o fusión de estos organismos, porque, como ya he dicho, parte de ellos tenemos que hacerlo a través de una Ley, porque están regulados legalmente… Por eso se ha aprobado un Anteproyecto, que ahora pasará a los órganos informantes correspondientes. Otros los podemos eliminar, bien por un Acuerdo de Consejo de Ministros, o bien por un Real Decreto de racionalización, que hemos aprobado.

La total ejecución estimamos que puede producir un ahorro de 33 millones y medio de euros. En eso es en lo que estamos trabajando.

Como yo señalé cuando presentamos el Informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas, y así se ha producido ya en muchos de los entes que hemos suprimido, lo que se está llevando a cabo por parte de los subsecretarios de los ministerios a los que están adscritos estos organismos son una serie de actuaciones para lograr, por un lado, que esos trabajadores presten servicios o en el nuevo ente que se crea, o en el ente que asume sus funciones o puedan, mediante una fórmula de movilidad, incorporarse a los propios Ministerios y cubrir determinadas vacantes. Por otro lado, sirven para lograr cubrir puestos de trabajo que, sin embargo, como consecuencia de una tasa de reposición cero y limitada al 10 por 100 para determinados puestos, que ya lleva dos años en nuestro país, dificultaban su aplicación.

Con lo que el ahorro se genera de muchas maneras, no sólo a través de ese Capítulo primero, porque permite, como digo, recuperar o cubrir puestos de trabajo que de otra manera no podrían llevarse a cabo, sino también por todos los gastos corrientes que lleva aparejada la pervivencia de ese tipo de fundaciones o de organismos públicos, amén de los gastos que llevan a cabo su propia estructura y sus propias direcciones y consejos de administración, en su caso.

Sobre el cuantificado del centralizado de compras, tienen ustedes el posible ahorro en los datos que les repartimos, en el Informe de la CORA. Hay mucho por ahorrar. En este sentido, yo pongo de manifiesto cómo aquí, semana tras semana, en un elemento importante que afecta a todas las Administraciones Públicas, que es la centralización de compras en el ámbito sanitario, se producen unos ahorros muy, muy, llamativos simplemente por la compra centralizada de vacunas o de otros productos de tipo sanitario.

El ejemplo que yo les he puesto de estos dos contratos es una generalidad dentro de la Administración. A medida que van llegando contratos centralizados de los distintos Ministerios, estamos viendo cómo se puede acceder a muchos mejores costes y cómo se puede acceder a muchos mejores productos, más si logramos algo que va unido a esto, aunque no lo parezca, que es el Plan de Morosidad de las Administraciones Públicas. Un cumplimiento en plazo de los contratos y del pago de los suministros va a permitir acceder a mejores precios. Todo esto está muy interrelacionado.

Les diré que nuestra intención es, en el próximo Informe, poder empezar ya a dar los primeros ahorros concretos del Plan. Ahora sería prematuro por nuestra parte, muy voluntarista por la ejecución; pero esperamos que a partir del siguiente Informe ya podamos concretarles los distintos datos de ahorros que se están produciendo y que son muy importantes.

P.- Yo tenía dos preguntas; la primera es para la Vicepresidenta. Sobre las medidas anticorrupción que hoy nos han dado a conocer, hay dos que destacan sobre todas las demás, que es considerar como delito a partir de ahora la financiación ilegal de los partidos y la obligación de los tesoreros de los distintos partidos políticos a comparecer a rendir cuentas en el Congreso de los Diputados. Quería saber hasta qué punto ha pesado la figura del tesorero Bárcenas en la redacción de estas medidas, porque parece que están muy hechas ad hoc.

Y la segunda pregunta era tanto para usted como para el ministro Ruíz-Gallardón, sobre el Papa Francisco. Quería saber si les ha descolocado esa entrevista del Papa diciendo que no es de derechas, que jamás lo ha sido, y pidiendo también moderación en el tema del aborto.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, éste es un plan muy amplio, que contempla medidas de muy diferente naturaleza. Esto no responde a casos concretos, que los hay, y muchos, sino que lo que hemos analizado es cómo podemos reforzar la legislación en cada caso. Usted ha destacado estas dos medidas; hay otras muchas, de muy diferente signo, en relación con fundaciones y en relación con determinados delitos de prevaricación, cohecho o malversación de caudales públicos, y cada uno podría buscar alguna conexión. Esto es analizar toda la legislación, lo hemos hecho en los Ministerios de Justicia, Economía, Hacienda e Interior, muy especialmente, y donde hemos visto que podía reforzarse, lo hemos hecho. Y donde hemos visto, como el tema de los cargos públicos, que lo que había era una dispersión normativa absoluta, "ex novo" establecer una regulación que pueda clarificar, y mucho.

Sobre la siguiente de las preguntas, que no sé si es compartida, ¿contestamos los dos o…? Mire, yo respeto la opinión del Santo Padre. Me parece que cada uno puede y es libre de manifestar lo que estime por conveniente y por oportuno. Además, le recuerdo, por otro lado, que es Jefe de un Estado y, en ese caso, como Gobierno, mantenemos las mejores y más excelentes relaciones de colaboración.

Sr. Ruíz-Gallardón.- Abundar en lo que dice la Vicepresidenta. El Gobierno respeta a todas las confesiones, lógicamente, de forma muy especial la que es mayoritaria para los españoles; pero los criterios y las confesiones, que merecen toda la consideración y el respeto, nunca han sido determinantes para la labor legislativa del Gobierno. Ni lo fueron antes ni lo son ahora.

P.- Vicepresidenta, en primer lugar, quería saber si el Gobierne sigue informado de que Casa Real esta tarde va a informar sobre una nueva operación del Rey; parece ser que de la cadera izquierda. ¿Nos puede dar algún dato más?

Al ministro de Justicia, sobre un aspecto muy concreto de la modificación del Código Penal. Para frenar los robos en el campo, ¿se ajustan las modificaciones que han hecho a lo que las organizaciones agrarias pedían? ¿Cree que de una vez se va a frenar esta oleada que estaba sucediendo en los últimos tiempos?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el Gobierno está informado, pero yo no le puedo dar más información. Me remito a lo que informarán esta tarde.

P.- ¿Pero puede decir si va sobre eso la operación?

Vicepresidenta.- Yo no le puedo confirmar nada. No me corresponde a mí. No puedo añadirle nada más a su pregunta.

Sr. Ruíz-Gallardón.- La respuesta es que sí. Tengo que decirle que las organizaciones agrarias nos trasladaron estas inquietudes a través del ministro competente, de Miguel Arias Cañete, que las hemos estudiado en profundidad y que, sustancialmente, están incorporadas todas. Son situaciones de especial riesgo.

Ya saben ustedes que han cambiado mucho las circunstancias en los últimos años y hoy las explotaciones agrarias, por norma general, no van acompañadas de espacios habitacionales como consecuencia de la mejora de las comunicaciones, lo cual hace que queden abandonadas durante mucho tiempo. Esto merece una especial protección, que se han incorporado directamente en el Código. Y hay otros aspectos concretos que también se han introducido.

P.- Yo tenía tres preguntas para el ministro de Industria. La primera era saber cuándo se prevé que esté listo el informe de Roland Berger y Boston Consulting sobre la remuneración de las energías renovables, sobre la nueva norma para remunerar las energías renovables.

También, teniendo en cuenta que el déficit de tarifa, hasta julio, asciende ya a cuatro mil millones de euros, alguna de las medidas ya están en pie y parece que se puede retrasar la tramitación parlamentaria de la nueva norma, yo quería saber cuál es la previsión del Ministerio de déficit de tarifa para final de año.

Además, ¿puede haber problemas o puede que no se complete a final de año la cesión del crédito de 2.200 millones por parte del Ministerio de Hacienda para la remuneración de las renovables?

Una última pregunta sobre algo que ha aparecido en medios, que ha llegado a un acuerdo el Ministerio de Industria con la patronal Carbunión y los sindicatos para que el carbón suponga el 7,5 por 100 de la energía española hasta 2018. Yo quería una valoración y si es cierto.

Sr. Soria.- En relación con la primera pregunta, respecto a cuándo Roland Berger y Boston Consulting Group van a finalizar el estudio sobre los estándares de coste de las distintas tecnologías para, a partir de ahí, fijar la retribución razonable, muy probablemente estará en la primera quincena del mes de noviembre, de tal forma que dé tiempo perfectamente a que, una vez que han sido estimados, se pueda establecer a partir del 1 de enero del año 2014 esa retribución razonable sobre esos estándares de coste.

Respecto a la estimación del déficit de tarifa para este año, teniendo en cuenta la evolución que está teniendo pero teniendo en cuenta también cuáles son las medidas que están establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, no sólo el crédito al que usted ha hecho referencia, sino también los ingresos procedentes de las ventas de los derechos de emisión y las medidas recaudatorias de la Ley 15 del año 2012, muy probablemente estaremos en un entorno, probablemente, de unos 2.500 a 3.000 millones de euros. Pero eso sí, será el último año de déficit de tarifa y, con el conjunto de medidas que empiezan a regir a partir del 1 de enero del año 2014, ya el objetivo será que en el año 2014 no haya y, si lo hubiera, que entren en funcionamiento los mecanismos automáticos que están establecidos en la propia norma.

Respecto al carbón, efectivamente, llevamos mucho tiempo negociando, tanto con las empresas, como con los sindicatos del carbón. A lo largo de las últimas semanas se han intensificado mucho esas negociaciones sobre un objetivo y el objetivo es elaborar un plan de la minería y el carbón desde el año 2013 al año 2018, teniendo en cuenta que hay una decisión de la Unión Europea que obliga a que a partir del 1 de enero del año 2019 cierren todas aquellas explotaciones mineras que hubiesen percibido alguna ayuda del Gobierno. Lo que hemos negociado es, fundamentalmente, sobre la base de las distintas ayudas que incluyen los planes de la minería y el carbón; por tanto, desde el punto de vista de las prejubilaciones, desde el punto de vista de las inversiones en las comarcas y desde el punto de vista de las ayudas a las empresas. Y quiero decir que se ha llegado, creo yo, a un buen acuerdo porque, teniendo en cuenta el contexto de restricciones presupuestarias en el que nos movemos, lógicamente, hay menos recursos para cada uno de esos conceptos.

Por tanto, aprovecho la ocasión para expresar --ya lo hice de manera privada, pero de manera pública-- el agradecimiento, tanto al sector empresarial, como a los sindicatos, por haberse alcanzado este acuerdo.

P.- Yo quería referirme al Código Penal; al ministro de Justicia, por tanto, sobre aspectos concretos. Respecto de la prisión permanente revisable, ¿quién tiene que pronunciarse al respecto: el primer tribunal, el que sentencia, o, en su caso, el Tribunal Supremo, si ha llegado hasta la Sala Penal de esa alta instancia? Y si cree, por los informes que ya tiene de los órganos consultivos, que éste es un asunto pacificado o si cree que hay muchas posibilidades de que el primer condenado, en forma de amparo, se plantee la legalidad de esta medida, la legalidad constitucional, y que llegue al Tribunal Constitucional.

La segunda cuestión es sobre las faltas que se suprimen. ¿Se trata de las faltas de tráfico, que durante muchos años han estado gravitando sobre los Juzgados? ¿Hay un cálculo de lo que se pueden ahorrar los Juzgados en no tener que afrontar ese tipo de situaciones?

Y, en último término, sobre el Consejo del Poder Judicial, ¿cree usted que habrá una negociación rápida que permita su renovación? Quería preguntarle, en ese sentido, qué diálogo está habiendo y con qué resultado con la oposición, y qué opina del boicot de las asociaciones judiciales al proceso.

Sr. Ruíz-Gallardón.- Con relación a la prisión permanente, empiezo por la pregunta más importante sobre su constitucionalidad. La constitucionalidad ha sido decretada por el Consejo de Estado. No es la primera vez que lo hace, puesto que, cuando España se incorporó a mecanismos conjuntos de aplicación de penas de otros países de la Unión Europea que ya tenían incorporada a su legislación la prisión permanente, el Consejo de Estado hubo de pronunciarse. Y ya se estableció que en la forma en la que está regulada en España, en la misma doctrina que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al tener ese carácter revisable, es plenamente compatible con la función de reinserción que debe acompañar a las penas, además del efecto retributivo, lógicamente, de respuesta del Estado ante una agresión directamente a la convivencia.

La ejecución de las penas en nuestro Derecho siempre corresponde al tribunal que dicta la sentencia; no es directamente al Tribunal Supremo, en el supuesto de que ésta haya sido casada. Pero, evidentemente, aquí entra también en una parte muy importante la labor que tiene que realizar la propia institución penitenciaria, que es, lógicamente, quien habrá de elaborar los informes correspondientes, y el juez de vigilancia penitenciaria, sobre la subsistencia o no de un riesgo directamente de peligrosidad.

Sin perjuicio de que los debates siempre son enriquecedores, creo, con toda sinceridad, que ésta es una incorporación valiosa y avanzada a nuestra legislación penal. Yo creo que en los casos que antes les he referido, que son casos muy concretos y que son casos fundamentalmente, que es donde se va a aplicar, donde la sociedad tiene que estar muy segura de que ese gravísimo delito no vaya a ser cometido y que, por lo tanto, la puesta en libertad no supone una probabilidad alta ni media de que esa persona vuelva a cometer ese delito, justifica, como ocurre en muchísimos países de nuestro entorno de la Unión Europea, la existencia con carácter excepcional de la prisión permanente revisable.

Las faltas subsisten. He dicho reproche penal a lo que antes se calificaban faltas graves y que ahora se califican como delitos leves. Esto no es simplemente un cambio semántico. En la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal irá el procedimiento específico en el que se tramitarán este tipo de juicios. Pero me pide usted un porcentaje, y soy consciente de que es una aproximación arriesgada, es muy arriesgada; pero lo voy a hacer, voy a asumir el riesgo. Nosotros calculamos que en estos momentos, aproximadamente, un 30 por 100 de los asuntos que se están tramitando como faltas tendrán una tramitación no penal, sino administrativa de carácter civil.

Con relación al tráfico le puedo decir lo mismo que con relación al resto de las conductas. Por supuesto, las conductas graves siguen siendo consideradas como delito y las faltas que antes se calificaban como graves en relación con el tráfico siguen siendo delictivas. Solamente aquellas que eran de carácter leve son las que pasan a tener una tramitación de carácter administrativo.

Por último, con el Consejo, me remito a lo que dijo el presidente del Gobierno el pasado miércoles en el turno de control parlamentario cuando expresamente, en referencia al señor Pérez Rubalcaba, hizo una llamada a un ejercicio de responsabilidad, que yo creo que nos corresponde a todos. Creo que la renovación de los órganos constitucionales en plazo es algo que está muy por encima, no solamente de las ideologías, sino también de las disputas políticas de carácter coyuntural que puedan tener los distintos Grupos Parlamentarios o la oposición con el Gobierno. Creo que estamos todos obligados constitucionalmente a cumplir ese mandato y, si bien es cierto que el legislador ha introducido un mecanismo que evita el bloqueo de este órgano constitucional en el supuesto de que una de las Cámaras no cumpliese con ese mandato, la confianza del Gobierno es que antes del plazo que está establecido, que es el próximo 6 de octubre --como es domingo, podemos hablar del 7 de octubre--, haya un acuerdo entre los distintos Grupos Parlamentarios para que podamos cumplir nuestro mandato constitucional.

P.- Tengo tres preguntas para la Vicepresidenta. Ahora, que ya tenemos aprobada la Ley de Transparencia, ¿considera el Gobierno que debería levantarse el secreto sobre el expediente de registrador de la propiedad de Rajoy?

La segunda, en un sentido similar. ¿Consideran que debería dar explicaciones sobre las condiciones en las que ha permanecido como registrador en servicios especiales, especialmente si cobró al mismo tiempo que era político?

Y ahora que ha asumido usted la interlocución entre el Gobierno central y el vasco, ¿cree que va a darse un impulso a asuntos pendientes con la Comunidad, como el tema del Cupo?

Vicepresidenta.- Sobre la primera y de sus preguntas, en primer lugar, quiero recordarle que la Ley de Transparencia no está aprobada. La Ley de Transparencia ha pasado el trámite en el Congreso y está ahora en discusión en el Senado.

En segundo lugar, y en relación con los funcionarios públicos, y aquí hay tres, nuestros datos, como tales, forman parte del registro que lleva Personal en el conjunto de las Administraciones Públicas y, en este caso, en el Ministerio de Justicia --puede, si quiere, algo añadir el Ministro--; que, por otro lado, sigue los trámites generales del Estatuto Básico del Empleado Público, como no puede ser de otra manera.

Por otro lado, el régimen de permanencia de los funcionarios públicos está previsto, con carácter general y para todos, en la propia normativa del Estatuto del Empleado Público cuando pasamos a prestar funciones en otra Administración, que puede ser tanto la permanencia en servicio activo, como la permanencia en situación de servicios especiales. Ello no implica el cobro de un doble sueldo en ningún caso, sólo que tenemos nuestra plaza ahí como consecuencia de que somos funcionarios públicos y prestamos servicios en otra Administración o en otro cargo, véase diputados o senadores, o en el cargo que nos ocupa a los aquí sentados como ministros.

Yo aquí lo que le puedo decir, sin perjuicio de si quiere el ministro de Justicia añadir algo más, es que éste es el régimen de la Función Pública y está debidamente tasado y regulado con carácter general para todos.

Sobre las relaciones con el Gobierno, yo mantengo a nivel parlamentario comunicaciones y relaciones con todos los Grupos, y, a nivel de relaciones institucionales, tanto el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como yo mismo, mantenemos distintas relaciones con los presidentes de todas las Comunidades Autónomas en el tema de mayor diálogo y lealtad institucional. Y esto puede servir para el Gobierno vasco o para cualquier otro.

P.- Vicepresidenta, La Zarzuela confirma que el Rey va a volver a ser operado, aunque se darán los detalles esta tarde. No le pregunto sobre eso, sino sobre algo que le compete al Gobierno: ¿cree el Gobierno llegado el momento de plantear una reforma para regular la figura del Príncipe, dados los problemas de salud del Rey o dado que Zarzuela descarta absolutamente una abdicación? ¿Cree que habría que hacer algún tipo de reforma legal?

Como segunda cuestión, le quería preguntar, no sé si a usted o al Ministro. En el tema de la financiación ilegal, ¿quién responde de la financiación ilegal? Porque hemos comprobado que los máximos dirigentes del PP ante el juez decían que ellos no se ocupaban de eso, con lo cual entiendo que… No sé si se ha cambiado eso. ¿Quién va a ser el responsable de esa financiación ilegal, el máximo mandatario de un partido o sólo el tesorero?

Y usted hablaba de esas cuentas controladas de los políticos, entiendo que son las oficiales. Al caso concreto que le preguntaban antes, no hay ninguna manera de evitar que alguien lo tenga en Suiza, por ejemplo, que es el "caso Bárcenas", que parece que ha motivado, de alguna manera, alguna de estas reformas.

Y le quería plantear una cuestión sólo sobre este copago para enfermos de cáncer y otros crónicos, con el que está habiendo mucha polémica. Hay Comunidades del PP incluso que están en contra. Quería plantear por qué el Gobierno cree necesario para los crónicos plantear este nuevo copago.

Y un detalle que también compete al Gobierno y va a pasar por Consejo de Ministros, que es el tema de las extradiciones que le van a pedir sobre torturadores del franquismo. ¿El Consejo de Ministros lo va a autorizar y, en cualquier caso, le preocupa la imagen que se puede dar de que Argentina vaya a juzgar una cosa que aquí no se ha juzgado?

Vicepresidenta.- Si me permite, contesto yo a la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y a la quinta el ministro de Justicia.

En relación con la primera de sus preguntas, el Jefe del Estado ha sido intervenido en varias ocasiones y aquí se han seguido cumpliendo las funciones con absoluta normalidad.

Sobre la financiación ilegal, permítame que me extienda en una cuestión de carácter general, y es que --y me corregirá el ministro, que lo es, de Justicia, y además fiscal, si me equivoco-- está regido nuestro Derecho Penal y el Derecho Penal de todas las democracias por un principio de culpabilidad, con lo que, en un principio, también en la definición en este tipo de conductas hay que fijar muy bien quién tiene intervención en las mismas y, por tanto, quién, como consecuencia de sus hechos, puede ser responsable. Como es un tipo legal, que será amplio, lo que vamos a hablar con los Grupos es la definición de las distintas figuras y, por tanto, de las distintas responsabilidades. Pero algo muy importante es que nosotros hemos recuperado la responsabilidad penal de los partidos políticos, que se eliminó en anteriores Legislaturas y que ha vuelto a controlarse.

Sobre el asunto de las cuentas, el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en un frente clave, que es, para aumentar las bases fiscales y la lucha contra el fraude fiscal, una nueva regulación en relación con la comunicación de los bienes, dinero y, en general, bienes que se tengan en el exterior, y, además, se han fortalecido --hoy lo verán en el índice de Consejo de Ministros, en la Referencia; va uno más-- los convenios para evitar la doble imposición y de comunicación entre distintos Gobiernos para tener información de esta naturaleza.

Lo que yo presentaba como los llamados PEPs, que así se conocen, son movimientos que precisamente pueden llevar a detectar esas cuentas que se tengan en el exterior cuando en cuentas que se tienen abiertas en distintas entidades por parte de los responsables puedan verse movimientos que son llamativos, que afectan a estas personas con especial responsabilidad política y que, por su anomalía, hacen que "salten" las alertas en los correspondientes organismos de blanqueo, con lo que con esto también fortalecemos en conjunto la normativa.

Sobre el último punto que me planteaba, y según la información que me da el Ministerio de Sanidad, con la resolución de ese Ministerio que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 19 de septiembre lo que se persigue es que en todos los medicamentos que se dispensen en el hospital en los que puede haber una aportación del usuario, en todo caso esa aportación sea reducida. Serán las Comunidades Autónomas las encargadas de gestionar la forma en que se haga la misma a partir del mes de octubre.

Sr. Ruiz-Gallardón.. Pues ni como ministro de Justicia ni como fiscal corrijo a la Vicepresidenta. La responsabilidad es exactamente como ella la ha definido en los supuestos de financiación ilegal.

Con respecto a su última pregunta, decirle que, como ocurre en todos los casos en los que se han planteado este tipo de situaciones semejantes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vista de la orden internacional de detención, lo que harán será trasladarla a la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía de la propia Audiencia Nacional, y estarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al criterio jurídico que marque la Audiencia Nacional a través de la Fiscalía.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.