Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Educación y Sanidad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes a todos.

En primer lugar, quiero pedirles disculpas e informarles del motivo del retraso en esta rueda de prensa, en esta comparecencia. Como todos conocen, el presidente del Gobierno regresaba de un viaje por México y Colombia; ha regresado a primerísima hora de la mañana y hemos retrasado el inicio del Consejo de Ministros a las 11 de la mañana para que pudiera presidirlo desde el primer momento.

Como verán, ha sido un Consejo amplio donde se han adoptado numerosas reformas. Por tanto, ha sido un Consejo de una duración que no nos ha permitido comparecer con anterioridad. El retraso en el inicio y la amplitud de los temas han llevado a que se haya retrasado hasta las cuatro de la tarde esta rueda de prensa. Les pido disculpas por ello.

Como bien conocen, este Gobierno viene semana tras semanas asumiendo y llevando a cabo un programa de reformas necesario para que España pueda superar la crisis y sentar las bases de crecimiento para el futuro. Son medidas difíciles, porque éste es un momento difícil en que necesitamos hacer reformas que nos permitan cumplir nuestros objetivos de déficit, por cuanto ha habido una caída muy importante de los ingresos y, por tanto, de los recursos; pero también hacerlo de manera que podamos hacer sostenible y mantenible nuestro Estado del Bienestar.

Son reformas en las que, indudablemente, les estamos pidiendo un esfuerzo a muchos ciudadanos; un esfuerzo que no hay otro remedio que pedir y que hacer, por cuanto es imprescindible mantener nuestro Estado del Bienestar y sanear nuestras cuentas publicas para garantizar que ese Estado del Bienestar tenga futuro y que, además, este país pueda salir adelante, volver a crecer y crear empleo.

Pero en el ánimo del Gobierno está adoptar medidas que, suponiendo un esfuerzo, que lo son, y que reconocemos a todos los ciudadanos, sean lo más equitativas y lo más justas posibles. Pedimos un esfuerzo, pero no puede pedirse a todo el mundo por igual y hay determinadas situaciones que han de abordarse con justicia. Después haremos referencia a algunas de ellas

Hoy se adoptan medidas importantes que tienen por objeto, por un lado, lograr la consolidación fiscal de todas las Administraciones públicas, con especial incidencia en muchas de ellas a los presupuestos de las Comunidades Autónomas, que. como saben todos, son las grandes prestadoras del Estado del Bienestar; pero también permitirles adoptar medidas administrativas --después haré referencia a alguna de ellas-- para que puedan lograr los objetivos de cumplimiento de déficit. Se trata, por tanto, de medidas estructurales, de reformas estructurales, que buscan ahorros en la gestión, sin menoscabo, en la medida de lo posible, del mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar.

También hoy se han adoptado otras medidas de austeridad o que ayudan a lograr medidas de austeridad, a las que después haré referencia. De entrada, les digo que también informaré de cuál ha sido la posición y la deliberación del Consejo de Ministros en relación con el asunto de Argentina.

Como decía, se han adoptado medidas estructurales, reformas estructurales, en dos ámbitos muy importantes que afectan al Estado del Bienestar: de un lado, hemos aprobado un Real Decreto Ley de racionalización en la gestión del gasto educativo; un conjunto de medidas en el ámbito universitario y no universitario, que son medidas de racionalización, a las que después seguirá una reforma del sistema educativo, tal y como anunció el ministro en la rueda de prensa que siguió al anterior Consejo de Ministros.

Combina, como él detallará, medidas en el ámbito de la educación primaria, secundaria y bachillerato, y la educación universitaria, en que se ha buscado, además, compensar el esfuerzo que hacen todos los ciudadanos para que nuestros estudiantes puedan estudiar en el ámbito de la igualdad de oportunidades con el esfuerzo con el que los estudiantes deben responder a ese esfuerzo que hacen el conjunto de los ciudadanos.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas para la sostenibilidad y viabilidad del sistema sanitario. Quiero decir que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y esta reforma, que es una reforma muy amplia, me atrevo a decir que completa, lo que busca es preservar ese sistema sanitario, esa gran calidad de nuestro sistema y de sus profesionales, para hacerlo viable pro futuro, no sólo por los momentos de exigida austeridad que vivimos, sino porque también la evolución demográfica de nuestro país obliga a establecer medidas o a adoptar medidas que permitan que siga teniendo la calidad que tiene ahora.

En tercer lugar, hemos aprobado una importante medida de austeridad al servicio de las Comunidades Autónomas. Se envía al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre la flexibilización de los modos de gestión de las televisiones autonómicas. Les informamos en pasados Consejos de Ministros de que el Gobierno había aprobado un Anteproyecto de Ley para esa flexibilidad en la gestión de las televisiones autonómicas, que fue después remitido a distintos órganos consultivos y a un trámite de audiencia al sector. Después de esos informes, hoy se aprueba definitivamente en el Consejo de Ministros ese Proyecto de Ley, que remitiremos al Congreso de los Diputados, pidiendo además su tramitación de urgencia, en el que se amplía la libertad de elección y la capacidad de decisión, en el marco de su autogobierno, que tienen las Comunidades Autónomas para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica.

Las Comunidades Autónomas podrán decidir si prestan o no el servicio público de televisión autonómica. Si deciden no prestarlo, podrán, en su caso, en concurso, sacar las correspondientes licencias audiovisuales; pero, si como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa Comunidad Autónoma deciden prestar el servicio público de televisión autonómica, podrán hacerlo, no sólo de una manera directa, no sólo gestión directa --esto es, con sus propios medios humanos y materiales; es decir, desde la propia Administración--, sino que también podrán optar por fórmulas de gestión indirecta de esas concesiones de televisión autonómica.

Fundamentalmente, lo que se amplía es la capacidad de las Comunidades Autónomas para decidir cómo se presta la actividad de televisión autonómica que hasta hoy debía prestarse por la propia Administración autonómica con sus propios medios. Es una medida que busca una mayor eficacia y eficiencia, y que responde a las peticiones de muchas Comunidades Autónomas que ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios públicos y esos entes públicos de Televisión Española, reaclaman que se amplíen las posibilidades que daba la regulación en esta materia.

Pero hemos ido más allá de la redacción inicial. En el caso de que el servicio público se preste directamente por las Administraciones autonómicas, el ente que gestione la televisión autonómica tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria. No se permitirán, por tanto, desequilibrios en los presupuestos, en los gastos e ingresos, de esas televisiones. Se someten, por tanto, a los mismos principios que el conjunto de las Administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de la Ley, que está ya en el Senado, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Pero en el ámbito de la austeridad hemos decidido ir hoy más allá por un doble orden de cuestiones. Voy a hablar de Televisión Española. Conocen bien que desde hace bastantes meses la Televisión Española no tenía un presidente de la Corporación por dimisión sucesiva de sus dos presidentes. Esa situación, unida a las dimisiones de otros miembros del Consejo de Administración y al haber caducado el mandato de bastantes de ellos, ha llevado a problemas muy graves en la gestión de la Corporación de Radiotelevisión Española; problemas muy complicados en un momento en que la televisión está llamada a hacer un programa de austeridad, que ustedes conocen. Tanto en el acuerdo de no disponibilidad, como en los Presupuestos Generales del Estado que se presentaron en esta misma sala hace pocas semanas, Televisión Española ha sufrido un ajuste de 203 millones de euros.

Pues bien, la situación de falta de un presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española, tiene a la entidad en la siguiente situación: en primer lugar, no tiene posibilidad de presentar y aprobar sus cuentas anuales; no tiene capacidad de presentar su anteproyecto de presupuestos y, por tanto, tiene serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste que el Ministerio de Hacienda, por cuanto la Corporación forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha establecido por criterios de austeridad.

Por tanto, el Gobierno considera que debemos proceder cuanto antes a fórmulas de desbloqueo de la situación de vacancia en la presidencia y en muchos de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española. ¿Cuál es la solución que hemos encontrado? Volver íntegramente al sistema de la Ley aprobada en el año 2006.

Permítanme que les haga un cierto antecedente histórico. La Ley del año 2006, establecía que el presidente y los miembros de la Corporación serían elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado por mayoría de dos tercios; pero en ese momento inicial, para evitar posibles bloqueos, se introdujo una disposición transitoria en la Ley de 2006 que decía que, si no se lograba el acuerdo por mayoría de dos tercios, se procedería a una votación parlamentaria de mayoría absoluta. Sin embargo, esa norma que se estableció en el año 2006 sólo se aplicaba para la composición del año 2006, con lo que no tenía ninguna norma para evitar situaciones de bloqueo.

¿Qué hemos hecho? Aprobamos hoy un Real Decreto Ley que hace que exista una norma para solucionar los problemas de bloqueo en la designación parlamentaria. La designación seguirá siendo parlamentaria, como hasta ahora, con lo que disipo las dudas y las preocupaciones de alguno de los ponentes de aquella Ley de 2006 que he podido leer hoy en la prensa. Seguirá siendo parlamentaria, pero aplicamos el mismo sistema que esos ponentes de esa Ley adoptaron el año 2006: si la primera votación no logra los dos tercios, se procederá a una segunda en que buscará la mayoría absoluta. Seguimos, por tanto, el precedente de 2006 y los antecedentes de algunas Comunidades Autónomas que se han encontrado en situación similar, aunque, ya digo, el problema importante de gestión económica de Televisión Española es propio y exclusivo de la Corporación.

Pero creemos que es momento para hacer un esfuerzo de austeridad en la Corporación de Radiotelevisión Española. Por eso, remitiremos al Congreso de los Diputados una serie de medidas adicionales para su convalidación: en primer lugar, se reducirá de doce a nueve el número de miembros de la Corporación de Radiotelevisión Española y de entre esos nueve, se nombrará un presidente, es decir, se reducen en tres los puestos del Consejo de Administración; y, en segundo lugar, los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española no tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, un sueldo acorde con esa dedicación exclusiva.

Hoy, tras los recortes, el sueldo bruto de un consejero de Radiotelevisión Española superaba los 110.000 euros. A partir de ahora, los consejeros de Radiotelevisión Española sólo cobrarán dietas por su asistencia al Consejo. El único de ese Consejo de Administración que tendrá dedicación exclusiva --sujeto, por tanto, a un amplio régimen de incompatibilidades de altos cargos-- será el presidente de la Corporación.

Se trata, por tanto, de un paquete importante de austeridad en un ente que tiene que hacer un esfuerzo importante de austeridad. Necesitamos desbloquear esa situación y queremos hacerlo en el ámbito parlamentario, siguiendo los antecedentes que otros partidos políticos pusieron encima de la mesa y que nosotros respaldamos, con lo que entendemos que les podrá valer este mismo sistema. Y, en segundo lugar, lo que hacemos es un esfuerzo de austeridad importante. Pueden ustedes hacer la cuenta, yo no lo voy a hacer, simplemente de lo que puede ahorrarse en sueldos de ese Consejo.

En este Real Decreto Ley, además, damos solución a un asunto que conocen bien y que, a pesar de haber intentado un acuerdo o una mediación entre las partes, no ha sido posible. Estoy hablando del conflicto de las radios. En este Real Decreto Ley lo que se establece, previo diálogo con el sector, es que las radios tendrán el derecho de entrar en los estadios de fútbol para poder informar sobre esos espectáculos deportivos, formando parte del derecho de información. Las radios tendrán que abonar los gastos que supongan la entrada y el uso de determinadas instalaciones en los estadios, fijándolos de común acuerdo con los clubs. En el caso de que no haya acuerdo, intervendrá la correspondiente autoridad supervisora.

Es decir, el Gobierno asume un compromiso de su Presidente de solventar el que se ha denominado el "contencioso de las radios", en el sentido de que preservamos el derecho a la información, pero también tenemos presente que los clubes de fútbol tienen derecho a ser reintegrados de los gastos; no de la información, si no de los gastos de funcionamiento que esa medida suponga.

Por último, les informo de que se ha abordado en el Consejo de Ministros la situación generada por la expropiación por parte de la República Argentina de las acciones en YPF de la empresa Repsol.

En primer lugar, quiero destacar y agradecer el importante, el enorme, apoyo internacional que ha tenido el Gobierno español, y España en su conjunto, en este asunto. Tanto la Unión Europea, muchos de sus más destacados miembros, como Estados Unidos, como el amplio apoyo que se ha tenido en Iberoamérica o como en numerosos organismos internacionales, han puesto de manifiesto el respaldo que han tenido España y los españoles en este punto. La convicción de todos cuando nos encontramos ante decisiones de esta naturaleza es que la que se ve afectada la Comunidad Internacional, los países que cumplen la legalidad y la seguridad jurídica, y, sobre todo, lo que se pone de manifiesto es que con actuaciones de este tipo de ciertos países van en contra de sus propios intereses y de su propia reputación internacional, que queda seriamente dañada.

En segundo lugar, quiero poner en valor la Resolución que ha aprobado hoy el Parlamento Europeo, que era uno de los puntos en los que el Gobierno ha puesto mayor interés. Quiero agradecer a los Grupos Parlamentarios su apoyo. Se ha apoyado, con un número muy amplio de votos, una Resolución del Parlamento Europeo --458 votos a favor, 71 en contra y 16 abstenciones-- donde se apoya la seguridad jurídica de las inversiones europeas en el mundo.

Hay dos elementos --todos son muy importantes-- muy destacados de acciones futuras de esa Resolución: uno afecta a la extinción del sistema de preferencias con anterioridad al 1 de enero de 2014, y, en segundo lugar, la posibilidad de negociaciones bilaterales en el ámbito de MERCOSUR y no en el conjunto de la Comunidad Andina.

Nos hubiera gustado haber tenido el apoyo de algunos en esos tipos de medidas; pero bienvenido sea el apoyo del conjunto y, especialmente, el apoyo del Parlamento Europeo a ese tipo de decisiones.

Quiero decir que el Gobierno seguirá buscando medidas y acciones de naturaleza diplomática en todos los foros, porque es nuestra obligación proteger los intereses de los españoles, de los que muchos son pequeños accionistas en esa empresa.

También les informo de que el ministro de Industria ha sometido al Consejo la posibilidad de que, desde su Departamento, se apruebe una Orden Ministerial que es la que se conoce como la Orden Ministerial del Biodiesel. Como saben, es un sistema de medidas equivalentes que tiene por objeto establecer la circunstancia de que se logrará esa medida de efecto equivalente cuando se adquiera biodiesel de aquellas plantas, de aquellas empresas, que tengan ciertas autorizaciones y que deban estar situadas en el territorio español o comunitario.

Esa Orden de Biodiesel, cuyo contenido conocen todos bien, será firmada hoy por el ministro Soria y publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de una acción que tiene por objeto o que logrará también un apoyo a esas operaciones llamémoslas de refino por parte de empresas españolas o comunitarias y que busca colocarlas en una situación adecuada para poder prestar ese biodiesel en condiciones que lo hagan competitivo.

Estamos a su disposición sobre estos temas, pero voy a darle la palabra a la ministra de Sanidad para que explique el Real Decreto Ley de reformas para la sostenibilidad del sistema sanitario.

Sra. Mato.- Muy buenos días a todos, para darles cuenta del Real Decreto Ley que hemos aprobado en la mañana de hoy para garantizar la sostenibilidad de la sanidad.

Todo el mundo es consciente de que la actual situación económica nacional requiere que hagamos profundas reformas para garantizar la creación de empleo, el crecimiento económico y, por supuesto, también para garantizar los derechos básicos de los españoles. Existe unanimidad entre todas las fuerzas políticas en que la sanidad necesita ciertas reformas para garantizar su sostenibilidad. Y todo el mundo sabe también que este año el déficit sanitario en nuestro país es de, aproximadamente, dieciséis mil millones de euros.

En este sentido, todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de realizar estas reformas. Por eso, este Real Decreto Ley que presentamos hoy es imprescindible para acometer esta situación. Se trata de una reforma estructural. No es una medida coyuntural, sino una reforma estructural que hemos debatido con todas las comunidades Autónomas durante tres meses. Hemos establecido un largo y amplio diálogo, hemos compartido muchas posiciones y también se han planteado sobre la mesa muchas posibilidades para llevar a cabo esta reforma.

Siguiendo una constante de nuestro Gobierno, hemos adoptado una reforma, sabemos que es una reforma difícil para algunos ciudadanos, que exige sacrificios; pero, como siempre, siguiendo como digo una constante del Gobierno, queremos que esos sacrificios sean equitativos; es decir, que perjudiquen lo menos posible a los ciudadanos que más lo necesitan. En ese sentido, esta reforma, como digo, es una reforma equitativa y más justa de la situación actual.

Nuestro único objetivo con la reforma es precisamente eso, garantizar un sistema sanitario, no solamente para salir de este tiempo de crisis, sino de futuro. El problema de la sanidad, como ustedes saben, es que en estos momentos hay una grave crisis económica, pero también que la evolución demográfica en nuestro país ha cambiado mucho. Es decir, tenemos unas expectativas de vida mucho más amplias; los ciudadanos afortunadamente, cada vez vivimos más tiempo, y hemos pasado de enfermedades agudas en las que las personas fallecían con motivo de esa enfermedad a enfermedades crónicas que requieren más atención, más prestación sanitaria y más prestaciones médicas. Eso nos obliga a buscar fórmulas para garantizar la viabilidad de nuestro magnífico sistema sanitario, uno de los considerados mejores del mundo, especialmente por nuestros magníficos profesionales que tenemos en ese área.

En ese sentido, como ustedes conocen perfectamente, les voy a dar las líneas generales de lo que significa esta reforma.

En primer lugar, hemos garantizado la universalidad de la sanidad para todos los españoles y también, al mismo tiempo, vamos a adoptar las medidas necesarias para acabar con la utilización indebida de los servicios sanitarios por parte de algunos extranjeros y también por los abusos que, a veces, estos extranjeros cometen accediendo al sistema sanitario sin tener derecho a ello.

Tenemos los datos del informe del Tribunal de Cuentas, que ya les digo que es correspondiente al año 2009, en el que nos dice que más de setecientos mil extranjeros han utilizado indebidamente los servicios sanitarios de nuestro país, con un coste de 917 millones de euros en el año 2009.

Además de eso, también hemos constatado que hay muchos extranjeros que no son comunitarios, y que no están recogidos, por tanto, en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre los países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios. Hay algunas personas, porque no tenemos una base de datos para ellos, que con una tarjeta sanitaria incorporan como beneficiarios de nuestra sanidad pública a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país y que simplemente se trasladan para utilizar los servicios sanitarios.

En definitiva, hemos procedido en este Real Decreto Ley a modificar la Ley de Extranjería, en el sentido de que vamos a explicar con detalle lo que significa el aseguramiento de las personas. Hasta ahora cualquier persona simplemente con el hecho de empadronarse, que, como ustedes saben, no necesita ningún requisito, tenía derecho a tener la tarjeta sanitaria de nuestro país. A partir de ahora clarificaremos cuál es ese concepto y a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, que son los mismos que tenemos los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria.

En ese sentido, también vamos a incorporar el artículo 7 de la Directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Se preguntarán ustedes por qué he dicho que voy a incorporar sólo el artículo 7 de una Directiva y les explico: esa Directiva está incorporada al Derecho español, se incorporó hace unos años, y lo sorprendente es que se incorporó completa salvo el artículo 7, que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. Por ese motivo, muchas personas se han desplazado a nuestro país a hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como "turismo sanitario".

Creemos que ésta es una medida imprescindible que tenemos que adoptar. Hay europeos que se empadronan en nuestro país, consiguen la tarjeta sanitaria española, con ella acceden a la tarjeta sanitaria europea, vuelven a su país, utilizan los servicios sanitarios de su país y nosotros, los españoles, pagamos por ello. Parece que es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo.

Por ello, como digo, vamos a modificar esas leyes y también vamos a revisar los convenios con algunos países, porque el informe del Tribunal de Cuentas, asimismo, dice que muchos países con los que tenemos convenios no nos reintegran el dinero que nos deben por la atención sanitaria.

En esas tres medidas se supondrá un ahorro de más de mil millones de euros, simplemente con los europeos, y suponemos o calculamos que, por lo menos, otros quinientos millones de euros con relación a los inmigrantes que traen a sus familias sin derecho a prestación a nuestro país simplemente para utilizar nuestros servicios sanitarios.

En segundo lugar, saben ustedes que todavía se ha constatado que existen diferencias entre las prestaciones sanitarias en las distintas Comunidades Autónomas. Es decir, hay ciudadanos que tienen prestaciones distintas en materia de sanidad si están en una Comunidad Autónoma o si viven en otra Comunidad Autónoma diferente. Hemos decidido, conjuntamente con el Consejo Interterritorial, abordar esa cuestión y, por tanto, vamos a poner en marcha una cartera común básica de servicios para toda España.

Todos los ciudadanos en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria, asistencia sanitaria de calidad, en todos los territorios del Estado español con independencia de su lugar de procedencia o de donde vivan. Exactamente a los mismos derechos sanitarios.

Nuestra intención es, en base a criterios de calidad, de eficiencia y eficacia, conformar esa cartera básica de servicios asistenciales. Pera ello vamos a contar con una red de agencias que hemos creado, la red de agencias que se dedican a evaluar las tecnologías y las prestaciones sanitarias. Esa red de agencias, que es un formato similar al "NICE" británico, permanentemente estará evaluando las prestaciones sanitarias, así como también las prestaciones farmacéuticas que se dan en nuestro país. De esa manera, conseguiremos ahorros a base de eficiencia, a base de eficacia y a base de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, y --lo que es más importante-- conseguiremos que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos con independencia de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos.

En tercer lugar, abordamos una cartera suplementaria de servicios. En esta cartera suplementaria de servicios estarán aquellas prestaciones que se hacen de manera ambulatoria o se prestan por terceros. Me estoy refiriendo a los productos dietoterápicos, a la ortoprótesis y al transporte no urgente, y también a las prestaciones farmacéuticas.

En los tres primeros que les he comentado hasta ahora había un sistema según el cual en unas Comunidades Autónomas había participación en el pago de los usuarios; en otras, no; en otras había un 10 por 100 y en otras era gratuito. Y lo que hemos hecho es que en todas las Comunidades Autónomas tengan la misma participación.

En el caso de las prestaciones farmacéuticas, como ustedes bien saben, ya existía en estos momentos una participación de los ciudadanos para el pago de los fármacos; pero lo que pasa es que había una división entre activos, es decir, personas que tienen edad de trabajar, y pasivos, es decir, las personas mayores de 65 años, los jubilados. Los activos tenían que pagar un 40 por 100 del precio de los medicamentos y las personas jubiladas, los llamados "pasivos" --a mí no me gusta nada llamarlos pasivos, porque creo, y especialmente en el Año del Envejecimiento Activo, que son más activos y cada vez tienen que serlo más-- no tenían que pagar por esas prestaciones, salvo los regimenes especiales de funcionarios, que tenían un régimen especial y pagaban el 30 por 100 de los medicamentos.

Hemos decidido que en un momento en que, como digo, hay que tomar medidas que son difíciles, que no nos gustaría haber tenido que tomar, pero que son imprescindibles porque tenemos un déficit sanitario de dieciséis mil millones de euros, porque la crisis económica nos hace adoptar sacrificios y porque tenemos que mantener la viabilidad del sistema para no tener que adoptar otras medidas que ya se prestan y a las que me refería anteriormente y se han adoptado en otros países de la Unión Europea; teníamos que hacer una reordenación del sistema de aportaciones de los usuarios al mercado farmacéutico.

En materia de farmacia, como ustedes saben, es donde más gasto se produce. Estamos prácticamente a la cabeza de los países de la Unión Europea en gasto farmacéutico y, por tanto, tenemos un amplio margen para poder ahorrar.

Básicamente, les diré que porque desgraciadamente en España los medicamentos no se valoran suficientemente; es decir, hay que poner en valor el medicamento y hay que instar al buen uso de los mismos. Digo esto porque en estos momentos, aunque luego me referiré de nuevo a ello, se tiran 3.800 toneladas de medicamentos cada año. Dato constatable: en el punto SIGRE en este último año se han tirado 3.800 toneladas de medicamentos. Y les diré que va en crecimiento. Va subiendo la cifra de los medicamentos que tiramos, como digo, a la basura, sin contar aquellos que se quedan en los hogares de cada una de las personas que no van al punto SIGRE a tirar sus medicamentos. Eso nos hace necesario que adoptemos medidas para poner en valor el medicamento. El medicamento tiene muchísimo valor, y así tenemos que considerarlo, y esta medida permitirá que no tiremos tantos medicamentos como hacemos ahora.

Para ello, se han adoptado las siguientes medidas. En primer lugar, se pedirá --una demanda social muy reclamada-- que la industria farmacéutica adecue los envases de los medicamentos al número de pastillas de la duración de los tratamientos médicos. Es decir, si una persona tiene una enfermedad aguda, una enfermedad que le surge de repente y el tratamiento dura siete días, que haya las unidades necesarias para los siete días de tratamiento. Ni más, ni menos.

En segundo lugar, también les diré, que a efectos de los tratamientos crónicos, vamos a instar a que, sin embargo, las cajas de medicamentos, los envases, sean superiores. Es decir, si antes tenían cincuenta unidades, que ahora dispongan de cien, porque son tratamientos continuados y no es necesario comprar de veinte en veinte, sino que, si lo compras de cien en cien, siempre se supone que hay un ahorro considerable.

Por tanto, un esfuerzo a la industria farmacéutica para que de una vez por todas los medicamentos se adecuen a las duraciones de los tratamientos medios de las enfermedades.

Vamos a seguir con el impulso de la medida de utilización de los genéricos. Los genéricos abaratan los precios de los medicamentos. Ya se han tomado en los últimos años algunas medidas que están consiguiendo rebajar, ahorrar, en gasto farmacéutico y vamos a seguir en esa línea.

También en este Real Decreto Ley se recogen algunas cuestiones en cuanto a precios de referencia y también precios seleccionados que, sin ninguna duda, bajarán el precio de los medicamentos. Es un esfuerzo que también se les pide a las industrias farmacéuticas, igual que se lo estamos pidiendo a los ciudadanos. Aquí todos tenemos que compartir las dificultades, todos tenemos que solidariamente ayudar y como digo, lo tenemos que hacer de manera equitativa.

Además, hemos incluido un nuevo sistema de actualización del vademecum. Es decir, van a salir de ahí medicamentos. No van a salir en función de su precio, en ningún caso se hará por razón de precio, sino por razón de su eficacia terapéutica o porque ya estén obsoletos. Como ustedes se imaginan, muy a menudo se incorporan nuevos medicamentos que dejan obsoletos a los anteriores, que tienen mayor eficacia, y lo que vamos a sacar es del sistema de financiación pública aquellos que tienen menor valor terapéutico.

Por último, en cuanto a la aportación de los usuarios en el gasto farmacéutico, les he dicho que está absolutamente disparado y lo que hemos hecho es una reordenación del sistema de aportación. Hemos tenido en cuenta tres variables. En primer lugar, la edad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen más necesidad permanente de medicamentos, porque tienen más enfermedades, especialmente crónicas. Hemos tenido también en cuenta la renta y también hemos tenido en cuenta el grado de enfermedad. No es lo mismo una persona joven y sana que una persona mayor y con una enfermedad crónica. Por tanto, para hacerlo de manera equitativa, hemos tenido en cuenta esa cuestión: que aporten los que más tienen y que aporten menos o que aporten nada los que menos tienen.

En ese sentido, las pensiones más bajas, las no contributivas, las rentas de reinserción y, por primera vez, los parados que no tienen prestación en este momento no van a pagar medicamentos.

Creemos que en estos momentos hay una situación muy difícil en España, que tenemos que ayudarnos entre todos y que entre todos tenemos que colaborar para que los que lo están pasando mal, los que lo están pasando peor y los que están en una situación rozando el límite que se puede asumir, tengan ayudas. Por tanto, por primera vez, como digo, los parados --serían activos en este caso, pero son parados- desgraciadamente-- que no tienen derecho a prestación no pagarán por medicamentos. En el lado contrario, aquellas personas que tienen una renta más alta, los que tienen una renta superior a cien mil euros, pagarán el 60 por 100 del coste de los medicamentos.

En cuanto a la parte intermedia, también hemos diferenciado, como les digo, entre personas mayores y entre personas jóvenes, personas activas. En ese sentido, las personas mayores pagarán un 10 por 100 de los medicamentos, pero con un tope para todas las personas mayores: aquellos que tienen las pensiones más bajas, que están por debajo de la obligación de declarar a la renta --les diré por qué hemos asumido ese criterio: simplemente ha sido para facilitar la gestión, pues seguro que ustedes saben que hay que organizar esa gestión-- pagarán un límite de ocho euros al mes. Ocho euros al mes es el límite que pagarán las personas mayores que tienen una pensión por debajo de dieciocho mil euros al año. En sentido contrario, las personas mayores, los jubilados, que tienen una pensión por encima de ese límite pagarán también el 10 por 100 y también pagarán un tope de dieciocho euros al mes.

Puedo decirles que las personas mayores que tomen menos medicamentos no llegarán al tope de ocho euros y algunas otras que están polimedicadas o que tienen enfermedades crónicas estarán en torno a esas cifras. Pero, en todo caso, como digo, no pagarán más de esa cifra.

Sé, me consta, que es un sacrificio importante para los pensionistas. Como he dicho antes, nos gustaría no haber tenido que adoptar esa decisión, pero en este momento no hemos tenido más remedio que hacerlo para garantizar que la sanidad pública siga siendo viable. De esta manera, mantenemos nuestro compromiso de que no habrá copago sanitario. En muchos países de la Unión Europea, como ustedes saben, se paga por consulta médica, hospitalización y por urgencias, y nosotros hemos decidido que íbamos a pedir un esfuerzo para que podamos mantener nuestro sistema que, como ustedes saben, en este momento tiene una asistencia sanitaria gratuita para todos los ciudadanos que la necesitan.

En el caso de las personas que están en activo hemos hecho también una ordenación por nivel de renta y pagarán un poquito más los que más tienen. En ese sentido, los que tienen una renta más baja se mantendrán en la situación que están ahora, un 40 por 100 de aportación --por tanto, no varía; aportan lo mismo que ya aportaban-- y los que tienen una renta un poco más alta pagarán el 50 por 100.

Estas medidas de farmacia, que, como le digo, es donde tenemos más posibilidades de ahorrar porque ahí no somos eficientes --nuestra sanidad es muy eficiente, pero no en las prestaciones farmacéuticas--, supondrán un ahorro estimado de, al menos, 3.500 millones de euros.

También vamos a adoptar medidas de eficiencia. Vamos a crear una plataforma de compras centralizada, que ya ha sido acordada por todas las Comunidades Autónomas. Como les he dicho al principio, todas estas decisiones fueron acordadas en el Consejo Interterritorial que celebramos el pasado miércoles, del que les dí cumplida cuenta, y en el que prácticamente todas las Comunidades Autónomas, dieciséis Comunidades Autónomas, se sumaron al acuerdo, si bien es verdad que algunas de ellas manifestaron que no les gustaba que los pensionistas tuvieran que pagar. Y todas ellas, como no puede ser de otra manera, van a aplicar todas estas medidas que suponen ese ahorro.

Se trata en esta cuestión de una plataforma de compras centralizada, que va a permitir comprar medicamentos hospitalarios, comprar tecnología médica y comprar productos sanitarios y servicios sanitarios que ahora se compran en cada Comunidad por separado. De esta manera, se conseguirá un ahorro importante, que se estima aproximadamente, en función del producto, que puede llegar al 50 por 100 de los ahorros. Según los informes que hemos solicitado a las empresas que lo han puesto en marcha, tanto en el Reino Unido, donde ya funciona, como en Francia, la media de ahorro en España supondrá de 1.000 a 1.500 millones por la aplicación de la central de compras, que, como ustedes saben, porque lo anunció la Vicepresidenta en el pasado Consejo de Ministros, ya se ha puesto en marcha, en este caso para las vacunas de la gripe, con la aprobación de todas las Comunidades Autónomas, incluida Cataluña, que para este año no se ha sumado porque tenía ya comprometida la compra de esas vacunas; pero sí nos ha pedido que lo incluyamos para el año que viene. Suponía un ahorro de seis millones de euros.

En esa línea ya tenemos prevista la compra de las vacunas infantiles. Como ustedes saben también, hicimos en el primer Consejo Interterritorial que todas las vacunas fueran iguales para todo el territorio nacional y las compraremos de manera centralizada.

De esa manera, también, como digo, se podrá ahorrar una gran cantidad de dinero, simplemente con medidas de eficiencia.

Ordenación de recursos humanos. Tenemos puesto en marcha un grupo de trabajo dentro del Consejo Interterritorial avanzando en esa cuestión, que también en una parte está recogida en el Real Decreto Ley, para ordenar los recursos humanos y permitir que pueda haber una mayor movilidad de los profesionales entre los servicios de salud. Es una demanda histórica, diría yo, y lo que vamos a hacer es elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan equivalencias y permita esa movilidad.

También en el grupo de trabajo se está actuando en todo lo que significan modelos retributivos, un modelo de troncalidad y, además, se regularán las especialidades. De esa manera, también se podrá producir un ahorro considerable, simplemente por la movilidad que vamos a efectuar.

En último lugar, tenemos el pacto socio-sanitario. Este primer acuerdo, para mí un gran acuerdo, que hemos adoptado entre las Comunidades Autónomas y el Estado se engloba en el pacto socio-sanitario que plantee desde el principio en que llegue al Ministerio. Dentro del pacto socio-sanitario hay otras medidas, otras acciones, que se pueden adoptar haciendo que trabajen de manera conjunta los servicios sociales y los servicios sanitarios. Hasta ahora, son dos servicios que caminan por la misma carretera, pero en aceras opuestas, uno en una acera y otro en la otra, cuando podrían compartir muchísimos gastos y evitar duplicidades. Por ejemplo, hay muchas personas que están utilizando camas hospitalarias cuando perfectamente estarían mejor atendidos si estuvieran en residencias.

En ese sentido también, vamos a hacer un esfuerzo con las Comunidades Autónomas en las Conferencias Sectoriales correspondientes para en el plazo de dos meses cerrar el acuerdo de servicios sociales, que conformará el pacto socio-sanitario.

Les diré, por último, aunque ya lo conocen también, que hemos incluido la incorporación del Fondo de Garantía Asistencial --ya lo conocen, porque lo anuncié hace unas semanas-- para garantizar la asistencia sanitaria de todas las personas que viven en zonas limítrofes, que no tienen por qué sufrir las inconveniencias de discrepancias en lo que significa la solidaridad entre Comunidades Autónomas. En ese sentido, el Estado ha creado este Fondo, que estará dentro del Fondo de Cohesión, para garantizar que los ciudadanos tengan la atención en todos los territorios del Estado nacional.

En definitiva, se trata de una reforma estructural, una reforma importante, una reforma que, como digo, siento que en alguna de las medidas haya tenido que ser así. Todas las personas que nos están escuchando saben que no nos hubiera gustado que fuera así, pero que no hemos tenido más remedio que hacerlo. Vamos a constituir un modelo mucho más eficaz, un modelo más eficiente, en el que todos colaboramos de manera solidaria, de manera equitativa; vamos a evitar duplicidades y, con ello, vamos a garantizar lo más importante: nuestro magnífico sistema sanitario público, universal, gratuito y de la máxima calidad para todos los españoles.

Sr. Wert.- Al igual que ha hecho la ministra de Sanidad, yo quería presentarles el contenido básico --luego, naturalmente, para las aclaraciones que sean precisas estaremos a su disposición-- de un Real Decreto Ley, que ha conocido hoy el Consejo de Ministros, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Quiero, antes de entrar en la especificación de las medidas, señalarles muy claramente en el ámbito en el que se mueve esta disposición. Como todos ustedes saben, la inmensa mayor parte del gasto público en educación lo ejecutan las Comunidades Autónomas; pero lo hacen en el marco de una legislación básica que provee el Estado.

Hemos recibido, en el curso de los tres últimos meses, desde que se formó este Gobierno, un estado de opinión de las Comunidades Autónomas de la necesidad que tienen, como tenemos todos los niveles de la Administración del Estado, de ejecutar con mayor austeridad y con mayor eficiencia, manteniendo siempre, al igual que ha explicado la Ministra en el ámbito de la sanidad, un principio riguroso de equidad, de medidas que permitieran hacer más eficiente el gasto educativo a través de mecanismos contenidos en la legislación básica.

¿Qué hemos hecho? Recogiendo estas demandas y, por supuesto, al amparo del principio de lealtad institucional que nos obliga a colaborar en todo lo que podamos con las Comunidades Autónomas, para permitirles que cumplan con unos objetivos de déficit que, en el caso de este año, les obliga en conjunto, al conjunto de ellas, a reducir a la mitad el déficit que han registrado en 2011; hemos adoptado una serie de medidas que, básicamente, consisten en modificaciones de las dos leyes fundamentales en las que se plasma la legislación básica del Estado en el ámbito educativo, es decir, de la Ley Orgánica de Educación y de la Ley Orgánica de Universidades, en las que, con un carácter de máxima flexibilidad, hemos abierto las posibilidades de conseguir esas eficiencias a las Comunidades Autónomas.

Quiero aclarar en el pórtico de esta intervención que ésta no es la reforma educativa del Gobierno. No es la reforma educativa que está contenida en el programa del Partido Popular; ni es la reforma educativa que el Ministro ha anunciado en sus comparecencias parlamentarias. Ésa se instrumentará a partir de iniciativas legislativas que se van a seguir en el curso de esta primera parte de la Legislatura. Pero sí es la condición necesaria, la condición previa. para que el Gobierno pueda impulsar esa reforma educativa.

Son tres los criterios de orientación de los que nos hemos servido para orientar esta reforma: el primero, salvaguardar al máximo la cobertura y la calidad del servicio público de la educación; el segundo, atender a la equidad, manteniendo invariadas las condiciones que existían previamente, para evitar que la condición socioeconómica se convierta en un obstáculo para el desarrollo del talento; y, el tercero, dar a este cambio un marcado carácter de flexibilidad para que las Comunidades Autónomas puedan acomodar su utilización a las diferentes necesidades de consolidación fiscal que cada una de ellas tiene.

Con estos criterios, paso a enumerarles las medidas contenidas en el Real Decreto Ley que, como digo, en la mayor parte de los casos consisten, desde el punto de vista jurídico, en modificaciones parciales de la normativa básica, Ley Orgánica de Educación y Ley Orgánica de Universidades, que está vigente en este ámbito.

La primera de ellas se refiere a la ratio alumnos-aula. Como todos ustedes saben, en Educación Infantil y Primaria la ratio establecida en la Ley Orgánica de Educación es de veinticinco alumnos por aula; en Secundaria Obligatoria, es decir, en ESO y en Formación Profesional, esa ratio es de treinta alumnos por aula y en Bachillerato, de 35 alumnos por aula.

Sin embargo, la inmensa mayor parte de las aulas, la inmensa mayor parte de las unidades escolares, están integradas por un número de alumnos inferior y, en algunos casos, muy inferior a la ratio autorizada. Ello se debe a una serie de circunstancias entre las cuales la hay, fundamentalmente, demográficas, es decir, entornos de población en que no se reúne el número óptimo de alumnos para integrar un aula; pero también se debe, y no en pequeña medida, a la rigidez con la que la legislación contempla el número máximo de alumnos, la ratio.

Les voy a poner un número muy concreto, y no inventado, muy real. Imaginemos que para una determinada aula existe una demanda de 31 alumnos; con la legislación actual esto no permitía constituir un grupo de 31 alumnos, puesto que la flexibilidad del 10 por 100 que estaba prevista como excepción en la Ley sólo se aplicaba a las circunstancias sobrevenidas en el curso, y no a la planificación del curso, y, automáticamente, cuando en la inscripción había 31 alumnos se constituían dos grupos: uno de quince y otro de dieciséis.

¿Qué es lo que estamos haciendo con esta modificación? Estamos introduciendo un margen del 20 por 100 con el que se puede jugar en cada uno de los niveles, es decir, respecto a los 25, los 30 y los 35 alumnos por aula, para evitar una disfunción que tiene un coste económico muy elevado, como ustedes pueden perfectamente suponer.

Aún así, esta medida la hemos vinculado a una situación, que actualmente se está atravesando y que previsiblemente se puede plantear en otro momento, y es la de que existan limitaciones en la Oferta de Empleo Público del personal docente en las cuales se contemple que la tasa de reposición sea inferior al 50 por 100. Esta medida se aplica a la totalidad de los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, a los centros públicos y a los centros concertados.

La segunda medida, de alguna forma emparentada con la anterior, se refiere a la jornada lectiva en los diferentes niveles de la enseñanza no universitaria. Como ustedes saben, hasta ahora el tema de la jornada lectiva tenía regulación distinta en las distintas Comunidades Autónomas dentro de una referencia que se adoptaba por el conjunto de ellas, según la cual veinticinco horas en el ámbito de la Educación Infantil y Primaria, y de dieciocho a veintiuna horas en el ámbito de los demás niveles educativos contemplados en la LOE, servían como referencia y, a partir de ahí, a partir de esos mínimos, cualquier ampliación de la jornada, a su vez, se compensaba con un número, normalmente tres a una, de horas menos de permanencia en el centro.

Quiere decir que la mayor parte de las Comunidades que tenían establecido en el ámbito de Secundaria, FP y Bachillerato las dieciocho horas lectivas, si alguien daba veintiuna horas lectivas, se compensaban esas tres horas de más sobre el valor de referencia con nueve horas menos de permanencia en el centro. Como las horas de permanencia en el centro eran treinta, daba lugar a que quien hacía veintiuna horas lectivas agotaba en ello toda la permanencia en el centro.

Aquí hemos actuado en dos dimensiones: primera, en el establecimiento de una jornada lectiva mínima, que es la que a partir de ahora se usa como referencia, que es de veinticinco horas --prácticamente la que había-- en Educación Infantil y Primaria, y de veinte horas en las restantes enseñanzas reguladas por la LOE. Y cambiamos también el régimen de compensación a partir de los mínimos: los docentes que impartan más de veinte horas o más de veinticinco, según el nivel, compensarán una hora de permanencia con cada hora lectiva más.

Es la primera vez que este régimen se implanta con carácter básico y es también aplicable, tanto a centros públicos, como a concertados.

Hasta ahora en los centros públicos se producía la contratación de un sustituto cuando se registraba en el mismo una baja superior a tres días. Esto era muy ineficiente, no sólo desde el punto de vista económico, sino incluso también desde el punto de vista administrativo: transmutación de altas y bajas, etcétera. Cambiamos esta regulación y, a partir de ahora, los centros tendrán que sustituir con recursos propios, es decir, con los profesores del propio centro, las bajas que no superen los diez días lectivos. Esto es aplicable también a la contratación de sustitutos en los centros concertados y, como digo, sustituye el régimen hasta ahora vigente, que resultaba sumamente no sólo ineficiente, sino, además, complicado.

Hemos diferido al curso 2014-2015 la implantación de los nuevos currículos de Formación Profesional, tanto de Grado Medio, como de Grado Superior, que eran currículos de dos mil horas lectivas. Es cierto que alguna Comunidad Autónoma tiene ya implantada parte de estos currículos y, naturalmente, donde ya están implantados se continuarán impartiendo; pero ésta es una demanda prácticamente unánime de las Comunidades Autónomas que en una situación como ésta tenían dificultades en la aplicación de esta normativa que es una normativa derivada de la LOE, pero cuya aplicación había quedado en la propia LOE diferida al curso próximo, al curso 2012-2013.

Igualmente, derogamos parcialmente un Real Decreto del año 2010 que imponía a todos los centros de Enseñanza Secundaria que contemplaran oferta de Bachillerato a ofertar, al menos, dos modalidades de Bachillerato. Ésta era una norma de un elevado coste económico y de una cierta falta de sentido práctico, puesto que en muchos casos esa necesidad de ofertar dos modalidades de Bachillerato se hacía a despecho de la inexistencia de demanda para alguna de ellas. Por supuesto, no se trata de limitar las posibilidades de elección de modalidad de Bachillerato, sino, simplemente, de conjugarlas de una forma más eficiente y de una forma más económica.

Éstas son las medidas en el ámbito de las enseñanzas reguladas por la LOE. Otras cinco medidas están relacionadas con las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Universidades, con la enseñanza superior.

La primera tiene que ver con un aspecto que comentaba en la rueda de prensa que siguió al pasado Consejo de Ministros y que tiene que ver con la búsqueda de eficiencia en la oferta universitaria. Para ello, lo que se introduce es una medida en la que el Estado dictará unos criterios básicos que desarrollarán las Comunidades Autónomas, en diálogo con las universidades de cada una de las Comunidades Autónomas, para establecer requisitos básicos para la creación y mantenimiento de escuelas y facultades, y fomentar la cooperación entre universidades para desarrollar conjuntamente enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales.

Dicho con mayor claridad, se trata de introducir mínimos de eficiencia en la oferta que eviten situaciones como las que se dan, no generalizadamente pero sí en número suficiente como para que se le tenga que poner algún tipo de limitación, en que titulaciones sin prácticamente sin demanda o con una demanda muy inferior a los mínimos de racionalidad económica se estén ofertando y no sólo en un sitio, sino en cuatro. No les voy a decir de qué se trata pero, por ejemplo, en este momento, hay oferta en cuatro universidades distintas de un título, de un grado, que, en el conjunto de esos cuatro centros universitarios que lo ofrecen, tiene veintitrés alumnos.

Por tanto, se trata de establecer mínimos de eficiencia, también en la oferta universitaria.

Una medida, también en este ámbito, es la que se refiere a la dedicación docente del profesorado funcionario de las universidades. Como ustedes saben, los funcionarios docentes e investigadores de las universidades, lo que se llama el PDI, tienen una parte de su dedicación a la docencia y otra parte a la investigación; pero sucede que no todo el mundo tiene una actividad investigadora igual e, incluso, algunos tienen muy poca o ninguna actividad investigadora.

Hasta ahora no tenía ningún reflejo en la carga docente el hecho de que se tuviera mayor o menor dedicación a la investigación. A partir de ahora, mediante una consideración en el cómputo de lo que se llaman los sexenios, es decir, las certificaciones de actividad investigadora de los profesores, se establecerán tres rangos de dedicación docente según haya una dedicación que pudiéramos considerar media a la investigación, haya una dedicación alta --y quienes tengan una dedicación alta tendrán una carga docente más reducida-- o no haya ninguna dedicación a la actividad investigadora, a los que se aumentará la carga docente en su trabajo.

Se refería la Vicepresidenta en su exposición general al principio, a la dimensión, de austeridad que tiene el incluir a las televisiones autonómicas en el ámbito de aplicación de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el ámbito educativo hacemos en este Real Decreto Ley exactamente lo mismo por lo que se refiere a las universidades. Es decir, incluimos una serie de preceptos que incluyen, con todas sus consecuencias, a las universidades en el ámbito de aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para tratar de evitar, para tratar de prevenir, la repetición de situaciones como las que se han dado recientemente en alguna importante universidad, en la que ha aparecido un desequilibrio económico muy importante que no era conocido ni siquiera por la entidad que le suministra la financiación, por la Comunidad Autónoma.

En ese sentido, hay más rigor en el establecimiento del límite de gasto anual, una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y la sostenibilidad financiera, y unas consecuencias punitivas, en el caso de que se produzca una desviación, que operan de forma automática a partir del curso siguiente en el que se registre la desviación.

La medida más importante, sin duda, en este ámbito es la que se refiere a los precios públicos de las Universidades, conocidas como tasas. ¿Cuál es el régimen actual? Actualmente, son las Comunidades Autónomas quienes fijan los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales y la Conferencia General de Política Universitaria, que, como saben, reúne al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y a los consejeros de Universidades de todas las Comunidades Autónomas, fija unos límites de referencia que están relacionados con los costes de prestación del servicio.

Éste es el régimen hasta ahora vigente. ¿Qué es lo que venía sucediendo? Lo que venía sucediendo es que, en términos generales, y siempre tomando como referencia valores medios, hasta ahora estos precios públicos, estas tasas, venían a representar una cobertura del 14,8 por 100 del coste total sufragado por fondos públicos del servicio universitario, por lo que se refiere al Grado. Por lo que se refiere al Master, la cobertura de los precios públicos hasta ahora vigente, siempre hablando de valores medios, se situaba ligeramente por encima del 20 por 100.

¿Qué es lo que se acordó ayer en la Conferencia General de Política Universitaria? Se acordó ampliar, en los términos que les voy a describir a continuación, los márgenes en los cuales cada Comunidad Autónoma puede decidir que sus precios públicos cubren el costo efectivo de la educación que imparten sus universidades. ¿En cuántos términos? Aquí hemos distinguido, por un lado, las fases de la educación universitaria y, por otro lado, de forma muy significativa y con mucha implicación económica, hemos distinguido la primera matrícula, es decir, el coste de matricularse por vez primera en cualquier cosa, de la segunda, tercera y sucesivas, penalizando muy significativamente las segundas, terceras y cuartas matrículas en cuanto a la proporción del coste efectivo que tiene que ser pagada por el estudiante, en una lógica que no necesito excesivas palabras para hacer explícita.

Para que se hagan ustedes una idea, el coste medio de un curso estándar de 60 créditos, de un curso de Grado, para la Administración pública que sufraga se sitúa en el entorno de los 6.600 euros. Cada vez que se repite, se entiende que en el ámbito de lo que se repite, la asignatura o el número de créditos que sea, se está incurriendo nuevamente en ese mismo coste y, por tanto, parece que no tiene sentido que la parte de precio público que se cubre sea la misma para el estudiante que aprovecha el tiempo, que estudia y que obtiene los créditos a la primera ocasión que para el que lo hace en la segunda, tercera y cuarta.

Con esta, digamos, explicación de la lógica de la medida les paso a detallar los márgenes. En el caso de los Grados y los Masteres habilitantes para profesiones reguladas, a los que les damos el mismo tratamiento que a los Grados porque entendemos que son, prácticamente, una prolongación natural de aquellos, la primera matrícula debe cubrir entre el 15 y el 25 por 100 del coste efectivo en el curso de que se trate. En la segunda matrícula ha de cubrir entre el 30 y el 40 por 100 del coste efectivo; en la tercera matrícula cubrirá entre el 65 y el 75 por 100 del coste efectivo, y en la cuarta y sucesivas matrículas, entre el 90 y el 100 por 100.

En el resto de Masteres, es decir, los Masteres que no son habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas, la primera matrícula debe cubrir entre el 40 y el 50 por 100 del coste efectivo del mismo, mientras que la segunda matrícula --en la norma se dice "y sucesivas", pero en la práctica en los Masteres no se registran casos de terceras matrículas; de hecho, incluso, la proporción de segundas matrículas es mucho más baja que en los Grados--, en todo caso, lo que han de cubrir es entre el 65 y el 75 por 100 del coste.

Otra innovación respecto a la cobertura de costes por parte de los precios públicos es la que se refiere a los estudiantes extranjeros que no pertenecen a países de la Unión Europea ni tienen residencia en España. En este caso, para todos los niveles, estos estudiantes, salvo que por acuerdos de reciprocidad tengan derecho a un tratamiento como el de los estudiantes españoles o algún tipo de beneficio con relación a terceros, abonarán el cien por cien de los costes efectivos de aquellos estudios en los que se matriculen.

Por último, se establecen unas normas más rigurosas de las actualmente existentes para prevenir un fenómeno que se ha dado en los últimos años y es que algunas universidades burlaban en la práctica las restricciones que la Oferta de Empleo Público imponía también en el ámbito educativo. A estos efectos, se exige a las universidades que desglosen en sus presupuestos el personal de nuevo ingreso y las Comunidades Autónomas están obligadas a asegurar que ese personal de nuevo ingreso se mueve en los límites que para ejercicio presupuestario se haya establecido por parte de la Oferta de Empleo Público.

Éstas son las medidas y quiero hacer notar algún aspecto importante, sobre todo, en relación con las que tienen que ver con el ámbito universitario.

Como ustedes saben, las becas generales y las becas de movilidad en el ámbito universitario corren a cargo del Estado. El Estado, prácticamente, con la excepción de algunas becas complementarias que han venido siendo ofertadas por las Comunidades Autónomas, provee en general las becas para los estudios universitarios y también para los estudios secundarios postobligatorios, es decir, tanto Bachillerato, como Formación Profesional.

Las becas se configuran como un derecho, es decir, no son objeto de concurrencia competitiva, cuando se está dentro del umbral económico que se establece y, por otra parte, se supera el umbral académico que también para cada una de ellas existe.

En la situación actual, por lo que se refiere a las becas universitarias en las que se ha producido este cambio respecto a la cobertura del precio público, vamos a mantener los umbrales económicos exactamente tal y como estaban configurados. Ciertamente, al aumentarse la beca más generalizada, que es la que cubre el coste de las matrículas, eso quiere decir que tendría que hacerse crecer el importe de las becas para que cubrieran este mayor coste que ahora corre a cargo del alumno.

Para esto lo que hemos acordado con las Comunidades Autónomas es que el Estado seguirá atendiendo a la misma proporción del coste que venía atendiendo, que, por tanto, era la que se derivaba de la parte de coste cubierta por la matrícula, el 14,8 por 100, y que la diferencia hasta el importe nuevo de las tasas la van a cubrir las Comunidades Autónomas detrayéndose en este sentido una parte del ahorro que consiguen con el incremento, puesto que, como ustedes pueden comprender, en lo que se traduce este incremento de los precios públicos que perciben directamente las universidades es en que se reduce en la misma medida la aportación que las Comunidades Autónomas hacen al sistema universitario.

Quiero decirles con esto que el conjunto de beneficiarios de las becas por razón de umbrales económicos no va a variar con estas medidas. Es decir, quien tuviera derecho a beca va a seguir teniendo derecho a beca. Vamos a modificar, eso sí, con un criterio de alguna mayor exigencia, los umbrales de rendimiento en la misma lógica y bajo el mismo principio que ha presidido el establecimiento de precios distintos: precios sensiblemente mayores para segundas, terceras y cuartas matrículas. Es decir, estimular el rendimiento, estimular la exigencia y estimular la respuesta de quien es beneficiario de los ingentes recursos que dedica la sociedad al esfuerzo que la propia sociedad, especialmente en momentos como éste, hace para facilitarle sus estudios.

Yo creo que esto era lo básico, Vicepresidenta.

P.- Yo quería ahondar en la expropiación de YPF. Usted hablaba de que se iba a profundizar en medidas diplomáticas y me gustaría que nos contara cuáles son esas medidas diplomáticas. También quería saber si esas medidas van a ser en otros ámbitos, no sé si en la energía o en el comercio.

También quería saber qué opina usted. Si España hubiera sido en estos momentos, desde el punto de vista económico, tan poderosa como Alemania, ¿usted cree que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubiera hecho esto?

Vicepresidenta.- En relación con su última pregunta, yo le voy a citar hechos objetivos. En los últimos años Argentina ha sido denunciada en 49 ocasiones ante el CIDAI que, como sabe, es el organismo en materia de arbitraje internacional sobre estos asuntos de inversiones. En la actualidad, veinticinco casos siguen pendientes de solución. España tiene el mismo número de casos pendientes que Italia y Francia, y tiene dos pendientes con Alemania.

Pero es que, además, un grupo de cuarenta países, entre ellos tanto la Unión Europea en su conjunto como Estados Unidos, han presentado en la OMC una declaración contra la política comercial y de inversión en Argentina, y el propio Gobierno de Estados Unidos eliminó a Argentina del Sistema General de Preferencias por el incumplimiento de pago a dos empresas norteamericanas frente a las que perdió juicios ante el CIDAI.

Es decir, los incumplimientos de Argentina son bastante generalizados en relación con países de muy diferente condición a los que usted hacía referencia. El caso de España no es un caso aislado. Estoy hablando de Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, que no son, ciertamente, Estados menores, que tienen o han tenido procesos por incumplimientos de esta naturaleza y que han tenido que adoptar medidas como a la que yo acabo de hacer referencia.

En estos días el Gobierno español ha hecho un importante despliegue en el ámbito internacional. Como consecuencia de la adopción de esa decisión del Gobierno de Argentina, entre otras cuestiones, se suspendió la reunión prevista para los días 19 y 20 de abril en Buenos Aires de la Comisión Mixta del Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica Argentina-Unión Europea de 1990. También se ha obtenido ese debate en el Parlamento Europeo.

Me preguntaba por iniciativas similares. Trataremos que en otros ámbitos internacionales y en otros organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Europa, se trabaje en un sentido similar. Asimismo, trasladaremos la situación del caso español a otras organizaciones, a otros clubes, en los que precisamente Argentina o la situación de Argentina, por ejemplo con Alemania, por la que usted me preguntaba, ha llevado a que algunos de esos países estén reclamando algunas actuaciones respecto a Argentina para que sea mucho más rigurosa en el cumplimiento de la legalidad y de los acuerdos internacionales que tiene suscritos.

P.- Vicepresidenta, usted, reiteradamente, y los ministros han hablado de sacrificios. Yo le quería preguntar si quedarán aquí o si descarta que se produzcan nuevos sacrificios para los ciudadanos en los próximos meses.

En segundo lugar, dado que usted ha explicado la importancia y el calado de las medidas de recorte que se han adoptado, le quería preguntar si el presidente del Gobierno no considera conveniente comparecer a explicarlas y, más concretamente, ir al Congreso de los Diputados a debatirlas y explicarlas.

Vicepresidenta.- Este Gobierno está llevando a cabo un importante plan de reformas, un plan de reformas algunas de las cuales, la inmensa mayoría de ellas, fueron objeto en el Debate de Investidura y en ulteriores exposiciones por parte del presidente del Gobierno. Además, como bien conoce usted, en las próximas fechas España tendrá que enviar el Programa de Estabilidad del Reino de España ante la Unión Europea, donde se hará un prolijo detalle de todas las reformas estructurales que estamos adoptando.

Desde luego, somos muy conscientes de que los ciudadanos están haciendo un esfuerzo importante en un país que tiene un problema grave en relación con sus cuentas públicas; un país que, lejos de llegar al objetivo del 6 por 100 de déficit, se encuentra en esta situación en este momento con una desviación de dos puntos y medio: un 8,51 por 100.

Es necesario realizar ajustes para el cumplimiento de ese déficit por múltiples razones; pero una de ellas, que todo el mundo entenderá muy bien, es que una de las partidas más grandes a la que se dedican los impuestos de los españoles en los Presupuestos Generales del Estado es a pagar los intereses de la deuda pública. Necesitamos hacer ese esfuerzo de austeridad para que esa deuda pública sea menor y para que, por tanto, los impuestos de los españoles no se vayan a pagar tal cantidad de intereses y podamos mantener y, en la medida de lo posible, mejorar y garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

Pero hace pocas fechas el presidente del Gobierno hizo una relación detallada de las reformas que se llevarán a cabo en este trimestre. Hizo especial referencia a la reformas en el ámbito sanitario y educativo, que hemos explicado, pero también en otros ámbitos: en la lucha contra el fraude, no sólo fiscal, que anunciamos la semana pasada, sino laboral y en el ámbito de la Seguridad Social; y reformas en materia de privatizaciones; decisiones que buscan una mayor eficacia en la gestión.

El propio presidente del Gobierno en el día de ayer explicó algunas de las medidas que hoy aquí se han detallado y, además, hizo expresa referencia a cómo está la situación en nuestro país y a la necesidad de pedir estos esfuerzos que estamos pidiendo al conjunto de los ciudadanos.

Pero también les hemos trasladado que este esfuerzo tiene por objetivo superar la crisis y que con el esfuerzo de todos podremos superarla y sentar las bases para crecer en el futuro; en un futuro en el que, además, queremos preservar un sistema de bienestar social como el nuestro, que en el ámbito sanitario y educativo ha sido siempre ambicioso y de calidad, y creo que debemos preservarlo. Pero, para que así sea, tenemos que ser todos muy conscientes de que es costoso, de que lleva muchos ingresos y de que tenemos todos que gestionarlo de la mejor manera posible; con esfuerzo, evidentemente, pero también siendo conscientes de que ahorros en la gestión pueden llevar a que seamos mucho más equitativos y justos a la hora de repartir esas cargas a las que nos obliga… Es un país que tiene un importante déficit público, que tiene que controlarlo y que tiene que reducirlo, sencillamente, para poder crecer y para poder dedicar, como decía hace un momento, los recursos públicos al mantenimiento del Estado del Bienestar y no a pagar ingentes cantidades de intereses de su deuda.

P.- La ministra Mato ha dicho, y usted misma también en varias ocasiones, que entendía que estas medidas son duras para los ciudadanos. Me gustaría saber si el Gobierno entiende también que exista bastante malestar en la ciudadanía y, por tanto, que los sindicatos hayan convocado manifestaciones para el día 29 en protesta por estos recortes.

También me gustaría saber qué opina el Gobierno del llamamiento a la insumisión que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el caso de que no se la permita contratar profesores nativos para mantener la enseñanza bilingüe en los colegios públicos.

Por último, me gustaría saber si el Gobierno tiene ya decidido o ha hablado ya con el líder del Partido Socialista sobre el nombre que va a proponer para presidir la Corporación de Radiotelevisión Española. Y, en su caso, ¿qué plazos conlleva eso?

Vicepresidenta.- Es una para cada uno, si queréis: educación, sindicatos…

Sr. Wert.- He visto las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid y he entendido un afán, no sé si retórico o irónico, en la… Uno se puede declarar insumiso por muchas cosas pero, realmente, por el hecho de poder contratar o no profesores nativos sería el primer caso de insumisión en la historia.

Yo creo que lo que quiere decir la Presidenta, y es un asunto que hemos tratado en alguna ocasión, es que la amplitud que ha alcanzado en la Comunidad de Madrid la implantación de los centros bilingües le hace difícil contar con personal suficientemente capacitado sin recurrir a un determinado número de profesores nativos, y no hay un marco legislativo que facilite esa contratación.

Es un tema del que estamos hablando, en el que yo creo que nos vamos a poner de acuerdo sin necesidad, no le diré ya de insumisión, si no, incluso, sin necesidad de una discusión profunda. No hay que preocuparse por eso.

Sra. Mato.- En la cuestión que me preguntaba, la cuestión de la sanidad, yo creo que en este momento, que es verdad que estamos pidiendo esfuerzos a toda la sociedad de manera equitativa, que es lo más importante --estamos pidiendo esfuerzos a los que más posibilidades tienen de hacerlos y menos esfuerzos a los que menos posibilidades tienen de hacerlo--, creo que es un momento adecuado para que todos colaboráramos en la tarea.

Tengo la impresión de que, algunas veces, algunas personas, en este caso, porque usted me ha preguntado, los sindicatos, no están colaborando con la salida de la crisis, sin darse cuenta de que en este momento hay 5.200.000 parados, que hay un millón y medio de familias que tienen a sus miembros en paro, que estamos en una situación en que la mayoría de las familias lo están pasando muy mal, que las asociaciones que prestan servicios de solidaridad no dan abasto para atender a esas personas, creo que es un momento adecuado, después de estos años de Gobierno en los que nos han llevado a esta situación… Porque no cabe duda que hay que recordarlo: ¿por qué tenemos que garantizar la sostenibilidad de la sanidad? Porque la sanidad es básica, la salud es lo primero y con un déficit de dieciséis mil millones de euros en sanidad es difícil hacerlo.

Le voy a decir un dato: en los últimos dos años de Gobierno socialista el barómetro sanitario del CIS, que se realiza cada año, está mostrando la creciente preocupación de los ciudadanos por la sostenibilidad, por la garantía y por que se mantengan las prestaciones asistenciales sanitarias. Eso es causa de que los propios ciudadanos, igual que todas las fuerzas políticas, sean conscientes de que hace falta hacer reformas para garantizar el sistema: por un lado, porque la crisis económica lo requiere; por otro lado, porque el déficit es insostenible y, en tercer lugar, porque, como he dicho al principio, la curva demográfica permite que vivamos más y, por tanto, tenemos que hacer mayores esfuerzos económicos para sostener este magnífico sistema que tenemos.

¿Qué es lo importante para ello? Siempre lo digo: lo más importante para garantizar el Estado del Bienestar, y en este caso la sanidad, es que se cree empleo. Cuando hay crecimiento económico, hay empleo y, cuando hay empleo, hay más bienestar social. Lo hemos demostrado y lo hemos visto en las épocas de prosperidad en las etapas de Gobierno del Partido Popular.

Ahora tenemos que volver a hacer lo mismo que hicimos en esos momentos y, por tanto, toca hacer un esfuerzo para salir de la crisis, una crisis importante, una crisis difícil, en la que no podemos salir sin ayuda de todo el mundo. Por eso este Gobierno está pidiendo un esfuerzo a todos los ciudadanos y yo, desde aquí, también les pediría un esfuerzo especial a los sindicatos y a las fuerzas políticas de la oposición, porque todos juntos saldremos antes y saldremos mejor de esta crisis.

Vicepresidenta.- Sobre la renovación de Televisión Española, lo que hoy hacemos es establecer los marcos para llegar a un acuerdo en esa renovación. Se iniciará, por tanto, el procedimiento parlamentario correspondiente, en la que me imagino que todos los Grupos, pero al menos así nos lo ha trasmitido el partido político que apoya al Gobierno, buscarán un acuerdo para una renovación por mayoría de dos tercios. En el caso de que no sea posible, seguiremos trabajando con todos cuantos puedan sumarse a un acuerdo de renovación en una situación en este momento de parálisis en el funcionamiento ordinario del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, fundamentalmente de las funciones de su presidente.

Indudablemente, no ha sido posible, como muy bien expresó el presidente del Gobierno en una respuesta parlamentaria, el acuerdo hasta este momento. Como se va demorando y, como ya digo, hay problemas en el cumplimiento de las obligaciones económicas básicas de cualquier entidad, que es presentar sus cuentas anuales, ajustar sus presupuestos y poder nombrar al personal --en algunos casos, dimitido--, es necesario buscar una fórmula que sirva para desbloquear la situación. Y la fórmula que se ha elegido es la misma fórmula que, transitoriamente, tenía la Ley del año 2006 para paliar una hipotética situación de bloqueo, por no llegar a la mayoría de dos tercios, en ese primer nombramiento de la modificada Corporación de Radiotelevisión Española.

Por tanto, se seguirá hablando y se constatará, en su caso, si es posible el acuerdo de dos tercios o si se utiliza esta norma que, como ya digo, ya lo era de derecho transitorio con la Ley del año 2006, pero que, curiosamente, sólo tenía aplicación para ese procedimiento; ahora tendrá aplicación, en general, para todos los procedimientos de renovación cuando toque renovar a los distintos consejeros.

P.- Al hilo de lo de Radiotelevisión Española, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ya está indicando lo que es su valoración, acusándoles a ustedes de haber emprendido un golpe institucional en el ente público y, poco más o menos, que estamos ante la muerte del consenso y de la pluralidad en Radiotelevisión Española. Yo quería insistir en si se han puesto nombres encima de la mesa en los contactos que ha podido haber hasta el momento con el Partido Socialista y si ha habido reuniones e intentos de llegar a ese consenso. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado en la intrahistoria de esas negociaciones para que lleguen a este punto?

En segundo lugar, respecto a YPF anunciaron una medida contundente. Al margen de las ofensivas diplomáticas y de ésta del biodiesel, ¿el Gobierno se plantea más medidas desde España, en concierto con otros países pero desde el Gobierno, o ésta va a ser la única?

Vicepresidenta.- No conozco esas declaraciones de la vicesecretaria general del Partido Socialista, que no sé si las ha hecho antes o después de esta rueda de prensa. Si es con conocimiento de lo que se ha dicho en esta rueda de prensa, no soy la que debo explicar, porque el Partido Popular en su día sí lo apoyo. Esto fue a instancia del Gobierno socialista de entonces, quien introdujo en la Ley del año 2006 una disposición transitoria cuarta que establecía que, si no se obtenía la mayoría de dos tercios prevista en la Ley, el Congreso podría designar por mayoría absoluta a los doce consejeros y al presidente. Es decir, si en el año 2006 esto no suponía, como usted ha dicho, un golpe institucional, en el año 2012 tampoco, porque es el mismo sistema.

Yo creo que uno tiene que ser coherente. A veces, hay problemas de herencia y otras, hay problemas de incoherencia. Pues éste es un problema de incoherencia.

Creo que el Partido Socialista tendrá que explicar el cambio de posición. Yo esta mañana he leído de algún ponente, por parte de ese Grupo Parlamentario, de la Ley anterior que lo que vería mal es que el Gobierno hubiera decidido nombrar por decreto al presidente de la Corporación y eliminar el procedimiento parlamentario. No ha sido así, ha sido el sistema de 2006.

Yo ya puedo explicar las medidas del Gobierno; la coherencia o incoherencia de otros lo tienen que explicar. Pero a todos invito, y también a la vicesecretaria general del Partido Socialista, a que analice lo que contenía en sus normas de derecho transitorio la Ley del año 2006.

¿En la pasada rueda de prensa yo trasladé que el Gobierno anunciaría medidas o acciones? No, que las tomaría. Yo he dado cuenta de las medidas que ha tomado, que hoy ha firmado el ministro de Industria y que se han adoptado. Cuando se vayan adoptando las medidas, se las trasladaremos; pero yo no voy a anunciar acciones hasta que éstas no tengan una concreción. Me remito, por tanto, a lo que señalamos en la rueda de prensa anterior.

P.- Tenía muchas preguntas pero me voy a conformar con una para cada uno.

A la ministra de Sanidad quería preguntarle por una de las condiciones que ha explicado de los medicamentos. ¿Por qué se decide que las personas que tengan, si lo he entendido bien, rentas superiores a cien mil euros paguen el 60 por 100? ¿No creen que en esos casos se podría pagar completamente el coste total del medicamento para que otras personas que tienen menos recursos tengan que hacer un esfuerzo menor?

Al ministro de Educación quería preguntarle algo que creo que no ha mencionado hoy, pero no sé si dijo el otro día. Sobre las tasas universitarias se produce un incremento, pero quería saber si hay algún tipo de excepción, por ejemplo, si a personas discapacitadas también se les va a subir la tasa; o, por ejemplo, si alumnos que sean especialmente brillantes van a tener que pagar también más por las tasas o cabe la posibilidad de que tengan descuentos por buen expediente académico, que se llama.

A la Vicepresidenta quería preguntarle una valoración desde el Gobierno sobre el perdón que pidió S.M. el Rey el otro día a los españoles por el viaje a Botsuana y, en concreto, por las medidas que se está planteando adoptar el Ejecutivo respecto a la Casa Real. En concreto, ¿está pensando incluir dentro de la Ley de Transparencia algo específico para que haya más información, más transparencia, sobre el uso de los fondos dentro de la Casa del Rey?

Sra. Mato.- En primer lugar, como he dicho, se les ha pedido a todos los españoles un esfuerzo. En estos momentos en España existía una participación en la compra de medicamentos y todos los españoles que estaban en activo pagaban un 40 por 100 y, como he dicho, los pensionistas no pagaban. Lo que hemos hecho es reordenar el sistema de manera que, progresivamente, los españoles vayan pagando desde cero los que menos tienen hasta el 60 por 100 los que más tienen.

Usted sabe que la financiación de la Sanidad se produce mediante los impuestos de los españoles; es decir, todos los españoles, con independencia de nuestra renta, estamos colaborando con nuestros impuestos al mantenimiento de los servicios básicos. Uno de los servicios básicos es la sanidad para todos los españoles, que por eso colaboramos a ellos.

Por lo tanto, nos ha parecido razonable que los que más tienen paguen por ella, pero también tienen derecho a recibir la asistencia sanitaria, porque también ellos colaboran con sus impuestos. En ese sentido, creemos que lo más progresivo y lo más correcto es que paguen mucho más los que más tienen y muchísimo menos, es decir, nada, los que menos tienen. Creo que eso es equitativo, creo que es lo razonable y que es lo que corresponde en un Estado en el que, como digo, la sanidad está financiada con los impuestos de todos los españoles.

Sr. Wert.- Por lo que se refiere a las excepciones a la nueva configuración de los precios públicos, no se han incluido, digamos, especialidades. Eso no quiere decir que se deroguen las que existieran. Quiero decir que en el tema de la discapacidad no hay una tasa distinta para la discapacidad, pero sí hay ayudas vinculadas a esa discapacidad que pueden producir exactamente el mismo efecto.

Y el incentivo económico a la excelencia, al que también se refería en su pregunta, ésa es una dimensión que se va a contemplar en el marco de lo que es la reforma universitaria, en los trabajos que va a comenzar la comisión de expertos nombrada al efecto y que se aprobó la pasada semana, al igual que en otros niveles de la enseñanza.

Vicepresidenta.- Sobre la valoración de las palabras del Rey, el propio presidente del Gobierno lo hizo durante su viaje. Creo que la mejor valoración por parte del Gobierno es la que hace el propio Presidente en persona.

Me preguntaba sobre la Ley de Transparencia y en este asunto permítame que le haga una referencia, somera y ligera, a lo que viene a ser el marco de las leyes de transparencia aprobadas en otros Estados. La Ley que está en Anteproyecto en España está en la línea con las leyes de transparencia de los Estados europeos en los que existe una monarquía.

Le voy a poner un ejemplo, porque se habla mucho, y en estos días en que se ha escrito mucho de la Ley de Transparencia, se ha hablado mucho de la ley británica como un ejemplo para todos de hacia dónde debe ir la transparencia. Pues bien, la Corona británica no forma parte o no está incluida en la "Freedom of Information Act" del Reino Unido, es decir, en su Ley de Transparencia, y que no incluye a la Corona dentro de la relación de "public authorities" sujetas por la ley. Es decir, nuestra Ley va en la dinámica de lo que hacen las leyes que son nuestro referente en materia de transparencia y en relación con su tratamiento con sus respectivas Coronas.

Va en la línea, por otro lado, de lo que establece el Convenio sobre el Consejo de Europa, de 18 de junio de 2009, que es el marco internacional que el Gobierno del Estado está analizando y cumpliendo para aprobar esa Ley de Transparencia. Yo señalé en esta sala que estamos hablando de una ley de transparencia de las Administraciones públicas y, por tanto, compete a esas Administraciones en cuanto se refiere a actos de esa naturaleza. Aquellas actuaciones de la Administración pública que puedan tener alguna incidencia en relación con asuntos que afecten a la Casa Real, según el propio Derecho Administrativo, formarán parte de la transparencia de la Administración pública; pero en el caso de la Casa Real no estamos hablando de una Administración pública en lo que se entiende por tal.

Pero. ya digo, como se ha hablado mucho del Derecho Comparado y de las excelentes leyes de transparencia de otros Estados que nosotros estamos siguiendo, y en las que la británica es quizá un ejemplo para todos, le traslado lo que esta Ley establece respecto a su Corona.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, quería su valoración sobre que el Partido Socialista haya votado hoy en contra de la Resolución en el Parlamento Europeo para suspender las ventajas arancelarias a Argentina.

En segundo lugar, sobre Radiotelevisión Española, más allá de las declaraciones y de quien aprobara esa Ley de 2006, lo que pregunto es: ¿tan imposible es el acuerdo entre Gobierno y PSOE para que se tenga que adoptar esta medida hoy?

Vicepresidenta.- Sobre la votación en contra de eurodiputados del Partido Socialista en el Parlamento Europeo respecto de dos de los elementos, bien es cierto que dos elementos muy importantes de la Resolución del propio Parlamento en defensa de la seguridad jurídica de las inversiones europeas en el ámbito internacional, no me corresponde a mí explicar los motivos.

Tendrá que ser el Partido Socialista quien trate de hacer comprensible a los españoles porque, a pesar del apoyo amplísimo que ha obtenido el Grupo Parlamentario Popular Europeo a toda la Resolución, pero también a estas dos medidas, que son quizá las medidas de un mayor calado directo, las acciones más claras, en cuanto afectan a dos elementos muy concretos: las negociaciones de la Unión Europea con Mercosur y el sistema de preferencias generalizadas… Es el Partido Socialista quien ha votado en contra de medidas, de acciones, que son directas y que son claras, y al Partido Socialista Obrero Español le corresponde explicar por qué no ha apoyado, ha votado en contra de dos medidas muy claras de defensa de nuestras inversiones en el exterior y de las inversiones de la Unión Europea.

Yo no conozco los motivos. Nos ha sorprendido, quiero decirlo, esta posición; pero voy a poner en valor que otros muchos, europeos, no españoles, sí las han apoyado, las han defendido, y ahora trabajaremos porque esa resolución que supone el apoyo del Parlamento Europeo a esas dos medidas se haga realidad; pero el apoyo del Parlamento Europeo es clave. Eso sí, yo no puedo explicar más, allá de la sorpresa del Gobierno, cuál es la posición del Partido Socialista. Con lo que me quedo es que no ha conseguido debilitar el apoyo de la Unión Europea a una Resolución del Parlamento que es muy clara, por cuanto ha tenido un apoyo muy, muy, amplio.

Nos hubiera gustado que el Partido Socialista lo hubiera apoyado, porque creo que no es momento para buscar diferencias y creo que es momento para que todos los españoles apoyemos los intereses de los españole, de los accionistas españoles y de nuestro país en el ámbito internacional; pero será el Partido Socialista quien tenga que dar cumplidas explicaciones a todos los españoles de por qué no españoles, pero sí europeos, han dado su apoyo a España en este punto y el Partido Socialista lo ha negado.

Sobre la situación de Radiotelevisión Española, lo que a mí me parece muy importante es la situación de problemas de gestión de la entidad en este momento. Como decía, no puede realizar las operaciones más básicas contables de una organización. Hemos trabajado, y lo ha hecho el presidente del Gobierno, y así lo ha trasladado a los ciudadanos en una respuesta parlamentaria, por que hubiera un acuerdo y vamos a seguir trabajando para que exista ese acuerdo; pero no puede demorarse sin fecha, sine die. ¿Por qué? Porque hay un vacío en la presidencia. No es que haya caducado su mandato y esté con un mandato caducado, es que no hay presidente de la Corporación, es que hay otros dos miembros de la Corporación que han dejado de serlo y es que no puede llevar a cabo los actos jurídicos y económicos básicos de cualquier, no voy a llamarlo empresa, porque es una corporación de otra naturaleza, pero sí similar a una empresa pública.

Nosotros vamos a trabajar por ese acuerdo; pero las principales circunstancias en la gestión de la entidad nos obligan a tomar una decisión porque, además, es el presidente de esa Corporación quien tiene prácticamente las competencias más amplias para todas estas actuaciones que yo le acabo de decir. Lleva bastantes meses sin que se logre ese acuerdo y vamos a trabajar por él; pero hay que buscar alternativas en la línea de lo que se preveía con anterioridad y de lo que han acordado otros Parlamentos en relación con sus corporaciones de televisión.

P.- Yo le quería volver a preguntar por el asunto del Rey, porque parece que esta semana ha trascendido que la Casa Real sí se plantea dar más información sobre los viajes privados del Monarca y más datos sobre su agenda. Me gustaría saber si al Gobierno eso le parecería adecuado.

Después, le quería preguntar por este endurecimiento legal que está planteando el ministro del Interior para combatir las manifestaciones callejeras. Hoy hemos conocido un punto más: que encadenarse las manos se va a considerar un atentado contra la autoridad. Me gustaría saber si ustedes no creen que este endurecimiento legal contiene algún punto demasiado restrictivo o no.

Vicepresidenta.- Sobre las decisiones de la Casa del Rey en relación con sus cuentas y a algunas cuestiones que ha venido realizando, no pueden tener más que una valoración positiva por parte del Gobierno. La Casa Real es quien decide, de acuerdo con su propia autonomía, que constitucionalmente está prevista, la propia gestión de su actividad. Por supuesto, el máximo respeto y el máximo apoyo por parte del Gobierno a las decisiones de transparencia que quiera la Casa adoptar y ha venido adoptando en muchas en los últimos tiempos.

Sobre la reforma del Código Penal, les informaremos en este Consejo de Ministros cuando ese Anteproyecto esté organizado y ese Proyecto se presente a los distintos organismos que tienen que informar. Estamos trabajando en un endurecimiento de la respuesta penal, por cuanto no es posible que determinadas reacciones en determinadas manifestaciones públicas impidan al resto de los manifestantes ejercer con absoluta libertad y tranquilidad su derecho a manifestación, y a los que deciden no manifestarse no sufrir ningún tipo de daño en su propia persona o en los bienes de los que son dueños.

Encontraremos una respuesta, como tienen que ser siempre las del Código Penal, proporcionada y equilibrada a ese tipo de actuaciones.

P.- Vicepresidenta, ministros. Les preguntaban por la posición de los sindicatos con respecto a las reformas emprendidas en sanidad y en educación. Yo me quería referir al Partido Socialista, que lo ha definido como el mayor ataque al Estado de Bienestar. Yo no sé si a los ministros y a la vicepresidenta les parece leal esta posición. La ministra Mato ha hablado, en cierta forma, de la herencia que dejó el anterior Gobierno. ¿Le parece leal?

Luego, en clave económica, a la Vicepresidenta dos preguntas. Ayer conocimos un nuevo respaldo de la Unión Europea, se reunió usted con la vicepresidenta de la Comisión Europea y también el FMI ha dado el respaldo a España; pero lo cierto es que hemos vuelto a vivir una semana complicada. La Bolsa ha cerrado mejor hoy, pero hemos estado en números rojos. Yo no sé si el Gobierno ha analizado esta situación, si conoce las causas, porque, en teoría, tanto la Unión Europea como el FMI sí nos están respaldando. ¿Por qué esos números rojos en la Bolsa?

Por último, se ha escuchado mucho en los últimos días sobre la posibilidad de que en un breve período de plazo algunas Comunidades Autónomas --se ha hablado de Andalucía-- pudieran ser intervenidas. ¿Conoce ya el Gobierno las cuentas de algunas de estas Comunidades? No sé cómo está el asunto, si hay preocupación o si no la hay.

Sra. Mato.- Es muy fácil la respuesta. El mayor atentado que hay a las políticas de bienestar, sin ninguna duda, y seguro que lo comparten la inmensa mayoría de los ciudadanos, son los más de cinco millones de parados que nos ha dejado el Partido Socialista. Lo he dicho antes, la mejor política social, la mejor defensa del Estado de Bienestar, es precisamente el empleo. Cuanto más empleo hay, más posibilidades hay de mantener mayores prestaciones sociales.

¿Qué es lo que ha hecho este Gobierno? Arreglar lo que ha destrozado el Gobierno socialista anterior. Si quieren hablar de bienestar, vamos a ver cómo estaba el Estado del Bienestar cuando ellos llegaron al poder, cuando el señor Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno, y cómo nos lo dejaron cuando se fueron. Y también podíamos hablar de cómo estaba la situación cuándo llegó al Gobierno el Partido Popular, en la etapa de José María Aznar, cómo nos encontramos la situación con la Seguridad Social en quiebra y también la Sanidad a punto de no poder ser sostenible, y cómo la dejamos nosotros cuándo nos fuimos.

En definitiva, los mayores garantes del Estado de Bienestar son los que hacen reformas estructurales; los mayores garantes de la sociedad del bienestar son aquellos que crean empleo y los mayores garantes de la sociedad del bienestar son los que dicen la verdad y los que no se endeudan permanentemente sin importarles que luego, como decía la Vicepresidenta, haya que usar la mayoría del presupuesto para pagar la deuda que tenemos adquirida y los intereses de la misma.

Por tanto, yo lo que creo más importante en estos momentos es que todos los grupos políticos, especialmente el Partido Socialista, que ha sido el responsable de la situación en la que nos encontramos y ha sido, al menos, parte del problema que hemos recibido todos los españoles, no sólo el Gobierno, que intente ser parte de la solución. Si no quiere intentar colaborar para ser parte de la solución, lo respetaremos; pero no creo que los ciudadanos estén en absoluto de acuerdo en que esté haciendo exactamente lo contrario. La sociedad del bienestar requiere el esfuerzo de todos y requiere el apoyo de todos, especialmente de las fuerzas políticas, porque para eso nos han dado el voto los ciudadanos.

Sr. Wert.- Me lo ha dejado muy difícil la ministra de Sanidad. No me queda casi nada que decir. Yo creo que el mayor ataque que pueda haber al Estado de Bienestar es minar sus bases económicas, minar las bases de su sostenibilidad. El Estado de Bienestar no es una frase, ni es un mantra; el Estado de Bienestar son unos recursos y, cuando un Gobierno, en los tres últimos años de su ejercicio, ha gastado, respectivamente, más de 100.000, 92.000 y 85.000 millones de euros por encima de lo que ha ingresado, ése es el verdadero ataque al Estado de Bienestar.

Yo he dicho, al principio de mi intervención, que ésta no era la reforma educativa, pero era la base para poder realizar sobre ella una reforma educativa. No se han vulnerado ni se han quebrantado, como he dicho, principios básicos como la equidad, como la cobertura o como los principios básicos de calidad. Ajustar el Estado del Bienestar a las posibilidades de sostenerlo económicamente es el único servicio razonable que a ese Estado de Bienestar se pueda hacer en unas circunstancias como éstas.

Vicepresidenta.- Efectivamente, en los últimos días, en las últimas semanas, el Gobierno de la nación el Gobierno de la nación ha recibido, tanto el apoyo, como el respaldo, del Fondo Monetario Internacional y de las instituciones europeas al programa de reformas que está realizando, que ha venido a ser calificado como ambicioso; programa de reformas que tiene por objetivo fundamental, como ya señalábamos, salir de la crisis y sentar las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la sostenibilidad del Estado de Bienestar.

Me preguntaba por los mercados y la reacción de las Bolsas. Podríamos hablar largo y tendido sobre ese asunto, pero sí quiero poner en el punto de mira los problemas que, tanto mercados como bolsas, en ocasiones pueden apreciar, probablemente infundados, sobre la situación del euro y el futuro del euro. Yo creo que toda la Unión Europea y todos los Estados miembros tenemos que trabajar para fortalecer el euro y la respuesta que el mismo da a los problemas económicos que tenemos.

España está haciendo esa tarea y la está haciendo con un ambicioso programa de reformas, empezando por la estabilidad fiscal que forma parte del pacto fiscal que ha sido secundado por la Unión Europea, y ésa es la línea en la que todos tenemos que trabajar de consuno. Desde luego, el Gobierno lo está haciendo y agradecemos, además, ese reconocimiento del esfuerzo, no del Gobierno, sino del pueblo español, de todos los españoles; el esfuerzo inmenso que estamos haciendo por cumplir, por ajustar nuestras cuentas y por, con el esfuerzo de todos y con la aportación de todos, lograr salir adelante, mantener nuestro Estado de Bienestar y poder salir de la crisis.

Creo que con ese esfuerzo colectivo de todos los españoles lo haremos. Hay que agradecer que se reconozca el esfuerzo que están haciendo los españoles en ese punto y que lo reconozcan los organismos internacionales.

Sobre la posibilidad de intervención de las Comunidades Autónomas, como bien sabe, dentro del plan de pago a proveedores, pero también con carácter general en el cumplimiento de sus obligaciones presupuestarias, las Comunidades Autónomas tienen hasta el 30 de abril para presentar sus planes de ajuste; planes de ajuste en los que muchas, además, tendrán que incorporar las modificaciones en sus presupuestos ya aprobados que tienen que hacerse como consecuencia del nuevo marco. El Ministerio de Hacienda está pendiente, por tanto, de la presentación definitiva de esos planes de ajuste y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entrará en vigor a finales de este mes si se aprueba por el Congreso y por el Senado, establece mecanismos sucesivos para que se cumplan esos objetivos de estabilidad presupuestaria.

Se presentan los planes de ajuste y, si el ministerio de Hacienda considera que no son suficientes, establece las modificaciones oportunas; si no se cumplen, existe ese catálogo, desde el depósito retribuido, a la correspondiente sanción y a la posibilidad, efectivamente, de que las Comunidades Autónomas reciban a los delegados del ministerio de Hacienda para llevar al cumplimiento de esos planes de ajuste.

Estamos, por tanto, al inicio de ese proceso y, desde luego, el Ministerio de Hacienda cumplirá y hará cumplir, que es más importante, la Ley de Estabilidad Presupuestaria con todos los mecanismos que da, porque en este barco del cumplimiento del déficit estamos todas las Administraciones públicas. El Estado está haciendo esfuerzos importantes, como se ha visto hoy, en su legislación básica para que las Comunidades Autónomas tengan instrumentos para cumplir, preservando esa equidad que hemos buscado, y con esos instrumentos las Comunidades Autónomas tienen que presentar sus planes de ajuste para lograr cumplir los objetivos de déficit, que son nuestro compromiso.

P.- A la ministra de Sanidad. Ha dicho usted que el empadronamiento no será requisito suficiente para que los inmigrantes, en este caso, tengan asistencia, entiendo, sanitaria gratuita, ¿Qué otros requisitos se van a exigir a las personas extranjeras que residen en nuestro país?

A la Vicepresidenta quisiera preguntarle también una aclaración sobre las radios y los estadios de fútbol. ¿Cuándo podrán entrar a retransmitir, dado que, como sabe, la Liga está a punto de terminar?

Sra. Mato.- Es verdad que el endeudamiento no es circunstancia suficiente porque, como le he dicho, se están cometiendo múltiples abusos de personas que no residen en nuestro país, que se empadronan en nuestro país y vienen a recibir la asistencia sanitaria con nuestra tarjeta sanitaria y no nos devuelven… Incluso, personas que tienen solvencia económica muchísimo superior a la que tenemos los propios españoles y, sin embargo, utilizan nuestros servicios sanitarios y el país correspondiente no nos devuelve la cuantía que han utilizado, porque utilizan nuestra tarjeta sanitaria cuando no residen en nuestro país.

¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Las personas que, de verdad, viven en nuestro país tendrán derecho a la asistencia sanitaria. Los que tienen residencia fiscal en nuestro país, trabajan con nosotros y pagan sus impuestos como nosotros tendrán derecho a la asistencia sanitaria como nosotros. El resto tendrán derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros lo tenemos en sus países. Si nosotros, cuando vamos a cualquier país, tenemos una serie de derechos sanitarios y luego nuestro país devuelve, reintegra, los gastos que hemos usado, exactamente las mismas condiciones queremos en ese sentido.

Si lo que usted estaba preguntando es si alguna persona va a quedar desatendida, ya le digo que no. Todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica y a los servicios de urgencia. Por tanto, cualquier persona que pase por nuestro país tendrá derecho a esa asistencia básica; pero sí es verdad que el derecho a la asistencia sanitaria y el "turismo sanitario" vamos a terminar con él, porque es injusto para los españoles, porque estamos haciendo un esfuerzo importante para mantener la sostenibilidad de nuestra sanidad y porque creemos que lo más importante es que se preste la mayor calidad. Lo que no puede ser es que se estén produciendo abusos, como se están produciendo en estos momentos.

Hay muchas personas, como le he dicho antes, que traen simplemente a sus familias a nuestro país para operarse, para beneficiarse de nuestro sistema sanitario y de nuestros profesionales; pero no residen en nuestro país. Simplemente, el hecho de empadronarse no puede ser la condición necesaria para adquirir los derechos sanitarios que a los españoles nos cuesta más trabajo conseguir.

Vicepresidenta.- En su segunda pregunta sobre el contencioso de las radios, este contenido que aclara el derecho de información que asiste a las emisoras forma parte de un Real Decreto Ley que entra en vigor el día en que se publique. A partir de ahí, ese derecho queda clarificado y las partes tendrán que ponerse de acuerdo en, digamos, la valoración de los gastos --no de los derechos de emisión, porque estamos hablando del derecho de información-- por el uso o por los usos que hagan de ciertas instalaciones en los estadios. Si no hay acuerdo, pueden acudir al organismo supervisor competente para que, previa evidencia de las mismas, fije un importe de esos gastos para que puedan sufragarse esos servicios que prestan los estadios a las radios.

Pero lo que hace esta Ley es aclarar ese derecho a la información y estará aclarado desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Gracias.