​El Gobierno mejora la legislación en materia de prevención y control de la contaminación

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación con el fin de mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica en la materia. Este documento refunde en un único texto las diversas normas vigentes que inciden en el principio de prevención y control de la contaminación generada por las más de 6.000 instalaciones existentes en España.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, ha destacado la importancia de la nueva norma en "aras de la claridad y la transparencia" y ha recordado el compromiso y la sensibilidad del Gobierno en la lucha contra el cambio climático.

Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado las normas de calidad de las aceitunas de mesa, las harinas, sémolas y otros productos de la molienda de los cereales y de la cerveza y las bebidas de malta. La actualización de la normativa permitirá mejorar la competitividad de un sector que, como ha destacado el ministro, representa el 8,5% del PIB y da empleo a dos millones y medio de personas. "Las normas de calidad son necesarias para seguir manteniendo esa plaza de privilegio de ese sector agroalimentario caracterizado no sólo por la cantidad sino, sobre todo, por la calidad", ha añadido Méndez de Vigo.

En materia de agricultura, el portavoz también ha destacado la aprobación del 38º Plan de Seguros Agrarios Combinados que, a su juicio, es "una herramienta muy eficaz para garantizar la renta de los productores agrarios".

El presupuesto destinado a subvencionar el coste de las pólizas del Seguro Agrario asciende a más de 211 millones de euros, consolidándose el aumento del 6% consignado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2016. El nuevo plan sigue revisando y perfeccionando las diferentes líneas del seguro e incluye la actualización de sus bases de datos.

Presupuestos Generales del Estado

Pool Moncloa/J.M.CuadradoAl inicio de su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo ha expresado la satisfacción del Gobierno por la convalidación en el Congreso de los Diputados, "con un amplio respaldo", de los objetivos de estabilidad presupuestaria y techo de gasto para 2017.

El ministro ha dicho que "es una buena noticia para España porque fortalece el marco de certidumbre, de seguridad y confianza en nuestra economía". En su opinión, el acuerdo alcanzado ayer "es un buen primer paso pero no es suficiente" para presentar los Presupuestos.

Preguntado por el calendario para su aprobación, Méndez de Vigo ha avanzado que, una vez convalidado el techo de gasto, la semana que viene se celebrarán reuniones con las Haciendas Forales y con el Consejo de Política Fiscal y Financiera a fin de distribuir el déficit entre las comunidades autónomas y concretar la aportación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

"A mí me parece que es precipitado creer que en enero habrá un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, creo que va a requerir más tiempo, hablar mucho, ponernos de acuerdo. Ese tiempo lo doy por bien empleado si logramos el acuerdo. Prefiero dedicarle más tiempo para lograr un buen acuerdo que hacer los cosas de forma apresurada", ha resaltado.

Asuntos de actualidad

El portavoz ha confirmado que el permiso de paternidad se ampliará a partir del próximo 1 de enero de dos a cuatro semanas: "Es una medida que va en esa necesaria conciliación entre la vida profesional y la vida familiar". En este sentido también ha defendido la propuesta planteada esta semana por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, consistente en que la jornada laboral acabe a las seis de la tarde.

Méndez de Vigo ha remarcado que no se trata de imponer una decisión, sino de adoptarla junto al resto de las fuerzas políticas después de debatir la cuestión con todos los sectores implicados. También ha reconocido que la medida requiere un cambio de mentalidad, que "habrá que dejar también que sean los trabajadores y los empleadores los que tomen decisiones" y que en el sector servicios probablemente será más difícil aplicarla.

Pool Moncloa/J.M.CuadradoEl portavoz ha recordado que el pasado lunes Mariano Rajoy convocó la VI Conferencia de Presidentes para el 17 de enero, "abriendo así el diálogo territorial con las comunidades autónomas". Méndez de Vigo ha indicado que el Ejecutivo quiere dotar de institucionalidad a ese encuentro porque tanto el Gobierno como las comunidades "somos Estado, y todos debemos afrontar juntos nuestros compromisos frente a esa responsabilidad desde la lealtad institucional, la solidaridad interterritorial y la cooperación política".

Con el fin de preparar esa cita, ha anunciado que la vicepresidenta del Ejecutivo ha convocado para el 21 de diciembre a los consejeros de Presidencia de las comunidades. A su juicio, esto demuestra el "carácter abierto" con que el Gobierno afronta la Conferencia, ya que el orden del día no se fijará hasta después de la reunión.

El ministro ha subrayado la importancia de que todos los presidentes autonómicos asistan a la cita porque en ella se va a hablar de los asuntos que interesan a los españoles. "Cuando se trata de servicios públicos esenciales que afectan a todos los ciudadanos, es bueno que los presidentes de las comunidades, que tienen muchas de estas competencias transferidas, que requieren luego de financiación para llevarlas a cabo, acudan, debatan, hablen y se escuchen unos a otros", ha argumentado.

Preguntado por las declaraciones de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, calificando de "ataque a la democracia" el que esta mañana haya tenido que declarar como investigada por los delitos de desobediencia y prevaricación, el portavoz ha asegurado que "en España la justicia es independiente y no responde a ningún tipo de presión". Afirmar lo contrario, ha dicho, "no solo es falso, sino que también es injusto con los jueces que realizan profesionalmente su labor". Méndez de Vigo ha añadido que en España no hay impunidad: "Nadie puede tener carta blanca para desobedecer las leyes o para actuar con impunidad, y menos aquellos que cumplimos una función pública".