El Gobierno acuerda impugnar ante el Tribunal Constitucional el proceso alternativo del 9-N

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional las actuaciones de la Generalitat de Cataluña para la convocatoria y preparación de una consulta, denominada proceso de participación, el 9 de noviembre en Cataluña.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de que el Ejecutivo ha adoptado esta decisión tras recibir el informe favorable del Consejo de Estado que "certifica la incompatibilidad de esta nueva convocatoria con el orden constitucional, el marco de derechos que ampara y la democracia sobre la que se sustenta".

Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el pasado 29 de septiembre la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, y que este Tribunal acordó su suspensión.

Ante esta decisión, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, convocó un nuevo proceso, como ha señalado la vicepresidenta, "sin censo, sin administración electoral y pilotado por quienes defienden un resultado concreto, manejado por sus voluntarios, captados, seleccionados e instruidos por los defensores de ese proceso y la propia Generalitat, que se encargarían de todas las tareas, desde el registro de participantes hasta el recuento de las papeletas y la proclamación de los resultados". Todo ello, ha añadido, para que "la Generalitat pueda eludir sus responsabilidades y delegarlas en particulares o en funcionarios".

Pool MoncloaSoraya Sáenz de Santamaría ha recordado que la obligación del Ejecutivo es "velar por el cumplimiento de la ley, la integridad de la democracia y los derechos de los ciudadanos".

En este sentido, la vicepresidenta ha argumentado que el primer objetivo del Gobierno es asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de derecho porque el procedimiento planteado por la Generalitat "no tiene cabida en nuestro Estado de derecho". También pretende "proteger la democracia frente a lo que es una perversión de sus mismos fundamentos, en particular los derechos a la libertad y a la igualdad".

Además, según ha apuntado la vicepresidenta, quiere "garantizar los derechos de los catalanes", en especial los de los funcionarios públicos, para que no se vean obligados a incumplir la ley y asumir personalmente una responsabilidad "que el presidente de la Generalitat no está dispuesto a asumir" al no firmar ningún tipo de instrucción.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

En el marco de las medidas de regeneración democrática, el Consejo de Ministros ha aprobado por Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La vicepresidenta ha recordado que este Gobierno aprobó por primera vez en España una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre. El nuevo Consejo de Transparencia, ha destacado Sáenz de Santamaría, tendrá un "papel esencial a la hora de garantizar que se cumplen las normas" en esta materia y actuará "con plena independencia y autonomía". Estará constituido antes del 10 de diciembre, cuando entran en vigor las obligaciones que la Ley prevé para la Administración General del Estado.

El presidente del Consejo será nombrado por un periodo no renovable de cinco años entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional. Previamente tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados, donde la comisión correspondiente refrendará su nombramiento por mayoría absoluta.

Sáenz de Santamaría ha destacado, además, que el Ejecutivo está desarrollando una plataforma web para el Portal de la Transparencia, en el que todos los órganos administrativos tendrán que publicar "contratos y subvenciones, del primero al último". "La transparencia y la publicidad activa son un elemento muy importante de control", ha afirmado.

Ampliación de la planta judicial

Pool MoncloaPor otra parte, tal y como ya anunció ayer el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean un total de 282 plazas para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes.

La medida, en palabras de la vicepresidenta, "responde al afán y determinación del Gobierno para fortalecer el Estado de derecho" y va a "contribuir a agilizar el funcionamiento y la respuesta de la justicia".

Las plazas serán efectivas a partir del 1 de enero de 2015. De ellas, 112 son de magistrado en distintos órganos colegiados y 167 son de juez de adscripción territorial. Además, se crean y constituyen tres nuevos juzgados de lo Penal, en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa.

Sáenz de Santamaría ha remarcado la creación de dos plazas de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ha señalado que, con esta ampliación, la carrera judicial queda integrada por 5.361 jueces.

Otros acuerdos

• Aprobadas ayudas a las comunidades de propietarios para adaptar las antenas colectivas de la TDT. El importe total de las ayudas asciende a 280 millones de euros.

• Renovación del contrato de 25 helicópteros para la extinción de incendios forestales. La contratación se refiere al periodo 2015-2017 y el presupuesto es de 97.000.560,57 euros.

Asuntos de actualidad

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno limite las aportaciones económicas a la Generalitat de Cataluña, dado que parte de esos fondos se dedican a campañas publicitarias y actos relacionados con la consulta alternativa del 9 de noviembre, la vicepresidenta del Gobierno ha negado esa opción "porque ya la Generalitat ha perjudicado bastante los derechos de los catalanes, como para que el Gobierno adopte medidas que vayan en perjuicio de los servicios públicos a los que tienen derecho", y ha recalcado que uno de los motivos de la impugnación es, precisamente, "defender el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad", y "el derecho, dado que pagan sus impuestos, a recibir servicios públicos".

Pool MoncloaA propósito de las medidas contra la corrupción, Sáenz de Santamaría ha puntualizado que ésta "afecta a todos las fuerzas políticas porque es algo de personas, no de partidos", por tanto considera más oportuno que sean los partidos quienes tomen las decisiones "que estimen convenientes y den explicaciones" y sea el Gobierno quien promueva normas, intente lograr el máximo consenso sobre ellas y las haga cumplir.

Al respecto ha enumerado las iniciativas que viene tomando el Ejecutivo desde el primer Consejo de Ministros y se ha referido a las conversaciones que desde marzo de este año se han desarrollado para tratar de alcanzar un acuerdo.

Conversaciones que han sufrido varias interrupciones, según ha comentado, primero por la celebración de las elecciones europeas y después por el cambio en la Secretaría General del PSOE. Desde su punto de vista, "sería bueno que en noviembre se debatieran esas leyes" para que entraran en vigor cuanto antes".

Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, remitirá al nuevo comisario europeo de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopoulos, la información solicitada por la anterior comisaria europea sobre los hechos acaecidos en la valla de Melilla que delimita "una frontera que es española y es frontera europea".