El Gobierno liberaliza el sector ferroviario de viajeros y da entrada al capital privado en AENA

Capital privado en AENA

La titular de Fomento ha subrayado que AENA Aeropuertos continuará siendo un ente público porque seguirá teniendo una mayoría de las acciones y del capital: el 51%. "El Gobierno va a mantener la mayoría del capital de AENA y el Estado seguirá siendo el poseedor de la mayoría en el Consejo de Administración de AENA Aeropuertos. El 49% del capital se estructurará entre un 28% que se colocará en Bolsa, a través de una OPV [Oferta Pública de Venta], y un 21% que se licitará para un núcleo estable de accionistas que serán seleccionados mediante un concurso público y con concurrencia", ha precisado.

Pastor ha indicado que AENA Aeropuertos es el primer gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros y es rentable, por primera vez, alcanzando un beneficio neto de 597 millones de euros. En 2013 transportó a 187,4 millones de pasajeros, registrando el récord de la historia de la aviación civil española. "Cuando llegamos al Gobierno teníamos un resultado bruto de explotación de 883 millones y hemos pasado, al cierre del 2013, a 1.610 millones", ha detallado.

La presencia de inversores privados, a juicio de la ministra, va a fortalecer la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red: "La mayor eficacia de AENA será un estímulo al sector del transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como el turismo y el comercio, y favorecerá el desarrollo internacional de la compañía".

Ana Pastor ha recordado que AENA no recibe un euro de los Presupuestos Generales del Estado y vive de los ingresos que obtiene por su política comercial y por tarifas. Además, ha anunciado que no subirán las tasas aeroportuarias el próximo año y ha avanzado la aprobación de un marco regulatorio que establecerá cada cinco años las condiciones y los niveles de calidad del servicio y el marco tarifario.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el actualmente vigente sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los regentes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que cuando la abdicación del Rey Juan Carlos I se haga efectiva, "don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso, con carácter honorífico, del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la corona, príncipe o princesa de Asturias en el Reglamento de Honores Militares".

Doña Sofía de Grecia, madre del Rey don Felipe VI, continuará asimismo, ha dicho la vicepresidenta, "vitaliciamente en el uso, con carácter honorífico, del título de Reina, con tratamiento de Majestad, y honores análogos a los establecidos para la princesa o príncipe de Asturias consortes".

En cuanto al orden de preferencia de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía en el ordenamiento general de precedencias de Estado, será el inmediatamente posterior al de los descendientes del Rey don Felipe VI, es decir de las Infantas doña Leonor y doña Sofía.

Sáenz de Santamaría ha especificado que esta norma se ha hecho siguiendo los precedentes históricos y la costumbre de otras monarquías y que entrará en vigor cuando lo haga la ley de abdicación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, preguntada por la futura ley de aforamiento del Rey Juan Carlos I, ha señalado que la cuestión se está abordando con discreción, de una manera racional y ordenada, y ha asegurado que en su tramitación se hablará y trabajará con los grupos políticos del Congreso porque el Ejecutivo considera importante conocer su opinión, en particular la del PSOE. Al mismo tiempo ha recordado la inviolabilidad del monarca mientras lo ha sido y, al dejar de serlo, por los hechos acaecidos durante su reinado.

La vicepresidenta ha afirmado que el Ejecutivo ha dado hoy un "importante impulso" a la reforma de las Administraciones Públicas con tres leyes que enviará al Congreso y que "están muy centradas en facilitar la vida de los ciudadanos, en eliminar trámites administrativos y en utilizar los instrumentos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición".

Ley Hipotecaria y Ley del Catastro

El Proyecto de Ley de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario persigue facilitar el intercambio seguro de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro y evitar, así, informaciones contradictorias e incompletas sobre un mismo bien inmueble.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que actualmente ambas instituciones tienen competencias muy diferenciadas pero actúan sobre el mismo ámbito: la realidad de los inmuebles en España. Por esta razón, la coordinación de la información que tienen una y otra resulta indispensables para identificar correctamente los inmuebles, para dar a los ciudadanos mejor prestación de servicios y, sobre todo, para dar seguridad jurídica a la hora de adquirir cualquier finca.

Entre los beneficios que reportará esta normativa la vicepresidenta ha dicho que evitará 22.000 declaraciones presenciales al año, "es decir, tener que ir al registro de la propiedad con tus documentos físicamente". Esto supone "un ahorro anual de 1,8 millones de euros".

Registro de nacimientos y defunciones en el hospital

El Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil contempla la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones directamente desde los centros sanitarios, lo que evita, en el caso de los nacimientos, que los padres tengan que desplazarse al Registro Civil para la inscribir a sus hijos. Los padres, asistidos por los facultativos que hayan atendido el parto, firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporara el acreditativo del nacimiento para ser remitido al registro civil desde el propio hospital.

Esta norma evita, según ha asegurado la vicepresidenta, 857.000 trámites presenciales al año, casi un millón de desplazamientos a las oficinas y supone 64,3 millones de euros de ahorro.

Subastas judiciales

Por otra parte, el mismo Proyecto de Ley posibilita a los ciudadanos que accedan a todo tipo de pujas de bienes muebles e inmuebles, que se produzcan en cualquier lugar del Estado con solo darse de alta en el portal electrónico de subastas del BOE cualquier día del año.

De esta forma el ciudadano podrá estar al tanto de lo que se va a subastar como consecuencia de procedimientos de apremio o de cualquier otro y "podrá pujar libremente y con absoluta transparencia" para adquirir estos bienes.

Facturación de cuotas de la Seguridad Social

El objetivo del Anteproyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social es simplificar la forma de cotización que actualmente hacen las empresas por todos sus trabajadores todos los meses.

Actualmente, ha explicado la vicepresidenta, las empresas efectúan sus cotizaciones sociales con un sistema de autoliquidación, esto significa que mensualmente 1.300.000 empresas deben presentar las liquidaciones de cuotas de más de 13 millones de trabajadores. Cuando esta norma entre en vigor "la Tesorería General de la Seguridad Social pasará a facturar a todas estas empresas con un nuevo sistema plenamente integrado en internet y éstas obtendrán recibos y pagarán las cotizaciones sin desplazarse", ha añadido.

La aplicación de este sistema supondrá un ahorro neto de más de 63 millones de euros para las empresas por las menores cargas administrativas, ha argumentado Sáenz de Santamaría.

Por otra parte, la vicepresidenta ha informado de los umbrales de renta y patrimonio familiar, así como de las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2014-2015.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno analizará y estudiará con detenimiento el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley del aborto que se ha dado conocer hoy mismo.

Respecto de las balanzas fiscales publicadas por la Generalitat de Cataluña, la portavoz ha precisado que existen varias metodologías para realizar estos informes que dan lugar a diferentes resultados y ha confirmado que el Gobierno mantiene su compromiso de presentar en plazo las cuentas públicas territorializadas que ofrecen "mucha más información, de forma completa y transparente".

Sobre el conflicto entre el sector del taxi y las empresas destinadas a poner en contacto a personas que quieren hacer un desplazamiento con conductores dispuestos a realizar ese trayecto a cambio de una remuneración económica, la ministra de Fomento, ha informado de que la situación va a ser estudiada por el Ministerio al amparo de la norma que regula la materia, la Ley de ordenación de los transportes terrestres.