El Gobierno aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional

La Estrategia contempla hasta doce riesgos para nuestra seguridad: conflictos armados; terrorismo; ciberamenazas; crimen organizado; inestabilidad económica y financiera; vulnerabilidad energética; flujos migratorios irregulares; armas de destrucción masiva; espionaje; emergencias y catástrofes naturales; vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales.

Soraya Sáenz de Santamaría ha resaltado que "son escenarios muy diferentes, riesgos muy diversos que exigen una actuación muy coordinada y una capacidad operativa bien diseñada".

Consejo de Seguridad Nacional

El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación del Consejo de Seguridad Nacional como órgano colegiado del Gobierno que nace con la vocación de administrar de una forma más eficaz y eficiente los recursos existentes. La vicepresidenta ha asegurado que su constitución no supondrá coste alguno.

Estará liderado por el presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando S.M. el Rey asista a sus reuniones. En su composición figuran varios miembros del Gobierno con competencias en materia de seguridad. Se reunirá periódicamente, al menos una vez cada dos meses, y cuantas veces lo demanden las circunstancias.

Sáenz de Santamaría ha señalado que se trata de un sistema institucional flexible que permitirá dar una respuesta adecuada a las situaciones que puedan generarse. "Gracias al mismo lograremos un funcionamiento integrado de todas las administraciones, así como una mayor implicación de la sociedad civil".

El Gobierno ha autorizado la firma y la aplicación provisional del Tratado sobre el Comercio de Armas, que se firmará el próximo día 3 de junio de 2013 en las Naciones Unidas, en su sede de Nueva York.

La vicepresidenta ha declarado que "España siempre ha tenido una posición muy activa y favorable al Tratado". "Su objetivo esencial es conseguir un instrumento jurídicamente vinculante sobre normas internacionales comunes que permitan regular el comercio de armas y España no se queda fuera, será de los primeros en firmar", ha dicho.

Tiene como principios básicos la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos; el derecho a la legítima defensa, la renuncia al recurso de la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorio e independencia política de cualquier Estado; la no injerencia en asuntos internos; el respeto a los derechos humanos y la obligación de regular el comercio de armas convencionales y evitar su desvío a otros agentes.

Sáenz de Santamaría ha destacado además que el texto reconoce la capacidad que tienen los Estados legítimamente de adquirir armas sólo para ejercer su derecho a la legítima defensa y para las operaciones para el mantenimiento de la paz. También establece reglas muy tasadas para la fabricación, exportación, importación y transferencia de armas convencionales.

Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que la amenaza terrorista de ETA es uno de los riesgos que prevé la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada hoy, pues mientras la banda terrorista no se disuelva hay que "trabajar sin descanso hasta su completa desaparición".

Sobre las recomendaciones de Bruselas en materia de impuestos, la vicepresidenta ha indicado que el Gobierno pretende llevar a cabo una reforma fiscal "completa, sistemática e integral, para hacer el sistema más justo y equitativo", pero ha aclarado que ésta no será inmediata.

Sáenz de Santamaría ha anunciado que la auditoría sobre la reforma de las Administraciones Públicas estará ultimada en el mes de junio. Se trata de una "auditoría completa", ha subrayado, cuyo enfoque es concreto y específico, con plazos de cumplimiento muy definidos, en donde ya se detallan duplicidades, leyes que hay que reformar y cómo hacerlo. Ha añadido que a través del buzón que se abrió al efecto, "ha colaborado muchísima gente de toda España".

En cuanto a la reforma de las pensiones, en particular a la vinculación del importe de la pensión de jubilación a la esperanza de vida, la vicepresidenta se ha remitido a los trabajos de la comisión de expertos, cuyas propuestas se debatirán en el Pacto de Toledo "para ver cuál se adapta mejor al sistema español". Además, ha argumentado la necesidad de regular el factor de sostenibilidad del sistema, para que dé seguridad a los pensionistas y también a los "que trabajamos y cobraremos en el futuro".