Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

• REAL DECRETO por el que se acuerda la concesión directa de las ayudas del Programa MOVES a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Guinea relativo a la cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia.
• ACUERDO por el que se autoriza la operación consistente en la adquisición de títulos de deuda de la Sociedad de Propósito Específico HURUMA SV S.à r.l., para el apoyo a pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario en países en vías de desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo y por importe máximo de hasta 20.000.000 de euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de enmienda al Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de una Oficina Satélite del Programa A-400M en territorio español.

Defensa

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro para la implementación del Sistema de identificación amigo-enemigo IFF, modo 5/SS (Militar/Civil), en el Sistema de Mando y Control Aéreo, por un valor estimado de 13.731.426,63 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro de la Futura aeronave de investigación y experimentación (FENYX), por un valor estimado de 34.000.000 de euros.

Hacienda

• REAL DECRETO por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 1.725.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 1.321.194.363,61 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 1.046.704.245 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunitat Valenciana a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 585.000.000 de euros.

Fomento

• REAL DECRETO por el que se desarrolla la obligación de consignación de buques.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro y transporte de balastro en régimen de pedido abierto para atender las necesidades de las Jefaturas de mantenimiento de la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG), 40 lotes. Provincias: ámbito de la REFIG.
• ACUERDO por el que se autoriza el modificado nº 2 del contrato de obras de acondicionamiento de la carretera N-110. Tramo: Navaconcejo-Tornavacas. Provincia de Cáceres.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras del edificio del antiguo Instituto de la Grasa en Sevilla, por importe de 41.846,34 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Real Decreto por el que se regula la concesión de una subvención directa a la sociedad municipal de Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA) para el desarrollo del programa de renovación de la flota de autobuses de transporte colectivo urbano.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

• REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
• ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2019, entre las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, por un importe de 2.019.804.234 euros.
• ACUERDO por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

Industria, Comercio y Turismo

• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a suscribir una primera Adenda al Convenio con la Empresa Navantia, S.A., S.M.E., para el programa de construcción de dos buques de acción marítima oceánicos.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de una Adenda al Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A., (ENISA) para el desarrollo de la línea de préstamos participativos de apoyo financiero a jóvenes emprendedores (Línea Jóvenes Emprendedores 2018).
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de una Adenda al Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A., (ENISA) para el desarrollo de la línea de préstamos participativos a proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas (Línea PYME 2018).
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de una Adenda al Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A., (ENISA) para el desarrollo de la línea de préstamos participativos a empresas de base tecnológica (Línea ETB 2018).

Para la Transición Ecológica

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para la reparación de daños por robo en la estación de bombeo "a" de ampliación de la zona regable del canal de Lobón, término municipal de Mérida (Badajoz).

Economía y Empresa

• ACUERDO por el que se declara de urgencia la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de la garantía del Estado a 45 obras para la exposición "Fra Angélico y el origen del Renacimiento florentino" que tendrá lugar entre el 28 de mayo de 2019 y el 15 de septiembre de 2019 en el Museo Nacional del Prado por un valor económico total de 293.287.022,47 euros.

Ciencia, Innovación y Universidades

• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio n.º KE3797/TE/HL-LHC entre la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas O.A., M.P., para el desarrollo de una serie de imanes correctores tipo MCBXFA y MCBXFB para el HL-LHC, por un importe máximo de 14.360.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda Fcc-Gov-Cc-0130/Ke3920/Te al Memorándum de Entendimiento (Fcc-Gov-Cc-0004, Edms 1390795), entre la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., para la ejecución del estudio de Futuros Colisionadores Circulares (Fcc), por un importe máximo de 16.412.000 euros.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL E INCENTIVOS AL EMPLEO

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas urgentes que amplía la protección social, establece diversos incentivos para la empleabilidad y garantiza la calidad en el empleo.

El objetivo del Real Decreto-ley es dar la cobertura necesaria a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de los parados de larga duración, pensionistas, jóvenes, inmigrantes y determinados colectivos de trabajadores.

Entre las novedades, destaca la recuperación de la edad de 52 años para el subsidio por desempleo, el incremento de la cuantía de las prestaciones familiares y de la pensión mínima de Incapacidad Permanente Total para quienes tienen menos de 60 años.

En materia de incentivos al empleo, se establecen bonificaciones a la contratación de las personas en desempleo de larga duración; la reducción de las cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema Especial Agrario y un plan de conversión a contratos indefinidos o fijos discontinuos de este colectivo. Además, se impulsan medidas para la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en sectores con un alto grado de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística.

Protección social para los colectivos más vulnerables

España presenta un alto nivel de riesgo de pobreza, especialmente acusado en la infancia, un 8% superior al existente en el del resto de países de la Unión Europea, según Eurostat.

El Real Decreto-ley se enmarca en la urgencia de promover actuaciones que reduzcan el riesgo y los niveles de desigualdad. Entre otras medidas, el texto establece el incremento de la asignación económica por hijo a cargo que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 en el caso de personas con menores ingresos.

Asimismo se introduce una bonificación de la que podrán beneficiarse aquellas empresas que contraten a personas que lleven desempleadas más de un año, siempre que el empleo se mantenga al menos 3 años. La bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social se mantendrá durante 3 años y ascenderá a 108,33 euros/mes, 125 euros/mes cuando el contrato se haga a una mujer.

Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 € para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019.

Se recupera el subsidio para mayores de 52 años

Los parados mayores de 52 años podrán acceder al subsidio por desempleo que hasta ahora se reservaba a los mayores de 55 años. Esta prestación, que beneficiará a cerca de 380.000 personas, podrá percibirse hasta que se cumpla la edad ordinaria de jubilación, y no hasta el momento en que se pueda acceder a cualquier modalidad de pensión contributiva de jubilación, como ocurría hasta el momento.

Asimismo, se deja de tener en consideración la renta familiar para el acceso al subsidio; se incrementa la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación del 100% al 125% durante la percepción del subsidio, y se eliminan los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo a tiempo parcial.

Fondo de integración de los inmigrantes

En materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012. Este fondo, cuya dotación presupuestaria para el ejercicio 2019 será de 70 millones de euros, es el instrumento necesario para articular la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y poder garantizar la integración en la sociedad española de la población inmigrante.

Esta dotación presupuestaria se destinará a financiar las actuaciones que permitan el desarrollo conjunto de una estrategia de integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, para garantizar la cohesión social, dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios y garantizar el respeto de los derechos y obligaciones internacionalmente reconocidos.

Otros incentivos laborales

Las empresas dedicadas al turismo que amplíen los periodos de ocupación y cotización de sus trabajadores fijos discontinuos también podrán beneficiarse de una bonificacion en sus cuotas. En concreto, aquellas que inicien o los mantengan en alta en los meses de febrero, marzo y abril podrán aplicarse una bonificación del 50% en sus cuotas por contingencias comunes, por desempleo, FOGASA y formación profesional de esos trabajadores.

A los trabajadores agrarios por cuenta ajena que en 2018 realizaron un máximo de 55 jornadas reales se les aplicará una reducción del 14,6% en sus cuotas en los periodos de inactividad.

La medida tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero. De esta forma, este colectivo, al que se autorizó retrasar sin recargo el abono de sus cuotas de los primeros cuatro meses del año hasta junio, va a hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social de todo el año 2019 con las nuevas cuantías reducidas.

El Real Decreto-ley incorpora asimismo un Plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena. En estos casos, se va a bonificar la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años. La cuantía de esa bonificación puede llegar hasta los 40 euros/mes por trabajadores encuadrados en el grupo 1 que cobren menos de 1.800 euros y trabajen todo el mes. En el caso de las mujeres, la bonificación será mayor, de hasta 53,33 euros al mes.

Este conjunto de medidas en materia de protección social incluye que los artistas puedan solicitar la situación de inactividad en cualquier momento del año, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en el año anterior.

Acceso más fácil a la Garantía Juvenil

Otra de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros es la modificación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), regulado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

Esta modificación pretende dar mayor seguridad jurídica a los jóvenes a la hora de inscribirse en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo es evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años. Se trata de simplificar y clarificar los requisitos para la inscripción en lo relativo a la edad.

Las medidas aprobadas optimizan además la gestión de los fondos procedentes del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Garantía Juvenil, y afectan tanto a órganos de la Administración General del Estado como a órganos de las comunidades autónomas.

Medidas contra la precariedad laboral

El Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros modifica el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligatoriedad de registrar el inicio y la finalización de la jornada laboral. De esta forma, se garantiza el cumplimiento de los límites del horario de trabajo y se posibilita el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se facilita, así, la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y por tanto, sobre el salario. Con esta fórmula, se sientan las bases para acabar con uno de los elementos que precarizan las relaciones laborales y se reconoce el papel de la negociación colectiva.

De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.

Otra de las novedades que incorpora la norma es la constitución del grupo de expertas y expertos para la elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Se da cumplimiento al compromiso asumido con los interlocutores sociales.

La norma central que rige las relaciones laborales debe actualizarse de forma urgente para incorporar los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo -la elevada tasa de desempleo y la alta temporalidad- y el impacto en nuestro mercado laboral de las transformaciones digitales, la globalización, los cambios demográficos y la transición ecológica, así como la necesidad de restablecer el equilibrio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y trabajadoras.

Con la aprobación de este Real Decreto-ley el Gobierno da un nuevo paso en su compromiso con la "Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible" de Naciones Unidas, dado que las diversas medidas que incluye la norma tienen un impacto directo en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman dicha Agenda 2030. En concreto, tales medidas guardan relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible números 1 (poner fin a la pobreza), 5 (lograr la igualdad entre los géneros), 8 (trabajo decente y crecimiento económico inclusivo) y 10 (reducir las desigualdades).

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

PLAN ANUAL DE POLÍTICAS DE EMPLEO

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha presentado en el Consejo de Ministros, el Plan Anual de Política de Empleo 2019 para su aprobación. El Plan, que concreta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, está dotado con 5.794 millones de euros, con cargo en su totalidad al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Una cantidad equivalente a la de 2018 al haberse prorrogado el presupuesto. De esta cantidad total, 2.317 millones de euros serán distribuidos entre las comunidades autónomas, lo que representa un 9% más que en 2018, tras la reordenación de diversos créditos del Sepe para priorizar la activación para el empleo.

En la elaboración del Plan se han tenido en cuenta como factores importantes los compromisos adquiridos por España en el marco de Unión Económica y Monetaria, el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan de empleo para personas paradas de larga duración (que se encuentra en proceso de elaboración), así como, el resultado de la segunda evaluación de la Red de Servicios Públicos de la UE.

El Plan concreta, para el ejercicio 2019, los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 a alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las comunidades autónomas así como los indicadores que permiten conocer y evaluar el grado de cumplimiento de los mismos.

Objetivos del Plan 2019

Una de las novedades más significativas que incorpora el PAPE 2019 es que, en cumplimiento de la EEAE 2017-2020, recoge los Objetivos Clave que utiliza la Red de Servicios Públicos de la UE para evaluar el desempeño de todos ellos.

Los objetivos-clave coinciden con los aprobados por el Parlamento Europeo de reducir el desempleo, aumentar la activación y reducción de los periodos de desempleo, mejorar la participación de los servicios públicos de empleo y mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes de empleo.

Además, incluye los Objetivos Estratégicos o prioritarios, en los que se presta mayor atención y esfuerzo durante un periodo de tiempo. Estos Objetivos son promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes; potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, promover una oferta formativa dirigida a las necesidades del mercado laboral, mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo y, por último, abordar las políticas de activación desde una perspectiva que tenga en cuenta la dimensión sectorial y local.

Asimismo, como en años anteriores, el PAPE 2019 incluye 6 tipos de Objetivos Estructurales para mejorar la atención a los usuarios de los Servicios Públicos de Empleo.

Servicios y Programas de las políticas activas de empleo

El Plan Anual de Política de Empleo 2019 es el instrumento de coordinación anual por excelencia de la gestión de las políticas de empleo e incluye un total de 637 servicios y programas de políticas de activación para el empleo, frente a los 620 de 2018, que serán desarrollados bien por las comunidades autónomas o por el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales.

Los requisitos para estos servicios y programas son los siguientes:

• Deben ser servicios y programas de políticas activas de empleo o intermediación laboral a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
• Deben ser gestionados mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otro instrumento ajustado a derecho.
• Al menos una parte del servicio o programa se ejecutará durante el 2019, de forma que puedan identificarse beneficiarios en ese año, sin perjuicio de que el servicio o programa pueda continuar desarrollándose en años posteriores.
• Relevancia: dar respuesta a problemas del mercado laboral previamente diagnosticados e identificados adecuadamente.
• Pertinencia: estar dotados de los elementos que permitan valorar metas, fines y resultados con claridad y concreción.
• Coherencia interna: consistencia con el resto de elementos que integran el Plan 2019 (ejes, objetivos estratégicos, objetivos estructurales).

El grado de cumplimiento de estos tres bloques de objetivos, acordados con las CCAA en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, determinará el reparto de fondos para ellas.

Como novedad de este Plan hay que destacar que se ha conseguido una gran simplificación y racionalización de los indicadores que han quedado reducidos a 22 de los más de 50 existentes anteriormente, y se ha simplificado su cálculo con la eliminación de duplicidades.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

DISTRIBUÍDOS 2.020 MILLONES DE EUROS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la distribución de fondos de 2019 a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, incluidos los destinados a la ejecución del plan de choque por el empleo joven, por un importe de 2.019,8 millones de euros. Esta cantidad supone el 95% del importe que recibieron en 2018, lo que permite la disposición efectiva de los fondos con anticipación para una mejor ejecución de los mismos.

Además, está previsto distribuir una cantidad adicional de 297 millones de euros en el mes de abril. De este modo, la intención es distribuir un total de 2.317 millones de euros en 2019, que supone un aumento del 9% respecto a los 2.126 millones de euros asignados en el 2018.

Los criterios de distribución ya fueron aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada en Madrid el 20 de diciembre de 2018 para un periodo de tres años, lo que va a permitir a las comunidades autónomas la celebración de convocatorias plurianuales, que facilita y da utilidad a la ejecución de las políticas activas.

La distribución de fondos se acordó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 21 de febrero de este año: casi 2.020 millones de euros para las comunidades autónomas con cargo en su totalidad al presupuesto prorrogado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Las comunidades autónomas han dispuesto este año de la certificación de los fondos a principios de año, lo que ha permitido que por primera vez desde el año 2011 se hayan podido distribuir el 95% de los fondos asignados en una fecha tan temprana.

Para la Transición Ecológica

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA MOVES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se otorga la concesión directa de ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), dotado con 45 millones de euros.

El programa está coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y será gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar convocatorias en sus respectivos territorios para el reparto de los importes que les han sido asignados y distribuir las ayudas entre los beneficiarios finales.

Como criterio objetivo de reparto territorial, se ha tomado como referencia el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE) entendiendo que se trata de un referente estrechamente ligado a la movilidad. Este criterio fue consensuado en la última Conferencia Sectorial de Energía, órgano de coordinación entre MITECO y las administraciones autonómicas en materia de energía que se celebró el pasado 25 de febrero en la sede de este ministerio.

Programa MOVES para la movilidad eficiente y sostenible

Está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo.

Pueden ser beneficiarios de las ayudas MOVES profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, así como las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las ayudas deberán distribuirse así: entre un 20% y un 50% será para la adquisición de vehículos alternativos. Entre un 30% y un 60% para la implantación de infraestructuras de recarga (de este último porcentaje, como mínimo el 50% debe destinarse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida). La implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas deberá suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar desde un 0% hasta un 10%.

Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros.

En paralelo, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de mil euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. Así, los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarán con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible.

Los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo.

En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30 % o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.

Por último, MOVES fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

Reducir emisiones y el consumo de combustibles fósiles

Además de para impulsar la movilidad eficiente, el Programa MOVES constituye una herramienta para hacer frente al incremento de emisiones de CO2 (principal gas de efecto invernadero) promoviendo la reducción del consumo de combustibles fósiles en el transporte. En España, el incremento de esas emisiones fue inusualmente alto en el año 2017, con un incremento interanual del 4,4%, el mayor registrado desde el 2002.

El sector transporte consume el 42% de la energía final en nuestro país. De este porcentaje, el 80% corresponde al transporte por carretera que depende de los derivados del petróleo en un 95%. Estas cifras muestran la necesidad de incidir en la reducción de emisiones de CO2 promoviendo una movilidad urbana sostenible, incentivando la renovación del parque de vehículos hacia aquellos que utilicen energías alternativas y promocionando modos de movilidad más eficientes.

Origen y legislación

La partida de 45 millones destinada al Programa MOVES fue consignada al IDAE en los presupuestos de 2018 con el objeto de financiar "actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso a energías alternativas, incluida la disposición de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos".

Las bases reguladoras del Programa fueron aprobadas por el Real Decreto 72/2019 que se publicó el 17 de febrero en el BOE. En él se establece el objetivo de dos meses para que las comunidades y ciudades autónomas lleven a cabo las convocatorias de ayudas, la resolución definitiva el pago a los destinatarios últimos del programa.

El Programa MOVES se enmarca en el ámbito de incidencia de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa del 22 de octubre de 2014, que establece que los Estados miembros deben desarrollar un Marco de Acción Nacional específico para implantar las energías alternativas en el transporte y su infraestructura vinculada, dentro de la agenda europea para una movilidad más limpia, segura y conectada y su "Clean Mobility Package".

(*) www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas noticias

Fomento

ACTUALIZADA LA NORMATIVA PARA MEJORAR EL TRÁFICO COMERCIAL MARÍTIMO EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que actualiza la normativa relativa a la consignación de buques para mejorar el tráfico comercial marítimo en España.

El objeto de este Real Decreto es dotar de mayor transparencia y aclarar las obligaciones de los consignatarios, así como la forma de dar cumplimiento a las mismas.

La norma crea, además, un Registro de Agentes Consignatarios, de carácter público y administrativo, que se constituirá como una base de datos informatizada y accesible que, por una parte, facilitará el acceso de armadores y navieros a estos servicios y, por otra, mejorará el control del cumplimiento de las obligaciones por parte de las Administraciones Marítimas y Portuarias.

Asimismo, se dota de mayor transparencia a las obligaciones de los consignatarios y se aclaran sus funciones y su forma de funcionamiento.

La figura del agente marítimo o consignatario de buques se ha consagrado, tanto en España como en los países de nuestro entorno, como una de las piezas fundamentales para el buen funcionamiento del negocio marítimo. Su misión se centra en el desarrollo de las gestiones que requiere un buque en puerto, actuando en nombre del armador o naviero, siendo obligatoria su presencia en el caso de buques extranjeros y para buques españoles en aquéllos casos en que el armador o naviero no disponga de medios en el puerto en cuestión.

Esta Real Decreto se traducirá, por otra parte, en un mejor servicio de los agentes consignatarios, que redundará en una mejora del tráfico marítimo y de su seguridad.

Hacienda

REGULADA LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el régimen de funcionamiento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, para dar respuesta a los requerimientos impuestos por la Unión Europea.

Este Real Decreto culmina un proceso normativo que se inició con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que impuso la publicidad obligatoria de todas las subvenciones y demás ayudas públicas.

Desde el comienzo, esta publicidad se atribuyó a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que suministra desde 2016 información de todas las subvenciones y ayudas públicas otorgadas no sólo por el Estado, sino también por el resto de las Administraciones Públicas. De este modo se centraliza toda la información sobre convocatorias y concesiones de subvenciones facilitando su conocimiento a los interesados mediante su consulta en un único portal.

El proceso de incorporación de las Administraciones ha sido progresivo, pero al finalizar 2018 ya forman parte de la BDNS todas las comunidades autónomas (salvo País Vasco, con quien está pendiente un acuerdo para el suministro de la información); todas las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares (salvo Menorca); y 1.276 ayuntamientos, que representan el 73% de la población nacional.

El Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (www.infosubvenciones.es) proporciona al día de hoy información pública sobre 170.000 convocatorias (52.297 aprobadas en 2018) y 8,8 millones de concesiones. Sólo durante 2018 se han realizado 931.666 visitas al portal, lo que muestra la creciente confianza en sus contenidos.

La Base de Datos Nacional de Subvenciones aparece regulada en el Reglamento General de Subvenciones. Su contenido ha sido claramente superado a partir de las necesidades de publicidad impuestas por la Ley de Transparencia. Asimismo, es necesario recoger en el Real Decreto los requerimientos de publicidad impuestos por la normativa europea en materia de ayudas de Estado y 'de minimis'.

Para que la BDNS pueda servir correctamente es preciso que la información sea íntegra y de calidad. Para ello, el texto de este Real Decreto concreta el alcance de la información a suministrar, delimitando qué se debe entender como "ayuda" a los efectos de la Ley de Transparencia; o determinando qué administraciones o instituciones deben suministrar la información.

El Real Decreto modifica el régimen de la BDNS y, además, permite un acceso en un único punto a todas las convocatorias cuyo plazo de solicitud esté abierto, permitiendo su consulta a todos los ciudadanos, pero siempre con pleno respeto a la normativa sobre protección de datos.

Finalidad de la base de datos

Además de servir de soporte a la publicidad de subvenciones, la base de datos sirve también para otros fines; especialmente es un instrumento fundamental para la mejora de la gestión y para la lucha contra el fraude.

Así, dentro de las posibilidades de cesión que permite la normativa, la información se pone a disposición de las Administraciones Públicas en muy diversos ámbitos.

Por ejemplo, se puede personalizar el portal de subvenciones que está proporcionando la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a las comunidades autónomas y a las entidades locales, para facilitar sus obligaciones de transparencia. También la norma permite la cesión de información a la Agencia Tributaria, que se materializa, por ejemplo, en la inclusión en el borrador de la declaración del IRPF de las subvenciones comunicadas por la base de datos; o la cesión de información a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para el trabajo de revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las Administraciones Públicas.

La base de datos también se encarga de recopilar todas las sentencias y las sanciones administrativas en las que se impone la prohibición de acceso a nuevas subvenciones para evitar que se concedan ayudas a personas o entidades que han sido sancionadas. Al día de hoy hay registradas más de 1.000 inhabilitaciones.

Ciencia, Innovación y Universidades

CONVENIO ENTRE EL CERN, CIEMAT Y CDTI PARA EL DESARROLLO DE IMANES CORRECTORES PARA EL LHC

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para el desarrollo de imanes correctores para su instalación en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), situado cerca de Ginebra en Suiza, por un importe de 14.360.000 euros.

Este convenio responde a los objetivos estratégicos del Programa de Imanes Superconductores de Muy Alto Campo (PRISMAC) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyos objetivos son la construcción de imanes con la tecnología actual, el desarrollo de prototipos de imanes para el Futuro Colisionador Circular y la puesta a punto de un laboratorio de imanes de nueva generación.

Las aportaciones previstas en el convenio alcanzan un total de 14,3 millones de euros que se distribuyen en las aportaciones del CERN con 5,6 millones, el CIEMAT con 5,6 millones, el CDTI con 2,4 millones, a lo que habría que sumar 550.000 euros de contingencias.

La estrategia para los próximos años del CERN requiere multiplicar las intensidades de los campos magnéticos de los imanes de sus anillos. Por este motivo, el CERN ha puesto en marcha un programa de I+D en colaboración con Francia, Italia, Estados Unidos, Japón y España para desarrollar imanes de tecnología avanzada utilizando materiales superconductores para el periodo 2019-2022.

La estrategia recoge que se necesitará una cartera de fabricación de 2.500 nuevos dipolos con un presupuesto de 5.000 millones de euros, por lo que recomienda que países europeos con recursos de producción tecnológicos e industriales promuevan la participación de empresas que desarrollen la tecnología de los nuevos imanes.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del memorando de entendimiento sobre futuros colisionadores circulares suscrito por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para el desarrollo de dipolos magnéticos por un importe de 16.412.000 euros.

El objetivo del acuerdo es desarrollar la infraestructura de fabricación y un equipo cualificado capaz de construir prototipos y modelos de imágenes dipolo de campo alto. El compromiso económico asciende a 16,4 millones de euros repartidos entre el CERN con 7.167.000 euros, el CIEMAT con 5.228.000 euros, y el CDTI con 3.392.000 euros, que además aportará 565.000 euros adicionales para contingencias.

Está previsto que el impacto económico para las empresas españolas podría superar los 1.250 millones de euros, además de dotar a España de capacidad tecnológica gracias al programa PRISMAC. De hecho, la participación de la industria española en los aceleradores y detectores del CERN durante los últimos años ha sido muy notable, lo que ha contribuido en la mejora de la competitividad y en la trasferencia tecnológica en ámbitos como la medicina, energía y transporte.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO CON GUINEA RELATIVO A LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Guinea relativo a la cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia.

Las autoridades de España y la República de Guinea han mantenido contactos con vistas a concluir un convenio bilateral en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia. Este Convenio responde al reconocimiento, por parte de ambos países, de la importancia de profundizar y desarrollar la cooperación en materia de lucha contra la delincuencia en sus diversas manifestaciones.

El Convenio, estructurado en un preámbulo y quince artículos, regula los aspectos más importantes que interesan en la cooperación en este ámbito, especificando con gran detalle los delitos a los que se extenderá la misma. Son especialmente relevantes las previsiones relativas a la lucha contra el crimen organizado, con referencia específica al terrorismo, así como la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas. Su contenido se resume a continuación:

• El artículo 1 determina el objetivo de la cooperación, que es el ámbito de la delincuencia, especialmente en sus formas organizadas, y detalla las áreas de colaboración.
• El artículo 2 recoge los campos en los que se producirá el intercambio de información y la prestación de ayuda en la actividad operativa de investigación.
• El artículo 3 detalla las formas en las que se realizará la cooperación.
• El artículo 4 establece el procedimiento de colaboración para la consecución de los objetivos establecidos en el Convenio.
• El artículo 5 señala la no afectación del Convenio a la prestación de asistencia judicial en materia penal y de extradición.
• El artículo 6 señala los órganos competentes para la misma.
• El artículo 7 hace referencia a las vías de comunicación de la cooperación y a su financiación.
• El artículo 8 establece la posibilidad de rechazar la solicitud de intercambio de información por amenaza a su soberanía, a los intereses del estado y a los principios fundamentales de del ordenamiento jurídico, y la necesidad de motivar dicho rechazo.
• El artículo 9 pormenoriza los mecanismos del intercambio de información.
• El artículo 10 establece la posibilidad de creación de una comisión mixta para el examen y evaluación de la cooperación expresada en el Convenio y prevé su composición, la periodicidad anual de reuniones, alternativamente en España y Guinea, y el reparto de los gastos derivados.
• El artículo 11 regula la negociación de las posibles controversias entre las Partes.
• El artículo 12 hace mención a la no afectación del Convenio a otros acuerdos o compromisos asumidos por las Partes.
• El artículo 13 prevé la aprobación de otros acuerdos para el desarrollo práctico del Convenio y los términos para su revisión.
• El artículo 14 prevé la entrada en vigor del Convenio.
• El artículo 15 hace referencia a la duración indefinida del Convenio y a su posible denuncia por vía diplomática por cualquiera de las Partes.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ADQUISICIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA DE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO HURUMA SV S. à r. l., CON CARGO AL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la operación consistente en la adquisición de títulos de deuda de la Sociedad de Propósito Específico HURUMA SV S. à r. l., para el apoyo a pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario en países en vías de desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo y por importe máximo de hasta 20.000.000 de euros. (MPCI).

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo y por el Reglamento del FONPRODE, aprobado por Real Decreto 597/2015, de 3 de julio.

La presente operación tiene como finalidad que la Sociedad de Propósito Específico HURUMA SV S. à r. l., pueda realizar coinversiones con el HURUMA Fund SCA SICAR (Fondo HURUMA) en Instituciones Financieras con cartera agrícola y en la PYME de la cadena de valor agropecuaria, incluyendo en este grupo, tanto a organizaciones de productores (cooperativas o asociaciones), como a otros actores locales de las agrocadenas.

Se prevé realizar entre 15 y 20 inversiones en Instituciones Financieras, que deberán representar al menos un 70% del monto total invertido; y entre 5 y 10 inversiones en PYME, que no superarán el 30% del importe total invertido, buscando el mayor impacto social y de desarrollo, incluyendo aspectos tales como el número de personas beneficiadas, porcentaje de mujeres atendidas, alcance rural, etc. tanto en la fase de originación como en la de seguimiento de las operaciones subyacentes.

Ello encaja con las prioridades del V Plan Director de la Cooperación Española 2018/2021, el cual establece, con relación a FONPRODE, que se prestará especial atención a las intervenciones en microfinanzas, bancarización de remesas, pequeñas y medianas empresas, economía social, capital riesgo, creación de infraestructuras y Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo.

El ámbito geográfico de las coinversiones a realizar por la Sociedad de Propósito Específico y el Fondo HURUMA estará compuesto por países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo de acuerdo con el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Específicamente se invertirá en países en la lista del CAD de América Latina y Caribe, África Subsahariana (las dos regiones, en torno al 70%) y Asia (en torno al 30%).

La operación se inscribe en una financiación combinada de FONPRODE con la Unión Europea, esta última en calidad de inversor en el tramo de primeras pérdidas del Fondo HURUMA.

El tamaño objetivo del Fondo HURUMA es de 80 millones de euros, de los que 10 millones serán aportados por la Unión Europea bajo la forma de capital de primeras pérdidas. A esa cantidad se suma la Facilidad de Asistencia Técnica, que será dotada por 9 millones de euros de los cuales 8 millones de euros serán aportados por la Unión Europea.

La presente operación se enmarca en lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (LPGE) y en el artículo 2.3. g) de la Ley 36/2010:

El artículo 54. Dos. de la LPGE establece que "El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al FONPRODE por un importe anual de hasta 375.000 miles de euros."

El artículo 54. Tres. de la LPGE establece que "Sólo se podrán autorizar con cargo al FONPRODE operaciones de carácter reembolsable, así como aquellas operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo o de otros gastos asociados a las operaciones formalizadas por el fondo (…)"

El artículo 2.3 de la Ley 36/2010, establece que: "Podrán financiarse con cargo al FONPRODE, con carácter no ligado: (…) g (…) Excepcionalmente, se podrán adquirir también títulos de deuda emitidos por sociedades de propósito específico, cuando éste sea la concesión de microcréditos, otros servicios micro financieros o servicios financieros de apoyo a entidades micro financieras (…)"

La adquisición de títulos de deuda tiene un plazo de 12 años con un tipo de interés del 2,75 % fijo anual, y el periodo de carencia sobre el principal de 4 años.

El Comité Ejecutivo del FONPRODE, en su reunión de 30 de julio de 2018, acordó elevar al Consejo de Ministros para su eventual autorización, la adquisición de títulos de deuda de la Sociedad de Propósito Específico HURUMA SV S. à r. l., por importe máximo de hasta 20.000.000 de euros, con cargo al FONPRODE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.6 del Reglamento del FONPRODE.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE ARMAMENTO (OCCAR) PARA UNA OFICINA SATÉLITE DEL PROGRAMA A-400M EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de enmienda al Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de una Oficina Satélite del programa A-400M en territorio español.

El 9 de septiembre de 1998 se firmó en Farnborough el Convenio entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR). Este Convenio entró en vigor con carácter general el 28 de enero de 2001.

España formalizó su adhesión al Convenio el 7 de diciembre de 2004, y entró en vigor para nuestro país el 6 de enero del 2005.

El 20 de junio de 2012, la Junta de Supervisores de la OCCAR (BoS) aprobó, de conformidad con el artículo 40.2 del Convenio OCCAR, el establecimiento en Sevilla de una Oficina Satélite del Programa A400M. En ese momento la Asesoría Jurídica Internacional informó que era necesario suscribir un nuevo convenio que completara el Acuerdo.

Como consecuencia de ello, se firmó un Tratado que tenía por objeto completar el Convenio de la OCCAR en algunos aspectos concretos, como la identificación de la sede y los mecanismos de interlocución con el Gobierno español. El Tratado fue autorizado por el Consejo de Ministros el 23 de mayo de 2014 y se firmó en Madrid el 9 de julio de 2014.

En junio de 2017, la OCCAR manifestó su interés en enmendar el citado Convenio para incluir en el mismo una nueva Oficina en Getafe, así como todas aquellas que en un futuro pudieran establecerse en España, como complemento a la ya existente en Sevilla.

El Acuerdo consta de cinco artículos y una Disposición Final, que establece la aplicación provisional y la entrada en vigor de la Enmienda en la fecha en la que el Reino de España comunique a la OCCAR el cumplimiento de los requisitos exigidos para la conclusión de tratados internacionales. Su contenido es el siguiente:

• El Artículo 1 modifica el título del Acuerdo, que pasa a denominarse "Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de sus Divisiones de Programa, Oficinas Satélite de sus Divisiones de Programa así como otras instalaciones de la OCCAR en territorio español."
• El Artículo 2, modifica el párrafo 3 del Preámbulo, estableciendo la posibilidad de que en el futuro la Junta de Supervisores de la OCCAR decida el establecimiento adicional en territorio español de Divisiones de Programa, Oficinas Satélite de sus Divisiones de Programa y/u otras instalaciones.
• El Artículo 3 se refiere al reconocimiento por España del emplazamiento de las Oficinas Satélites en Sevilla y en Getafe, y de cualquier otro emplazamiento en territorio español, acordado por las Partes, en el que la Junta de Supervisión de la OCCAR decida ubicar una División de Programa, Oficina Satélite de las Divisiones de Programa u otro tipo de instalación.
• El Artículo 4 se refiere a las acreditaciones de los miembros de personal de cada una de las Divisiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación expedirá las correspondientes tarjetas de acreditación.
• El Artículo 5 establece la pérdida de vigencia del Acuerdo para las Divisiones de Programa, Oficinas Satélite u otras instalaciones de la OCCAR, tan pronto como la Junta de Supervisores de la OCCAR decida su cierre o su ubicación fuera del territorio español.

La Disposición final contempla la aplicación provisional de este Acuerdo desde la fecha de la firma por ambas Partes. También, la entrada en vigor en la fecha en la que España comunique a la OCCAR el cumplimiento de los requisitos exigidos para la conclusión de tratados internacionales.

Defensa

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO FENYX, FUTURA AERONAVE DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro FENYX, futura aeronave de investigación y experimentación, por un valor estimado de 34.000.000,00 de euros.

El objeto del contrato autorizado es la adquisición, por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", de una nueva aeronave de gran carga y autonomía, con el objetivo no solo de garantizar el futuro de la investigación desde la atmósfera en España, sino también de incrementar las capacidades actuales.

Las Plataformas Aéreas de Investigación son herramientas necesarias para la realización de gran parte de los proyectos en determinados campos científicos, en especial en el medioambiental (tanto desde el aspecto atmosférico como de observación de la Tierra), siendo un elemento indispensable en muchas ramas científicas para obtener datos de la Tierra o de la misma atmósfera en muy distintas zonas del globo y a diferentes alturas.

Los países europeos líderes en investigación con medios aéreos disponen de distintos tipos de plataformas de investigación y han realizado su integración mediante el programa EUFAR, que es una Iniciativa de Integración de Infraestructuras, constituida actualmente por 24 instituciones europeas que operan más de 30 aviones instrumentados. España participa con los aviones de investigación atmosférica y de teledetección del INTA.

Por otro lado, la obsolescencia que presentan los actuales aviones del INTA, con periodos cada vez más altos de mantenimiento, y dificultad a la hora de obtener repuestos, limitan sustancialmente el servicio ofrecido a la comunidad científica.

El plazo de ejecución del contrato se extiende desde su firma hasta el 31 de octubre de 2021.

Defensa

CONTRATO DE SUMINISTRO IMPLEMENTACIÓN DEL IFF, MODO 5/SS, EN EL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL AÉREO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro implementación del IFF, modo 5/SS, en el sistema de mando y control aéreo, por un valor estimado de 13.731.426,63 de euros.

La finalidad del contrato autorizado es la instalación e implementación de unos nuevos modos de trabajo del IFF (sistema de identificación amigo-enemigo), en el Sistema de Mando y Control Aéreo (SIMCA), el Modo 5 (militar) y el Modo S (civil), que mejore las capacidades de los sistemas de identificación actuales.

En este sentido, se presenta la necesidad operativa de garantizar una mayor fiabilidad y seguridad en el proceso de identificación aérea, reducir tanto la posibilidad de derribos no deseados como la capacidad de engaño por parte del enemigo y aumentar la capacidad de interoperabilidad con fuerzas aliadas.

En esta dirección, los objetivos de capacidad de la OTAN asignados a España establecen la necesidad, a corto y medio plazo, de incorporar la capacidad de identificación modo 5 del IFF en el SIMCA.

El Plazo de ejecución del contrato es de tres años y medio desde la firma del contrato.

Hacienda

ANDALUCÍA, COMUNIDAD VALENCIANA Y ASTURIAS AUTORIZADAS A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a varias comunidades autónomas, en concreto a Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias, a formalizar operaciones de endeudamiento.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y del artículo 20 y la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Andalucía

En el caso de Andalucía, se autoriza un importe máximo de 1.321,1 millones para formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública.

El objetivo de esta operación es amortizar vencimientos del ejercicio 2019 que no se financiarán con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Se sigue así aplicando el procedimiento que se acordó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en su reunión de 5 de julio de 2018 para combinar la financiación con cargo al Fondo de Financiación a comunidades autónomas con la captación de recursos a través de los mercados y de préstamos bancarios.

El Gobierno también autoriza a Andalucía a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo durante 2019, por importe máximo de 1.725 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería, tanto de la Administración andaluza como de sus organismos y entes públicos.

Comunidad Valenciana y Asturias

En el caso de Comunidad Valenciana, el Consejo de Ministros da el visto bueno a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 585 millones de euros.

Estas operaciones tienen como finalidad reestructurar préstamos formalizados entre 2012 y 2017 con cargo a los diversos mecanismos establecidos por el Estado para la financiación de los pagos a proveedores y de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas; y otros formalizados en 2010 y 2011 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para mejorar sus condiciones financieras, adaptándolas a la situación actual de mercado, y para reducir la carga financiera de su cartera de deuda.

En el caso de Asturias, se autoriza que esta comunidad pueda formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 1.046,7 millones de euros, con la finalidad de refinanciar operaciones de endeudamiento del Fondo de Financiación a comunidades autónomas para reducir costes financieros.

Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.

Fomento

AUTORIZADA LA LICITACIÓN DEL SUMINISTRO DE BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED FERROVIARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif, el contrato para el suministro y transporte de balasto destinado a cubrir las necesidades de mantenimiento de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). El presupuesto de licitación es de 40.582.332,08 euros (IVA incluido).

Esta actuación, que tiene un plazo de ejecución de 36 meses, se ha dividido en 40 lotes, correspondientes a las distintas jefaturas de mantenimiento de Adif. La finalidad del contrato es el suministro de balasto en función de las necesidades que se detecten, para garantizar la correcta prestación del servicio ferroviario en la RFIG mediante su mantenimiento y la realización de obras de renovación de vías, tratamiento de desvíos y estaciones.

El contrato incluye la extracción de la piedra para la fabricación de balasto, que debe cumplir una serie de requisitos de resistencia y tamaño, así como el almacenamiento temporal del balasto en los acopios de la cantera y la preparación de las superficies necesarias para este fin.

También contempla el transporte del balasto fabricado y almacenado en cantera hasta las zonas de almacenamiento en los puntos de carga establecidos.

Este contrato de suministro se realizará en régimen de pedido abierto, sin compromiso de compra en firme, de modo que la provisión de balasto dependerá de las necesidades de Adif para hacer frente a labores de mantenimiento y obras de renovación.

El balasto es un elemento fundamental en la infraestructura ferroviaria, ya que constituye la capa de soporte de las traviesas y el carril. Por lo tanto, su suministro es básico para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y renovación de la vía.

Este tipo de piedra, que se caracteriza por su resistencia, portabilidad y permeabilidad, permite el paso del agua y tienen la capacidad de aguantar pesos muy elevados.

Industria, Comercio y Turismo

ADENDA AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS BUQUES DE ACCIÓN MARÍTIMA

El Consejo de Ministros ha aprobado la autorización al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a suscribir una primera Adenda al Convenio con Navantia para llevar a cabo el programa de construcción de dos Buques de Acción Marítima (BAM).

La Adenda implica un menor gasto sobre el inicialmente autorizado, al no ser necesario que el Ministerio de Industria desembolse las anualidades previstas para 2018 (11,3 M€) y 2019 (33.171€). La financiación del Ministerio de Industria al programa asciende a un total de 322.1 M€, que ya han sido totalmente desembolsados en el periodo 2014-2017.

El programa de desarrollo de los BAM surgió en 2006 ante la necesidad de contar con una flota de buques que sustituyesen a un conjunto de patrulleros que estaban próximos a finalizar su vida útil.

Industria, Comercio y Turismo

TRES ADENDAS A LOS CONVENIOS CON ENISA PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO Y LAS PYMES TECNOLÓGICAS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la suscripción de tres adendas a los convenios suscritos con la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) para el desarrollo de las Líneas Pyme, Empresas de Base Tecnológica (EBT) y Jóvenes Emprendedores correspondientes al ejercicio 2018. Con estas adendas se adecúan los créditos comprometidos a los finalmente dispuestos.

En 2018 ENISA ha aprobado la financiación de 534 operaciones con una inversión de 74,5 millones de euros para impulsar la creación y el crecimiento de empresas. En cuanto a la inversión inducida, por cada euro de ENISA se moviliza 1,52 euros. Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa en primer lugar por volumen de inversión (38%), seguida de Madrid (28%), Valencia (9%) y Andalucía (7%).

A través de ENISA, el Ministerio de Industria actúa en la fase inicial de la labor emprendedora, donde existen problemas de acceso a la financiación de la pyme. La financiación se ofrece a través del préstamo participativo de ENISA, único instrumento financiero con estas características en los ámbitos del emprendimiento y la innovación empresarial a nivel nacional.

La cartera histórica de ENISA asciende a más de 5.900 préstamos para un total de 5.400 empresas, con una inversión de más de 910 millones de euros.

Impacto de las líneas ENISA en 2018

Línea Pyme

Se han aprobado 365 operaciones por más de 55 millones de euros. El 70% de estos préstamos corresponden a empresas en fases maduras, contribuyendo así a su crecimiento y expansión de empresas innovadoras y vocación global. Los sectores industriales encabezan el ránking por volumen de inversión (40%), destacando los proyectos de modernización de manufacturas, alimentación y textil. A continuación, se sitúa el sector TIC (35%) con el desarrollo de nuevos modelos de negocio en e-commerce, turismo, e-health, software o fintech. En cuanto a inversión inducida, por cada euro que ENISA dedica a esta línea se movilizan 1,45 euros.

Línea de Empresas de Base Tecnológica (EBT)

Se han aprobado 77 operaciones por más de 14 millones de euros. Cerca del 80% de estos préstamos corresponden a empresas en fases maduras. El sector TIC encabeza el ránking por volumen de inversión (42%). La industria tiene menor presencia en esta línea (15%). En este caso por cada euro de ENISA se movilizan 2,05 euros.

Línea Jóvenes Emprendedores

Se han aprobado 92 operaciones por más de 5 millones de euros. El 100% de estos préstamos corresponden a empresas en fases iniciales, contribuyendo así a la creación de un nuevo tejido empresarial innovador y digitalizado. El sector TIC encabeza el ránking por volumen de inversión (54%) seguido del sector industrial manufacturero (26%). La inversión media inducida en esta línea es de un euro por cada euro prestado por ENISA.

Para la Transición Ecológica

OBRA DE EMERGENCIA PARA REPARAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LOBÓN

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia para la reparación de daños por robo en la estación de bombeo "a" de ampliación de la zona regable del canal de Lobón, término municipal de Mérida (Badajoz), por un importe máximo de 125.406 euros.

En la estación "a" de la zona regable de Lobón se produjeron unos daños, como consecuencia de un robo durante el último fin de semana de enero de 2019, que no solo paralizaron el funcionamiento de la instalación, sino que generaron un importante riesgo para la seguridad de las personas por haberse sustraído y deteriorado elementos de la infraestructura eléctrica, como bobinados de los dos transformadores, el cableado de interconexión de media y baja tensión, las señales de control y de toma de tierra, el interior de los cuadros y motores, así como roturas en el vallado, acceso y otras sistemas de seguridad.

En consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Guadiana declaró urgente las obras necesarias para reparar la operatividad de esta estación de bombeo, que es básica para que unos 300 regantes de Mérida, y municipios de su entorno, puedan llevar agua a sus parcelas y antes del comienzo de la campaña de riegos 2019.

La obra de emergencia se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un único criterio de adjudicación (la oferta más económica) y una Comisión de Valoración procedió a la apertura de las ofertas presentadas, seleccionándose la de la empresa ELECTRIFICACIONES PARRA S.L con la que se formalizó el contrato, el 18 de febrero de 2019, con un plazo previsto de ejecución de las obras de dos meses.

Economía y Empresa

GARANTÍA DE LA EXPOSICIÓN 'FRA ANGÉLICO Y EL ORIGEN DEL RENACIMIENTO FLORENTINO' EN EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de la garantía del Estado a las obras de la exposición 'Fra Angélico y el origen del Renacimiento florentino', que tendrá lugar entre 28 de mayo y el 15 de septiembre de 2019 en el Museo Nacional del Prado. El valor económico total de las 45 obras para las que se autoriza la garantía del Estado asciende a 293.287.022,47 euros. El otorgamiento de esta garantía del Estado no supone un coste inmediato para la Administración, se traduce únicamente en el compromiso del Estado, para hacer frente a un pago en caso de que uno de los bienes culturales resulte dañado.

La exposición que acogerá el Museo Nacional del Prado se centra en los inicios del Renacimiento florentino (1420 y 1430) con especial atención a la figura de Fra Angélico, uno de los grandes maestros pictóricos renacentistas, pionero en los avances artísticos desarrollados en Florencia en ese momento, junto a otros maestros como Masaccio, Paolo Uccello y Filippo Lippi, los escultores Ghiberti, Donatello y Nanni di Banco, o el arquitecto Brunelleschi. Fra Angélico mantuvo un gran taller que proveía de pinturas tanto a iglesias como a importantes mecenas privados. Este proyecto trata de reconsiderar la cronología de los trabajos más tempranos del italiano.

La exposición se plantea alrededor de 'La Anunciación' del Museo Nacional del Prado, que se presentará restaurada. Junto a esta obra maestra, se incluirán otras dos pinturas recientemente adquiridas por el Museo: 'Virgen de la Granada' y 'Funeral de San Antonio Abad'.

La exposición, comisariada por el conservador emérito del Philadelphia Museum of Art Carl Brandon Strehlke, cuenta con el patrocinio de la Fundación Amigos Museo del Prado y el apoyo de Friends of Florence y American Friends of the Prado Museum en la restauración de 'La Anunciación' de Fra Angelico.

Economía y Empresa

TRAMITACIÓN URGENTE DEL REAL DECRETO QUE REGULA EL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

El Consejo de Ministros ha declarado de urgencia la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. Esta normativa hará posible la liberación de la banda de frecuencias de 694-790 MHz (banda de 700 MHz), ocupada en la actualidad por la TDT, y acelerar el despliegue y desarrollo de la tecnología 5G en España.

La puesta a disposición de la banda de 700 MHz para servicios de comunicaciones electrónicas -o segundo dividendo digital- requiere de una serie de actuaciones previas de índole técnico, económico, jurídico y administrativo. La tramitación de urgencia de este proyecto de Real Decreto se justifica para cumplir con el calendario establecido en la Unión Europea, que marca como fecha límite para finalizar este proceso el 30 de junio de 2020.

La tecnología 5G hará posible la aparición de nuevos modelos de negocios digitales en España. Asimismo, aportaría competitividad al tejido empresarial e industrial nacional.

Real Decreto

Este proyecto de Real Decreto proporciona asimismo seguridad y garantías para la continuidad y el futuro del servicio de televisión digital terrestre. En concreto, se garantiza el uso de la banda 470-694 MHz, que continuará siendo utilizada para el servicio de TDT al menos hasta 2030. En esta banda se dispondrá de las mismas redes de TDT que existen en el Plan técnico actualmente en vigor, y se mantendrá la oferta de canales existentes en la actualidad.

En virtud de este Real Decreto, cada múltiple digital tendrá capacidad para integrar cuatro canales de televisión en alta definición, al tiempo que podrá continuar las emisiones actuales en definición estándar. En paralelo, se apuesta por un servicio de televisión digital terrestre de calidad, estableciendo una fecha límite para que todos los canales evolucionen sus emisiones a alta definición.

El proyecto de Real Decreto impulsa también la renovación tecnológica del parque de receptores de TDT en España. Así, transcurrido el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta norma, los receptores que se hagan disponibles en el mercado español han de incluir la capacidad de recibir las emisiones en alta definición. Los de mayor tamaño deberán incorporar también la capacidad de recibir emisiones en ultra alta definición, emisiones con la tecnología de transmisión DVB-T2 y servicios interactivos HbbTV.

Finalmente, se incluyen las especificaciones técnicas de las emisiones de TDT en alta definición y en ultra alta definición, y se incluyen medidas para favorecer e impulsar la implantación futura de estándares avanzados de TDT con tecnologías de mayor eficiencia espectral, que permitan un uso más eficaz del espectro radioeléctrico y una mejora en la calidad.