Madrid
SUMARIO
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
- REAL DECRETO por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2018-2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
- ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de convenios entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas (salvo País Vasco y Navarra) y con las ciudades de Ceuta y Melilla, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de sustitución de la cubierta de la residencia de la Embajada de España en Yakarta (República de Indonesia).
Justicia
- REAL DECRETO LEY de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Hacienda
- ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 50.227.700,46 euros.
- ACUERDO por el que se modifica el número de anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la tramitación de un Convenio de colaboración con el operador de comunicaciones gubernamentales por satélite HISDESAT, para renovar los satélites SPAINSAT y XTAR-EUR.
- ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir en 2018 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar la contratación del mantenimiento de software y hardware, asistencias técnicas o su prorroga y contratos de limpieza y luz de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, con base en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la reprogramación de las anualidades relativas al Programa Especial de Modernización de las Fuerzas Armadas correspondiente al Submarino S-80.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general y para necesidades educativas especiales para el curso 2018-
Fomento
- REAL DECRETO por el que se modifica la cuantía de la subvención al transporte regular, aéreo y marítimo, de los residentes en los territorios no peninsulares con el resto del territorio nacional, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
- ACUERDO por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta aérea Menorca-Madrid.
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
- REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
- ACUERDO por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la realización de los servicios de asistencia técnica para la gestión de la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social que son competencia de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, por un valor estimado de 14.641.664 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la realización del servicio de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información necesario en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, por un valor estimado de 196.263.925,46 euros.
Industria, Comercio y Turismo
- ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a suscribir una tercera Adenda al convenio de colaboración entre Santa Bárbara Sistemas, S.A., y el extinto Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo tecnológico e industrial del programa de los misiles SPIKE.
Política Territorial Función Pública
- REAL DECRETO LEY por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.
- REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
- REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.
- REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018.
- REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018.
- REAL DECRETO por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018 en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.
Transición Ecológica
- REAL DECRETO por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
- REAL DECRETO por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en la contratación de las obras destinadas para garantizar la seguridad de infraestructuras hidráulicas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por un importe de 980.000 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración del Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología de 14 de junio de 2018 de emergencia para la reparación de equipamiento de ayudas meteorológicas-aeronáuticas dañadas por descargas de rayos en: aeropuerto de Huesca-Pirineos, aeropuerto de Pamplona y base aérea de Armilla (Granada), por un importe máximo de 28.385,09 euros.
- ACUERDO por el que se modifican aspectos puntuales del documento Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015.
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- REAL DECRETO LEY sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Ciencia, Innovación y Universidades
- ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P., y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, para la mejora de la cartografía geológica y geoquímica, el inventario de canteras históricas, la investigación de minerales críticos y la actualización y difusión de los fondos documentales relativos a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ACUERDOS DE PERSONAL
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Kazajstán a D. DAVID ARTURO CARRIEDO TOMÁS.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador representante permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-PALACIOS MARTÍNEZ.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador representante permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Viena a D. SENÉN FLORENSA PALAU.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador representante permanente de España en el Consejo de Europa a D. MANUEL MONTOBBIO DE BALANZÓ.
- REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa a Dª AURORA MEJÍA ERRASQUÍN.
- REAL DECRETO por el que se nombra directora general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico a Dª ANA MARÍA SÁLOMON PÉREZ.
Hacienda
- REAL DECRETO por el que se nombra director general del Patrimonio del Estado a D. JUAN TEJEDOR CARNERO.
- ACUERDO por el que se nombra vocal en representación del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a Dª MARÍA JOSÉ GUALDA ROMERO.
- ACUERDO por el que se nombra vocal en representación del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a Dª MARÍA PILAR PANEQUE SOSA.
- ACUERDO por el que se nombra vocal en representación del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a Dª XIANA MARGARIDA MÉNDEZ BÉRTOLO.
- ACUERDO por el que se nombra vocal en representación del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a D. PEDRO SAURA GARCÍA.
- ACUERDO por el que se nombra vocal en representación del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz a D. JOSÉ ANTONIO PACHECO CALVO.
Fomento
- REAL DECRETO por el que se nombra director general del Instituto Geográfico Nacional a D. LORENZO GARCÍA ASENSIO.
- REAL DECRETO por el que se nombra director general de Organización e Inspección a D. JAVIER SÁNCHEZ FUENTEFRÍA.
Cultura y Deporte
- REAL DECRETO por el que se nombra director general de Deportes a D. MARIANO SORIANO LACAMBRA.
Política Territorial y Función Pública
- REAL DECRETO por el que se nombra director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local a D. TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI.
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- REAL DECRETO por el que se nombra directora general del Instituto de la Juventud a Dª RUTH CARRASCO RUIZ.
AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS
ASUNTOS GENERALES
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
- El Real Decreto Ley reconoce el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España
- La norma también garantiza el derecho a la asistencia sanitaria a los colectivos excluidos con el Real Decreto Ley 16/2012.
- El Real Decreto Ley desliga el reconocimiento del derecho a la salud de la condición de asegurado.
- La norma establece criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria de forma que no será a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado a pago o se pueda exportar el derecho desde el país de origen.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud.
La norma garantiza el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en España. De esta forma, permitirá que reciban atención sanitaria normalizada los colectivos que quedaron excluidos con el Real Decreto Ley 16/2012.
Así, la norma reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España.
Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.
Partiendo de las necesarias cautelas dirigidas a no comprometer la sostenibilidad financiera del sistema Nacional de Salud y para para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, esta asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que dichas personas cumplan con los siguientes requisitos:
1.- No tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y demás normas aplicables.
2.- No poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia.
3.- No existir un tercero obligado al pago
En todo caso, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos.
Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial.
En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas.
En la elaboración de la norma se han tenido en cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales (la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Organización Mundial de la Salud).
También se ha incorporado información aportada por las Comunidades Autónomas, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas o la sociedad civil en los distintos encuentros mantenidos las últimas semanas para el desarrollo de la norma, que es el resultado de un intenso proceso de diálogo mantenido con estas entidades y organismos.
Por otro lado, esta norma aporta coordinación, armonización y seguridad jurídica ante la normativa dispersa de las Comunidades Autónomas disconformes con la ley 16/2012 para preservar la atención sanitaria a los colectivos que quedaron fuera del Sistema Nacional de Salud, pues las Comunidades Autónomas (excepto Ceuta y Melilla) habían elaborado diferentes disposiciones para cubrir a las poblaciones excluidas. Ahora el Real Decreto-ley acabará con la inseguridad jurídica que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público así como a las Administraciones que en su día las aprobaron.
Política Territorial y Función Pública
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE SUMARÁ EN 2018 UN TOTAL DE 30.844 PLAZAS
- A las 23.156 plazas que hoy se aprueban hay que añadir las 7.688 convocadas en abril, para docentes, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para obtener la suma total de Oferta del Estado en 2018
- Es la mayor Oferta de Empleo Público desde 2008 y la que crea más empleo neto, con 1.909 plazas
- Ha sido acordada, por primera vez, con cuatro de los cinco sindicatos de la Administración General del Estado, CSIF, CCOO, UGT y CIG
- Las 23.156 plazas que se aprueban hoy se desglosan así: 11.095 de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna, que suman 17.299. Hay que añadir la Oferta de Empleo Público Extraordinaria, para reforzar la atención a asilados y refugiados, con 323 plazas. Además, 5.534 plazas más de la estabilización correspondiente a 2017 y la estabilización de la Administración de Justicia para 2018
- El Gobierno aprueba también la devolución de derechos a las empleadas y empleados públicos, con la recuperación del 100% de su retribución desde el primer día de incapacidad temporal
El Consejo de Ministros ha aprobado varios Reales-Decretos, sobre Oferta de Empleo Público para 2018, Oferta de Empleo Público extraordinaria para 2018, estabilización del empleo temporal y recuperación de los derechos por incapacidad laboral.
Oferta de Empleo Público para 2018
La Oferta de Empleo Público para 2018 es la mayor desde 2008, con 23.156 plazas y la que más empleo neto creará, 1.909 plazas, de los últimos años. Asimismo, por primera vez, la Oferta de Empleo Público para este año es fruto del acuerdo de cuatro sindicatos, CSIF, CCOO, UGT y CIG.
La Oferta de Empleo Público para 2018 traslada la recuperación económica al ámbito del empleo público, más allá de la recuperación salarial, y contribuye a la creación de empleo y al refuerzo de la prestación de servicios públicos.
Se aprueban 23.156 plazas y suman 30.844 en 2018
La Oferta de Empleo Público convocará 11.095 plazas de nuevo ingreso y 6.204 plazas de promoción interna.
La tasa de reposición es del 115% en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 100% en sectores prioritarios y del 75% en el resto, contará con un 5% adicional para determinados sectores de la Administración.
La Oferta va dirigida principalmente, entre otros servicios públicos, a reforzar la atención de la Seguridad Social, la lucha contra el fraude, instituciones penitenciarias, prestaciones y políticas activas de empleo, emergencias o atención al ciudadano.
Además, se aprueba un Real Decreto-ley para una Oferta de Empleo Público extraordinaria que reforzará la atención a asilados y refugiados, con 323 plazas.
También se aprueba la Oferta de Empleo Público de Estabilización correspondiente a 2017 y la Oferta de Empleo Público de Estabilización para el personal de la Adminsitración de Justicia para 2018, con un total de 5.534 plazas.
Todas estas plazas suman 23.156 en la Administración General del Estado para 2018. Además, por otro lado, en abril ya se convocaron 7.688 plazas para docentes, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, por lo que la Oferta del Estado para 2018 alcanza un total de 30.844 plazas.
Oferta de Empleo Público extraordinaria
Dentro de las cifras anteriores, figuran las 323 plazas de la Oferta de Empleo Público extraordinaria para hacer frente a las demandas derivadas de las solicitudes de asilo y refugio.
El incremento de las migraciones hacia nuestro país, con un significativo aumento del número de personas llegadas de forma irregular a nuestras costas y a Ceuta y Melilla, ha hecho que se incremente la carga de trabajo en materia migratoria. Para dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios es necesaria la incorporación urgente de nuevos efectivos adicionales a los ámbitos donde se están gestionando actualmente las peticiones de asilo y refugio.
Debido a esta urgente necesidad se aprueba una oferta extraordinaria, mediante Real Decreto-ley, en la que se autorizará la convocatoria de 323 nuevos efectivos. De este modo, se añade a la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2018 una oferta extraordinaria que resulta clave para mejorar del sistema de acogida y para impulsarlo como un sistema justo, integrador y eficiente.
Estabilización en el empleo público
Se aprueba, asimismo, un Real Decreto de estabilización en el empleo. La Administración General del Estado cuenta con un elevado índice de temporalidad y los acuerdos con los sindicatos establecen un plan, a ejecutar en tres años, cuya primera fase, aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, corresponde fundamentalmente a las Comunidades Autónomas por tratarse de los sectores docente, sanitario y servicios sociales. Este Real Decreto corresponde a la parte de la Administración General del Estado que todavía no se ha ejecutado y la correspondiente a la Administración de Justicia de 2018.
El acuerdo firmado el pasado lunes con los sindicatos incluye, además, el compromiso de aprobar en los próximos seis meses el Real Decreto derivado de los PGE para 2018, que abre a todos los sectores la posibilidad de estabilización. Asimismo, se acordó con los sindicatos convocar, de forma conjunta, los procesos de 2017 y 2018.
Incapacidad temporal
Se aprueba también el Real Decreto sobre recuperación de derechos, que viene a suprimir un recorte del año 2012, que estableció para los empleados públicos en situación de incapacidad temporal una retribución del 50% para los cuatro primeros días, y de un 75% para los 14 siguientes. La Ley de PGE para 2018 permite a cada Administración negociar con los sindicatos poder volver a la retribución del 100% desde el primer día.
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
PLAN DIRECTOR POR UN TRABAJO DIGNO
- El impacto económico estimado es de 30 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% del presupuesto de la Inspección de Trabajo
- Se prevé la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, un aumento del 23% del total de la plantilla
- Está dirigido a aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo.
El impacto económico estimado es de 30 millones de euros durante su vigencia, lo que supone un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde 2012.
Las medidas de refuerzo de los recursos humanos contemplan la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, lo que supone un incremento estimado del 23% del total de la plantilla.
El Plan Director se enmarca en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la Organización Internacional del Trabajo: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Además, el Plan refuerza la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.
En la redacción del Plan se ha consultado con las Comunidades Autónomas, los agentes sociales, asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social, que han aportado observaciones y sugerencias.
Medidas contra el abuso y el fraude en los contratos
Una vez valorados los principales problemas detectados el Plan recoge 75 medidas operativas y organizativas, orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, e incumplimientos en materia salarial. Asimismo, promoverá la igualdad, la regularización de los falsos autónomos y los falsos becarios, entre otras.
Planes de choque
Hay dos Planes de choque previstos, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas. Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienza el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre.
Seguimiento y evaluación del Plan
El Plan prevé la realización de un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector, y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se evaluarán los Planes de choque en enero de 2019, y del Plan Director en su conjunto en julio de 2020.
Educación y Formación Profesional
REAL DECRETO DE UMBRALES DE RENTA Y PATRIMONIO Y CUANTÍAS DE LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
- El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto de Becas, con el que incrementa para el próximo curso en más de 10 millones de euros las becas de los estudiantes de las familias más desfavorecidas.
- Más de 1.400 millones de euros: 1.075 millones para becas de cuantía fija y variable para estudiantes universitarios y no universitarios, 273 millones irán destinados a los becarios de universidades públicas y 114 millones para alumnos con necesidades educativas especiales.
- La voluntad del Gobierno es comenzar en septiembre los trabajos y reuniones para preparar una reforma en profundidad del sistema estatal de becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de becas, con el que el Ejecutivo incrementa en más de 10 millones de euros las ayudas a los alumnos de familias más desfavorecidas el próximo curso 2018-2019.
El Real Decreto, que es una propuesta conjunta del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el próximo curso escolar.
La convocatoria prevé destinar 1.462 millones, distribuidos de la siguiente manera: 1.075 millones para becas de cuantía fija y variable para estudiantes universitarios y no universitarios, 273 millones irán destinados a los becarios de universidades públicas y 114 millones para alumnos con necesidades educativas especiales.
La distribución por anualidades será de 276.518.470 euros para 2018 y 1.185.481.530 euros para 2019.
Antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, el documento ha recibido el visto bueno de la Conferencia Sectorial de Educación, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de Política Universitaria, el Consejo de Universidades y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.
De esta forma, el Ejecutivo elevará en 100 euros la cuantía fija de la ayuda que reciben los becarios de familias con las rentas más bajas, pertenecientes al Umbral 1. Por ejemplo, se incluyen en este umbral las familias de tres miembros con unos ingresos netos máximos anuales de 10.606 euros y las familias de cuatro miembros con unos ingresos netos máximos de 13.909.
Esto supone que la cuantía fija mínima de este grupo de becarios pasará a ser de 1.600 euros en el curso 2018-2019, cuando en el curso 2017-2018 era de 1.500, una cantidad que irá elevándose progresivamente en los siguientes cursos.
La voluntad del Gobierno es comenzar en septiembre los trabajos y reuniones para preparar una reforma en profundidad del sistema estatal de becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020. Esta reforma se estudiará con las organizaciones que conforman la comunidad educativa.
La modificación se ha adoptado dentro del margen que otorgan los Presupuestos Generales del Estado que incluyen un incremento de 50 millones de euros para el conjunto de las becas. Las mejoras recogidas en este Real Decreto suponen 40 millones de euros más respecto al curso anterior y no implican reducción alguna en las cuantías percibidas por ninguno de los becarios.
Asimismo, los cambios del texto inicial no retrasan la gestión de las becas ni suponen un incremento presupuestario.
Del aumento de las becas para las rentas más bajas se beneficiarán unos 250.000 becarios y becarias. Este incremento lo recibirán en el momento de concesión de la beca, ya que aparece incluido en la cuantía fija que reciben estos alumnos.
Además, se reducirá de 5,50 a 5,00 la nota para obtener la beca de matrícula en el primer curso de estudios universitarios. También tendrán un tratamiento preferente las víctimas de violencia de género y sus hijos, al excluirles de los requisitos académicos para recibir las becas.
En total, el número de becarios de 2017-2018 se sitúa en 682.266 estudiantes, lo que supone un incremento del 1,13% respecto al curso anterior, y es la cifra más alta de la última década. Con la bajada de la nota de 5,50 a 5,00 para obtener la beca de matrícula en el primer curso de estudios universitarios, se calcula un aumento de unos 10.000 becarios en el curso 2018-2019.
Con esta modificación del modelo de becas, el Ministerio quiere aumentar la capacidad del sistema de becas para contribuir decisivamente a la igualdad de oportunidades en materia de educación. De este modo, trata de recuperar la financiación perdida en las legislaturas anteriores y modifica las exigencias académicas y de renta para que las becas lleguen a los estudiantes que más las necesitan.
Justicia
ADAPTACIÓN DEL DERECHO NACIONAL AL REGLAMENTO GENERAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos, norma de la Unión Europea que al entrar en vigor el pasado 25 de mayo impuso importantes modificaciones en la legislación interna, cambios que fueron incorporadas a un proyecto de ley orgánica que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria.
Por lo tanto, el Real Decreto Ley tiene por objeto establecer la regulación de determinadas materias en materia protección de datos que no están reservadas a la ley orgánica. En concreto, regula la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos y los procedimientos en caso de una posible vulneración del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Asimismo, el Real Decreto Ley deroga el artículo 40 y el Título VII (a excepción del artículo 46) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La finalidad del Real Decreto Ley es adecuar nuestro ordenamiento al Reglamento General de Protección de Datos en aquellos aspectos concretos que, sin rango orgánico, no admiten demora; su aprobación, sin embargo, debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislación orgánica de protección de datos que procure la plena adaptación de la normativa interna a los estándares fijados en la materia por la Unión Europea a través de una disposición directamente aplicable como es el Reglamento General de Protección de Datos, vigente en España desde el pasado 25 de mayo.
Entre otras medidas contenidas en el Real Decreto Ley, destacan las siguientes:
- La delimitación de los sujetos responsables de los tratamientos a los que les es aplicable el régimen sancionador [los encargados de los tratamientos; los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea; las entidades de certificación; las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta (artículo 4 del Real Decreto Ley)].
- La determinación de los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en la norma europea (artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley).
- Peculiaridades de los procedimientos:
a) En caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos se distinguen: 1) Aquellos procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento, así como 2) aquellos en los que aquélla investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y la normativa española de protección de datos.
b) Suspensión automática de los plazos de tramitación cuando deba recabarse información, consulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento preceptivo de un órgano u organismo de la UE o de una o varias autoridades de control de los Estados miembros conforme con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, por el tiempo que medie entre la solicitud y la notificación del pronunciamiento a la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de evitar la caducidad del mismo.
c) Actuaciones previas de investigación: Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez admitida a trámite la reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento.
- La representación española en el Comité Europeo de Protección de Datos a través de la Agencia Española de Protección de Datos (disposición adicional primera).
- La vigencia temporal del Real Decreto Ley: entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE y permanecerá vigente hasta la entrada en vigor de la nueva legislación orgánica de protección de datos, cuyo objeto será adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento General de Protección de Datos (disposición final única). Actualmente, como se ha mencionado, se encuentra en tramitación parlamentaria un proyecto de ley orgánica en materia de protección de datos que fue objeto de aprobación por el Consejo de Ministros el 10/11/2017.
Defensa
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON HISDESAT PARA RENOVAR LOS SATÉLITES SPAINSAT Y XTAR-EUR
El Consejo de Ministros ha aprobado la adquisición de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, lo que permitirá al Ministerio de Defensa la tramitación de un convenio de colaboración con el operador de comunicaciones gubernamentales por satélite HISDESAT, para renovar la capacidad de comunicaciones de los satélites SPAINSAT y XTAR-EUR, que sustituirá al anterior de 31 de julio de 2001.
El Ministerio de Defensa, a través de este convenio, se comprometerá al pago de una cuota anual a HISDESAT para su derecho al uso desde la entrada en órbita de los satélites. Su importe se estima en 77 millones de euros anuales más IVA, es decir, 93,17 millones de euros, durante 15 años, lo que supone un total de 1.397,55 millones de euros, entre los años 2023 a 2037.
El este nuevo convenio regulará los términos de la colaboración que permita al Ministerio de Defensa contar con dos satélites de nueva generación, interoperables con los sistemas de nuestros aliados y que permita la conectividad de nuestras Fuerzas Armadas tanto en despliegues en territorio nacional como en misiones internacionales.
En la actualidad, los satélites encargados de esa tarea están en la última fase de su vida útil por lo que el Estado Mayor de la Defensa ha requerido la renovación de esa capacidad.
La financiación necesaria para que la empresa HISDESAT pueda abordar la inversión en el sistema de satélites y en el centro de control se realizará a través de un préstamo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 750 millones de euros.
Defensa
REPROGRAMACIÓN DE LAS ANUALIDADES DEL PROGRAMA DEL SUBMARINO S-80
El Consejo de Ministros ha aprobado la reprogramación de las anualidades que afectan al Programa Especial de Modernización de las Fuerzas Armadas correspondiente al submarino S-80, con el objetivo de adecuar la financiación al actual calendario de pagos.
Con ello, se autoriza una elevación de techos del presupuesto del programa del submarino S-80 en 1.771.703.930,42 euros para su reconducción.
Los Programas Especiales tienen unas características de financiación particulares que suponen la realización de continuas adaptaciones durante su desarrollo.
En la actualidad, el Ministerio de Defensa tiene la necesidad de reprogramar el calendario de anualidades correspondiente al programa submarino S-80, que tiene como objetivo el diseño y construcción de cuatro submarinos no nucleares de alta tecnología y capacidades superiores a otros en servicio.
Hacienda
APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA POR IMPORTE DE 50 MILLONES DE EUROS
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 50.227.700,46 euros para tres ampliaciones de crédito por un importe total de 48.521.527,03 euros y una incorporación de crédito por valor de 1.706.173,43 euros.
Dos de las ampliaciones de crédito son para dar cumplimiento al Real Decreto-ley 7/2013, por el que se regulan los ejes de asignación tributaria del IRPF y actividades de interés general consideradas de interés social en el Ministerio de Transición Ecológica y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
En concreto, se dota el crédito necesario para afrontar el importe correspondiente a la liquidación del ejercicio impositivo de 2016 respecto a los fines de interés social declarados en el IRPF. La norma establece que una vez conocido el importe resultante de la opción ejercida por los contribuyentes cada ejercicio, deberá realizarse por el Ministerio de Hacienda, en caso de insuficiencia presupuestaria, las actuaciones precisas para la habilitación de créditos.
En este sentido, la Agencia Estatal de Administración Tributaria certifica que las declaraciones del IRPF del período impositivo 2016 son de 314.553.352,91 euros.
Por tanto, le corresponde al Ministerio de Transición Ecológica para el periodo impositivo la cantidad de 8.964.770,56 euros. De esta forma, se hace necesaria la ampliación de crédito por una cuantía de 5.304.120,56 euros.
Y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el porcentaje le corresponde la cifra de 61.117.716,47 euros. Por tanto, se hace necesaria la ampliación de crédito por una cuantía de 36.161.746,47 euros.
La otra ampliación de crédito es para hacer frente al pago de las cuotas patronales de la Seguridad Social en el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad, por importe de 7.055.660 euros.
Por último, la incorporación de crédito es para financiar la convocatoria de ayudas dentro del Programa "1,5% Cultural", por importe de 1.706.173,43 euros.
Hacienda
MODIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GASTO PARA SERVICIOS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- El importe de los nuevos compromisos ascienden a 24,6 millones para 2019 y 19 millones para 2020
El Consejo de Ministros ha autorizado la elevación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para adquirir en 2018 compromisos de gasto para contratar el mantenimiento del software y hardware, asistencias técnicas y contratos de limpieza y luz de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
Se incluye la renovación de equipamiento físico y lógico, prórrogas de expedientes (asistencia técnica de desarrollo para el Instituto Nacional de la Seguridad Social) y el contrato de asistencia técnica (atención al usuario, innovación, comunicación).
El importe total de los nuevos compromisos asciende a 24.602.591,85 euros para 2019 y 19.009.473,82 euros para 2020.
Interior
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
- Se reestructuran las cúpulas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y se recupera la figura del director adjunto operativo en ambos cuerpos
- Las cuatro Jefaturas de la Dirección General de la Policía pasan a ser subdirecciones generales
- Se crea en Instituciones Penitenciarias una nueva Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que se desarrolla la estructura orgánica del departamento.
En el ámbito de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, una de las principales novedades es la recuperación de las Direcciones Adjuntas Operativas.
La vuelta a esta figura se ha determinado con el objetivo de alcanzar una mejor coordinación de las distintas unidades operativas.
Otro de los aspectos que recoge esta modificación es que las Jefaturas Centrales de la Dirección General de la Policía -Seguridad Ciudadana y Coordinación, Información, Investigación y Ciberdelincuencia, Recursos Humanos y Formación, y Logística e Innovación- retoman la denominación de Subdirecciones Generales.
En lo referente a la Dirección General de la Guardia Civil, el Real Decreto contempla una reubicación de funciones entre sus diferentes Unidades. Asimismo, se cambia la denominación de algunos órganos con rango de subdirección general.
Instituciones Penitenciarias
La modificación también afecta a la Secretaría de General de Instituciones Penitenciarias, donde se crea la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. De forma paralela y con el objetivo de asegurar la contención del gasto público, se reduce de siete a seis el número de subdirecciones generales que integran la Secretaría General.
La modificación de la estructura orgánica del Departamento también alcanza a la Subsecretaría del Ministerio del Interior. En este ámbito, el Real Decreto crea, dentro de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales. Este órgano asume las funciones de la Unidad de Formación y Relaciones Institucionales, con idéntica dotación de recursos humanos y materiales que esta última.
El Real Decreto también especifica algunas de las funciones que ya vienen desempeñando la Subsecretaría, como la coordinación y la supervisión de la política de protección de datos y de las actividades vinculadas con las evaluaciones de las políticas públicas.
Estas modificaciones de la estructura organizativa del Ministerio del Interior recogidas en el Real Decreto no suponen coste económico alguno.
Fomento
PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021
- El Ministerio de Fomento aportará 1.373,63 millones de euros y las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 396,62 millones de euros
- En total se destinarán 1.770,25 millones de euros para subvenciones a la vivienda durante el periodo 2018-2021.
El Consejo de Ministros ha autorizado, la firma de los Convenios para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla.
En estos convenios, el Ministerio de Fomento se compromete a aportar 1.373,63 millones de euros para subvenciones estatales a la vivienda. La aportación de Fomento está condicionada a la cofinanciación de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Dicha cofinanciación compromete, con la firma de estos convenios, a que las Comunidades Autónomas aporten 396,62 millones de euros para las mismas subvenciones.
En total, se destinarán 1.770,25 millones de euros en subvenciones estatales a la vivienda durante el periodo 2018-2021.
Los convenios se firmarán la próxima semana. A partir de entonces, las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla serán las encargadas de gestionar las subvenciones a la vivienda del Plan Estatal. Se estima que se concederán más de 629.000 ayudas y que la inversión global en rehabilitación y promoción de viviendas para el alquiler alcanzará 2.478,62 millones de euros.
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, con el objetivo de fomentar la rehabilitación y regeneración urbana y rural, además de incluir ayudas al alquiler.
En este sentido, contempla ayudas para el alquiler de viviendas a personas cuyos ingresos, sumando los de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM. Estas ayudas serán de hasta el 50% de la renta y para alquileres de hasta 600 euros/mes y, en algunos supuestos, hasta 900 euros/mes. El límite de la ayuda es, con carácter general, del 40% de la renta. Este porcentaje se eleva hasta el 50% para los menores de 35 años y los mayores de 65.
Para los jóvenes, se otorgan además ayudas para la adquisición de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes. También se conceden ayudas de hasta el 100% de la renta a las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual para el alquiler de viviendas disponibles de las entidades financieras u otros propietarios.
Además, recoge ayudas para la promoción de viviendas, ya sean públicas o privadas, destinadas al alquiler durante un plazo no inferior a 25 años. Estas viviendas no pueden alquilarse por encima de un nivel de renta y se destinarán a familias con ingresos limitados.
Asimismo, se conceden ayudas a la rehabilitación edificatoria: mejora de la eficiencia energética, conservación y mejora de la accesibilidad de viviendas y edificios; ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural con mención expresa a los supuestos de infravivienda y chabolismo.
Por otro lado, se conceden ayudas a la promoción de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad con objeto de destinarlas al alquiler durante un plazo mínimo de 40 años. Se trata de viviendas con instalaciones y servicios comunes adaptados y con alquiler limitado. Están destinadas a arrendatarios con ingresos limitados.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 refuerza la cooperación y coordinación interadministrativa y fomenta la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión en esta materia, cuya competencia exclusiva es de las administraciones autonómicas y locales.
Fomento
OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO EN LA RUTA AÉREA MENORCA-MADRID
- El incremento de frecuencias permitirá una mayor conectividad entre Menorca y Madrid todos los días de la semana.
- La tarifa de referencia queda establecida en 110 euros, un 15% inferior a la vigente actualmente y se añade además un nuevo esquema de tarifas sociales.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la actualización de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en la ruta aérea Menorca-Madrid.
Esta declaración culmina de forma satisfactoria el intenso trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos meses entre el Ministerio de Fomento y el Govern de Illes Balears, para que Menorca cuente con una conexión aérea robusta y estable con Madrid durante los meses de la temporada de invierno, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos de Menorca.
Mejor conectividad
El aumento de frecuencias, que permitirá la posibilidad de volar entre Menorca y Madrid y volver a ambos destinos en el mismo día; o los horarios de operación, pensados para permitir acceder al amplio abanico de conexiones nacionales e internacionales disponibles en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, configuran una oferta de servicios muy atractiva, que ayudará a potenciar la economía de la región y su cohesión con el resto del territorio.
Las condiciones establecidas por el Consejo de Ministros incluyen un mínimo de 28 vuelos de ida y vuelta semanales entre Menorca y Madrid durante los meses de noviembre hasta abril (dos frecuencias diarias de lunes a domingo, añadiendo una frecuencia adicional durante el periodo de Semana Santa), con una oferta mínima de 74.000 asientos.
Condiciones tarifarias
La declaración también garantiza la accesibilidad a los servicios a unos precios muy competitivos, a los que habrá que añadir el descuento del 75% para los residentes en las Islas Baleares.
Así, la tarifa de referencia de la ruta, en los trayectos de ida, queda establecida en 110 euros (excluidas las tasas), valor un 15% inferior al existente en la actualidad.
Por otra parte, se ha definido un esquema de tarifas sociales que permitirá acceder a un descuento de un 10%, aplicable a diferentes colectivos de residentes en las Islas Baleares que sean: jóvenes menores de edad (entre 12 y 18 años), estudiantes universitarios de hasta 27 años, personas que hayan cumplido 65 años, y personas con discapacidad oficialmente reconocida.
Para el seguimiento de la operativa de la ruta, se prevé, asimismo, la constitución de una comisión mixta en la que participarán el Ministerio de Fomento, el Govern Balear y el Consell Insular de Menorca.
Mediante este modelo de colaboración se promueve la cooperación con el resto de administraciones y mantiene su compromiso con la movilidad y la conectividad de todos los ciudadanos.
Fomento
SUBVENCIÓN EN LAS TARIFAS AÉREAS Y MARÍTIMAS DE LOS RESIDENTES EXTRA PENINSULARES
- El Real Decreto aprobado consolida la medida adelantada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio, que permitió a los residentes extrapeninsulares disfrutar de forma inmediata del nuevo nivel de subvención
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que consolida la subvención del 75% de las tarifas de transporte regular por vía aérea y marítima para los pasajeros residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, de Illes Balears y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en todos sus trayectos con el resto del territorio nacional. Se atiende de esta forma una demanda social que había sido planteada desde hace tiempo por los gobiernos de estas regiones.
La bonificación, que ya se venía aplicando desde la aprobación del Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 13 de julio, ha incrementado de forma indefinida del 50% al 75% el porcentaje de bonificación para este tipo de trayectos, facilitando así la accesibilidad al modo aéreo y marítimo para los residentes en estas regiones, y dando un paso decisivo a la hora de garantizar la cohesión territorial de todo el territorio.
En los primeros días tras la aplicación de la medida, se ha constatado un significativo incremento de la demanda en este segmento del mercado, llegándose a doblar el volumen de venta de billetes respecto a las cifras de 2017. Un verdadero éxito, que supone un notable esfuerzo presupuestario y que el Gobierno ha impulsado de manera decidida con objeto de implantar y consolidar la medida en el menor tiempo posible, para cubrir la mayor parte del período estival y que se pudieran beneficiar de la misma el mayor número posible de residentes.
Fomento
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
- El Real Decreto revisa y fija de manera ordenada y exhaustiva las funciones que corresponde ejercer a los órganos superiores y directivos y adecuar su estructura a la exigencia de desarrollar las políticas públicas cuya gestión tiene atribuidas
El Consejo de Ministros ha aprobado, el Real Decreto que completa, en el ámbito del Ministerio de Fomento, el desarrollo organizativo iniciado con el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuraron los Departamentos Ministeriales, y en Real Decreto 595/2018, de 23 de junio, que estableció su estructura orgánica básica.
Los objetivos que se persiguen con esta nueva norma son los de revisar y fijar de manera ordenada y exhaustiva las funciones que corresponde ejercer a los órganos superiores y directivos hasta el nivel de subdirecciones generales del Ministerio de Fomento, y adecuar la estructura del departamento a la exigencia de desarrollar las políticas públicas cuya gestión tiene atribuidas.
Las principales novedades que se producen en la estructura orgánica del Ministerio de Fomento, respecto de la anterior, son los siguientes:
- Se desarrollan las funciones de la Secretaría General de Vivienda, creada por el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, en la que se constata la existencia de un Gabinete Técnico con nivel orgánico de subdirección general y se cambia la denominación de alguna de las subdirecciones generales de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Asimismo, se adscribe una subdirección general a la Secretaría General de Vivienda.
- Se adscribe a la Secretaría de Estado la Subdirección General de Relaciones Internacionales, que dependía de la Secretaría General Técnica.
- En el ámbito de la Subsecretaría, la Subdirección General de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, dependiente de la Dirección General de Organización e Inspección cambia su denominación por la de Subdirección General de Información, Comunicación y Transparencia.
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para la contratación de los servicios de asistencia técnica para la gestión de la seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social que son competencia de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. El plazo de ejecución es de dos años, con opción a una prórroga expresa por un período máximo de otros dos.
La contratación se ha dividido en dos lotes, por un lado los servicios de soporte a la seguridad de la información y por otro el servicio de gestión de incidentes de seguridad.
El modelo de contratación es el de procedimiento abierto.
El presupuesto base de licitación de este contrato es de 8.268.075,20 €, IVA incluido. Está determinado conforme a las reglas establecidas en el artículo 100 de la Ley de Contratación del Sistema Público (LCSP), y constituye el importe máximo a efectos de licitación.
El valor estimado de este contrato, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101 de la LCSP, asciende a la cuantía de 14.641.664,00 €, sin incluir el IVA.
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que tiene como objeto la prestación de los servicios de carácter informático necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información de gestión y comunes propios de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (en adelante GISS). También incluye la prestación de los servicios del modelo de calidad y ciclo de vida de GISS y el soporte a la oficina de procesos, a la gobernanza de las infraestructuras corporativas y a la oficina gestora del desarrollo gestionado.
La contratación se ha dividido en seis lotes. El modelo de contratación es el de procedimiento abierto y el plazo de ejecución del contrato será de dos años, con posible prórroga de otros dos.
El presupuesto base de licitación de este contrato, que constituye el importe máximo a efectos de licitación, es de 98.949.729.08 €, IVA incluido.
El valor estimado de este contrato, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101 de la Ley de Contratación del Sistema Público (LCSP), asciende a la cuantía de 196.263.925,46 €, sin incluir el IVA.
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
APROBADA UNA NORMA QUE EQUIPARA EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
- Favorece el acceso a la prestación por desempleo o al subsidio
- Incrementa la duración de la prestación contributiva
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de adaptación de la normativa a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la prestación contributiva por desempleo a tiempo parcial vertical.
La sentencia equipara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial, con independencia de que realicen su actividad durante cinco días de la semana (trabajo horizontal), o concentrando las horas en menos días (trabajo vertical).
La norma aprobada regula que cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial se computará el periodo durante el que el trabajador haya permanecido en alta, con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables, o solo parte de los mismos, y cualquiera que haya sido la duración de la jornada.
Con este cambio normativo se favorece el acceso a la prestación por desempleo o al subsidio al facilitar la acreditación del periodo mínimo de cotización exigible para obtener el derecho. Además, incrementa la duración de la prestación contributiva por desempleo al tener en cuenta como cotizados los días en los que no ha habido prestación de servicios dentro de la vigencia del contrato de trabajo.
Alrededor de 208.000 beneficiarios perciben cada mes la prestación contributiva a tiempo parcial y, de ellos, 35.000 tienen jornada a tiempo parcial vertical.
Transición Ecológica
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DE LA LEY 41/2010, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino que transpone la Directiva 2017/845 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas.
La Directiva 2017/845 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017 se dictó para mejorar la coherencia de la aplicación de la Directiva Marco para la estrategia marina entre los diferentes Estados miembros que comparten aguas marinas.
El objeto del Real es conseguir una mayor clarificación de los términos que incluyen los dos cuadros ya existentes en el Anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
Estas actualizaciones serán el pilar sobre el que se sustentará un marco común y coherente para la actualización de la evaluación del estado del medio marino, lo que supondrá el inicio del segundo ciclo de las estrategias marinas, a partir del 15 de julio de 2018.
Transición Ecológica
ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AYUDAS METEOROLÓGICAS-AERONÁUTICAS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia para la reparación de equipamiento de ayudas meteorológicas-aeronáuticas dañadas por descargas de rayos en los aeropuertos de Huesca-Pirineos, aeropuerto de Pamplona y base aérea de Armilla (Granada), por un importe máximo de 28.385,09 euros.
Entre los días 11 y 12 de junio de 2.018 se reciben notificaciones en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), indicando que se han producido impactos de rayos sobre las siguientes instalaciones de ayudas meteorológicas de aeródromos:
- Aeropuerto de Huesca-Pirineos. La descarga eléctrica ha impactado sobre el edificio soporte de la OMA (Oficina Meteorológica del Aeropuerto).
- Aeropuerto de Pamplona. La descarga eléctrica ha impactado sobre la estación de cabecera de pista 33.
- Base Aérea de Armilla-Granada. La descarga eléctrica ha impactado sobre la red eléctrica de campo.
Se estima que la actuación sobre las instalaciones dañadas es de emergencia, para poder asegurar adecuadamente la reglamentaria información meteorológica que se facilita para el vuelo en los aeródromos afectados, por superar el importe de las reparaciones necesarias los límites económicos asumibles por caja fija y considerando que cualquier otro tipo de contratación implicaría plazos excesivos de tramitación y por tanto de carencia de información meteorológica imprescindible.
Por ello, se debe realizar la contratación de actuaciones mediante tramitación de emergencia, de acuerdo al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Declaración de emergencia del presidente de la Agencia Estatal de Meteorología de 14 de junio de 2018.
El importe de las reparaciones asciende a la cantidad de 23.458,75 euros y un IVA de 4.926,34 euros, lo que supone un total de 28.385,09 euros.
Transición Ecológica
OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de las obras de emergencia para garantizar la seguridad de infraestructuras hidráulicas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por un importe máximo de 980.000 €
El objeto del Acuerdo es la toma de razón de la Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 26 de junio, por la que se autoriza la ejecución de las obras para la estabilización del dique de la balsa de decantación de la Verduga, en Palma del Río (Córdoba), y la reparación del desagüe de fondo de la Presa del Infierno, en Ceuta.
En la Balsa de decantación de la Verduga, que pertenece a la zona regable de la Margen Izquierda del Genil (cuya superficie de cultivo es de 5000 hectáreas), se han detectado asentamientos y grietas en un tramo de 130 metros del dique de cierre, lo que compromete la estabilidad del mismo y, en caso de rotura, se producirían graves daños a las edificaciones de un cortijo próximo y a la carretera que enlaza los núcleos urbanos de Lora del Río y La Campana. Con objeto de garantizar la estabilidad del citado dique se va a retirar el material deslizado, construyendo un nuevo dique interior con geomembranas de refuerzo y escolleras en el pie del talud. El importe máximo de estas obras será de 229.803,20 €.
En la Presa del Infierno, debido a un llenado muy rápido del embalse, se ha incrementado de manera alarmante el caudal de las filtraciones en la galería de los desagües de fondo; ante esta situación y con objeto de evitar desagües incontrolados de la Presa que, al estar situada muy próxima al núcleo urbano de Ceuta, producirían graves daños a la población y a edificaciones colindantes, se van a realizar los trabajos siguientes: instalación de nuevas tuberías para el desagüe de fondo, en una longitud aproximada de 400 metros, y colocación de cuatro compuertas tipo "Bureau", dos de 400 x 500 mm y otras dos de 250 x 300.
El importe máximo de estas obras no excederá de 463.399,44 €.
Transición Ecológica
MODIFICADA LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la Comisión que existía, regulando su composición y funciones con el fin de dotarla de una importante proyección para el logro de los fines que tiene encomendados.
A la Comisión Interministerial para el Cambio Climatico y la Transición Energética le corresponden las funciones de seguimiento y propuestas que sirvan de base para la toma de decisiones relacionadas con las políticas de cambio climático y energía, con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en esta materia.
La Comisión la preside la ministra para la Transición Ecológica, el titular de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa actuará como Vicepresidente y la Comisión estará integrada por vocales, con rango mínimo de director general, nombrados por su Ministro respectivo, que se designarán a razón de uno en representación de cada uno de los siguientes departamentos ministeriales: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministerio de Justicia; Ministerio de Defensa; Ministerio de Hacienda; Ministerio del Interior; Ministerio de Fomento; Ministerio de Educación y Formación Profesional; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Ministerio de Política Territorial y Función Pública; Ministerio de Cultura y Deporte; Ministerio de Economía y Empresa; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Asimismo, serán vocales los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica. Actuará como secretario de la Comisión un funcionario adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, con voz pero sin voto, con rango mínimo de nivel 28, nombrado por el Director General de la Oficina Española de Cambio Climático.
Podrá invitarse a participar en las reuniones a representantes de otros departamentos, organismos, asociaciones y organizaciones empresariales y sindicales y cualesquiera otras asociaciones y entidades, así como expertos y representantes de la sociedad civil, cuando la Comisión Interministerial considere que resulte conveniente para el cumplimiento de sus funciones.
Igualmente, podrá invitarse a representantes de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla con rango al menos de director general en función de los temas a tratar.
Ciencia, Innovación y Universidades
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza el convenio de colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de España y La Junta de Andalucía para la realización de actividades relacionadas con la geología en la Comunidad Autónoma
En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto Geológico y Minero de España -organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- a suscribir un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la mejora de la cartografía geológica y geoquímica, del inventario de canteras históricas, de la investigación de minerales críticos y a la actualización y difusión de los fondos documentales relacionados con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El convenio tiene un presupuesto total de 3,1 millones de euros que aportarán entre el IGME, 1.567.560 euros, y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, 1.578.851 euros, para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Esta cantidad servirá para financiar diferentes actividades en Andalucía de mejora de la cartografía; investigación de aguas minerales y termales; la realización del primer inventario de canteras históricas de piedra natural; el desarrollo de aplicaciones informáticas para la promoción de la cultura minera; revisión de los fondos documentales comunes; y, por último, realización de estudios de potencialidad minera para el aprovechamiento de minerales críticos.
BIOGRAFÍAS
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Embajador de España en la República de Kazajstán.-
D.DAVID ARTURO CARRIEDO TOMÁS.
Nacido en Zaragoza en 1969, licenciado en Derecho. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1996.
Ha trabajado en las embajadas de España en Kinshasa, Camberra, Moscú y en la representación permanente en Nueva York. En el ministerio ha sido subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales con Europa y países OCDE y de Relaciones Económicas Internacionales, así como vocal asesor en el gabinete del ministro, y director de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Europeos e Iberoamericanos. Actualmente estaba destinado en la embajada en Buenos Aires.
Embajador representante permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).-
D.MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-PALACIOS MARTÍNEZ.
Nacido en 1965, en Las Palmas de Gran Canaria, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece a la carrera Diplomática desde 1994.
Hasta la fecha era consejero de asuntos parlamentarios en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Ha estado destinado en las Embajadas de España en Argel, La Haya y Tegucigalpa. Entre 2006 y 2008 fue embajador de España en la República Democrática del Congo y entre 2011 y 2015 embajador de España en Etiopía, así como representante permanente observador ante la Unión Africana.
En Madrid ha prestado servicios en los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa -director del Gabinete del Ministro-, así como en el Congreso de los Diputados -director del Gabinete de la Presidencia-.
Está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco (2006) y de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco (2016).
Embajador representante permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Viena.-
Nacido en 1950, es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho, por la Universidad de Barcelona.
Cursó sus estudios de Doctorado en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne, y como becario Fulbrigth en la New York University. Leyó su tesis doctoral en 1978, con la máxima calificación de sobresaliente Summa Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid, de la que es profesor titular de Universidad en excedencia.
Miembro de la Carrera Diplomática, fue miembro del Gabinete del Presidente del Gobierno, con los Presidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, y luego el primer secretario de la Comisión Nacional para la Conmemoración V Centenario del Descubrimiento de América. Ha sido también delegado adjunto en la Misión española ante la UNESCO, en París, y cónsul general de España en Berlín, actualmente era cónsul general de España en Roma.
Así mismo ha sido director general del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe Mediterráneo y Países en Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y secretario de Comercio, Consumo y Turismo y luego de Relaciones Exteriores en la Generalitat de Catalunya. En los últimos años ha sido Director General y luego Presidente Ejecutivo del Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed, participado por el MAEC y con sede en Barcelona.
Es autor o editor de numerosos libros y artículos de investigación en materia de economía y política internacional. Profesor de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y miembro del Consejo Rector de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid. Es presidente de la red EUROMESCO de "think-tanks" de Estudios Euromediterráneos, compuesta por 106 Institutos de toda la UE y del Mundo Árabe. Fue presidente del Congreso Mundial de Estudios de Oriente Medio WOCMES en 2010.
Embajador representante permanente de España en el Consejo de Europa.-
D. MANUEL MONTOBBIO DE BALANZÓ.
Nacido en Barcelona en 1962, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduado en Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica) y licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Diplomático de carrera desde 1987, ha sido, entre otros cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, embajador en Misión Especial, responsable del Plan de Acción para la promoción de la presencia de españoles en Organizaciones Internacionales, embajador en Misión Especial para el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, director del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, subdirector general jefe de la Oficina de Planificación y Evaluación de la Secretaría de Estado de Cooperación y vocal asesor en la Oficina de Análisis y Previsión. Ha estado destinado en las embajadas de España en San Salvador, Yakarta, México y Guatemala, y fue, entre julio de 2006 y enero de 2011, el primer embajador de España residente en Albania. Desde julio de 2014 es embajador de España en Andorra.
Paralelamente, ha desarrollado una labor académica y literaria, que le ha llevado a ser el autor de varios libros y de numerosas publicaciones sobre procesos de paz, relaciones internacionales e interculturales, transiciones políticas y política comparada.
Directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa.-
Nacida en 1960 en Madrid, es licenciada en Derecho y en 1987 ingresó en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinada en las representaciones diplomáticas españolas en Rumania, Dinamarca y en la Representación Permanente de España ante la OTAN. Ha sido segunda jefa en la Embajada de España en Brasil. Fue vocal asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y, posteriormente, embajadora en Misión Especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género. Desde abril de 2008 fue directora general de Cooperación Jurídica Internacional y desde julio de 2010, directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones en el Ministerio de Justicia. De 2012 a 2015 fue embajadora de España en Bosnia y Herzegovina. De 2015 a 2016 fue embajadora en Misión Especial para Afganistán y Pakistán; y desde agosto de 2016 ocupaba el puesto de subdirectora general de Seguridad en el MAEC.
Directora general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico.-
Nacida en Topeka (Kansas, EE.UU.) en 1961, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1988. Desde 2017 era segunda jefatura de la Embajada de España en Roma, habiendo tenido destinos previamente en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, el Gabinete Técnico del Subsecretario de Asuntos Exteriores (vocal asesor y jefa del Gabinete en funciones) y en el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (directora adjunta del Gabinete), así como en Rabat (cónsul), en las embajadas de España en Panamá y Belgrado y en la Representación Permanente de España ante la OTAN (Bruselas).
Ha sido también embajadora en Misión Especial para la Comunidad y Organizaciones Judías (2005-2011), primera directora general de la Casa Sefarad-Israel (2007-2008), embajadora de España en la República de Chipre (2011-2014) y presidenta de las Comisiones de Límites con Francia y Portugal (2014-2017).
Hacienda
Director general del Patrimonio del Estado.-
Nacido en Madrid en 1970, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresa en el Ministerio de Economía y Hacienda en el año 1995. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, así como al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y al Cuerpo Técnico de Hacienda. Asimismo, está inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Desde su ingreso en la Administración del Estado ha desempeñado diversos puestos en la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, entre ellos el de auditor nacional director de área. Desde el año 2008 ha estado destinado en la Dirección General del Patrimonio del Estado, primero como vocal asesor de Empresas Públicas y desde 2011 como subdirector general de empresas y participaciones estatales, puesto que ocupa en el momento actual.
Fomento
Director general del Instituto Geográfico Nacional.-
Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. En 1982 comienza a trabajar en el Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG, CSIC-UCM). En 1985 ingresa en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y en 1992 en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Entre 1985 y 2014 ha colaborado en diversos proyectos del Instituto Geográfico Nacional, como el Atlas Nacional de España.
Entre otros cargos ha desempeñado el de subdirector general adjunto de informática, subdirector general de producción cartográfica y de geodesia y cartografía, consejero técnico en la Secretaria General del CSIC y vicepresidente adjunto de programación científica en el CSIC.
Director general de Organización e Inspección.-
Nacido el 23 de junio de 1969, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial.
Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y a los Cuerpos Técnicos de Auditoría y Contabilidad y Técnico de Hacienda.
Ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Hacienda, entre otros, jefe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, director adjunto de Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, auditor nacional jefe de equipo de la Oficina Nacional de Auditoría y jefe de área intersectorial en diversas intervenciones delegadas de ministerios.
Ha sido miembro de los Consejos de Administración de la Entidad Pública Empresarial AENA y de SEPIDES; así como miembro del Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Cultura y Deporte
Director general de Deportes.-
Nacido en Zaragoza en 1963, es licenciado en Educación Física, licenciado en Derecho y máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida. Igualmente es técnico deportivo superior en Balonmano. Posee Suficiencia Investigadora por la Universidad de Zaragoza. Pertenece al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Ha sido, sucesivamente, profesor de Enseñanza Secundaria, director de Instituto de Enseñanza Secundaria, jefe de sección de Centros Deportivos en la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón, administrador del Conservatorio Superior de Música de Aragón, profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, y jefe de sección de Infraestructuras Deportivas en la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón. Actualmente era el director general de Deporte del Gobierno de Aragón.
Como jugador de balonmano, debutó en División de Honor, con el Centro Natación Helios de Zaragoza en 1983, y como entrenador, ha dirigido equipos de todas las categorías masculinas y femeninas, desde benjamines hasta primera división nacional. Ha sido directivo de diversos clubes deportivos y ha publicado artículos y libros de temas deportivos.
Política Territorial y Función Pública
Director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local.-
D. TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI.
Nacido en Madrid en 1973. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1996), licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1999) y doctor europeo en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (2003). Es profesor titular de Derecho Constitucional en dicha Universidad. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional desde 2011.
Autor de numerosas publicaciones en materia de Derecho Constitucional y Derecho de la Unión Europea, entre sus líneas de investigación destaca singularmente la referida al Estado autonómico y al federalismo, en la que ha publicado decenas de artículos y entre otros, los libros Mercado Nacional Único y Constitución (Premio de la Fundación M. Giménez Abad para trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial) y Unidad Económica y Descentralización Política. Libre circulación de mercancías y control judicial en EEUU y en la Unión Europea (Premio Europa de la Comunidad de Madrid). Asimismo, ha profundizado en la investigación de materias como las libertades económicas, la ciudadanía europea, los derechos sociales, la orden europea de detención y entrega, y la tutela multinivel de los derechos fundamentales.
Ha sido miembro del Consejo de Redacción de varias publicaciones jurídicas.
Ha sido igualmente vicedecano de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y ponente en numerosos Congresos y seminarios especializados en Derecho Constitucional y en Derecho de la Unión Europea, tanto en España como en el extranjero y ha participado en más de una decena de proyectos de investigación competitivos.
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Directora general del Instituto de la Juventud.-
Nacida en Santander en 1978. Es profesora de Formación Profesional. Diplomada en Ciencias Empresariales, máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo y máster de Formación del Profesorado en la especialidad de Economía y Formación y Orientación Laboral por la Universidad de Cantabria.
Ha sido miembro de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Cantabria y miembro de la Ejecutiva Nacional de la Federación de Mujeres Jóvenes de España.
Ha sido diputada del Parlamento de Cantabria (2005-2011) y representante de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Bruselas.