Referencia del Consejo de Ministros
13.7.2018
Madrid
SUMARIO
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
- ACUERDO por el que se aprueba la firma ad referéndum del Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.
- ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario.
Defensa
- ACUERDO de toma de razón de la declaración de emergencia de las actuaciones para la contratación de los servicios de vigilantes de seguridad (vigilantes con y sin armas) para el Ministerio de Defensa, por un importe máximo de 5.798.479,85 euros.
Hacienda
- ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 4.113.875.530,77 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Aragón a otorgar avales por un importe máximo de 225.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 150.000.000 de euros.
- ACUERDO por el que se aprueba el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
- INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, para la calificación como género prohibido de determinadas embarcaciones.
Interior
- ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio del Interior para la celebración del Acuerdo Marco para la prestación de los servicios necesarios para la difusión de la información provisional de los resultados de los procesos electorales, así como de otros servicios complementarios, por un valor estimado de 35.200.000 euros.
- ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2018, por el que se autoriza a la Dirección General de la Policía la celebración de un contrato de suministro y distribución de uniformidad reglamentaria con destino a los funcionarios de la Policía Nacional, al objeto de corregir la cuantía del valor estimado así como el período inicial de su vigencia.
Fomento
- ACUERDO por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Eje Aeropuerto, desde la carretera M-110 hasta la A-10; de la autopista de peaje Eje Aeropuerto, desde la A-10 hasta la M-40, y construcción de la prolongación y mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres carriles de la autovía A-10 entre la conexión con el eje aeropuerto y el nudo de Hortaleza, y de la conexión Aeropuerto - Variante N-II y vías de servicio sur de Barajas.
- ACUERDO por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje AP-7, Cartagena Vera.
- ACUERDO por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Ocaña-La Roda y la autovía libre de peaje A-42, tramo N-301-Atalaya del Cañavate.
- ACUERDO por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40 - Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40 - Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409.
- ACUERDO por el que se resuelve el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje R-4, de Madrid a Ocaña, tramo M-50 Ocaña; la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-IV hasta la carretera N-II; del eje sureste, tramo M-40M-50, y de la prolongación de la conexión de la carretera NII con el distribuidor este, y actuaciones de mejora en la M-50, tramo M-409N-IV.
- ACUERDO por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje R-2, de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta la carretera N-I.
- ACUERDO por el que se autoriza el incremento de la bonificación al transporte previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro y transporte de carril para la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Subtramos: Castellbisbal-Martorell y San Vicenç de Calders-Vilaseca (2 lotes). Provincias de Barcelona y Tarragona. Valor estimado: 12.377.402 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de "Servicios de vigilancia y seguridad ADIF y ADIF alta velocidad 6 lotes" Provincias: varias. Valor estimado del contrato: 187.837.867,45 euros.
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
- REAL DECRETO por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
- ACUERDO por el que se toma razón de la tramitación de emergencia para la reposición del ancla de estribor del buque del Instituto Social de la Marina "Esperanza del Mar", así como la reparación y sustitución de la maquinilla que la maneja.
Industria, Comercio y Turismo
- ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa la convocatoria de préstamos correspondientes al programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 en el año 2018, por importe máximo de 30.000.000 de euros.
Agricultura, Pesca y Alimentación
- REAL DECRETO por el que se establece la normativa básica en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
- REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero.
Política Territorial y Función Pública
- REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
- REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica.
- ACUERDO por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con determinados apartados de la Moción del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional.
- ACUERDO por el que se designan los representantes de la Administración General del Estado en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado a que se refiere el artículo 183 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Ciencia, Innovación y Universidades
- ACUERDO por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., la convocatoria correspondiente al año 2018 de ayudas por importe de 25.000.000 de euros, destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
ACUERDOS DE PERSONAL
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
- REAL DECRETO por el que se nombra delegada del Gobierno para la Violencia de Género a Dª MARÍA PILAR LLOP CUENCA.
Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación
- REAL DECRETO por el que se nombra subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Dª ÁNGELES MORENO BAU.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Costa de Marfil a D. RICARDO LÓPEZ-ARANDA JAGU.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Gabonesa a D. FERNANDO ALONSO NAVARIDAS.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Haití a D. PEDRO JOSÉ SANZ SERRANO.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Estado de Kuwait a D. ÁLVARO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
- REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Túnez a D. GUILLERMO ARDIZONE GARCÍA.
- REAL DECRETO por el que se designa director general de Políticas de Desarrollo Sostenible a D. GABRIEL FERRERO Y DE LOMA-OSORIO.
Justicia
- REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado a Dª ANA ISABEL GARCÍA LEÓN.
- REAL DECRETO por el que se nombra fiscal adscrito a Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional a D. FRANCISCO DE BORJA JIMÉNEZ MUÑOZ.
Transición Ecológica
- REAL DECRETO por el que se nombra director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a D. JOAN HERRERA TORRES.
Cultura y Deporte
- REAL DECRETO por el que se nombra directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a Dª BEATRIZ NAVAS VALDÉS.
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- REAL DECRETO por el que se nombra director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad a D. JESÚS ÁNGEL CELADA PÉREZ.
CONDECORACIONES
Defensa
- REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a las siguientes personas:
- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire D. JUAN PABLO SÁNCHEZ DE LARA.
- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. RAFAEL COLOMER MARTÍNEZ DEL PERAL.
- General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina D. RAFAEL ROLDÁN TUDELA.
- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire D. JOSÉ ANTONIO HERRERA LLAMAS.
- General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. RAFAEL CASTRO REYES.
- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. MANUEL HERNÁNDEZ FRUTOS.
- Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. IGNACIO FRUTOS RUIZ.
- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. JOSÉ MARÍA CASTAÑO FERNÁNDEZ.
- General del Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra D. ENRIQUE RUIZ ALONSO.
AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS
ASUNTOS GENERALES
Hacienda
APROBADO EL INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO
- Tendrá lugar un incremento adicional del 0,25 %, con fecha 1 de julio, que es posible gracias a que el crecimiento del PIB en 2017 ha alcanzado el 3,1 %.
El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueba el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
El II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo suscrito el pasado 9 de marzo de 2018 fijó para los empleados públicos en el periodo 2018-2020 un incremento retributivo fijo más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía, que deberán recogerse en las respectivas leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
Las previsiones para este año se han recogido en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Así, se establece un aumento del 1,5 % de las retribuciones del personal del Sector Público, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, con efectos de 1 de enero de 2018. Y un incremento adicional del 0,25 %, con efectos de 1 de julio de 2018, si el crecimiento del PIB a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 %.
En lo que al incremento del PIB se refiere, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 establece que se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cual se comunicará a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo.
A estos efectos, el INE publicó el 30 enero de 2018 la "Estimación avance del PIB trimestral. Base 2010. Cuarto trimestre de 2017", señalando que la tasa anual de PIB se sitúa en el 3,1% en el cuarto trimestre de 2017 y así lo ha certificado con fecha 6 de julio.
Esta tasa de crecimiento del PIB se comunicó a la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo.
Por tanto, dado que se dan todos los requisitos exigidos, el Gobierno ha aprobado el incremento del 0,25 % adicional en las retribuciones del personal al servicio del sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo de manera inminente.
También para el personal laboral
De estas subidas, tanto la adicional (0,25 %) como el incremento fijo (1,5 %), se verán también beneficiados el personal laboral de las entidades del sector público estatal, tras haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva de ese sector público estatal para 2018.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha adoptado el pasado jueves el Acuerdo por el que se aprueban parcialmente las pautas para la negociación colectiva de las entidades del sector público estatal en el año 2018.
Esto permitirá que el personal laboral de estas entidades pueda beneficiarse de ese incremento retributivo recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 % de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de proyectos de mejora de la productividad.
En todo caso, los acuerdos de revisión salarial deberán incluir una cláusula que prevea que no podrán superar el incremento anual que se derive de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Otro elemento de importancia es que, a diferencia de lo que venía sucediendo en los ejercicios anteriores, se podrán acordar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Pautas en materia de relaciones laborales y de empleo
Además de aprobar unas nuevas pautas en materia salarial para el ejercicio 2017, se ha mantenido la vigencia de las pautas en materia de relaciones laborales y de empleo ya aprobadas en 2017.
En este ámbito, cabe señalar, entre otras, la negociación de convenios con periodos de vigencia amplios; el impulso de los contratos para la formación y el aprendizaje, en prácticas y a tiempo parcial; el impulso de la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y de medidas que permitan la conciliación de la vida personal; y el establecimiento de medidas para reducir el absentismo laboral.
Fomento
APROBADO EL INCREMENTO INMEDIATO DE LA SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES EN BALEARES, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA
El Consejo de Ministros ha autorizado, el incremento de la subvención del 50% al 75% de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y de los billetes de transporte marítimo de los residentes no peninsulares en los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional.
El Acuerdo se aplicará a los billetes que las compañías aéreas y marítimas emitan desde las 9 de la mañana (hora peninsular) del próximo lunes 16 de julio, primer día hábil tras su publicación en el BOE, prevista para mañana sábado
La decisión del Consejo de Ministros es fruto del compromiso del ministro de Fomento con los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, con objeto de que el incremento de la subvención, que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 no aplicó de forma directa, pudiera cubrir la mayor parte del período estival posible.
El acuerdo, tramitado de forma urgente, permite implantar de forma inmediata dicho aumento tras la aprobación de los PGE de 2018, sin perjuicio de que próximamente se apruebe el Real Decreto, tramitado también de urgencia, con objeto de consolidar normativamente la aplicación del aumento de esta subvención.
Gracias a esta medida, el Gobierno espera que se incrementen sustancialmente el número de viajes subvencionados en los desplazamientos con la península, de manera que en términos anuales se superen los cerca de 7,8 millones de billetes que ya disfrutaban del 50 % de subvención y que ahora, a partir del próximo lunes, alcanzará el 75 %.
En cifras globales, el Ministerio de Fomento subvenciona al año más de 15 millones de viajes entre la península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como los trayectos dentro de los dos archipiélagos, tanto por vía aérea como marítima. Esta subvención es una palanca fundamental en términos de cohesión territorial, a la que se suman el resto de medidas como las Obligaciones de Servicio Público, las bonificaciones e incentivos a las tarifas aeroportuarias o, en relación a las mercancías, las subvenciones al transporte de las mismas.
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE REALIZAN LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social, que realizan las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
El Real Decreto desarrolla una prestación de Seguridad Social, la prevención con cargo a cuotas de Seguridad Social, y da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Plan General de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las Mutuas.
La norma establece el marco general de la prevención con cargo a cuotas de Seguridad Social, dando una mayor seguridad jurídica a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en cuanto a las actuaciones que pueden llevar a efecto. Será la Secretaría de Estado de la Seguridad Social quien concrete el plan cada año, así como el porcentaje concreto que puede dedicarse a la realización de actuaciones en materia preventiva.
Se trata de actividades como asesoramiento a empresas, control y reducción de la siniestralidad laboral o actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción de las contingencias profesionales.
Se prevé que las Mutuas elaboraren sus propios planes de actividades preventivas ajustándose a los programas, actividades y prioridades que se determinen anualmente.
Agricultura, Pesca y Alimentación
SUBVENCIONES AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO A ENTIDADES ASOCIATIVAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR PESQUERO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades asociativas representativas del sector pesquero.
La experiencia adquirida en la gestión y tramitación de los expedientes administrativos de estas subvenciones en el ejercicio presupuestario anterior ha puesto de manifiesto la conveniencia de realizar algún ajuste puntual.
Concretamente, se ha modificado el procedimiento administrativo para la gestión de estas subvenciones, de modo que ya no se pide al solicitante que justifique la subvención a la vez que la solicita, como hasta ahora, sino que primero la solicita, y si se la conceden tendrá hasta cierta fecha para presentar la documentación que justifique que se han aplicado esos fondos públicos a las finalidades previstas.
Con este proceder se simplifica la tarea del administrado, pues sólo tendrá que justificar la ayuda en caso de que la reciba. Hasta ahora, todo peticionario tenía que presentar la documentación acreditativa, aunque luego no le fuera concedida la ayuda.
Por lo tanto, se garantiza una mejor gestión y tramitación de estas ayudas, al permitir que los beneficiarios puedan aportar la documentación justificativa de la subvención en un plazo mayor de tiempo, tras finalizar el período de realización de los gastos subvencionables, y sólo en caso de que, efectivamente, hayan resultado ser perceptores de la ayuda.
Por último, se ha aprovechado esta modificación para realizar determinados cambios formales menores en el articulado.
Agricultura, Pesca y Alimentación
NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE DECLARACIONES OBLIGATORIAS DE LOS SECTORES DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la normativa básica en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial productivo vitícola.
Esta norma incorpora a nuestro marco legal la Sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017 por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con diversos apartados de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En particular, se declaraban nulos diversos aspectos de la Ley en lo que concierne a las funciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), entre otras, la de establecer y desarrollar el régimen de control necesario acerca de los sistemas de información de mercados, entre ellos los oleícolas, siendo las comunidades autónomas las que deberán asumir dichas funciones.
El objetivo de este Real Decreto es afianzar y actualizar el vigente sistema de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y aceituna de mesa que se complementa con un censo de instalaciones y operadores oleícolas obligados a declarar, con el fin disponer de las mejores informaciones de sus mercados y en consecuencia, dotarles de una mayor transparencia.
Por otro lado, a través de la presente norma, es necesario adaptar cuatro anexos del Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, con el fin de completar la información que las Comunidades Autónomas deben comunicar en la aplicación de la misma.
Por todo ello, ha sido preciso una norma nacional como la que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, que nos permita disponer de los mejores instrumentos que otorguen una mayor y mejor calidad a la información de los mercados oleícolas.
Transición Ecológica
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica.
La actual estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica ha sido establecida mediante tres normas reglamentarias:
Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales y Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El presente Real Decreto desarrolla específicamente la última de las disposiciones citadas, en aplicación de su disposición final segunda, que encomienda a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a iniciativa de los titulares de los ministerios interesados, elevar al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos por los que se adapta la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales y organismos autónomos a las previsiones contenidas en dicho real decreto.
Competencias del Departamento
Es el Departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico.
Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, en el ámbito de las competencias del Estado, la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente, meteorología y climatología; la gestión directa del dominio público hidráulico, del dominio público marítimo-terrestre; la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes Administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.
Asimismo, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica el desarrollo de la política energética y minera nacional, junto con las medidas destinadas a asegurar el abastecimiento energético y la coordinación de la proyección exterior en la materia, garantizando una correcta regulación del sector y el análisis y seguimiento de estos mercados, junto con las competencias en minería, todo ello en el marco de la transición ecológica.
Organización del Departamento
A) La Secretaría de Estado de Energía.
Depende de la Secretaría de Estado de Energía la Dirección General de Política Energética y Minas.
B) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
De la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General del Agua.
Bajo la superior dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente quedan adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua, los siguientes organismos autónomos:
- Las Confederaciones Hidrográficas.
- La Mancomunidad de los Canales del Taibilla
El Ministerio para la Transición Ecológica ejerce la tutela de las sociedades estatales Acuaes, S.M.E. y Acuamed S.M.E., a través de la Dirección General del Agua.
b) La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general.
c) La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental.
d) La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Se adscribe a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2), fondo sin personalidad jurídica, y la Fundación Biodiversidad, fundación del sector público.
C) La Subsecretaría para la Transición Ecológica.
Depende de la Subsecretaría del departamento, con nivel orgánico de dirección general, la Secretaría General Técnica.
Dependientes de la Subsecretaría para la Transición Ecológica existirán Consejerías de Energía y Consejerías de Medio Ambiente como órganos especializados de carácter técnico de las Representaciones Permanentes de España para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio en el ámbito internacional.
Además, están adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica los organismos públicos siguientes:
a) El Organismo Autónomo Parques Nacionales queda adscrito a la ministra, que lo presidirá.
b) La Agencia Estatal de Meteorología se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
c) Organismos autónomos: Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., que se rige por su normativa propia y se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
d) Entidades públicas empresariales: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., que se rige por su normativa propia y se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
e) Fundaciones del Sector Público Estatal: Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), que se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
f) Fondos sin personalidad jurídica: Fondo Nacional de Eficiencia Energética F.C.P.J., que se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía.
El Ministerio ejerce la tutela de la sociedad mercantil estatal Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. S.M.E, S.P. (ENRESA) a través de la Secretaría de Estado de Energía.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos estará sujeta en el ejercicio de su actividad a la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Secretaría de Estado de Energía.
Hacienda
MEDIDAS PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS 'NARCOLANCHAS'
- Las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad se declararán género prohibido con excepción de las adscritas a la defensa nacional, embarcaciones de organismos públicos u organizaciones internacionales reconocidas y las de recreo con ciertos requisitos.
- Para garantizar el cumplimiento de la norma, se creará en el Ministerio de Hacienda un registro para este tipo de embarcaciones y se establecerá reglamentariamente un mecanismo de inspección y control.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la tramitación del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, con el objeto de avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco mediante la declaración como género prohibido, a efectos de la Ley, de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las mafias, especialmente en las costas del Campo de Gibraltar.
Mediante esta iniciativa legislativa se penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, denominadas 'RHIBS', al objeto de dotar a los órganos encargados de la represión del contrabando de una herramienta jurídica eficaz para proceder contra una tipología de embarcaciones habitualmente utilizada por las organizaciones para la introducción en las costas españolas de género de contrabando, principalmente hachís procedente de Marruecos y tabaco de Gibraltar.
Frente a la situación actual, en la cual resulta muy difícil proceder legalmente contra las denominadas 'narcolanchas' si no contienen carga ilícita en el momento de su detención, la modificación propuesta permitirá tomar en consideración parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación, su titularidad o la finalidad de su uso, para poder proceder a su incautación, incluso en tierra y sin carga ilícita, e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias por delito de contrabando que resulten pertinentes.
Delitos y multas asociadas
De acuerdo con la modificación legislativa planteada, al ser definidas las RHIBS como género prohibido a efectos de la Ley, se podrá proceder a su decomiso en cuanto sean detectadas y tendrán implicaciones penales o administrativas diversas actividades relacionadas con las mismas.
Así, la tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, actividad de comercio y rehabilitación, constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros, o bien, si supera esa cantidad, un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.
Embarcaciones afectadas y excepciones
La propuesta de modificación legislativa afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales tasados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.
Se establece, en paralelo, un régimen de excepciones a la prohibición para las embarcaciones neumáticas y semirrígidas adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las embarcaciones del Estado y administraciones territoriales, y las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, así como las embarcaciones auxiliares efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal.
Régimen de autorización previa y registro
Adicionalmente, quedarán exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en un registro, las embarcaciones distintas a las anteriores que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima; las que se utilizan para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles; las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.
Para garantizar el cumplimiento de esta norma se creará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, ubicado en el Ministerio de Hacienda, al que podrán acceder otros organismos, y un mecanismo de inspección y control que serán desarrollados reglamentariamente.
La propuesta de cambio normativo establece una "vacatio legis" de seis meses desde su aprobación para la entrada en vigor, momento a partir del cual se abre un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro.
Fomento
ACORDADA LA RESOLUCIÓN DE SEIS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE AUTOPISTAS DE PEAJE
El Consejo de Ministros ha acordado la resolución de seis contratos de concesión de autopistas de peaje, cuyas sociedades concesionarias se encuentran en fase de liquidación en el ámbito de los procedimientos concursales.
Se trata de las concesiones de las autopistas de peaje Radial 2, 3, 4 y 5, M-12, AP-36 (Ocaña -La Roda) y AP-7 (Cartagena-Vera), cuya resolución se acuerda en razón de su situación de insolvencia y del inicio de la fase de liquidación de las sociedades concesionarias, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
Con carácter previo al Acuerdo del Consejo de Ministros, se han llevado a cabo los trámites necesarios para la resolución de los contratos, como los de audiencia al contratista, el informe de la Abogacía del Estado o el Dictamen del Consejo de Estado.
En los próximos meses se procederá a liquidar estos contratos y se determinará la cantidad conocida como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).
Para poder continuar con la prestación del servicio, el Consejo de Ministro ya aprobó en el mes de agosto del año pasado el convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SEITTSA, (publicado en el BOE el 25 de agosto de 2017), que se hará cargo de la gestión de las autopistas cuando finalicen los contratos actuales.
En dicho convenio, se autorizaba a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje a fijar la fecha del inicio de la explotación por SEITTSA. Ésta asumió la explotación de estas autopistas entre el 21 de febrero y el 10 de mayo.
Fomento
AUTORIZADA LA ADQUISICIÓN DE CARRIL PARA IMPLANTAR EL ANCHO INTERNACIONAL ENTRE CASTELLBISBAL Y VILASECA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif, la adquisición de materiales para la ejecución de las obras de implantación del ancho internacional en el Corredor Mediterráneo a su paso por Cataluña.
El contrato, que se licitará por importe de 14.976.734 euros (IVA incluido) y está dividido en dos lotes, comprende el suministro y transporte de carril para su instalación en los tramos Castellbisbal-Martorell y Sant Vicenç de Calders-Vilaseca.
Esta actuación se enmarca en las obras de implantación del ancho internacional en la red ferroviaria convencional existente en el trayecto Castellbisbal-Vilaseca. El proyecto contempla la instalación de un tercer carril, adaptando asimismo las instalaciones y diferentes elementos de la línea, para la circulación de trenes tanto de viajeros como de mercancías.
El contrato comprenderá el suministro de 14.000 toneladas de carril de tipo 60 E1, en barras de 90 m, y de 200 toneladas de carril de tipo 50 E1, en barras de 18 m. Asimismo, incluye el transporte hasta la planta en la que se soldarán dichas barras entre sí para configurar tramos de carril de 270 m o 180 m y, posteriormente, el traslado de estos elementos a los tramos en los que se efectuará el montaje de vía.
Esta actuación va a ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" (CEF).
Fomento
AUTORIZADA LA LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES E INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones de la entidad pública (estaciones, infraestructuras ferroviarias, etc.) por importe de 227.283.819,61 millones de euros (IVA incluido), durante un periodo de 36 meses.
La licitación se estructurará en 6 lotes territoriales correspondiente a Centro, Este, Nordeste, Noroeste, Norte y Sur.
Para la redacción de este contrato, Adif ha realizado un profundo análisis de las condiciones específicas tanto de la infraestructura a proteger como de la prestación del servicio y del ámbito territorial. Además, se han tenido en cuenta los problemas que se han generado a lo largo de los últimos años en el sector de la seguridad privada, así como el necesario reconocimiento de los costes reales del servicio.
De esta manera, el nuevo contrato licitado se adapta a la situación actual de riesgo de las infraestructuras, recupera los niveles de servicio de hace una década e incorpora los desarrollos de la red ferroviaria de estos últimos años y los niveles de capacidad necesarios para dar cobertura al servicio de manera óptima.
Las principales mejoras del nuevo contrato licitado son las siguientes:
- Ajuste del impacto de las puestas en servicio producidas en los últimos años.
- Incorporación de medidas tecnológicas (sistemas de localización, GPS en coches y patrullas, etc.)
- Compensación de desajustes en determinadas zonas.
- Redimensionamiento de partidas para contingencias y situaciones especiales.
- Incremento de formación.
- Incorporación de actuaciones (apertura y cierre de puertas, etc.)
- Mejora de los servicios de inteligencia como medidas de vigilancia preventiva.
El contrato licitado recoge así los acuerdos alcanzados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Privada, creado en agosto 2017 por el Ministerio de Fomento, con el objetivo de incluir en la contratación pública de los servicios de seguridad privada aspectos como la formación, la calidad del servicio, las condiciones de trabajo, de la productividad y también las condiciones laborales y salariales. Es decir, se recoge la importancia del precio, pero, al mismo tiempo, se reconoce que la oferta técnica debe garantizar las condiciones de calidad en la prestación del servicio.
El contrato licitado incorpora también criterios relacionados con la calidad y la exigencia de unas condiciones de solvencia suficientes para garantizar que las empresas adjudicatarias tengan capacidad para llevar a cabo los servicios encomendados.
Esta revisión en profundidad de las necesidades actuales, así como la necesaria recuperación de los niveles de servicio y la adecuación al nuevo marco del acuerdo del Grupo de Trabajo mencionado, implica un aumento del 50,73% en el número de horas (la prestación del servicio superará los 3 millones de horas anuales) y una mejora del dimensionamiento y capacitación de las patrullas de la vigilancia dinámica en estaciones y terminales.
Del mismo modo, este necesario incremento en el número de horas, unido a la subida de las tarifas del servicio, hace que el presupuesto de licitación sea un 50,97% superior al del anterior contrato.
Garantizar en todo momento la seguridad en las estaciones y en sus 15.000 kilómetros de red es un factor esencial del servicio público que presta Adif. Así se recoge en el primer pilar del Plan Estratégico 2020, que define su objetivo prioritario como: "Garantizar la seguridad de las personas, la continuidad de las operaciones y la preservación de los activos frente a las amenazas de seguridad y las situaciones de emergencia".
Esta nueva orientación estratégica de Adif, reflejada en una nueva organización de su Dirección de Protección y Seguridad, requiere de una nueva visión, más moderna y actualizada, del ejercicio de la protección y la seguridad de los ciudadanos a los que presta el servicio; más enfocada en un modelo preventivo que anticipe y mitigue los riesgos, reduciendo así la exposición a las amenazas y dotando a Adif de una respuesta proactiva y eficiente.
Hacienda
AUTORIZADAS CATALUÑA Y BALEARES A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO, Y ARAGÓN A OTORGAR AVALES
El Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo, a Baleares a formalizar préstamos a largo plazo, y a Aragón a otorgar avales.
La autorización de Cataluña y la de Aragón son necesarias por aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), mientras que la de Baleares, por aplicación del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de la Disposición transitoria tercera de la LOEPSF.
En el caso de Cataluña, incumplió la regla de gasto del ejercicio 2017 y no cuenta todavía con un Plan Económico Financiero (PEF) declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por lo que la formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo debe contar con la previa autorización del Consejo de Ministros.
En el caso de Aragón, incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2017, por lo que la posibilidad de otorgar avales también debe tener la autorización previa del Consejo de Ministros.
Respecto a la finalidad de las operaciones:
- La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 4.113,87 millones de euros, para refinanciar los vencimientos de líneas de crédito a corto plazo durante los meses de julio y agosto de 2018, formalizados por la Generalitat y sus entidades SEC. Dicha autorización, por tratarse de refinanciación de deuda, no supondrá un aumento del endeudamiento de la comunidad al final del ejercicio.
- La Comunidad Autónoma de Illes Balears ha sido autorizada a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 150 millones de euros. Dicha autorización tiene como finalidad renegociar operaciones de endeudamiento a largo plazo de la cartera vigente en 2018 de esa comunidad en forma de préstamos, que corresponden a operaciones suscritas por la administración de la comunidad y por los entes que conforman el sector público de esa comunidad autónoma, y que tiene como finalidad reducir los costes financieros de su cartera de deuda.
- La Comunidad de Aragón ha sido autorizada a otorgar avales por un importe máximo de 225.000 euros, por medio de la Fundación Zaragoza Logistic Center, y tiene como finalidad amparar avales de esta fundación para garantizar préstamos concedidos a estudiantes en el curso académico 2018/2019 .
Las autorizaciones de Cataluña, Baleares y Aragón sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018.
Cataluña y Baleares deberán supeditar las operaciones de endeudamiento que formalicen en ejecución de estas autorizaciones al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2018, fijado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017.
Industria, Comercio y Turismo
30 MILLONES DE EUROS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
- El programa de préstamos se centra en la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación en organización y procesos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. La iniciativa concederá 30 millones de euros en préstamos durante 2018 a proyectos dirigidos a la transformación digital de la industria manufacturera: investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en organización y procesos.
Las áreas temáticas que contempla el programa abarcan desde el tratamiento masivo de datos hasta la robótica avanzada. En la práctica supone potenciar la investigación en aplicaciones que usan la información recogida en la cadena de producción, visualización de datos, nuevos procesos de impresión 3D, robótica colaborativa persona-máquina, y proyectos de realidad aumentada y virtual.
Las iniciativas seleccionadas accederán a préstamos reembolsables a 10 años, (3 de carencia y 7 de amortización) con tipo de interés cero. Desde la resolución de la concesión se otorga un plazo de dieciocho meses para realizar las actuaciones.
Entre los gastos financiables por el programa se encuentran los costes de personal, instrumental, material inventariable, y costes de investigación contractual.
Ciencia, Innovación y Universidades
CONVOCATORIA 2018 DEL PROGRAMA NEOTEC DE EMPRESAS INNOVADORAS
El Consejo de Ministros ha autorizado al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la convocatoria 2018 del Programa Neotec -ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras- dotado con 25 millones.
Esta convocatoria apoya proyectos empresariales que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora, en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología propia. Concretamente, las ayudas financiarán hasta el 70% del presupuesto de los proyectos empresariales que opten a este programa que tengan un mínimo financiable de 175.000 euros, pudiendo la subvención alcanzar hasta un máximo de 250.000 euros por beneficiario.
Los beneficiarios de las convocatoria son pequeñas empresas innovadoras, constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda a la convocatoria, con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado íntegramente, e inscrito totalmente en el registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud.
Estas ayudas del CDTI fomentan que la tecnología y la innovación sean factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias. Además, pertenecen al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, principal instrumento de programación de la Administración General del Estado en materia de I+D+i.
Defensa
ACUERDO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de las actuaciones para la contratación de los servicios de vigilantes de seguridad (vigilantes con y sin armas) para el Ministerio de Defensa, por un importe máximo de 5.798.479,85 euros.
El anterior acuerdo marco para la contratación de servicios de vigilantes de seguridad (vigilantes con y sin armas) para el Ministerio de Defensa fue formalizado con la empresa NOVOSEGUR Seguridad Privada el 10/04/2017.
El plazo de duración del anterior acuerdo marco era de 1 año, a contar desde la fecha de formalización, con posibilidad de prórroga de 1 año más, si bien la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, órgano de contratación del mismo, acordó no prorrogarlo, por lo que finalizó su vigencia el 10/04/2018.
La Junta de Contratación acordó autorizar que los contratos basados en dicho expediente pudieran tener una vigencia superior a la del acuerdo marco, para cubrir el periodo de tiempo comprendido entre la finalización del expediente y la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco que le deberá sustituir, que actualmente se encuentra en fase de adjudicación.
Sin embargo, la declaración de concurso de acreedores de NOVOSEGUR, publicada en el BOE nº69, de 20/03/2018, impide la celebración de nuevos contratos, así como la prórroga de los contratos en vigor, al estar incursa la contratista en prohibición de contratar.
Está previsto que este nuevo acuerdo marco pueda adjudicarse a finales de junio, o principios de julio de 2018, pero hasta entonces, y desde el 10/04/2018 no existe ningún acuerdo marco de servicios de seguridad para el Ministerio de Defensa.
Por esta razón, el 6 de abril de 2018, el secretario de Estado de Defensa declaró la tramitación de emergencia de la contratación transitoria de servicios de vigilantes de seguridad (vigilantes con y sin armas), para el periodo comprendido entre el 10/04/2018, para los lotes 1 y 3, o entre el 01/06/2018, para el lote 2, y la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco.
La prestación de emergencia de servicios de seguridad cuenta con las siguientes características:
- Ámbito subjetivo: el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.
- Plazo de ejecución: Para los lotes 1 y 3 el plazo de ejecución es de 4 meses, a contar desde el 10/04/2018. Para el lote 2 el plazo de ejecución es de 2 meses a contar desde el 01/06/2018.
División en lotes: el contrato se divide en 3 lotes:
- Lote 1: Instalaciones del MINISDEF excepto SGRI e INVIED.
- Lote 2: Instalaciones de la SGRI.
- Lote 3: Instalaciones del INVIED.
Política Territorial y Función Pública
COMISIÓN BILATERAL GENERALITAT-ESTADO
El Consejo de Ministros ha designado a los representantes del Gobierno en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que estará presidida por Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública.
Junto a la ministra, formarán parte de este órgano los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; Hacienda, Inés María Bardón; Infraestructuras, Pedro Saura, y Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. Completa esta delegación la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
CONVENIO PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.
Entre 2013 y 2015 se ha desarrollado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/G-20 el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios) que lucha contra la elusión fiscal internacional de las grandes multinacionales. Este proyecto ha concluido con un informe final que incluye un amplio paquete de medidas. Algunas requieren de una modificación de las normativas puramente internas (limitación de gastos financieros o el informe país por país); otras, sin embargo, requieren de la modificación de los convenios para evitar la doble imposición (la adopción de cláusulas anti abuso o la modificación de la definición de establecimiento permanente). Por lo que respecta a este segundo grupo de medidas, la modificación de los más de 3.500 convenios bilaterales para evitar la doble imposición (CDI) vigentes en el mundo (89 en vigor en el caso de España) para incorporar esas medidas puede ser un proceso largo y poco eficiente, si pretende realizarse uno a uno.
Por este motivo, para que este proceso pueda ser mucho más rápido y eficiente, se ha firmado este Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios que va a permitir actualizar la red mundial de CDI con las medidas resultantes del proyecto BEPS de manera sincronizada evitando las negociaciones bilaterales de cada uno de ellos.
Este Convenio es un instrumento flexible, en el sentido de que los Estados pueden elegir los artículos a adoptar así como los convenios bilaterales que van a ser modificados. Este juego de opciones se realiza mediante lo que se denomina reservas y notificaciones. De esta forma, únicamente cuando las dos partes de un convenio bilateral coincidan en optar por un artículo, el convenio quedará modificado en consecuencia.
Acompañando a este Convenio, se ha desarrollado un conjunto de comentarios que ofrecerán una fuente de interpretación de los artículos y una clarificación de la operativa del Convenio en su relación con los CDI que pretende modificar.
BIOGRAFÍAS
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género.-
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, accedió a la Carrera Judicial por el turno libre en 1999, y ascendió a magistrada en 2004. Ha compatibilizado su función judicial con la de consultora internacional y ha trabajado en diversos países de la Unión Europea así como en América Latina en temas relacionados con reformas de los sistemas judiciales, en materia penal y en violencia de género. De septiembre de 2006 a febrero de 2007 trabajó en el Proyecto de Estancias Estructurales en la Unión Europea (experta nacional a corto plazo o structural trainee), en la Comisión Europea, en la Dirección General de Cooperación Internacional (AIDCO) en Bruselas, encargada de asuntos de justicia, derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. De Julio de 2009 a diciembre de 2010 trabajó en Bulgaria como asesora residente en el Proyecto Twinning de reforzamiento del sistema judicial búlgaro.
De marzo de 2011 a abril de 2015 fue letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, con responsabilidades como la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género, secretaria de la Comisión Igualdad, secretaria Foro Justicia y Discapacidad, y secretaria del Comité de Dirección del Consejo General del Poder Judicial. Después, fue elegida diputada de la Asamblea de Madrid.
Ha colaborado en varias publicaciones de editoriales jurídicas de derecho penal y en varias revistas jurídicas. Es especialista en traducción jurídica inglés-español por la Universidad de Alicante. Su último destino judicial fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n º 5 de Madrid.
Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación
Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.-
Nacida en 1968, en Madrid, es licenciada en Derecho, tiene estudios en sociología en la Universidad Americana de El Cairo y de Derecho Internacional en la Universidad de Viena.
Pertenece a la Carrera Diplomática desde 1994.
Actualmente era cónsul adjunta en la Embajada española en Londres. Ha trabajado en las embajadas en México, Sierra Leona, El Cairo, Panamá y Moscú. Y ha sido embajadora en Misión especial para Asuntos Energéticos. También ha sido subdirectora general adjunta de Cooperación y Promoción Cultural Exterior
En el Ministerio del Interior ha sido directora general de Relaciones Internacionales y subdirectora general de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería.
También ha sido directora de Gabinete del secretario general de Presidencia del Gobierno y directora de Gabinete de la secretaria de Estado de Defensa.
Embajador de España en la República de Costa de Marfil.-
Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, DEA en Derecho comunitario por la Universidad Panthéon-Assas, diplomado en Seguridad Europea por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y en el programa de Gestión de Políticas Públicas del IESE Business School. Es diplomático desde 1997.
Entre los puestos que ha desempeñado en los servicios centrales cabe señalar que ha sido miembro del Departamento internacional y de seguridad en la Presidencia del Gobierno y subdirector general de Política Exterior y de Seguridad Común en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación.
En el exterior ha sido ministro Consejero en las Embajadas de España en Managua (Nicaragua) y en Pretoria (con acreditación en Sudáfrica, Comores, Mauricio, Lesotho y Madagascar) y representante adjunto en el Comité Político y de Seguridad de la UE, y ante la Unión Europea Occidental, en Bruselas. En la actualidad dirige la Oficina de Análisis y Previsión del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación desde 2014.
Embajador de España en la República Gabonesa.-
Nacido en Vitoria (Álava) en 1968. Es licenciado en Derecho y diplomado en Economía y Empresa por la Universidad de Deusto y posgraduado en Derecho Europeo por la Universidad de Estrasburgo.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 1999. Ha desempeñado puestos diplomáticos en Brasil, Gabón, Croacia y Japón. En los servicios centrales ha sido subdirector general adjunto de Comunicación Exterior y subdirector general de Asia Meridional y Oriental, puesto que ha ocupado desde 2014 hasta la actualidad.
Embajador de España en la República de Haití.-
Nacido en Madrid, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1989.
Ha sido jefe de servicio de extranjeros y refugiados en la Dirección General de Asuntos Consulares y después secretario de Embajada en las Embajadas de España en Honduras, Colombia y Hungría. Fue vocal asesor en AECID, consejero cultural en la Embajada de España en Alemania, cónsul en Pekín y subdirector general de Protección y Asistencia Consular. Desempeñó a continuación la Segunda Jefatura de la Embajada en Argentina y fue posteriormente designado embajador de España en Kazajstán, la República Kirguisa y Tayikistán.
Embajador de España en el Estado de Kuwait.-
Nació en Madrid en 1961. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York.
Ingresó en la Carrera Diplomática el 11 de marzo de 1988. Ha estado destinado como Segunda Jefatura en la Embajada de España en Kingston (Jamaica), como secretario en la Representación Permanente de España ante la ONU en Nueva York y como consejero en la Embajada en Washington, así como en calidad de cónsul general adjunto en el Consulado en Moscú. En los servicios centrales del MAEC, ha desempeñado, entre otros, los cargos de subdirector general de Europa Central y Meridional y subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales, cargo este último que ostentaba hasta ahora.
Embajador de España en la República de Túnez.-
Nació en Madrid en 1962, es licenciado en Derecho y pertenece a la carrera diplomática desde 1990. Ha sido subdirector de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde agosto de 2014. Ha sido embajador de España en Guinea (Conakry). Fue subdirector general de Política Exterior para Oriente Próximo y ha estado destinado en las Embajadas de España en Israel, en Líbano y en Guatemala. Ha estado también destinado en dos ocasiones en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea: como consejero para Asuntos Autonómicos y, posteriormente, como consejero encargado de los Grupos de Trabajo del Consejo de la UE Magreb-Mashrek y Medio Oriente-Golfo.
Director general de Políticas de Desarrollo Sostenible.-
D. GABRIEL FERRERO Y DE LOMA-OSORIO.
Es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia y profesor de planificación del desarrollo y cooperación internacional en la misma. Desde agosto de 2017 hasta la actualidad es vocal asesor para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Anteriormente, fue subdirector general de Planificación y Políticas de Desarrollo en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y coordinador del Equipo de Tareas de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLTF). Formó parte del Equipo para la Agenda 2030 y Cambio Climático de la Oficina Ejecutiva del secretario general de las Naciones Unidas. Es autor y editor de más de 50 publicaciones en libros, revistas y prensa, internacional y en España, científicas y de divulgación.
Justicia
Fiscal adscrito a Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional.-
D. FRANCISCO DE BORJA JIMÉNEZ MUÑOZ.
Nacido en 1971, ingresó en 1999 en la carrera fiscal, siendo inicialmente destinado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla. Entre 2015 y 2017 desempeñó el puesto de experto residente de la Unión Europea en Belgrado.
Actualmente era abogado fiscal de la fiscalía provincial de Córdoba como fiscal adscrito a la fiscal de sala coordinadora de Cooperación Penal Internacional.
Transición Ecológica
Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.-
Nació en Barcelona en 1971. Es abogado, licenciado por la Universidad de Barcelona, es especialista en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, y tiene un postgrado en la Universidad Pompeu Fabra.
Profesor asociado de la Universitat de Girona, donde imparte teoría de las élites en España.
Desde 2016 ha ejercido como abogado y socio en el despacho Sinergia-Energía Derecho y Medioambiente y ha sido el director de la Escuela de Cuadros de CCOO.
Fue diputado y portavoz del Grupo Izquierda Verde-IU-ICV en el Congreso en la legislatura del 2004 al 2008 y del 2008 hasta octubre de 2010. Después sería diputado y presidente del Grupo Parlamentario de ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya. Desde estos ámbitos ha trabajado en todo lo que se refiere a economía verde, con multitud de iniciativas y propuestas.
Secretario general de ICV en 2009 y después coordinador nacional de ICV hasta abril de 2016.
Patrón de la Fundación Energías Renovables.
Ha escrito numerosos artículos y dos libros. "Economía y ecología" en 2010 con la Editorial Columna así como "¿Cuánta desigualdad puede soportar la democracia?" en 2013 con RBA.
Cultura y Deporte
Directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.-
Nacida en Madrid en 1978. Es doctora en Análisis fílmico por la Universidad Complutense de Madrid.
Es gestora cultural e investigadora audiovisual. Ha sido comisaria del Programa audiovisual "The Artist's House", en el Museo Villa Stuck, en Munich. Ha desarrollado diversos proyectos de cine y televisión, y desde 2008 a 2017 ha ocupado en La Casa Encendida los puestos de responsable de los departamentos de Audiovisuales y de Artes Escénicas.
Ha publicado diversos libros y artículos sobre la creación audiovisual, impartido cursos y conferencias, y participado como jurado en diferentes certámenes del mundo audiovisual.
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.-
Es ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid. Diplomado en Estudios Avanzados por esa misma universidad. Cursó estudios de Ingeniería Superior en Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha finalizado el Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública del Ministerio de Administraciones Públicas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además ha sido profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Europea de Madrid.
En 2005, tras aprobar con el número uno las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Estado ingresa en el Instituto Geográfico Nacional como jefe de sección de Sistemas Informáticos.
En 2011 se incorpora al Real Patronato sobre Discapacidad, desempeñando el puesto de consejero técnico como responsable de las relaciones del organismo con la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad.
En el año 2015 fue nombrado subdirector general de Diálogo Civil de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad dirigiendo las Secretarías de la Fundación del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, del Consejo del Protectorado de la ONCE y del Consejo de Protección de la Cruz Roja Española.
Ha sido miembro del jurado de los Premios Reina Letizia sobre Discapacidad en varias ediciones y Vocal de la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan ADOP del Comité Paralímpico Español. Ponente en políticas de apoyo a la discapacidad en los cursos de acceso a la Función Pública, también ha participado como experto en proyectos financiados por la Unión Europea en materia de Discapacidad, Educación y Empleo ejecutados en Túnez y en Ucrania.