Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios.
• ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada.
• ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la modificación del artículo 7 de los Estatutos de la Sociedad Europea para el financiamiento de material ferroviario.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago al Instituto de Crédito Oficial de 76.510,10 euros en concepto de compensación de gastos por la gestión del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento durante el año 2013.
• ACUERDO por el que se autoriza con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento la asignación de un importe máximo de 4.620.989,90 euros, en el ejercicio 2014, para asegurar el adecuado seguimiento y evaluación que exige la gestión de los programas del citado Fondo.

Justicia

• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Dª Paciencia Melgar Ronda.
• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Dª Helena S. Wolo.
• ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de Marruecos la continuación del procedimiento de extradición de Mohamed Said Mohamed por un delito de pertenencia a organización terrorista.
• ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de la República Dominicana la extradición de José María Gil Silgado por un delito contra la Hacienda Pública.

Hacienda y Administraciones Públicas

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de Ley de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 41.870.218,65 euros, para financiar a la Seguridad Social las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por dicho importe y para la finalidad indicada.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 2.259.538 euros, para atender gastos en concepto de bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques, especificados en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por dicho importe y para la finalidad indicada.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 319.622,38 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la citada cuantía, para dar cumplimiento a varias sentencias y autos en materia de expropiación forzosa, con motivo de la construcción y adecuación del curso bajo del río Guadalhorce.
• ACUERDO por el que se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, para hacer frente a las ayudas a la amortización de largometrajes a las empresas productoras, derivadas de la Ley 55/2007,del Cine.
• ACUERDO por el que se autoriza un crédito extraordinario en el presupuesto del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para dar cumplimiento al Real Decreto 903/2014, de 24 de octubre, por el que se regula la concesión de una subvención directa a la Fundación Gran Teatro del Liceo, para la ejecución del Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017.
• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción de sendos Convenios de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las comunidades autónomas de Castilla y León, Cataluña, Madrid, y la Comunidad Foral de Navarra, para financiar la incorporación estable durante el año 2013 de investigadores con una trayectoria investigadora destacada.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, para proceder a la firma de una encomienda de gestión con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la elaboración, fabricación y prestación de servicios industriales y técnicos para la producción y puesta a disposición de diversos documentos oficiales de identificación y de viaje.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Informe general sobre los principales resultados de la ejecución de las auditorías de las cuentas anuales 2013, Plan Auditorías 2014, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.

Interior

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA de Régimen de Personal del Cuerpo Nacional de Policía.
• ACUERDO por el que se autoriza la contratación de los servicios necesarios para el escrutinio provisional y otros servicios complementarios con motivo de las elecciones locales 2015, por un valor estimado de 14.300.000 euros.

Educación, Cultura y Deporte

• REAL DECRETO por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

Empleo y Seguridad Social

• ACUERDO por el que autoriza la celebración del contrato para la adquisición de bienes y servicios informáticos de la firma Software AG España, con destino a los Servicios Centrales de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
• ACUERDO por el que se impone una sanción de 190.792,86 euros a la empresa Deus Creaciones, S.L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña.
• ACUERDO por el que se impone una sanción de 211.047,06 euros a la empresa Costura Invisible, S.L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña.
• ACUERDO por el que se impone una sanción de 163.406,50 euros a la empresa Shivshi, S.L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña.

Industria, Energía y Turismo

• REAL DECRETO por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.
• REAL DECRETO por el que se designa comercializador de referencia de electricidad a CHC Comercializador de Referencia S.L.U.
• ACUERDO por el que se resuelven las Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial formuladas por las personas y físicas y jurídicas que se relacionan en el Anexo, en solicitud de indemnizaciones por los daños producidos como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

• REAL DECRETO por el que regula el reconocimiento de las organizaciones de productores, la extensión de las normas, las relaciones contractuales y la comunicación de información en el sector del tabaco crudo.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, sobre reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas y el Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
• ACUERDO por el que establecen las cuantías de las contribuciones a diferentes organismos internacionales para el año 2014 en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por un importe global de 90.150 euros.
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción del colector de San Cristóbal de Segovia, en la provincia de Segovia.
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de los emisarios de conexión del colector del arroyo de las Fuentes, en la provincia de Burgos.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la realización por el Fondo Español de Garantía Agraria de la campaña sobrevenida de publicidad institucional: "Difusión de activos de la agricultura española".

ACUERDOS DE PERSONAL

Hacienda y Administraciones Públicas

• REAL DECRETO por el que se nombra directora general de la Función Pública a Dª ELENA COLLADO MARTÍNEZ.

CONDECORACIONES

Interior

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a título póstumo, a D. JOSE MARÍA PÉREZ LÓPEZ.

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ASUNTOS GENERALES

Interior

APROBADO EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL

• La nueva norma unifica el régimen estatutario existente hasta ahora y recoge la nueva denominación del Cuerpo Nacional de Policía que pasará a llamarse "Policía Nacional".
• Es una Ley necesaria para la adecuada y completa organización estatutaria de la Policía Nacional, da cumplimiento a lo establecido por el mandato constitucional y es una iniciativa que reviste un carácter histórico ya que dota a la Policía Nacional de una Ley de Personal tras casi treinta años de existencia
• Por primera vez, se hace una referencia expresa y sistematizada a sus derechos individuales y colectivos, destacando el respeto a la dignidad en el trabajo y las situaciones de acoso laboral o sexual
• Con el objetivo de que los agentes desempeñen sus funciones con mayor seguridad se concertará un seguro de responsabilidad civil que refuerce su protección jurídica y económica

El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional que pretende unificar y actualizar el régimen estatutario existente hasta ahora bajo una única norma. Esta nueva regulación viene motivada por las nuevas necesidades organizativas y funcionales derivadas del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del 13 de marzo de 1986, y la conveniencia de unificar en una norma con rango legal todos aquellos aspectos esenciales del régimen de personal que actualmente se encuentran regulados de forma dispersa en normas de distinto rango.

Se trata, pues, de una ley necesaria para la adecuada y completa organización estatutaria de la Policía Nacional, da cumplimiento a lo establecido por el mandato constitucional, mejora las condiciones de trabajo y de vida de los miembros de la Policía Nacional, que dispondrán de más derechos y estarán mejor protegidos, y es una iniciativa que reviste un carácter histórico ya que dota, a lo que a partir de ahora será la Policía Nacional, de una Ley de Personal tras casi treinta años de existencia.

En su Título Preliminar recoge la nueva denominación del Cuerpo Nacional de Policía que pasará a denominarse "Policía Nacional", con la finalidad de consolidar su imagen corporativa y propiciar una mejor identificación de la organización de cara a la sociedad.

Además, para asumir los principios de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del 22 de marzo de 2007, se hace especial referencia a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como principio informador de la interpretación y aplicación de sus preceptos, en especial en el ámbito del ingreso, formación, promoción profesional y condiciones de trabajo.

Derechos y deberes

Una de las novedades de esta nueva Ley Orgánica es la referencia expresa y sistematizada a los derechos de los policías nacionales, ordenándolos en virtud de la relevancia constitucional de los bienes jurídicos. Destaca el respeto a la dignidad en el trabajo y, especialmente, frente a situaciones de acoso laboral o sexual.

Los agentes disfrutarán de la mayoría de los derechos funcionariales con las adaptaciones precisas en función de la naturaleza de la misión encomendada. Resalta el derecho a que se adopten medidas que favorezcan la conciliación de su vida personal, familiar y laboral, así como el desempeño de funciones adecuadas a sus condiciones psicofísicas en las condiciones previstas en esta Ley.

Entre los deberes destaca el intento de buscar un equilibrio entre la libertad de elección del domicilio y las exigencias derivadas de las funciones policiales. Para ello, se establecerá como referencia el ámbito territorial que, con arreglo a unos criterios objetivos y con la participación de las organizaciones sindicales, se determine respecto de la plantilla de destino.

Con el objetivo de que los agentes desempeñen sus funciones con mayor seguridad, se contratará un seguro de responsabilidad civil que refuerce su protección jurídica y económica.

Además, dentro del Título III de este Proyecto se regula un régimen de incompatibilidades acorde con las peculiaridades de las funciones policiales, que permite desempeñar, con carácter general, un segundo puesto de trabajo en las mismas condiciones que el personal al servicio de las administraciones públicas, siempre que no suponga un deterioro para la imagen o prestigio de la Policía Nacional y no sea contrario a sus principios básicos de actuación.

Una nueva categoría: comisario general

En la nueva norma se fijan las bases de la estructura de la Policía Nacional, como cuerpo ordenado jerárquicamente. Se mantienen las mismas escalas y categorías, con una única excepción en la Escala Superior donde se crea la categoría de comisario general que se producirá con los nombramientos de director adjunto operativo, subdirector general, comisario general o jefe de División. Se pretende, así, dotar de un tratamiento adecuado al nivel de carrera alcanzado por aquellos funcionarios designados para ocupar la cúpula de la organización policial.

Otra de las novedades es la integración de la Escalas de Subinspección y Básica en los subgrupos de clasificación A2 y C1, respectivamente, con lo que se eliminan las disfunciones generadas por la dualidad entre efectos económicos y administrativos existentes hasta ahora.

Ingreso, formación, especialización

Por primera vez, se realiza una exposición de las áreas policiales en las que existirán las especialidades necesarias para la realización de tareas que requieran un determinado nivel de conocimientos o formación específica.

El nuevo texto contempla también la exigencia de nuevas titulaciones para el ingreso, tanto en la Escala Básica, como en la Escala Ejecutiva, con el objetivo de adaptarse, tanto al Plan Bolonia, como al nivel educativo del país. Será necesario estar en posesión del título universitario de grado para acceder a la Escala Ejecutiva y del título de Bachiller para ingresar en la Escala Básica. Para ello, se establece un plazo transitorio de cinco años para exigir ese título a quienes ya estén en la Policía Nacional y quieran acceder a otra categoría superior mediante promoción interna.

Las modalidades de ingreso se siguen articulando mediante el sistema de oposición libre y conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como a los de publicidad de las convocatorias, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección.

Se prevé la realización de cursos de altos estudios profesionales que capaciten para el ejercicio de las funciones propias de puestos directivos y profundicen en el conocimiento e investigación de métodos y técnicas policiales. Quienes realicen estos cursos tendrán un compromiso de permanencia en la situación de servicio activo o de servicios especiales en puestos de interés policial por un período mínimo de tres años, a partir de la finalización de los estudios.

Promoción interna y carrera profesional

La nueva Ley Orgánica permitirá ascender a la categoría superior a la que se ostente por cualquiera de las dos modalidades, antigüedad selectiva y concurso-oposición, eliminando las limitaciones actuales para el ascenso a oficial de Policía o comisario principal. Con ello se posibilita el rejuvenecimiento de los cuadros de mando y se propicia una progresión más rápida en la carrera profesional. Además, se eleva de dos a tres el número máximo de convocatorias en las que se podrá participar por antigüedad selectiva, flexibilizando así las condiciones de esta promoción interna en beneficio de la carrera profesional, y se mantiene ilimitado el número de convocatorias en las que se podrá participar en la modalidad de concurso-oposición.

Podrán participar en los procesos de promoción interna los policías nacionales que se hallen en situación de excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia de género, junto con los que se encuentren en situación de servicio activo o de servicios especiales. Así se contribuye al desarrollo profesional de los agentes, a la conciliación de la vida laboral y familiar, así como a la efectiva implantación de la igualdad por razón de género. Además, se reconoce expresamente la protección otorgada a la mujer policía víctima de violencia de género a través del derecho a la movilidad geográfica, a otro puesto de análogas características, sin que tenga que existir vacante de necesaria cobertura.

También, y por primera vez, una norma impide que un policía nacional pueda estar subordinado a otro de categoría inferior por razón del puesto de trabajo que ocupe o al que esté adscrito.

Se implantará un sistema de evaluación del desempeño, una novedad incorporada por el Estatuto Básico del Empleado Público y que se integra en la Policía Nacional, para medir el rendimiento y logro de resultados basado en criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.

Situaciones administrativas

Se introducen dos nuevos requisitos para el reingreso en el servicio activo desde situaciones administrativas que no conllevan reserva de puesto de trabajo, consistentes en poseer las condiciones psicofísicas necesarias para la prestación del servicio y realizar un curso de actualización que no tendrá carácter selectivo. Además, el período mínimo de duración de las excedencias voluntarias por interés particular y por agrupación familiar se ha reducido de dos años a un año, al objeto de evitar que se deba permanecer en esa situación más tiempo del que sea necesario.

Los policías nacionales mantienen la posibilidad de permanecer en situación de servicio activo hasta los 65 años y en los supuestos que exista una disminución de aptitudes psicofísicas, que no sea causa de pase a situación de jubilación o de segunda actividad, se pasará a desarrollar actividades adecuadas a dichas condiciones.

Otra novedad más radica en el pase a la segunda actividad como consecuencia de una enfermedad o accidente profesional en acto de servicio. En este caso, se eleva la cuantía a percibir al 100 por 100 de todas las retribuciones (actualmente, el 80 por 100).

También por primera vez, se regula la condición de miembro jubilado de la Policía Nacional. Estos funcionarios mantendrán la categoría que ostentaran en el momento y podrán vestir el uniforme en actos solemnes así como disponer del correspondiente carné profesional y conservar la placa emblema, previamente modificada.

Por último, se establece la posibilidad de ingreso de los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales en la escala y categoría equivalente, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan y con la participación de las organizaciones sindicales.

(Proyecto de Ley)

Educación, Cultura y Deporte

APROBADOS LOS REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN Y LA EQUIVALENCIA DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS

• También se aprueba su correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, así como el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos oficiales de arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico y diplomado.

El objeto del Real Decreto es:

1. Para las personas que tienen un título universitario obtenido en el extranjero se adaptan los procedimientos de homologación y equivalencia al Espacio Europeo de Educación Superior:
2. Equivalencia a un nivel académico, de Grado o de Máster, con indicación del área de conocimiento.
3. Homologación, en el caso de títulos universitarios oficiales que den acceso a profesiones reguladas.
4. Convalidación de estudios parciales.

Al desaparecer el Catálogo oficial de títulos universitarios con el Espacio Europeo de Educación Superior en 2007, que fijaba los títulos que las universidades debían expedir, se produjo un vacío normativo, dado que sólo estaba prevista la figura de la homologación a los títulos concretos del Catálogo y no a un nivel académico.

Además, a partir de ahora en la evaluación se tendrán en cuenta las competencias adquiridas con la titulación, además de los contenidos formativos y la duración de los estudios.

La tramitación se simplifica, lo que hará que se reduzcan las cargas administrativas para el ciudadano y la resolución se le notifique antes.

1. Para las personas con títulos obtenidos en España antes del plan Boloniase crea un procedimiento para declarar la correspondencia de sus títulos a los niveles del Marco Europeo de Educación Superior (MECES):

Con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior es preciso aprobar un régimen claro y general de correspondencias entre los títulos anteriores y posteriores a la reforma de Bolonia, que no existía hasta ahora. Esta carencia ha venido provocando problemas a los titulados españoles, muy especialmente cuando éstos y los empresarios que los contratan querían hacer valer su titulación española en otros países.

Con el Real Decreto hoy aprobado se cubre el vacío normativo y se asigna un nivel MECES a las 140 antiguas titulaciones universitarias, que permita a sus titulares acreditar el nivel obtenido. Las resoluciones de correspondencia otorgarán a cada uno de los títulos examinados los efectos académicos y profesionales asociados a las enseñanzas incluidas en el nivel al que se establece la correspondencia.

El procedimiento definido por el Real Decreto implica un examen y valoración por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la Acreditación (ANECA) de todas las antiguas titulaciones. Su valoración resulta muy apropiada porque ha verificado los títulos actualmente vigentes y puede valorar las competencias que permiten adquirir cada uno de los títulos.

ANECA comenzará a trabajar de forma inmediata y las primeras correspondencias serán declaradas en los primeros meses de 2015. Se prevé que la adscripción de todos los títulos pre-Bolonia esté completada a finales de 2015.

Justicia

NACIONALIDAD ESPAÑOLA A DOS MISIONERAS AFRICANAS POR SU COLABORACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL ÉBOLA

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza, a las misioneras africanas Paciencia Melgar y Helena S. Polo, colaboradoras fundamentales con la sanidad española en la lucha contra el ébola.

Paciencia Melgar Ronda, de 47 años y nacionalidad ecuatoguineana, padeció y superó la enfermedad en su país. Después, a petición de las autoridades sanitarias españolas, se trasladó a Madrid para donar plasma sanguíneo a un ciudadano español infectado por el virus y repatriado desde Sierra Leona. Posteriormente, ha donado plasma en repetidas ocasiones y se ha ofrecido para el estudio de su evolución durante un largo periodo de tiempo. Su ayuda ha sido vital para la curación de la paciente Teresa Romero.

Helena S. Wolo, de 36 años y nacionalidad liberiana, también padeció y superó el virus del ébola en su país de origen. Se trasladó a España para donar plasma en repetidas ocasiones y ser objeto de estudio por los especialistas españoles. Su colaboración también ha sido determinante en la curación de Teresa Romero.

Ambas siguen en la actualidad a disposición de los sanitarios españoles para continuar realizando las donaciones que se necesiten.

La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha resuelto hoy el Gobierno. Posteriormente, el solicitante debe jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, renunciando a su anterior nacionalidad, salvo los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

APROBADA UNA DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

• El Gobierno llama a la unidad, la coordinación y la concienciación para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres

El Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración del Gobierno con motivo de la celebración, el próximo martes 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ella el Gobierno de España expresa su rechazo y el de toda la sociedad a cualquier manifestación de violencia contra la mujer, y por ello, se compromete a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para su erradicación, tanto en el seno de la sociedad española como en el ámbito de la comunidad internacional.

La Declaración, aprobada por el Consejo de Ministros a instancias de los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Asuntos Exteriores y Cooperación, sitúa la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, como "un problema global que afecta gravemente a toda la humanidad y constituye un atentado contra la dignidad personal, la integridad y los derechos fundamentales de quienes la sufren".

El Gobierno, en consecuencia, considera "imprescindible", desde "la madurez" de las políticas públicas, continuar con "la unidad" de todas las fuerzas políticas y potenciar al máximo el trabajo conjunto de las administraciones públicas, del poder judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los medios de comunicación, de los profesionales implicados, de las asociaciones especializadas y de la sociedad civil. Porque el compromiso y el objetivo de las instituciones y de la ciudadanía consiste en construir una sociedad libre de violencia de género, y por tanto, "garante y respetuosa" de su dignidad y derechos, y de los de sus hijos e hijas.

La madurez de las políticas públicas pasa, por tanto, por seguir perfeccionando los instrumentos y recursos de los que dispone el sistema contra la violencia de género implantado en España, con el fin de prevenir el problema, recuperar a las víctimas y provocar "el rechazo activo de todos los que amparan, promueven o legitiman" la violencia de género.

Amplio sistema institucional

España, tal y como recoge la Declaración, "ha consolidado un amplio sistema institucional de prevención, asistencia y protección" frente a la violencia de género gracias a su acervo legislativo y normativo al respecto, entre lo que destaca la Ley de Protección Integral de 2004 y la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, puesta en marcha en la presente Legislatura. Por responsabilidad, en consecuencia, el Gobierno se compromete a reforzar y mejorar el sistema a través del fomento de la concienciación ciudadana y de la sensibilización a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y de una sociedad libre de violencia de género; y a través de la implicación de los colectivos profesionales, agentes económicos y sociales, y a los hombres en el rechazo rotundo a cualquier forma de violencia.

La detección precoz, el apoyo y la ayuda a quienes padecen la violencia de género y el reproche a quienes la promueven son otros objetivos esenciales para el Ejecutivo.

Acento en la concienciación de la juventud

El Gobierno, en la Declaración, señala, además, que "la juventud y la población adolescente deben contribuir de manera singular al fin de la violencia contra la mujer, siendo necesario que los jóvenes identifiquen y rechacen conductas que, siendo objetivamente violencia de género, a veces, se toleran o justifican como consecuencia de la pervivencia de estereotipos discriminatorios".

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por esta razón, promueve "el conocimiento acerca de la especial incidencia entre los jóvenes de esta violencia mediante la realización de estudios y encuestas" que incidan en la concienciación social, la identificación y la deslegitimación de cualquier manifestación del maltrato desde sus primeras señales.

Conviene implantar en la escuela, en los institutos, la igualdad como principio. Así, según establece la Declaración del Gobierno, "el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género, son ahora Principios del sistema educativo".

Todo ello, además de la realización de campañas específicas de prevención del maltrato desde sus primeras señales dirigidas a los y a las jóvenes (la campaña "Hay Salida" de este año se orientará a los adolescentes), constituyen el compromiso del Gobierno, ya que "la juventud de hoy es protagonista de la sociedad libre de violencia de género de mañana".

Junto a la juventud, "es también preciso", dice la Declaración, "procurar una respuesta adaptada a los grupos vulnerables, como mujeres con discapacidad, mayores, mujeres del medio rural e inmigrantes. Y haciendo hincapié en los hijos de las mujeres que sufren violencia de género, "las víctimas invisibles": "porque la reciben o porque la ven, son instrumentalizados para dañar a sus madres y perpetúan, si no son asistidos, los roles de agresor y víctima".

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pretende que "los poderes públicos presten la protección y atención que merecen procurándoles junto a sus madres la seguridad y la respuesta asistencial y judicial adecuada, que les garantice un desarrollo lejos de quien ejerce la violencia, siendo como son merecedores también de todo el apoyo y el reconocimiento social".

Otras formas de violencia contra la mujer

Tras diez años desde la aprobación de la Ley de Protección Integral, indica el Gobierno en la Declaración, "es imprescindible seguir trabajando por concienciar acerca de otras formas de violencia contra la mujer y contribuir a visibilizarlas", pues la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y la violencia sexual "están presentes en nuestra realidad y quienes la sufren merecen también que todos los poderes públicos y la sociedad actúen para su eliminación".

La coordinación se antoja un principio de actuación fundamental, tal y como se expresa en la progresiva interconexión de los recursos autonómicos, con el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género o en la creación de una Red Nacional de Casas de Acogida. Ambas iniciativas, "fruto de la colaboración con las administraciones autonómicas", como recoge la Declaración, parten de la premisa de proporcionar una atención personalizada a las mujeres supervivientes y a sus hijos e hijas.

Igualmente, para el Gobierno se hace prioritario "seguir abogando por la ampliación de estudios y datos estadísticos disponibles, y por la transparencia en la información y las cifras.

Compromiso internacional

La Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer expresa el compromiso por extender dichos objetivos al ámbito internacional, principalmente en el seno de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). En el primero, "apoyando de manera activa todas aquellas resoluciones y demás iniciativas relativas a las múltiples formas de violencia contras las mujeres, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Derechos Humanos"; en el segundo, la Unión Europea, "impulsando la aplicación de sus directrices sobre la violencia contra las mujeres, así como reconociendo el trabajo realizado por sus instituciones"; y en el contexto del Consejo de Europa, "siendo parte del Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos y de la Convención para la lucha y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencias doméstica", en vigor desde el 1 de agosto de este año.

El Gobierno recuerda en la Declaración que España "ha mostrado su firme compromiso con las iniciativas recientes adoptadas en el escenario internacional para luchar contra la violencia sexual que sufren las mujeres en los conflictos", y, por ello, ha suscrito una declaración internacional de compromiso para poner fin a esta violencia y apoyando un Protocolo internacional para la investigación de tales delitos.

España, asimismo, "ha seguido favoreciendo la adopción de protocolos para la investigación eficaz de los asesinatos por motivos de género en varios países de Iberoamérica e impulsando la capacitación de profesionales de la región en este ámbito".

Hacienda y Administraciones Públicas

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ARTÍCULOS DE LA LEY DE CATALUÑA SOBRE HORARIOS COMERCIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley de Cataluña 3/2014, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción, con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos que se recurren.

Justificación del recurso

La Generalitat de Cataluña tiene competencia para dictar la normativa autonómica relativa a horarios comerciales y, en general, para la ordenación de su comercio interior; pero dicha competencia tiene sus límites en el artículo 149 de la Constitución Española que concede al Estado la competencia para dictar normativa básica en la materia. Asimismo, y en virtud de dicho precepto de la Constitución, hay dos normas en vigor, la Ley 1/2004, de horarios comerciales, y la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, modificada recientemente por el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

La regulación de la Generalitat vulnera la legislación estatal dictada en la materia, al establecer un régimen más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa básica estatal aplicable en todo el territorio nacional en los siguientes aspectos:

• El máximo de horario semanal de apertura comercial que establece la Generalitat, 72 horas, contraviene la regulación estatal que establece que dicha limitación máxima tiene que ser como mínimo de 90.
• Dispone la Ley de Cataluña la exclusión del horario comercial general de los establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio, siempre que la superficie de exposición y venta de éstos no supere los 150 m2. Esta disposición va contra lo establecido por la legislación básica, que define los establecimientos que gozarán de plena libertad horaria a los que tengan una superficie inferior a 300 m².
• Los criterios para la consideración de municipio turístico que establece la normativa autonómica no cumplen los mínimos que reconoce la normativa básica sobre zonas de gran afluencia turística.
• Los períodos estacionales para la venta en rebajas que dispone la Generalitat tampoco respetan la regulación básica, que establece la libertad de los comerciantes para determinar tanto los periodos en los que se efectuará la venta en rebajas, como su duración.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y UCRANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la firma "ad referéndum" del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

Ucrania es el único país de la Asociación Oriental en el que España dispone de Embajada. Las relaciones bilaterales se han incrementado en los últimos años de forma prometedora, especialmente en el ámbito comercial. El Acuerdo de Asociación y la creación de una zona de libre comercio amplio y profundo que figura en el texto, suponen posibilidades para aumentar nuestras inversiones e intercambios comerciales bilaterales.

En el Consejo Europeo del 21 de marzo de 2014 se firmó por todos los jefes de Estado y/o Gobierno de la Unión Europea el preámbulo, el artículo 1 y los títulos I, II y VII (o "parte política), retrasándose la firma del resto del Acuerdo hasta la formación del nuevo Gobierno ucraniano tras las elecciones del 25 de mayo de 2014. En el Consejo Europeo del 27 de junio de 2014 se firmó el resto del Acuerdo (o parte "económica"), así como los anexos y protocolos conexos.

Contenido

El texto recoge el respeto a los principios democráticos, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho que sentarán las bases de la política interior y exterior de ambas artes y que, junto con los principios de soberanía e integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras e independencia y la no proliferación de las armas de destrucción masiva, constituyen los elementos esenciales del Acuerdo. El incumplimiento de los citados elementos esenciales puede conllevar la suspensión de derechos y obligaciones, incluidos los de la parte comercial del Acuerdo.

Asimismo, se reconoce que la relación de las Partes se sustenta en los principios de la economía de mercado, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado, el desarrollo sostenible y el multilateralismo eficaz.

Igualmente, se recoge el compromiso por promover la convergencia gradual en el ámbito de sus políticas internas, externas y de seguridad, fomentar la paz y la estabilidad regional, y la justicia internacional; potenciar la cooperación en materia de prevención de conflictos, gestión de crisis y cooperación tecnológico-militar, y trabajar conjuntamente en la lucha contra el terrorismo, contra el tráfico ilícito de armas y la no proliferación de armas de destrucción masiva.

También se refiere al respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, adquiriendo compromisos de cooperación en materia de migración, asilo y gestión de fronteras, en el tratamiento y movilidad de trabajadores y seguir avanzando en el diálogo en materia de visados. Además, la Unión Europea y Ucrania trabajarán conjuntamente para prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero, el terrorismo y su financiación, las drogas ilegales, la delincuencia y la corrupción y acuerdan seguir desarrollando la cooperación judicial en materia civil y penal.

El Título IV es el más extenso de todo el Acuerdo y consta de quince capítulos que crean, progresivamente, una profunda y completa zona de libre comercio. De ellos, el capítulo 8, sobre la contratación pública, es de gran interés para España, ya que contempla la aproximación progresiva de la normativa de contratos públicos de Ucrania al acervo de la Unión Europea, con el fin de establecer una apertura gradual y simultánea en este sector.

Interior

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL ESCRUTINIO PROVISIONAL DE LAS ELECCIONES LOCALES DE 2015

El Consejo de Ministros ha autorizaDO al Ministerio de Interior la contratación de los servicios para la difusión del escrutinio provisional de resultados de las elecciones locales que se celebrarán el 24 de mayo de 2015, por un importe estimado de 14.3000.00 euros.

La difusión de estos resultados requiere la recogida de los datos correspondientes a las cerca de sesenta mil en mesas electorales en las que se realizará el escrutinio provisional, su centralización y tratamiento para su difusión.

Las principales novedades con respecto al contrato de las elecciones locales de mayo de 2011 son las siguientes:

Plan de comunicaciones

El contrato incluye el plan de comunicaciones necesario para dar cobertura al servicio, mientras que en mayo de 2011 el plan de comunicaciones se contrató de manera separada.

Prestación de parte del servicio a las Comunidades Autónomas que celebran elecciones de manera concurrente.

Elecciones Locales 2015

De conformidad con el artículo 42.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el 24 de mayo de 2015 se celebrarán elecciones locales, de manera concurrente con las elecciones, de competencia autonómica, a las Asambleas Legislativas de Aragón, Asturias, Illes Balears, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Se celebrarán también elecciones a Juntas Generales de Territorios Históricos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En el pliego de prescripciones técnicas se indica al adjudicatario que, en caso de resultar adjudicatario de las elecciones de las Comunidades Autónomas o Diputaciones Forales, deberá hacer uso de la infraestructura común para sus elecciones sin coste para éstas.

Esta colaboración con las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales se articulará en el marco de un convenio específico de colaboración que está en trámite de suscripción con cada una de ellas.

Ahorro sobre 2011

Por lo que respecta a la cuantía económica del contrato, el presupuesto base de licitación es de 13.000.000 euros (ya que el valor estimado de 14.300.000 euros incluye un posible incremento del 10 por 100 ante eventuales modificaciones). El contrato de las elecciones locales 2011 tuvo un presupuesto de 12.500.000 euros y el del plan de comunicaciones (que se contrató de manera separada) de 890.000 euros. Ambos servicios ascendieron, entonces, conjuntamente, a 13.390.000 euros. Si a esa cantidad se le aplicara el incremento del IPC correspondiente al período 2011-2015 (un 3,3 por 100 aproximadamente), la cantidad se elevaría a 13.831.870 euros.

Es decir, el contrato para las elecciones locales 2015 tiene un presupuesto de licitación inferior en 831.870 euros al del su precedente de 2011, teniendo en cuenta, además, el ahorro que supondrá para las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales que suscriban el convenio de colaboración con este Ministerio y puedan beneficiarse del uso de las infraestructuras y servicios de comunicación comunes sin coste.

Finalmente, la tramitación del expediente se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Industria, Energía y Turismo

APROBADA LA METODOLOGÍA PARA EL REPARTO DEL COSTE DEL BONO SOCIAL ENTRE LAS ELÉCTRICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la metodología para calcular los porcentajes de reparto del coste del bono social.

El bono social, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico, se corresponde con la cantidad resultante de la diferencia entre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que pagan todos los consumidores domésticos y la tarifa de último recurso, que pagan los consumidores vulnerables que se determinen. Actualmente, existe un descuento del 25 por 100 sobre el PVPC.

El bono social se configura como una obligación de servicio público cuya financiación recae sobre los agentes verticalmente integrados que desarrollan, simultáneamente, actividades de generación, distribución y comercialización.

Cálculo objetivo

La misma Ley determina que el porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará de manera objetiva en función del número de suministros conectados a las redes de distribución y del número de clientes de las empresas comercializadoras, de cada grupo de empresas.

Este porcentaje de reparto se calculará anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se aprobará por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. conforme al procedimiento que se establece en el Real Decreto al que hoy se ha dado el visto bueno del Consejo de Ministros.

Así, el porcentaje se calculará, para cada grupo empresarial, como la relación entre:

• Un término (numerador) que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras en que participe el grupo.
• Otro término (denominador) que corresponderá a la suma de los valores medios anuales de suministros y clientes totales los grupos empresariales que deben ser considerados a los efectos de este reparto.

Se establece un mecanismo de control y transparencia, ya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá que publicar determinada información utilizada para este cálculo en su página web, en el mes de noviembre de cada año.

Impacto positivo para los consumidores vulnerables

La futura norma no tendrá impacto presupuestario, aunque sí tendrá un impacto económico en las empresas que resultarán designadas para soportar el coste del bono social en función de los porcentajes que se establezcan conforme a esta norma; pero, sobre todo, tendrá un impacto positivo para los consumidores vulnerables, dado que con este Real Decreto se garantizará la partida destinada a la aplicación del bono social a este colectivo.

Para cuantificar el importe anual del coste del bono social puede tomarse como referencia la estimación de la cuantía correspondiente al bono social para 2013, que ascendió a 228,4 millones de euros.

Justicia

CONTINUADO EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN A MARRUECOS DEL PRESUNTO YIHADISTA MOHAMED SAID

El Consejo de Ministros ha acordado continuar por vía judicial el procedimiento de extradición a Marruecos de Mohamed Said Mohamed, por un delito de pertenencia a organización terrorista.

Se le reclama por, presuntamente, liderar una célula del grupo terrorista Estado Islámico que actuaba entre las ciudades de Melilla y la región de Nador. En concreto, se le acusa de realizar labores de captación, reclutamiento y envío de voluntarios a Siria e Irak para realizar la Yihad. Igualmente, se le atribuye haber recaudado fondos para financiar los viajes de los miembros reclutados a los campos de entrenamiento.

Nacionalidad española

Mohamed Said, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 28 de septiembre, tiene nacionalidad española, aunque es marroquí de origen. Conforme al Convenio de Extradición no sería posible la entrega, pero la Ley de Extradición Pasiva de 1985 condiciona la posibilidad de entregar nacionales a otro país a que dicha nacionalidad no hubiera sido adquirida con el propósito fraudulento de hacer imposible una extradición.

Ante esta situación, el Ejecutivo ha considerado procedente que la Audiencia Nacional, como órgano judicial encargado de apreciar la cualidad de nacional, valore si existió ese ánimo fraudulento en el reclamado.

En cualquier caso, Mohamed Said ya tiene un proceso penal abierto en la Audiencia Nacional por delito de terrorismo, por lo que, de prosperar la extradición solicitada por Marruecos, no podría hacerse efectiva la entrega en tanto no hubiera cumplido con las responsabilidades penales pendientes en España.

Justicia

SOLICITADA A LA REPÚBLICA DOMINICANA LA EXTRADICIÓN DEL EMPRESARIO GIL SILGADO

• El ex presidente del Xerez Club Deportivo es responsable de un delito contra la hacienda pública

El Consejo de Ministros ha aprobado solicitar a la República Dominicana la extradición del ciudadano español José María Gil Silgado, a quien se le atribuye un delito contra la hacienda pública.

El reclamado, un conocido empresario sevillano que fue presidente del Xerez Club Deportivo, tiene pendiente el cumplimiento de una condena de dos años de prisión como autor de una apropiación de 528.865,65 euros. Esa cantidad era la correspondiente al IVA de una operación de venta de una finca, realizada por su empresa y que el imputado no liquidó en la Agencia Tributaria.

La reclamación contra Gil Silgado, que en la actualidad se encuentra detenido en la República Dominicana, cumple todas las formalidades del vigente Tratado de Extradición entre España y dicho país.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

REGULADO EL RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y TABACO

• Los nuevos textos legales adaptan la legislación nacional a la nueva normativa comunitaria aprobada en el marco de la reforma de la PAC
• En el caso de frutas y hortalizas se dota de mayor seguridad jurídica a administraciones y organizaciones
• En relación con el tabaco crudo, la nueva norma da continuidad al importante entramado organizativo del sector productor, convirtiendo las actuales agrupaciones de productores en organizaciones de productores

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos relativos al reconocimiento de organizaciones de productores en el sector agrario, correspondientes a las frutas y hortalizas y al tabaco.

FRUTAS Y HORTALIZAS

En primer lugar, se ha modificado el Real Decreto que regula el reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, con el fin de adaptarlo a los últimos cambios recogidos en la normativa de la Unión Europea en el marco de la reforma de la PAC.

Las nuevas disposiciones tienen como objetivo otorgar una mayor seguridad jurídica tanto a las Administraciones como a las organizaciones de productores, en base a la experiencia adquirida en las auditorías que controlan el buen funcionamiento del régimen de ayudas de la Unión Europea a estas organizaciones.

Los principales cambios se refieren al funcionamiento interno de estas organizaciones, a la posibilidad de externalizar actividades a empresas terceras y a la manera de realizar el cómputo del número mínimo de socios de una organización.

Incremento del grado de asociacionismo

Además, con el objetivo de incrementar el grado de asociacionismo en España, se permite a las organizaciones que reduzcan el periodo mínimo de adhesión de sus socios de tres a un año, de forma que un productor pueda experimentar desde dentro el funcionamiento de una Organización de Productores sin tener la obligación de permanecer durante un trienio en la misma.

Finalmente, se modifican también algunas normas relativas a los programas operativos para permitir que las asociaciones de organizaciones de productores puedan tener fondo operativo propio, lo que supone un avance y una simplificación para estas asociaciones que hasta ahora dependían de los fondos operativos de sus organizaciones de productores miembros.

TABACO CRUDO

En lo que respecta al sector del tabaco crudo, el Real Decreto aprobado, además de regular el reconocimiento de las Organizaciones de Productores en este sector, establece la posibilidad de extender las normas concertadas y la obligación de suscribir contratos por escrito para las entregas de tabaco crudo, todo ello de acuerdo con la nueva Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA).

Así, el nuevo Real Decreto dota a este sector de la posibilidad de extender las decisiones o prácticas pactadas, dentro de una Organización de Productores que sea representativa, de forma que sean también obligatorias para otros operadores individuales. Esta herramienta resulta de gran utilidad para la adaptación de la oferta a la demanda, en cantidad y calidad.

Contratación obligatoria por escrito

Por otra parte, la contratación obligatoria por escrito de todas las entregas de tabaco crudo que se realicen entre la producción primaria y la primera transformación, confiere seguridad jurídica al productor. Este aspecto resulta especialmente oportuno en un cultivo tan exigente como el del tabaco, en el que el agricultor asume un importante riesgo empresarial.

Este sector se caracteriza por disponer de un fuerte entramado organizativo que ha ido forjándose a lo largo de los años sobre la base de las ayudas directas de las que ha sido beneficiario. En la actualidad ya operan en España ocho agrupaciones de productores reconocidas en virtud de la normativa nacional. Con la entrada en vigor de las disposiciones de la nueva Organización Común de Mercados Agrarios, a raíz de la última reforma de la PAC, se hacía preciso adaptar esas figuras asociativas. Por ello, el Real Decreto hoy aprobado establece la conversión de las agrupaciones de productores en Organizaciones de Productores.

Finalmente, la nueva norma recoge disposiciones en materia de información sobre el sector, el cultivo y el mercado del tabaco, según lo exigido por el Reglamento comunitario de comunicación de información sobre este producto.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

• La nueva norma regula la participación de España en los procedimientos europeos de aprobación de sustancias y autorización de productos fitosanitarios

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el procedimiento de evaluación de los productos fitosanitarios, con la finalidad de adaptarlos a los requisitos y plazos establecidos en la normativa comunitaria.

Con este motivo, la nueva norma regula la participación de España en los procedimientos europeos de aprobación de sustancias y autorización de productos fitosanitarios, así como el procedimiento de autorización de organismos independientes que lleven a cabo los trabajos de evaluación científico-técnica de las solicitudes presentadas por las empresas.

Para ello, las Direcciones Generales de Sanidad de la Producción Agraria y de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural podrán autorizar, en el ámbito de sus competencias, organismos independientes de evaluación para realizar los informes técnico-científicos de las solicitudes de aprobación de sustancias y de autorización de productos fitosanitarios.

Acreditación de la competencia

Cuando se solicita la autorización, dichos organismos independientes de evaluación acreditarán la competencia científico-técnica y su experiencia en ejecución de trabajos de evaluación de riesgo, así como disponer de los medios económicos y técnicos que permitan desarrollar dichas actividades de evaluación.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de autorización de organismo independiente de evaluación será de seis meses y se dará publicidad, a través de la página web del Ministerio, a la lista de los mismos.

Este nuevo Real Decreto agilizará las evaluaciones científico-técnicas en un proceso transparente. Todo ello permitirá simplificar el proceso de tramitación para la adquisición de productos, y beneficiará a la agricultura, dada la importancia de disponer de medios seguros y eficaces para proteger los vegetales y mejorar la producción agrícola española.

Educación, Cultura y Deporte

SUPLEMENTO DE CRÉDITO DE DOS MILLONES DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE CINEMATOGRAFÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un suplemento de crédito, es decir, una modificación para incorporar al presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) una nueva dotación procente del remanente de tesorería del ICAA, para hacer frente a las ayudas a la amortización de largometrajes a las empresas productoras de obras estrenadas a lo largo de 2012. El importe de la dotación es de dos millones de euros.

Esta cantidad se suma al suplemento de crédito de treinta millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 12 de septiembre.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte continúa trabajando para complementar en lo posible estas cantidades con otras partidas presupuestarias no ejecutadas en el presente ejercicio.

Economía y Competitividad

CONVENIOS CON CASTILLA Y LEÓN, CATALUÑA, MADRID Y NAVARRA PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES

El Consejo de Ministros ha autorizado convenios de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Cataluña, Madrid y Comunidad Foral de Navarra para la incorporación de investigadores. Estos convenios de colaboración permiten la incorporación de doctores al sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación, reforzando la política de apoyo a los recursos humanos en investigación en el marco del Programa I3.

La Administración General del Estado transfiere 1.300.000 euros para la contratación de diez investigadores de carácter permanente en centros de I+D de estas Comunidades Autónomas. Para poder optar a esta financiación, los investigadores deben haber concluido el programa Ramón y Cajal y acreditar una producción científica-tecnológica de calidad.

Hacienda y Administraciones Públicas

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2013

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los principales resultados del Plan de Auditorías 2014, correspondiente a las cuentas públicas de 2013, elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE).

El objetivo de la IGAE con la elaboración de este Informe es ofrecer una visión general del estado de la situación de la actividad económico-financiera del sector público estatal, a partir de los resultados más significativos obtenidos en las auditorías de cuentas efectuadas, y cuyos informes han sido remitidos a los titulares de la gestión auditada y publicados en el BOE junto con la información contable de cada entidad pública.

En el Plan de Auditoría 2014 se prevé la emisión de 229 informes de cuentas de entidades del sector público estatal y de dieciséis grupos consolidados. Se incluye también la auditoría de doce consorcios del sector público. En el momento de elaboración del Informe han sido finalizadas el 93 por 100 de las auditorías previstas en el plan.

Los resultados obtenidos en las auditorías realizadas muestran que, con carácter general, las entidades del sector público estatal cumplen razonablemente con las normas y principios contables que les son de aplicación, con un índice mayoritario de informes de auditoría que dan una opinión favorable sobre las cuentas auditadas, si bien en algunos casos se mencionan circunstancias, tales como errores, incumplimientos normativos o insuficiencias de información, que afectan a la representatividad de las cuentas.

Salvedades

La mayor parte de las salvedades señaladas en los informes se basan en hechos ya señalados en ejercicios anteriores. Ante esta situación, el Consejo de Ministros acordó, el 20 de diciembre de 2013, el establecimiento de un sistema de seguimiento periódico de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente y auditoría pública elaborados por la IGAE.

En cumplimiento de ese Acuerdo, los Departamentos ministeriales debían remitir, antes del 4 de mayo de 2014, Planes de Acción con las medidas adoptadas para corregir las debilidades puestas de manifiesto en los informes de auditoría de cuentas que la IGAE emitió el pasado ejercicio 2013. Este plazo ha supuesto que, con carácter general, no haya dado tiempo a que las cuentas correspondientes al ejercicio 2013 se formularan teniendo en cuenta las medidas propuestas en los Planes de Acción, por lo que en buena medida se siguen reiterando salvedades ya reseñadas en informes anteriores.

Industria, Energía y Turismo

DESIGNADO UN COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA DE ELECTRICIDAD PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto en el que se designa comercializador de referencia de electricidad a CHC Comercializador de Referencia S.L.U. en todo el territorio nacional para ofrecer a los consumidores el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

El Real Decreto de 28 de marzo de 2014, por el que se establecía la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, aumentó el número de comercializadores de referencia de electricidad, con lo que se mejoró la competencia para el pequeño consumidor.

Dicha norma establecía para tres grupos empresariales, entre los que se encuentra Cide HC-Energía S.L., la obligación de solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la designación de una de las sociedades que lo integran como comercializador de referencia.

El nuevo comercializador de referencia deberá, obligatoriamente, atender a los consumidores que opten por acogerse al PVPC, a los que cumpliendo los requisitos para acogerse al PVPC contraten un precio fijo de suministro, así como a aquellos que tengan la condición de vulnerables, debiendo en este caso, ofrecerles el bono social.

La empresa designada cumple, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del 16 de octubre pasado, con el requisito necesario para poder ser designado comercializador de referencia a nivel nacional, al formar parte de un grupo empresarial de más de cien mil clientes de media en los últimos doce meses.

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para las siguientes finalidades:

• 41.870.218,65 euros para financiar a la Seguridad Social, mediante aportación del Estado, las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, según lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Para ello, se concede, por dicho importe, un suplemento de crédito en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
• 2.259.538 euros para financiar un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinado a gastos, en concepto de bonificaciones, de cuotas empresariales a la Seguridad Social para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, así como a los tripulantes y las empresas de los buques que estén adscritos a los servicios regulares entre las Islas Canarias, y entre éstas y el resto del territorio nacional, pero que no pueden inscribirse en el Registro Especial, según lo establecido en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
• 319.622,38 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para cumplir varias sentencias y autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por cuatro procedimientos de expropiación forzosa motivados por las obras de adecuación del curso bajo del río Guadalhorce.

Industria, Energía y Turismo

DESESTIMADAS VARIAS RECLAMACIONES DE TITULARES DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se desestiman diversas reclamaciones de responsabilidad presentadas por nueve empresas fotovoltaicas por los daños y perjuicios que argumentaban que les habían ocasionado el Real Decreto Ley 4/2010, del 23 de diciembre de 2010, para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

La citada norma modificó el régimen económico de las instalaciones de régimen especial, limitando el número de horas anuales con derecho a retribución primada, incrementando la vida útil de las plantas y estableciendo un peaje a la generación.

Los titulares de las instalaciones reclamaban indemnizaciones por la limitación de las horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas y la consiguiente supresión de la prima al superar tal cupo en los años 2011 y 2012.

Fundamentos de la desestimación

El acuerdo aprobado hoy desestima estas reclamaciones y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. La desestimación se funda en, por una parte, en la ausencia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que se declare la inconstitucionalidad del referido Real Decreto Ley de 2010. Por otro lado, este Acuerdo estima que la limitación de las horas de funcionamiento con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas acogidas el régimen retributivo del Real Decreto del 25 de mayo de 2007 no da lugar a un perjuicio antijurídico. Además, se añade que la concepción de la seguridad jurídica es inapropiada en un sector novedoso como el de las energías renovables que requiere ajustes sucesivos. Por ello, son legítimos los cambios que se produzcan en el régimen de primas, siempre que no menoscaben el derecho a la retribución razonable.

Por último, la limitación no fue arbitraria ni retroactiva, y se ha garantizado la razonabilidad de la retribución al haberse prolongado cinco años adicionales, hasta un total de treinta, la aplicación del régimen primado.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO CON ESLOVENIA SOBRE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada.

La ratificación del Acuerdo contribuirá a la preservación de los intereses de España en sus relaciones internacionales, pues éstas exigen, a veces, el intercambio de información que, por afectar a la seguridad o a los intereses nacionales, debe ostentar un grado de clasificación y estar sometida a procesos especiales de utilización y manejo para preservar esa integridad.

En concreto, en el campo de la industria de la defensa y el armamento los contratos de fabricación, montaje, o suministro implican a menudo el uso compartido de dispositivos o procedimientos confidenciales. Por ello, es necesario establecer normas con arreglo a las cuales los Estados puedan compartir sin riesgo esas informaciones clasificadas.

Así pues, el Acuerdo constituye un instrumento jurídico esencial, que favorecerá el desarrollo de la industria española de la defensa y los intercambios comerciales entre ambos países en este sector, que en la actualidad son reducidos.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la campaña de divulgación sobre los activos de la agricultura española, que se desarrollará para poner en valor su importancia desde los orígenes y plantear una visión sobre la agricultura del futuro.

Esta campaña de difusión se realizará en base a la exposición permanente que se muestra en el Castillo de Arévalo, en Ávila, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se trata de un monumento mudéjar que en los años 50 contó en su recinto con un silo del entonces Servicio Nacional del Trigo, y que en la actualidad brinda, a través de la exposición, un homenaje a la agricultura, su historia, a los cereales y a la cultura campesina.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ASIGNACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO

El Consejo de Ministros ha autorizado la asignación, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, de un importe máximo de 4.620.989,90 euros, en el ejercicio 2014, para asegurar el adecuado seguimiento y evaluación que exige la gestión de los 62 proyectos actualmente activos en el Fondo del Agua a través de distintas asistencias técnicas y encomiendas de gestión.

COMPENSACIÓN AL ICO POR LA GESTIÓN DEL FONDO

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado el pago al Instituto de Crédito Oficial (ICO) DE 76.510,10 euros en concepto de compensación de gastos por la gestión del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento durante el año 2013.

El ICO, en nombre y representación del Gobierno de España y por cuenta del Estado, formaliza los correspondientes convenios de financiación; presta los servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y, en general, todos los servicios de carácter financiero relativos a las operaciones autorizadas con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

Interior

COMPROMISOS DE GASTO PARA LA ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIALES Y DE VIAJE

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior a adquirir compromisos de gasto con cargo a los ejercicios 2015 a 2018 para suscribir una encomienda de gestión con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la elaboración, fabricación y puesta a disposición de diversos documentos oficiales de identificación y de viaje, por un importe de 29.993.334,68 euros.

La autorización se deriva de que los compromisos de gasto derivados de la encomienda superan los porcentajes máximos de gasto respecto al crédito inicial previstos en la legislación presupuestaria en todas las anualidades.

Una vez concedida esta autorización, será necesario obtener la correspondiente de la legislación de contratos del sector público dado que su cuantía supera los doce millones de euros (artículo 317.1a) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo del 14 de noviembre de 2011.

BIOGRAFÍAS

Hacienda y Administraciones Públicas

Directora general de la Función Pública.-

Dª ELENA COLLADO MARTÍNEZ.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1995.

Después de ocupar los puestos de coordinadora técnica y subdirectora adjunta de Personal, desempeñó el de subdirectora general de Personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hasta finales de 2003, fecha en la que fue nombrada directora general de Gestión de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid.

En el año 2010 fue nombrada Directora General de Presupuestos y Recursos Humanos en esa Administración Autonómica, puesto que ha desempeñado hasta la actualidad.