Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo Multilateral M-265 en aplicación del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera, relativo a la disposición especial S12.
• ACUERDO por el que se toma razón de una ayuda humanitaria de emergencia a la población afectada por la epidemia del ébola acontecida en Liberia, por importe de 160.000 euros.
• ACUERDO de autorización de contribuciones voluntarias adicionales a Organizaciones y Programas Internacionales 2014.

Hacienda y Administraciones Públicas

• REAL DECRETO por el que se suprimen las oficinas consulares de España en Vila Real de Santo Antonio y Valença do Minho, en Portugal.
• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 167.1, disposición transitoria 5ª -apartado 2- y disposición transitoria 8ª en relación con la disposición adicional 27ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña.
• ACUERDO por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y Resoluciones de las comunidades autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con determinados preceptos del Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma.
• ACUERDO por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y Resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con el Decreto 107/2014, de 2 de octubre, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 169.463.574,74 euros.
• ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la suscripción de los Convenios específicos de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Foral de Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana, en materia de estadística agraria, ganadera y de pesca, para el año 2014.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social la modificación de los límites establecidos en el artículo 47.3 de la Ley General Presupuestaria para la tramitación de diversos expedientes de contratación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social la modificación de los límites establecidos en el artículo 47.3 de la Ley General Presupuestaria para la tramitación de diversos expedientes de contratación.
• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de la Seguridad Social la modificación de los límites establecidos en el artículo 47.3 de la Ley General Presupuestaria para la tramitación de la contratación de diversos suministros y servicios de la entidad.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio del Interior la contratación de las obras de rehabilitación del edificio destinado al Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Fomento la realización de las actuaciones relacionadas con el 1 por 100 Cultural.

Interior

• ACUERDO por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.

Educación, Cultura y Deporte

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
• REAL DECRETO por el que se regula la concesión de una subvención directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Fundación Gran Teatro del Liceo, para la ejecución del Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017.

Empleo y Seguridad Social

• ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020.

Industria, Energía y Turismo

• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a modificar el Plan de contribución de España a la Agencia Espacial Europea (ESA) a largo plazo para el período 2014-2022, en el marco del Consejo Ministerial de la ESA que tendrá lugar en Luxemburgo el 2 de diciembre de 2014.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños ocasionados en el camino de acceso al Plan Batalhèr por el riesgo de inestabilidad de taludes, en el término municipal de Es Bòrdes (Lleida) por importe de 80.000 euros.
• ACUERDO por el que se aprueba la distribución parcial correspondiente a los criterios objetivos y compromisos financieros resultantes de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el 8 de julio de 2014.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo Marco para la selección de suministradores de medicamentos para el Ministerio del Interior, varias comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
• ACUERDO por el que se formalizan para el ejercicio 2014 los criterios objetivos de distribución así como la distribución resultante, de créditos por importe de 25.580.431,27 euros entre Comunidades Autónomas para la financiación de los Programas de políticas de cohesión sanitaria y de formación continuada en el uso racional del medicamento para médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros e inspectores del Sistema Nacional de Salud, y el desarrollo del Plan Nacional de donación de médula ósea.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Singapur a D. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTERA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Reino de Bahrein, con residencia en Kuwait a D. CARLOS SÁENZ DE TEJADA GORMAN.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República del Congo, con residencia en Kinshasa a D. FRANCISCO JAVIER HERGUETA GARNICA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Principado de Liechtenstein, con residencia en Berna a D. BERNARDO DE SICART ESCODA.

Defensa

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar al Coronel Auditor D. CARLOS MELÓN MUÑOZ, y se le nombra Auditor Vocal Togado del Tribunal Militar Central.

CONDECORACIONES

Presidencia

• REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a la SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REALES DECRETOS por los que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a las siguientes personas:
• SR. HERALDO MUÑOZ, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile.
• SR. FRANCISCO MARAMBIO, embajador en España de la República de Chile.
• SRA. XIMENA RINCÓN, ministra Secretaria General de la Presidencia de la República de Chile.
• REALES DECRETOS por los que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a las siguientes personas:
• SR. FELIPE CÉSPEDES, ministro de Economía de la República de Chile.
• SR. ALBERTO UNDURRAGA, ministro de Obras Públicas de la República de Chile.
• SRA. AURORA VILLIAMS, ministra de Minería de la República de Chile.
• SR. MÁXIMO PACHECO, ministro de Energía de la República de Chile.

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ASUNTOS GENERALES

Educación, Cultura y Deporte

APROBADO EL PROYECTO DE LEY PARA LA SALVAGUARDA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

• Regula la competencia de la Administración General del Estado para declarar 'Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial' y la habilita para adoptar medidas de salvaguarda de estos bienes culturales
• España se sitúa a la cabeza de los países que regulan el patrimonio cultural inmaterial

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante el cual se regula de forma expresa esta materia y se dota a la Administración General del Estado de mecanismos para proteger las manifestaciones que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Con este proyecto legislativo se da cumplimiento a la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, ratificada por España en 2006, y se sitúa a nuestro país a la cabeza de aquellos que dotan a la Administración General del Estado de mecanismos para proteger estos bienes culturales.

Manifestaciones que superan el ámbito autonómico

Concebida como complemento de las actividades protectoras de las Comunidades Autónomas, esta Ley proporcionará a la Administración General del Estado de un instrumento para proteger aquellas manifestaciones que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial que superan el ámbito autonómico. Concretamente, la Administración General del Estado podrá declarar "Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial" y adoptar medidas de salvaguarda:

1. Cuando el bien supere el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y no exista un instrumento jurídico de cooperación entre Comunidades Autónomas para su protección integral.
2. Cuando lo solicite la Comunidad Autónoma donde tenga lugar la manifestación, previa petición a la misma de la Comunidad portadora del bien.
3. Cuando para la comprensión del bien se requiera una consideración unitaria de esa tradición compartida, más allá de la que pueda recibir en una o varias Comunidades Autónomas.
4. Cuando tenga por objeto aquellas manifestaciones culturales inmateriales que en su caso puedan aparecer vinculadas a los servicios públicos de titularidad estatal o a los bienes adscritos al Patrimonio Nacional.
5. Cuando el bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la comunicación cultural, al ser expresión de la historia compartida con otros países.

Ejemplos

A modo de ejemplo, entre los bienes inmateriales que podrían formar parte de estas consideraciones se encuentran los siguientes: los Tribunales de regantes del Mediterráneo español, el flamenco, la dieta mediterránea, la cetrería… y otros como la trashumancia, la jota, los toques de campanas, el Romancero, el mantón de Manila, el repentismo o improvisación oral, la Fiesta de San Juan, los Mayos, los Autos Sacramentales, o la producción tradicional del esparto, etcétera.

El Proyecto de Ley también recoge la creación de un Censo General de Patrimonio Cultural Inmaterial, gestionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que incluya las manifestaciones declaradas tanto por las Comunidades Autónomas (BIC), como por la Administración General del Estado (MIC).

Al mismo tiempo, regula las actuaciones que puede desplegar la Administración General del Estado en la protección de los bienes inmateriales adaptándose a las peculiaridades derivadas de la naturaleza de este tipo de patrimonio.

El Patrimonio Cultural Inmaterial

El Proyecto de Ley parte de la definición de patrimonio cultural inmaterial establecida por la Convención de la UNESCO. Así, se considera patrimonio cultural inmaterial "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas - junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural". Por tanto, la importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba tanto en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se trasmiten de generación en generación.

Este patrimonio presenta unas particularidades para su protección dado que no es conservable ni reproducible más que por sus propios protagonistas y que, junto con toda la sociedad, deciden el cambio o la permanencia de sus manifestaciones.

Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial son las tradiciones orales, las artes de espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y los saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Su salvaguarda constituye, por todo ello, un destacado factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente al fenómeno de la globalización.

Empleo y Seguridad Social

APROBADA LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 2014-2020

• Se trata de un documento que compromete a las empresas, las Administraciones Públicas y al resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora.
• Se habilitará una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad sin cargas administrativas adicionales.
• Se avanza la constitución de un grupo de trabajo interministerial para la trasposición al ordenamiento jurídico español de la nueva Directiva sobre divulgación de información no financiera.
• Se pondrán en marcha el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas y un grupo de trabajo con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
• El documento incluye sesenta medidas para alinear los compromisos de las organizaciones con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española y reforzar los modelos de gestión sostenibles

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, un documento que dotará a nuestro país de un marco común de referencia que permitirá armonizar las distintas actuaciones que, en relación con la Responsabilidad Social, se están desarrollando, tanto en el ámbito público, como en el privado.

Se trata de una actuación que responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE y que compromete a las empresas, las administraciones públicas y al resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora.

La Estrategia es un documento que es el resultado de más de un año de trabajo en cuya elaboración han participado los cuatro grupos que componen el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (administraciones públicas, empresas, sindicatos y sociedad civil organizada), además de otros Ministerios, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, responsables de RSE de grandes empresas y expertos académicos.

La estrategia supone un paso más en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio en el Palacio de la Moncloa.

Acciones

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas aspira a impulsar acciones que persiguen los siguientes objetivos:

• Reforzar y alinear los compromisos de las empresas y de las Administraciones públicas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española, entre las que se encuentra la generación de empleo.
• Contribuir a reforzar los modelos de gestión sostenibles que ayuden a las empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas más eficientes.
• Potenciar aquellos programas de responsabilidad social que impulsen la MARCA ESPAÑA, la credibilidad internacional y la competitividad de la economía española, junto a la sostenibilidad y la cohesión social.

El borrador de la Estrategia fue aprobado en la sesión plenaria del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas que se celebró el pasado 16 de julio y fue sometido a un proceso de información pública.

Seis principios, cuatro objetivos, diez líneas de actuación y sesenta medidas

En relación con su estructura, la Estrategia parte de seis principios, marca cuatro objetivos estratégicos y diez líneas de actuación con sus correspondientes medidas que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas, con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

Principios

Los seis principios, tal y como se recogen en el borrador, son:

• COMPETITIVIDAD. La puesta en marcha de actuaciones en materia de Responsabilidad Social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia en la gestión de las empresas que redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y sostenibilidad.

La Responsabilidad Social facilita la innovación al incorporar nuevas formas de gestión que favorecen la creación de nuevos productos y servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales.

• COHESIÓN SOCIAL. La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

La valoración de la RSE por la sociedad, su mejor forma de promoción, requiere que los ciudadanos identifiquen la misma como un elemento de cohesión social para ayudar a reducir los efectos sociales de la crisis económica, principalmente la pérdida de puestos de trabajo, y con la creación de empleo.

• CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO. La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir y eliminar los impactos negativos y crear más valor, no sólo para la propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los principales grupos de interés involucrados en su actividad y la sociedad en general.

El objetivo de dicha aplicación debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y/o accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.

• SOSTENIBILIDAD. La RSE se constituye como un instrumento para desarrollar organizaciones conscientes de su papel principal en el logro de un desarrollo humano, económico, y medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las que se integran.

Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y logre progreso social.

• TRANSPARENCIA. La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las empresas y organizaciones socialmente responsables dialogan con sus interlocutores y adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que facilita que éstos puedan tomar decisiones mejor informadas. Ello repercute de manera directa en su reputación de cara al resto de la sociedad.

Una organización socialmente responsable debe considerar todos sus aspectos (económicos, sociales, laborales, medioambientales, buen gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos no puede ser considerada como un aval de RSE sin conocer y tener en consideración el resto de los aspectos.

• VOLUNTARIEDAD. La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, requiere un compromiso y supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa vigente. El compromiso asumido voluntariamente con las partes interesadas debe ser la base del cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.

Objetivos

Los objetivos en torno a los cuales se vertebran las diez líneas de actuación son:

• Objetivo 1. Impulsar y promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan.
• Objetivo 2. Identificar y promover la Responsabilidad Social como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social.
• Objetivo 3. Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.
• Objetivo 4. Crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de Responsabilidad Social de las Empresas, que garantice el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, del 9 de diciembre de 2013, y permita una mayor coordinación y sinergias en esta materia.

Líneas de actuación

Las diez líneas de actuación en las que se enmarcan las sesenta medidas concretas son:

• Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles. El objetivo de esta línea de actuación es extender la cultura de la Responsabilidad Social al conjunto de la sociedad a través de actuaciones como la promoción de sus principios, de las recomendaciones de consenso internacional en esta materia y la difusión de buenas prácticas en este ámbito.

Entre las medidas que incluye, y para mejorar la transparencia y favorecer que tanto las empresas como el resto de las organizaciones puedan hacer públicos sus informes de responsabilidad social y sostenibilidad, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá en marcha en los próximos meses una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad que realicen las empresas sin cargas administrativas adicionales.

Estas memorias, y sus correspondientes verificaciones cuando las hubiere, serán publicadas en el Portal de la Responsabilidad Social, un nuevo espacio que se ubicará en la web del propio Ministerio y que dará visibilidad a las memorias de RSE y sostenibilidad de forma sistemática y facilitará la identificación y divulgación de prácticas responsables.

Además, se continuará impulsando los reconocimientos y las prácticas empresariales socialmente responsables. En este contexto, figura el sello de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, un reconocimiento que ya tienen más de 600 entidades públicas y privadas que han puesto en marcha planes de actuación por valor de más de 550 millones de euros, que se suman a los recursos públicos de fomento del empleo entre los jóvenes.

• Integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación. La educación en el valor del comportamiento responsable, la formación especializada en técnicas de gestión socialmente responsable y la investigación orientada a la aplicación efectiva de sus criterios son pilares fundamentales para acelerar cambios en la forma de pensar y el actuar sostenible de las actuales y futuras generaciones.

En este sentido, se prevén actuaciones como la próxima firma de un convenio con las entidades representativas de la Economía Social para extender y afianzar los principios de la Responsabilidad Social en los colegios organizados bajo la fórmula de cooperativas de enseñanza.

• Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza. El objeto de esta línea de actuación es extender las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia.

En este ámbito existen cuatro proyectos ya emprendidos; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo; el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo; y la futura Ley de Mutuas, por la cual ningún directivo de las mutuas de accidentes y contingencias profesionales podrá cobrar, entre retribuciones básicas y complementarias, más de lo que gana el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Entre las medidas que incluye se encuentran también el fomento de la elaboración de informes anuales integrados que incorporen, de forma transparente la información de aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, y la constitución de un grupo de trabajo interministerial para la trasposición de la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad al ordenamiento jurídico español.

Asimismo, se han puesto en marcha otras medidas de este ámbito como el fomento de la fiscalidad responsable en las organizaciones, el impulso de actuaciones dirigidas a combatir el fraude, tanto laboral como fiscal, y la economía sumergida, y el desarrollo de programas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en todas las organizaciones.

• Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo. Las organizaciones socialmente responsables deben prestar atención especial a la creación de empleo de calidad y tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Además, deben poner en marcha prácticas que impulsen la diversidad en las plantillas para que éstas sean un reflejo real de la sociedad en la que se desarrollan.

En este ámbito, figuran aquellas medidas dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a aquellas actuaciones cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y de cuidado. De forma particular, se puede destacar, por parte de los Ministerios de Empleo, Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la presentación de un Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial y se seguirá potenciando la contratación indefinida.

• Inversión socialmente responsable e I+D+i. La responsabilidad social empresarial puede constituirse como un elemento de atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de un crecimiento responsable y sostenible.

En este apartado está prevista la elaboración de una guía de buenas prácticas que sirva de instrumento para la inclusión, difusión y seguimiento de criterios éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen gobierno en las políticas de inversión de productos financieros y de ahorro, así como impulsar la inversión socialmente responsable por parte de los pequeños inversores.

Por ello, y entre las medidas que se incluyen en la sexta línea de actuación se encuentran las siguientes: continuar impulsando la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a que, tanto las empresas como las administraciones públicas, satisfagan sus compromisos con sus proveedores, especialmente en los plazos de abono de las facturas; instar a todas las administraciones públicas a que adapten sus criterios de solvencia técnica y económica en los procedimientos de licitación pública, al fomento del emprendimiento; y fomentar la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones y adquisiciones públicas.

• Consumo responsable. En esta línea de actuación se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y hacer partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más sostenible, ecológica y solidaria.

En este ámbito la Estrategia incluye medidas como la utilización del etiquetado como instrumento de información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de criterios de sostenibilidad y la elaboración de un código de buenas prácticas sobre información para evitar la comunicación y/o la publicidad no veraz.

• Respeto al medio ambiente. El respeto al medio ambiente es un requisito indispensable de toda organización con vocación sostenible, ya que tiene que conciliar el cuidado del entorno con el desarrollo económico y de las personas.

En este contexto, la Estrategia contempla medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.

• Cooperación al desarrollo: esta línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de los distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño responsable de empresas españolas para favorecer la cohesión social y destacar su papel como aliadas en el desarrollo de la cooperación española con actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, especialmente, a la defensa y protección de los derechos humanos de las comunidades.

También figura el respeto y la protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de valor. Especialmente en el ámbito internacional, las empresas deben colaborar para tratar de garantizar que se cumplan los Derechos Humanos en su esfera de influencia, poniendo especial atención en aquellos entornos en los que no existan garantías suficientes en relación al respeto y protección de los mismos.

• Coordinación y participación. En esta línea de actuación se articulan los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como local, con objeto de promover los principios y criterios de la Responsabilidad Social, así como fomentar el intercambio de experiencias con otros países.

Contempla medidas como la creación de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para garantizar la armonización y unidad de mercado en esta materia y la promoción de la RSE en todo el territorio.

Además, se extenderá y promoverá la RSE a través de iniciativas como la actual Red de Territorios Socialmente Responsables (RED RETOS) y la creación de una Red de Responsables Públicos de Fomento de la Responsabilidad Social que compartan buenas prácticas e impulsen la RSE en todo el territorio desde cualquier ámbito de la Administración.

Por último, a través del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas, se pondrá en marcha de forma inminente el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas, que estará coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Seguimiento y Evaluación

El documento incluye, además, una clasificación de las sesenta medidas que contempla según su prioridad (trece son de prioridad muy alta, diecisiete son de prioridad alta y treinta son de prioridad media) y determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha cada una de las actuaciones.

Además, y con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para su posterior evaluación.

Estrategia Responsabilidad Social

Educación, Cultura y Deporte

SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE 4.117.950 EUROS PARA APOYAR LA VIABILIDAD DEL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA

• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asume el 45 por 100 de las ayudas que requiere del Plan integral para la pervivencia de uno de los espacios líricos de referencia internacional

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión de una subvención de carácter extraordinario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destinada a la Fundación Gran Teatre del Liceu de Barcelona para la ejecución del "Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017; por un importe total de 4.117.050 euros este año.

El Plan Estratégico y de Viabilidad requiere una inversión total de más de once millones de euros de todas las administraciones públicas presentes en el patronato del Liceu, repartidos en dos ejercicios: 9,15 millones en 2014 y 1,94 millones en 2015.

Con esta ayuda, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reafirma su compromiso de asegurar la pervivencia de uno de los proyectos culturales más longevos y prestigiosos de nuestro país, asumiendo el 45 por 100 del coste total del plan de viabilidad aprobado por el Patronato de la Fundación el pasado mes de marzo. El resto de las aportaciones corren a cargo de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona.

Balances negativos

El Gran Teatre del Liceu, de cuyos órganos de gobierno el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte forma parte desde 1986 a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), ha contabilizado sucesivos balances negativos desde el punto de vista presupuestario, con una reducción de las aportaciones públicas y privadas, así como otras circunstancias estructurales de descenso del número de abonados y de los ingresos por patrocinio, todo ello enmarcado en un contexto de crisis económica. Esta circunstancia ha originado la existencia de una deuda suscrita con diversas entidades de crédito de más de quince millones de euros.

Mediante la concesión de esta ayuda de carácter extraordinario por razones de interés público, se pretende, de acuerdo con la aplicación del Plan Estratégico y de Viabilidad, el pago a proveedores, la liquidación de impuestos, inversiones en el inmueble, la cobertura de un fondo de tesorería y el abono de diversos gastos ordinarios de funcionamiento.

Compromiso del Ministerio

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consciente del difícil momento por el que atraviesa esta institución, destaca su compromiso de colaboración en la ejecución del 'Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017' desde el convencimiento de que el Gran Teatre del Liceu constituye uno de los baluartes esenciales de la cultura en España, así como uno de los principales teatros líricos de referencia en el ámbito internacional.

Interior

APROBADO EL PLAN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. Este plan tiene por objetivo movilizar, rápida y eficazmente, los medios y recursos para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas en el caso de emergencia por incendios forestales, tanto a nivel nacional, como en los supuestos en que sea preciso apoyar los planes de las Comunidades Autónomas afectadas, cuando éstas lo requieran.

Su ámbito territorial es todo el territorio español, si bien se contempla la posible intervención de los medios nacionales fuera del territorio nacional en aplicación de la Decisión comunitaria del 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, de acuerdos internacionales con otros países o cuando así lo decida el Gobierno.

Fases del Plan

El Plan establece una serie de fases que ordenan de forma secuencial las intervenciones de los distintos órganos ante una emergencia provocada por un incendio forestal:

Existe una primera fase de alerta y seguimiento, en la que las salas de seguimiento de incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y/o la Sala de Emergencia de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias tienen conocimiento de la existencia de un incendio comunicado por fuentes fidedignas (servicios 112, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…)

A ella le sigue una fase de gestión operativa que se inicia bien cuando alguna Comunidad Autónoma notifica la puesta en marcha de medidas de protección y socorro de las personas afectadas por la situación de emergencia provocada por un incendio forestal, o cuando varias Comunidades Autónomas afectadas solicitan apoyo, o cuando resulta preciso movilizar medios extraordinarios, entre otros, los de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, medios internacionales, etcétera.

Finalmente, la activación del Plan se produce en la fase de emergencia de interés nacional mediante la declaración del interés nacional por el ministro del Interior, por iniciativa propia o a instancias de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno.

Órganos administrativos

Para su puesta en marcha, bajo la dirección del ministro del Interior, el Plan prevé la creación de un marco organizativo en el que destacan dos órganos administrativos: el Consejo de Dirección y el Comité Estatal de Coordinación.

El Consejo de Dirección es el órgano superior de apoyo al ministro del Interior en la gestión de las emergencias por incendios forestales que hayan sido declaradas de interés nacional. Asimismo, la dirección operativa del Plan Estatal le corresponde al General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.

Por su parte, el Comité Estatal de Coordinación tiene funciones de coordinación de las actuaciones y de valoración de la evolución e interpretación de datos. También participa en la elaboración y actualización del Plan, así como en la programación y realización de ejercicios y simulacros

Además, se prevé la creación de una Base de Datos de la Estadística General de Incendios Forestales que registrará los siniestros por incendios forestales ocurridos en el territorio nacional de los que se tiene constancia desde el año 1968 y que se nutrirá de los datos contenidos en los Partes de Incendio Forestal que elaboren y remitan las comunidades autónomas.

Herramienta informática del Ministerio de Agricultura

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dispondrá de una herramienta informática que permita a cada uno de los organismos públicos implicados consultar los siniestros activos, siendo responsable de la coordinación de su empleo y acceso por parte del resto de administraciones. Los contenidos de este sistema provendrán del órgano o servicio designado en el plan de la Comunidad Autónoma, que transferirá los datos a la Delegación del Gobierno correspondiente, a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal y a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que será la responsable de su difusión entre los organismos representados en el Comité Estatal de Coordinación.

Por último, el Plan prevé un inventario de capacidades disponibles, con información sobre los recursos estatales operativos y disponibles para su empleo en apoyo de la extinción de incendios forestales en las comunidades autónomas, así como los no estatales susceptibles de ser movilizados en la extinción de incendios en comunidades limítrofes, cuando la emergencia sea de interés nacional o los medios autonómicos fueren insuficientes.

Hacienda y Administraciones Públicas

IMPUGNACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS QUE APRUEBAN Y CONVOCAN CONSULTAS CIUDADANAS CON PREGUNTA DIRECTA

El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos, tras sendos dictámenes favorables del Consejo de Estado, por los que se solicita del presidente del Gobierno la impugnación ante el Tribunal Constitucional del Decreto de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma, y del Decreto de Canarias 107/2014, de 2 de octubre, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa, referida a "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo ambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

Decreto que aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía

En este caso, se impugna la regulación de las preguntas directas recogida en los Capítulos I (artículo 4) y III (artículos 9 a 26) del Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el artículo único del Decreto del Gobierno canario 95/2014, de 25 de septiembre, así como de las Disposiciones derogatoria y finales de dicho Decreto, en cuanto se refieran a las preguntas directas reguladas en los citados Capítulos I y III.

La impugnación del Decreto que aprueba el Reglamento de consultas a la ciudadanía se fundamenta en los siguientes motivos:

• Las calificadas en el Decreto de Canarias 95/2014 como consultas ciudadanas mediante pregunta directa constituyen materialmente un auténtico referéndum, al contemplar una consulta al cuerpo electoral a través de un verdadero procedimiento electoral.
• La potestad de regulación y autorización de referéndums, sin embargo, corresponde exclusivamente al Estado, de acuerdo con los artículos 23, 81, 92 y 149.1.32ª de la Constitución Española.
• Esta regulación, además, es recogida por la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Decreto por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa

La impugnación del citado Decreto se fundamenta en dos tipos de motivos:

Por una parte, la Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencia para convocar un auténtico referéndum, por los motivos expuestos en relación con el Decreto 95/2014, que sirve de fundamento a la presente convocatoria.

Por otra parte, habida cuenta de la pregunta realizada, debe tenerse en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado en virtud de las reglas 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Constitución, sin que la competencia de Canarias sobre régimen energético alcance el mar territorial (sentencia del Tribunal Constitucional 8/2013) y que, tal como ha puesto también de manifiesto el Tribunal Constitucional (auto 87/2011), en ningún caso podría la Comunidad Autónoma convocar una consulta sobre materias que no son de su competencia.

Ambas impugnaciones se plantean con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos que se recurren

Hacienda y Administraciones Públicas

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DEL SECTOR PÚBLICO DE CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la impugnación ante el Tribunal Constitucional de varios artículos de la Ley del 27 de enero de 2014 de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, en relación con la disposición 27ª de la misma Ley.

Justificación del recurso

El art. 167.1 establece una prohibición -que en la práctica es absoluta- de uso de la técnica de fracturación hidráulica en el aprovechamiento de hidrocarburos en su territorio. Es una prohibición análoga a la que en su momento estableció Cantabria, mediante la Ley 1/2013, norma que ha sido anulada por sentencia del 24 de junio del Tribunal Constitucional, porque dicha regulación corresponde al Estado. La normativa básica estatal permite la fractura hidráulica y garantiza, al mismo tiempo, los valores medioambientales, supeditando los proyectos que requieran la utilización de dicha técnica a la evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a la disposición transitoria 5ª, se impugna por dos motivos: de un lado, por la utilización del término "entidad gestora de la seguridad social" para el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, ya que existe una reserva de esa denominación para las entidades gestoras de la Seguridad Social en la Ley General de la Seguridad Social (art. 64); y de otro, por la adscripción del patrimonio de la entidad gestora de la Seguridad Social al de la Generalitat, pues éste pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social, de exclusiva competencia del Estado.

Asimismo, se impugna la disposición transitoria 8ª, porque implica el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 193/2013, que ya declaró nulas las restricciones a la implantación de establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada que establecía el Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de la Generalitat de Cataluña.

Industria, Energía y Turismo

AMPLIADA EN 344 MILLONES LA CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA PARA EL PERIODO 2014-2022

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a modificar el plan de contribuciones a la Agencia Espacial Europea (ESA) para el periodo 2014-2022. La modificación supone incrementar la contribución española para dicho periodo en 344,5 millones de euros, de modo que el total asciende a 1.368,5 millones de euros.

El actual Plan de contribuciones fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de octubre de 2013, en el marco del Consejo Ministerial de la ESA de noviembre de 2012. El próximo 2 de diciembre se celebrará un nuevo Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea en Luxemburgo, en el que la posición de España será esencial y estratégica para nuestro sector industrial espacial. En este Consejo los Estados miembros aprobarán los fondos necesarios para desarrollar nuevos lanzadores y mantener en funcionamiento la Estación Espacial Internacional hasta 2017.

Oportunidades industriales

Una vez estimadas las oportunidades industriales identificadas, se considera necesario que en el Consejo Ministerial de Luxemburgo España suscriba un compromiso adicional en programas optativos por importe de 343,5 millones de euros, así como la financiación de un Centro Incubador de Empresas en Madrid (ESA BIC Madrid) que supone una contribución adicional de un millón de euros repartido entre los ejercicios 2014 y 2015, lo que asciende a un total de 344,5 millones de euros.

Retornos para España

Los retornos industriales para España de las aportaciones a la Agencia Espacial Europa son superiores al 100 por 100, con 1.414 millones de euros en contratos para empresas españolas desde el año 2000. Además, el sector es de los más dinámicos y de mayor contenido tecnológico y empleo cualificado.

El plan hoy modificado cubrirá la participación de España en las actividades obligatorias y asociadas, así como en programas opcionales de especial interés para la industria espacial española en el periodo indicado:

Para el presupuesto de 2014 se autoriza el pago de 152,5 millones de euros con una contribución adicional de 500.000 euros respecto a la autorizada por el Consejo de Ministros el 4 de octubre de 2013, que va destinada a la creación del Centro de Incubación de Empresas denominado ESA-BIC Madrid. Para el ejercicio 2015 y siguientes se consolida la contribución anual española a la Agencia Espacial Europea por importe de 152 millones de euros para el periodo 2015-2022.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

COMPRA CENTRALIZADA CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE VEINTE MEDICAMENTOS DE MAYOR CONSUMO HOSPITALARIO

• Por primera vez, se adquirirán de forma centralizada medicamentos como el paracetamol, el omeprazol, la lamivudina o la gemcitabina
• El ahorro estimado por la compra agregada de 15.262 millones de miligramos de los medicamentos es de quince millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo Marco para la selección de suministradores de medicamentos para el Ministerio del Interior, once Comunidades Autónomas y el Ingesa, organismo que gestiona la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla y depende del Ministerio de Sanidad.

En virtud de este acuerdo, por primera vez en el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio del Interior se adquirirán de forma conjunta algunos de los medicamentos de mayor consumo hospitalario, como el paracetamol (analgésico), el omeprazol (protector gástrico), la lamivudina (antiviral) o la gemcitabina (para la quimioterapia). Serán veinte lotes de otros tantos medicamentos comunes, un total de 15.262 millones de miligramos.

Al Acuerdo (la compra de todos o de algunos de los lotes) se han adherido un total de once Comunidades Autónomas, el Ingesa y el Ministerio del Interior. Su período de vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un año más. En este período, el ahorro estimado supera los quince millones de euros: 10,5 millones para el período inicial de vigencia y 4,5 millones más en el supuesto de producirse la prórroga. El importe total de los contratos, prórroga incluida, se calcula en 52,1 millones de euros.

El Acuerdo Marco, además de potenciar la eficiencia y el ahorro en los costes asociados a la adquisición en el Sistema Nacional de Salud, persigue los siguientes objetivos:

• Favorecer la homogeneización de medicamentos utilizados en el Sistema Nacional de Salud, con la consiguiente mejora técnica.
• Establecer estándares de calidad comunes en todo el territorio.
• Ofrecer una garantía a las empresas suministradoras, al propiciar la estabilidad del mercado mediante un escenario de contratación común, particularmente en relación a los tiempos de pago.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

25,5 MILLONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y PARA EL PLAN DE DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de distribución entre las Comunidades Autónomas de 25,5 millones de euros destinados a financiar los programas de políticas de cohesión sanitaria y de formación continuada en el uso racional del medicamento para médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud. Los créditos también se destinarán al desarrollo del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea.

Los créditos se distribuirán en aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta disposición prevé que la industria farmacéutica realice aportaciones al Sistema Nacional de Salud en función de su volumen de ventas. El destino de estos fondos es, por un lado, la investigación clínica, para lo que se destinan al Instituto de Salud Carlos III; por otro, la financiación de políticas de cohesión y educación sanitaria, para favorecer el uso racional de los medicamentos.

La distribución se realizará, como en ejercicios anteriores, mediante una cantidad fija de entre 35.000 y 1.380 euros para cada Comunidad Autónoma y Ciudades Autónomas y, el resto, repartido de forma proporcional a la población. Así lo acordaron Ministerio y Comunidades en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Los fondos tienen como objetivo financiar los siguientes programas:

1. Desarrollo de Programas de políticas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional del medicamento, a través de los siguientes programas: Transferencias por importe de 24.750.431,27 euros a Comunidades Autónomas para toda clase de gastos necesarios, incluido personal, para:

Programas de mejora de la atención farmacéutica:

• Programa de mejora de la calidad en la atención de pacientes crónicos.
• Programa de mejora de la calidad en la atención de pacientes polimedicados.
• Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como otras líneas estratégicas prioritarias de gestión de la asistencia sanitaria asociadas a la atención farmacéutica.

Programas de desarrollo del proceso de la receta electrónica, sistemas de información para apoyo a la prescripción y adaptación al nomenclátor maestro.

Programas de desarrollo de las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 16/2012, del 20 de abril de 2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Programa de desarrollo de las nuevas medidas de farmacovigilancia. Apoyo al desarrollo de la Ley de Garantías y del Plan de Actuaciones en el sistema español de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.

Ampliación y mejora del sistema de información sanitaria.

Programas de formación continuada en el uso racional del medicamento para médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros e inspectores del Sistema Nacional de Salud.

1. Desarrollo del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea como estrategia de salud del plan de calidad del Sistema Nacional de Salud: Estará dotado con 830.000,00 euros para toda clase de gastos necesarios para su desarrollo.

Hay que recordar que el Plan Nacional de Médula Ósea, que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes, fue presentado en enero de 2013 y ha conseguido el 60 por 100 de sus objetivos en veinte meses de aplicación: su objetivo era duplicar el número de donantes de médula en cuatro años, hasta alcanzar los 200.000, y ya registra más de 160.000, cifra muy por encima de lo previsto.

La distribución de créditos se realizará del siguiente modo:

Programas de cohesión sanitaria y uso racional del medicamento:

Plan Nacional de Donación de Médula Ósea:

Fomento

AUTORIZACIÓN A FOMENTO A ELEVAR EL TECHO DE GASTO PARA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DEL 1,5 POR 100 CULTURAL

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a elevar el techo de gasto con cargo a ejercicios futuros con el fin de posibilitar la realización de las actuaciones relacionadas con el 1,5 por 100 Cultural. De este modo, se podrá dotar económicamente la futura convocatoria para la presentación de solicitudes, cuya publicación está prevista para las próximas fechas.

Como paso previo, esta semana el Ministerio de Fomento ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, mediante una Orden Ministerial, las bases reguladoras de la concesión de ayudas para las actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Cultural, conocidas como 1,5 por 100 Cultural.

La nueva Orden Ministerial establece un procedimiento administrativo acorde con la normativa actual de concesión de ayudas públicas. Este procedimiento, además de reglar la selección de nuevas actuaciones, permite una eficiente gestión y planificación, bajo los principios de transparencia, concurrencia y publicidad.

Asimismo, establece un procedimiento administrativo detallado para la concesión de estas ayudas y se detallan los criterios objetivos para la admisión de solicitudes y para la valoración de las admitidas.

Del 1 por 100 Cultural al 1,5 por 100

El programa del "1 por 100 Cultural" es uno de los instrumentos de la Administración General del Estado para responder al mandato constitucional por el que los poderes públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran.

Para ese fin la Ley de Patrimonio Histórico estableció ese porcentaje mínimo a aplicar sobre el presupuesto de las obras públicas que se ejecutasen por la Administración del Estado.

Yendo más allá de esa obligación, el Ministerio de Fomento se ha comprometido a ampliar su aportación a este objeto del actual 1 por 100 al 1,5 por 100 del presupuesto de las obras que licite en el futuro.

Este compromiso ya se recogió en el Convenio firmado el pasado 15 de octubre de 2013 entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (que es, ya, el sexto acuerdo de colaboración entre ambos Departamentos, y que extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016), y entró plenamente en vigor para el Ministerio y sus organismos y entidades dependientes mediante la Orden de la Ministra publicada en el BOE de 17 de abril.

Por otra parte, para dar a conocer a la ciudadanía las actuaciones de intervención en el Patrimonio Histórico Español, el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha un portal mediante el que se pueden consultar las actuaciones financiadas con aportaciones del Ministerio de Fomento. La información está disponible en la dirección web http://patrimoniohistorico.fomento.es.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MÁS DE 21 MILLONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA PROGRAMAS AGROALIMENTARIOS Y GANADEROS

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 21.171.884 euros entre comunidades Autónomas para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos y alimentarios. Se formalizan, así los criterios de distribución y el reparto de fondos acordados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que, presidida por la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se celebró el pasado 8 de julio.

Sanidad de la producción agraria

Para apoyar la competitividad y calidad de la sanidad agraria, se ha aprobado el reparto de 15.206.704 euros, destinados a los programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales y a la prevención y lucha contra plagas.

Para los Programas estatales de erradicación de enfermedades se ha dedicado un presupuesto de 7.865.004 euros, de los que 5.237.952 euros se destinarán a la indemnización por sacrificio obligatorio de animales y 2.321.178 euros al apoyo a programas de vigilancia de enfermedades. Dentro de estas actuaciones se encuentra el Programa de vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs), el refuerzo de la vigilancia de enfermedades vectoriales y el apoyo al desarrollo del programa de control y erradicación de la tuberculosis bovina.

También se destinan 7.341.700 euros a la prevención y lucha contra plagas. El objetivo de esta línea es apoyar la ejecución de los programas de erradicación de organismos nocivos de cuarentena o de los ya establecidos o nuevos en el territorio nacional. Las asignaciones se han realizado en base a las cantidades solicitadas por las Comunidades Autónomas.

Producciones y mercados agrarios

Para este capítulo se ha aprobado un total de 4.965.090 euros destinados a la competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios.

Para ello se distribuirán 1.129.467 euros para la prima complementaria a la vaca nodriza. El reparto se ha realizado de forma proporcional al número de derechos de vaca nodriza notificados a la base de datos SIDEGAN, y los remanentes en poder de las Comunidades Autónomas.

También se ha aprobado el reparto de 933.523 euros para la calidad de las variedades vegetales y la certificación de los materiales de reproducción. Con estos fondos se promueve el valor agronómico de las nuevas variedades en el que se toma en cuenta la resistencia a microorganismos como hongos, bacterias y virus y también los ensayos agronómicos de las nuevas variedades vegetales que puede significar que son más productivas, con mayor rendimiento o mayor grado de adaptación a los microorganismos.

Con objeto de apoyar la ordenación y fomento de la mejora ganadera y la conservación de la biodiversidad, y en concreto para las razas autóctonas, se han asignado también 1.427.613 euros. Se trata de una cantidad para cuya distribución se han tomado en cuenta el número de asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las Comunidades Autónomas para la gestión de los libros genealógicos y los importes de previsión de gasto de cada una de ellas.

Por otra parte, y para el control lechero oficial se destinan 1.474.487 euros, tomando como criterios de distribución el número de lactaciones finalizadas y válidas certificadas por las Comunidades Autónomas.

Industria alimentaria

El Consejo de Ministros ha aprobado también el reparto de 1.000.090 euros para el fomento de la industrialización agroalimentaria del Fondo Europeo de la Pesca, que recibirá la Comunidad Autónoma de Galicia, para facilitar la cofinanciación necesaria para la medida de transformación y comercialización en destino de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del Programa Operativo del Fondo Europeo de Pesca.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN EN MATERIA DE ESTADÍSTICA AGRARIA, GANADERA Y DE PESCA

El Consejo de Ministros ha ratificado las autorizaciones provisionales para la suscripción de Convenios con las Comunidades Autónomas en materia de estadística agraria, ganadera y de pesca para 2014.

Los Convenios específicos contemplan la recopilación de información en explotaciones agrarias, establecimientos, empresas industriales y mercados de productos agrarios, así como la grabación y validación de los mismos, en el ámbito territorial de cada una de las Comunidades Autónomas, para la ejecución del Programa de Estadísticas.

Para ejecutar estos trabajos, el Ministerio aportará la cantidad de 1.183.6887 euros y las Comunidades Autónomas un total de 348.200 euros.

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe total de 169.463.574,74 euros, para financiar siete ampliaciones de crédito y una incorporación de crédito.

Ampliaciones de crédito

• 127.216.760,99 euros para cumplir lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en cuanto a compensaciones por el Impuesto sobre los Depósitos en las entidades de crédito y por el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
• 22.734.530,24 euros para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana, Mali y en los Grupos de Combate de la Unión Europea.
• 10.000.000 de euros destinados al pago de las indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y su normativa de desarrollo.
• 6.000.000 de euros para el pago de cuotas a la Seguridad Social en diversos departamentos ministeriales.
• 2.995.958,77 euros destinados al pago de las reclamaciones de los salarios de tramitación en juicios por despido, contempladas en la Ley reguladora de la jurisdicción social, del 10 de octubre de 2011.
• 236.000 euros para atender el pago de diversas indemnizaciones a participantes en operaciones de mantenimiento de paz y seguridad.
• 205.500 euros para atender las necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley del 21 de febrero de 2014, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, y en el Real Decreto Ley del 13 de mayo de 2011, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.

Incorporación de crédito

• 74.824,74 euros para financiar una incorporación de los remanentes de crédito procedentes de generaciones de crédito por aportaciones de la Unión Europea para financiar actividades relativas al Proyecto eTwinning.

Interior

COMPROMISOS DE GASTO PARA REHABILITAR EL EDIFICIO DESTINADO AL MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria a fin de permitir al Ministerio del Interior adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para contratar las obras de rehabilitación del edificio que va a albergar el futuro Centro Nacional Para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

El coste total de las obras de rehabilitación asciende a 6.004.000 euros, que será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria "Inversiones reales", en las anualidades, por los importes que a continuación se indican: año 2015, 2.729.100 euros; año 2016, 2.729.100 euros, y año 2017, 545.800 euros.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO CON ARABIA SAUDÍ PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones.

El Acuerdo tiene por objeto fomentar la cooperación económica entre los dos países y favorecer los intercambios comerciales, creando unas condiciones favorables para las inversiones de cada uno de los países en el territorio del otro.

Las inversiones cubiertas por el Acuerdo son, entre otras, la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, gravámenes y prendas; acciones, obligaciones o cualquier tipo de derechos o intereses en sociedades; derechos a aportaciones monetarias o a cualquier otra prestación que tengan un valor económico y estén relacionados con una inversión; derechos de propiedad intelectual e industrial; conocimientos técnicos y fondo de comercio; derechos a realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o en virtud de un contrato, incluidas las licencias, permisos o concesiones otorgados de conformidad con las leyes.

Las inversiones no serán sometidas a nacionalización o expropiación, salvo que la medida se tome por razones de utilidad pública, con arreglo al procedimiento legal, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización al inversor. También se contempla el tratamiento que debe aplicarse, a título de compensación, en caso de daños o pérdidas.

Se garantiza a los inversores la libre transferencia, sin demora, de todos los pagos y rentas de la inversión. Se establece, asimismo, el principio de aplicación de las condiciones más favorables a los inversores, el principio de subrogación y los procedimientos a seguir para la solución de controversias.

Hacienda y Administraciones Públicas

SUPRESIÓN DE LAS OFICINAS CONSULARES DE ESPAÑA EN VILA REAL DE SAN ANTONIO Y VALENÇA DO MINHO, EN PORTUGAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, con el informe favorable del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, por el que se suprimen las oficinas consulares de España en Vila Real de San Antonio y Valença do Minho en Portugal.

Esta decisión se inscribe dentro de la necesaria racionalización del sector público, suprimiendo aquellas oficinas consulares que, al haber cambiado las circunstancias existentes cuando fueron creadas, resultan ahora menos indispensables para las labores de protección y asistencia consular.

Como consecuencia de la significativa reducción del número de españoles en las dos circunscripciones y su baja actividad, los servicios y funciones de las dos oficinas consulares que se suprimen pasarán a ser prestados por otras representaciones: las de la oficina consular de Vila Real de San Antonio las asumirá el Consulado General de España en Lisboa, y las de la oficina consular de Valença do Minho pasarán al Consulado General de España en Oporto.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

CONTRIBUCIONES ESPAÑOLAS A ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS INTERNACIONALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo de autorización de contribuciones voluntarias adicionales a Organizaciones y Programas Internacionales en 2014.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 20 de junio la concesión de contribuciones voluntarias a diversos Organismos, Fondos y Programas Internacionales 2014 por un importe conjunto de 400.000 euros, coincidente con el crédito inicial previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Una posterior transferencia de crédito, por importe de 307.000 euros implica la existencia de crédito suficiente para el abono de las contribuciones adicionales que ahora se aprueban.

Con cargo a este crédito, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores ha elaborado una propuesta de autorización, por un importe de 157.000 euros, dirigida a la financiación de:

• Aportación al Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, por una cuantía de 102.000 euros. España es miembro fundador de la Unión y uno de sus impulsores, lo que ha permitido que la sede del Secretariado esté en España (Barcelona). Para España es de vital importancia poder contar con un instrumento como la Unión por el Mediterráneo para desarrollar su política mediterránea y reforzar sus relaciones bilaterales con los países del sur del Mediterráneo, así como para poder influir en la política de vecindad de la Unión Europea con dichos países.
• Aportación a la financiación del "Task Force for International cooperation on Holocaust education, remembrance and research", por un importe de 30.000 euros, para financiar los gastos que se derivan de la programación y labor que realiza la Oficina Permanente. La contribución de España es inherente a su condición de Estado miembro de esta asociación internacional de países que agrupa a los "Estados de Europa Occidental y otros" (grupo WEOG), grupo regional de Naciones Unidas. La participación de España en el Fondo implica la aceptación de la "Declaración de Estocolmo" (1998) sobre el Holocausto.
• Contribución al Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), por un importe de 25.000 euros. El IDEA es una organización internacional con sede en Estocolmo, creada en 1995 y de la que España es país fundador. Es una organización dedicada a la promoción de la democracia y los derechos humanos, y la asistencia y/o observación electoral. La prioridad dada por IDEA al Norte de África y su creciente proyección en países del área iberoamericana la convierten en un instrumento afín para lo que constituyen también objetivos tradicionales de la política exterior española.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

TOMA DE RAZÓN DE AYUDA HUMANITARIA A LIBERIA POR LA EPIDEMIA DE ÉBOLA

El Consejo de Ministros ha tomado razón de una ayuda humanitaria de emergencia a la población afectada por la epidemia del ébola acontecida en Liberia, por importe de 160.000 euros.

La ayuda humanitaria ha consistido en un libramiento de fondos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el envío de equipo y material sanitario a Liberia por importe de 160.000 euros. Se trata del pago de los gastos de transporte de dos lotes completos de equipo médico, material de protección y desinfección, rehidratación y medicamentos específicos para luchar contra el ébola en Liberia.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

OBRAS URGENTES DE REPARACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL PLAN BATALHÈR, EN LLEIDA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños ocasionados en el camino de acceso al Plan Batalhèr por el riesgo de inestabilidad de taludes, en el término municipal de Es Bòrdes (Lleida) por importe de 80.000 euros.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto en marcha, en el Valle de Arán, las obras urgentes de reparación de los daños que se han producido en el camino de acceso al Plan Batalhèr en Lleida.

Estos daños han sido provocados por las importantes nevadas del pasado invierno y el deshielo posterior, que ocasionó un aumento notable en el caudal del río Joeu. Ello produjo importantes erosiones del talud sobre el que se asienta el camino, desde la Artiga de Lin, en una zona bastante debilitada e inestable tras las riadas provocadas por las lluvias torrenciales de junio de 2013.

Las erosiones han ocasionado el derrumbe de cerca de 50 metros del talud de sostenimiento y la consiguiente destrucción del firme del camino, lo que supone un grave riesgo para la seguridad de los usuarios y un gran perjuicio económico en la zona, debido a los problemas para el tránsito de vehículos.

Los trabajos de reparación, que se concentran en el término municipal de Es Bordès, incluirán la construcción de un muro de escollera para la protección y sostenimiento del talud, y la reconstrucción tanto del terraplén sobre el que se asienta el camino, como del firme.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador de España en la República de Singapur.-

D. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTERA

Nacido el 4 de julio de 1949 en Zaragoza, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1979 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Corea, Australia y ante las Comunidades Europeas. Ha sido vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia de Gobierno, y director general de Coordinación Técnica Comunitaria y de Coordinación Jurídica e Institucional. En 1996 fue nombrado representante permanente adjunto de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y, posteriormente, embajador de España en Polonia y secretario general para la Unión Europea. Desde noviembre de 2010 era embajador de España en Japón.

Defensa

Auditor Vocal Togado del Tribunal Militar Central.-

D. CARLOS MELÓN MUÑOZ

Nacido el 24 de octubre de 1957, es Licenciado en Derecho.

Ha estado destinado en la Fiscalía y en la Auditoría de la II Región Aérea, en la Fiscalía y en el Juzgado Togado Militar Territorial de Sevilla y en el Cuartel General del Mando Regional del Centro. Ha sido asesor jurídico jefe del Cuartel General de la Fuerza Terrestre y auditor presidente del Tribunal Militar Territorial 2º, en Sevilla, cargo que desempeñaba en la actualidad.