Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido hoy acordados en el Consejo de Ministros.

Hoy hemos dado pasos importantes en esa tarea necesaria de reformar la Administración española para ganar en agilidad, facilitar la vida a los ciudadanos y a las empresas, y hacer de la Administración un motor de crecimiento.

Como era nuestra obligación, hemos presentado en el Consejo de Ministros el informe del primer año de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que estará a su disposición en la página web del Ministerio, así como un resumen del mismo, en el que llevamos a cabo la evaluación continua que los distintos Ministerios y las distintas Administraciones Públicas españolas estamos llevando a cabo para conseguir una triple tarea, que es: una Administración que funcione, y que cada vez funcione mejor; una Administración que además cada vez esté mejor coordinada, y una Administración que dé mejor respuesta a los ciudadanos. Además, esa Administración tiene que estar al servicio del crecimiento y la creación de empleo.

Es, por tanto, una reforma estructural importante de la que luego hablaré.

Me acompaña el ministro de Industria, porque hemos aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan, además, determinados aspectos para llevar a cabo la liberación del dividendo digital. Como saben, éste es un proceso por el cual se deja libre la banda de frecuencias a través de las cuales se presta hoy el servicio de televisión para que pueda ser utilizada en la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas: telefonía móvil de cuarta generación o banda ancha ultrarrápida, entre otros.

Se trata de un proceso de gran complejidad técnica que deriva de un mandato comunitario y que se está llevando a cabo por todos los Estados miembros de la Unión, como explicará ahora el ministro de Industria.

Vamos al Informe de las Administraciones Públicas. Ayer fue presentado por el presidente del Gobierno, les haré un breve repaso de las conclusiones de este año y también un avance de lo que van a ser las próximas medidas a adoptar.

Como saben, este trabajo empezó en octubre de 2012 con la creación de una Comisión para su análisis, publicamos un informe de todo lo que había de hacerse en junio de 2013 y ahora presentamos, cerrado a septiembre de 2014, el primer resumen anual. Serán 222 medidas --empezó con 219, pero está sujeto a un proceso de actualización constante-- y hoy, de esas medidas, 45 están implantadas y el resto están en proceso avanzado de ejecución.

Ha supuesto, de momento, grandes cambios normativos. Se han presentado ya cuatro Anteproyectos de Ley -uno, con carácter orgánico--, catorce Proyectos de Ley --tres de ellos orgánicos--, veintiún Reales Decretos y numerosas órdenes ministeriales y resoluciones para darle cumplimiento. Además, se ha contado, y yo quiero agradecerlo, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas; ha habido innumerables conferencias sectoriales y reuniones bilaterales con las Comunidades Autónomas. Puedo decir que el grado de aceptación de las medidas es muy importante, cercano al 80 por 100.

Quiero, además, señalar que este Informe y su ejecución han sido bien valorados por parte de organismos internacionales. El Informe de la OCDE, que se emitió en primavera, calificó la reforma de España como una de las más avanzadas de los Estados miembros. Y como lo bueno es presentar resultados, España ha pasado del número 24 en 2012 al número 12 en evaluación de "E-Government" realizada por Naciones Unidas. Es decir, gracias a esta reforma hemos logrado mejorar en el ranking de evaluación electrónica.

También el Ministerio de Hacienda, que es el principal implicado, ha recibido, como consecuencia de este Informe, el proyecto Plataforma de Intermediación de Datos el premio de Naciones Unidas de Desarrollo de Servicios Públicos en 2014.

Voy a darles un rápido repaso a lo que ha supuesto este año de implantación de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Llevamos un ahorro acumulado --son medidas estructurales-- de 10.417 millones de euros entre Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, que nos han permitido llevar a cabo un ajuste del sector público, especialmente en los ámbitos que afectan a la gestión burocrática y a la Administración electrónica.

El primero de los problemas que se planteó y que era necesario resolver por parte de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas era la morosidad en el sector público, que llevó a que durante la crisis los impagos o los retrasos en los pagos por parte de la Administración llevaran en cadena al cierre o a problemas empresariales importantes que afectaban a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, aunque también a grandes empresas de nuestro país. Para eso se hicieron dos cosas: en primer lugar, unas medidas de choque, que fueron medidas de liquidez, y otras cambios profundos en el sistema de pago por parte de las Administraciones.

Medidas de liquidez: 41.800 millones de euros para pagar ocho millones de facturas a 230.000 proveedores de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, 60.000 millones de euros a Comunidades Autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómica y un ahorro de 20.000 millones de euros en intereses gracias a cambios en la amortización.

Pero eso era solventar un problema que había ahí; hay que evitar que vuelvan a producirse esos ratios de morosidad. Para ello se han aprobado la Ley de Control de la Deuda Comercial, que obliga a la publicación de los periodos medios de pago y a la existencia de planes de tesorería en las Administraciones, y la Ley de Factura Electrónica, que facilitará la tramitación de dos millones de facturas al año a través de una única plataforma digital. Les daré un dato: la sustitución de la factura tradicional en papel por la factura electrónica implica un ahorro en tiempo del 80 por 100, y cada unidad, cada factura, ahorra a las Administraciones Públicas en gestión 2,78 euros; por dos millones de facturas…

En segundo lugar, racionalización de estructuras. Se decía: el problema de la Administración española es que es una Administración muy grande, se llegó a decir "elefantiásica". Primero, valoramos esta cuestión en sus justos términos porque, como verán en el Informe, el tamaño del sector público español no está por encima de la media de la Unión Europea. Pero, sin embargo, sí había innumerables entidades que era necesario ajustar, racionalizar o suprimir como consecuencia de la crisis.

Aquí quiero poner en valor la tarea de todas las Administraciones Públicas: Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales han llevado a cabo un proceso muy profundo de supresión y racionalización de entidades, que supera las dos mil; creo que en este momento está en 2.004 entidades. En la Administración General del Estado, que tiene poco aparato de organismos públicos, se han suprimido 104 y se ha actuado sobre 162, bien fusionándolas, bien redimensionándolas; en las Comunidades Autónomas, extinción de 675 entidades --primero tenía un objetivo de 508 eliminaciones, que se ha ampliado ahora a 790--, y en el ámbito del sector local --hay que reconocer la tarea que han llevado los alcaldes-- 1.225 entes han suprimido; una reducción del 21,4 por 100 respecto a lo que existía en el año 2010.

Tercer problema: duplicidades, aspectos en los que los distintos Ministerios entre sí o las distintas Administraciones entre sí nos solapábamos, gastábamos más, como consecuencia de actuaciones que incidían sobre el mismo asunto y no siempre estaban coordinadas. Tendrán en el Informe todos los datos, pero yo quiero destacar algunos: integración de oficinas autonómicas del exterior en la red del Estado, que era uno de los temas en los que siempre se decía "habría que hacer esto". Todas las Comunidades Autónomas, salvo dos, han firmado acuerdos para la integración de un total de 57 oficinas, que estaban repartidas en el exterior y que se van a integrar en la red de embajadas y otras oficinas del Estado. 38 ya están físicamente integradas.

Integración de oficinas autonómicas de cooperación en la red de la Agencia Española de Cooperación, en la AECID: todas las oficinas están integradas, con una excepción que hay en Tánger, porque la embajada española está en Rabat.

Algún otro ejemplo interesante en supresión de duplicidades: en los avances que se han hecho en la, por ejemplo, interconexión de los registros de centros docentes no universitarios se ha logrado una conexión efectiva de los registros autonómicos y el estatal; el Acuerdo Marco en el Sistema Nacional de Empleo, que se firmó el 2 de agosto de 2013; o, como señalaba hace un momento, aspectos que durante mucho tiempo en este país fueron de actualidad porque generaban problemas: la licencia deportiva única, la tarjeta de movimiento equino o el reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca. Ya han firmado el protocolo de colaboración con el Ministerio de Agricultura para que la licencia sea única cuatro Comunidades Autónomas y siete más están estudiando adherirse. En enero de 2015 ya habrá un sistema informático ultimado.

Mejora de la gestión de medios y servicios comunes, tercer aspecto. Se nos decía: "la Administración tiene que implantar mecanismos de funcionamiento de las empresas privadas". No siempre es posible, porque tenemos que actuar con publicidad y concurrencia en muchos aspectos, pero en algunos otros puede hacerse. ¿Dónde se ha hecho? Por ejemplo, en el plan de gestión del patrimonio inmobiliario.

Tenemos un programa de ventas o de alquileres de quince mil inmuebles; muchas de ellas son fincas rústicas, muchas de las cuales el Estado ha heredado en tiempo inmemorial porque, salvo en territorios con derecho foral, hereda el Estado cuando no hay ningún sucesor abintestato. Por ejemplo, tenemos un montón de fincas que estamos, con algunas Comunidades Autónomas, como Galicia, conveniando para que nos ayuden a alquilarlas a los propietarios vecinos. Pero en el ámbito urbano se ha puesto mucho en valor, se han puesto en mercado 4.849 inmuebles. Los ingresos alcanzan ya 153 millones en ventas y 47 millones en alquileres, y existen importantes enajenaciones pendientes por parte de los Ministerios de Fomento y de Defensa, por poner un ejemplo.

¿La reforma del parque móvil? Se han reducido vehículos en un 30 por 100 y se ha logrado un ahorro superior en el 60 por 100 al ahorro inicial.

La centralización de cuentas corrientes de la Administración General del Estado y pago de nóminas. Se acaba de aprobar la Ley de Racionalización del Sector Público y a partir de su aprobación podremos concentrar las más de 4.800 cuentas corrientes existentes en la Administración General del Estado y pagar centralizadas las nóminas.

Simplificación administrativa, que es el quinto de los problemas: la necesidad de avanzar en la Administración electrónica. Ejemplos: La plataforma de intermediación de datos, para tener todas las Administraciones a disposición nuestra los documentos que ya nos han entregado los ciudadanos y no volver a pedírselos; el portal Emprende en 3, que ya llega a más del 50 por 100 de la población, para crear una empresa a través de un solo portal telemático; la cita previa en la Dirección General de Tráfico: desde 2013 se han tramitado 1.176.000 citas por teléfono y, en el Servicio Público de Empleo, 16 millones de citas desde junio de 2013; la Oficina Electrónica de la Seguridad Social, como vieron ayer -hoy, si entras en "Mi Seguridad Social", puedes con tus datos, con tu NIF, saber cuánto tiempo llevas cotizado y cuánto te queda para poder jubilarte, que es un servicio muy útil para los ciudadanos--; o los grandes avances llevados a cabo en lo que se llama la "E-Sanidad": la historia clínica digital interoperable, que ya funciona en doce Comunidades Autónomas, o la receta electrónica interoperable, donde hoy ya el 77,4 por 100 de las recetas se dispensan electrónicamente.

Eso ¿qué ha permitido con este impulso? Que estemos por encima de la Unión Europea en usuarios preferentes de la Administración electrónica; es decir, los que utilizan preferentemente Internet. Los ratios en la Unión Europea son del 32 por 100 de media y en España del 39 por 100.

Estamos, además, por encima de la media europea en el uso de Internet y Administración electrónica para obtener información, para descargar formularios e, incluso, estamos avanzando mucho en el envío de formularios, donde también estamos por encima de la Unión Europea.

El impulso ha sido espectacular en algunos ámbitos. La Agencia Tributaria venía siéndolo con carácter tradicional, pero estamos abriendo también brecha en otros, como la Seguridad Social, donde los suscriptores a procedimientos de notificaciones telemáticas han pasado de 81.000 en 2012 a 2,5 millones en 2014.

Éste es un breve balance de lo que hemos hecho, que está a su disposición, y ahora voy a hacer una breve reseña de lo que vamos a hacer a partir de ahora.

Hoy se ha dado el visto bueno para empezar a abordar y a negociar con el sector, con las Administraciones y con el público en general, y muy especialmente con el sector académico, cambios en las leyes de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Son dos leyes, una, que regula, más bien, las relaciones de la Administración con las propias Administraciones, dentro de ella y con otras, y la de Procedimiento Administrativo Común, que va dirigida más a las relaciones de la Administración con los ciudadanos.

En la primera de ellas se trata de poner orden y control en los organismos públicos, tanto en lo que son Administraciones centrales, como en la Administración institucional, con normas para fijar claramente los procedimientos de creación de esas entidades. Hemos suprimido dos mil y ha costado muchísimo, porque cuesta muy poco crearlas y mucho evaluar si son necesarias y mantenerlas. Por tanto, claridad en las exigencias para la creación y procedimientos de supervisión, especialmente de control financiero y presupuestario a lo largo del tiempo.

Y en la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, de la relación de las Administración hacia fuera, con el ciudadano, que será probablemente lo que más le interese al público, mejoras en una apuesta clara por la Administración electrónica que va a convertirse, digamos, en el procedimiento tipo. Sin perjuicio de que sabedores de que todavía en España existe brecha digital --y esto también le compete mucho al Ministro--, los ciudadanos podrán seguir haciendo sus trámites de manera ordinaria, pero procuraremos que se vaya reduciendo la brecha y que el recurso al procedimiento electrónico sea cada vez más general.

Para ello hoy se aprueba la creación de lo que se llama Cl@ve. Cl@ve es una plataforma para todo el sector público administrativo estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica. Ampliamos las posibilidades de identificación y, así, el actual sistema de acceso electrónico para obtener el certificado de firma electrónica se acompañará de un sistema mucho más ágil y eficiente para la obtención y utilización de claves para toda la Administración. Lo que se hace es superar las limitaciones que hay ahora para que en relaciones con una parte de la Administración por Internet… Cada Administración, cada organismo, ha creado el suyo propio para ese funcionamiento y ahora tratamos de generalizarlo, habilitando la extensión de este sistema a la práctica totalidad de los servicios de la Administración electrónica.

¿Cómo va a ser? Con las diferencias en funcionamiento, como operamos hoy con el banco o con otros servicios de compras que hacemos por Internet, etc. etc. Los interesados facilitan unos datos de carácter personal para habilitar los servicios de identificación, autenticación y firma electrónica, que se ingresan un fichero clave. Hay dos tipos: uno, que es clave ocasional: si yo quiero entrar a consultar un dato, quiero entrar y salir, y lo hago de manera muy esporádica, una clave de validez muy limitada en el tiempo, orientada a ese uso esporádico de los servicios; o clave permanente, que es de validez más duradera --no ilimitada, desde luego--, pero orientada a servicios habituales.

Éstos son los sistemas que ya están utilizando la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y lo que pretendemos es hacerlos comunes y generalizarlos.

Nuestro compromiso es que el sector público administrativo estatal tenga habilitado el sistema Cl@ve en todos los servicios y trámites electrónicos antes del 1 de octubre de 2015. Hoy hemos aprobado el Acuerdo para funcionar de esa manera.

Hoy se aprueban también, como anunció ayer el presidente del Gobierno, dos Manuales: uno de Simplificación Administrativa y uno de Duplicidades. El primero, que es una obligación de la CORA, nos obliga a mantener constantemente actualizados los mecanismos para simplificar relaciones de ciudadanos con Administraciones y empresas, y poner una metodología en marcha para evaluar procedimientos y trámites burocráticos e ir eliminando del sistema las cargas administrativas innecesarias. Lo que consigue esto es que siempre tengamos el contador en marcha, no sólo cuando hacemos la CORA y hacemos limpieza, sino que vayamos analizando procedimientos y bienes del Manual para ir suprimiendo todo aquello que es innecesario o de lo que ya se dispone.

El segundo Manual tiene como objetivo esencial la eliminación de duplicidades. Se trata de detectar solapamientos, duplicidades e ineficiencias administrativas. El Manual recoge los argumentos y los criterios de los que hay que servirse para mejorar esa eficiencia, y se prevé que cada organismo en cada Administración periódicamente elabore un plan para eliminar estas disfunciones; es decir, que siempre estemos en procesos constantes de evaluación.

Éstos son los asuntos que hemos aprobado o acordado hoy y les voy a informar de otros tres temas que han pasado hoy por Consejo de Ministros.

Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Hoy se ha aprobado, para su envío a las Cortes, este Proyecto de Ley que regula las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas también protegidas, cuyo ámbito se extiende a más del territorio de una Comunidad Autónoma, que es donde tiene competencia el Estado. Lo que se busca es dar un marco jurídico único y moderno, y, lo que es muy importante, compatible con la legislación comunitaria para evitar el eventual inicio de procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.

Con esta nueva regulación cualquier operador podrá comercializar, bajo la denominación de origen correspondiente, con la comunicación previa al Consejo Regulador; antes se exigía autorización, ahora comunicas esta circunstancia. Se da, por tanto, cumplimiento a los dictados, a los criterios generales, de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para facilitar las relaciones ciudadano-Administración. Se refuerza el papel de los Consejos Reguladores como órganos de gestión de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, y como órganos de colaboración con la Administración para el adecuado desarrollo de estas figuras.

También hemos aprobado un Acuerdo por el que el Gobierno de España presta su apoyo a la candidatura de la ciudad de Barcelona para la organización en el año 2019 de la decimoséptima edición del Campeonato del Mundo de Atletismo, y otorgamos las garantías solicitadas por la Federación Internacional de Atletismo para esta candidatura. Es un impulso necesario para celebrar un gran acontecimiento deportivo en España, especialmente en la ciudad de Barcelona. Con ello lo que garantizamos es el apoyo del Gobierno español a un proyecto estatal de carácter absolutamente trascendente en el mundo del deporte, que confiamos, como han instado el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo española, en que se celebre en Barcelona, que competirá con las ciudades de Doha y Eugene, en Estados Unidos, en el estado de Oregón.

El documento aprobado hoy establece que, en el caso de que Barcelona sea designada sede en este Campeonato del Mundo de Atletismo, el Gobierno español adquiere una serie de compromisos; por ejemplo, contribuir al conste financiero de la organización y a la mejora de las infraestructuras deportivas necesarias, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias que se vayan teniendo hasta 2019; facilitar los visados de entrada en España de todos los participantes, desde atletas o entrenadores a medios de comunicación; permitir la importación temporal, sin sujeción a impuestos, de los equipos de deportistas y personal técnico; no gravar con impuestos los premios económicos obtenidos por su participación en el Campeonato, y aplicar las medidas legales previstas para garantizar la seguridad en la celebración del evento, además de otra serie de medidas fiscales y legales para el correcto desarrollo del Campeonato.

Por parte del Gobierno, por tanto, todo el compromiso y la máxima disposición para que este Campeonato se celebre en España; un acontecimiento deportivo en el que participan más de dos mil atletas en representación de doscientas federaciones deportivas internacionales.

También hoy se ha autorizado la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción de la plataforma Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, tramo Mondragón-Bergara --conocido como "nudo de Bergara"--, sector Angiozar, en Guipúzcoa: 131 millones de euros para las obras del que, como decía hace un momento, se denomina "nudo Bergara", donde concluyen los ramales que comunican las tres capitales vascas; es la conocida Y vasca. Este tramo tiene una longitud de 2,6 kilómetros en el eje Vitoria-San Sebastián y 2,3 en el eje Bilbao-San Sebastián, y discurre íntegramente por ese municipio guipuzcoano de Bergara.

Como saben, esta infraestructura, la Y vasca, es de especial importancia y forma parte del proyecto prioritario del Eje Atlántico Ferroviario Europe; dará continuidad en el territorio español a la línea Madrid-Valladolid-Vitoria, prolongándola hasta la frontera francesa, y permitirá la interconexión de las tres capitales vascas en alta velocidad ferroviaria.