Intervención de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Vicepresidenta.- Buenos días a todos. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar, en nombre del Gobierno de España, nuestro más sentido pésame a la familia del capitán Borja Aybar García, fallecido ayer en el accidente ocurrido en el aeródromo de Los Llanos, en Albacete. Quiero también hacer extensivo nuestro pesar a todas las Fuerzas Armadas y, en especial, a los compañeros del Ejército del Aire del capitán Aybar García.

Nuestras Fuerzas Armadas representan a España en múltiples misiones internacionales, trasladan el compromiso de paz de los españoles en todos los rincones del mundo y su generosidad y entrega es una muestra de orgullo para el conjunto de los ciudadanos. Sin duda, el capitán Aybar reunía todos esos valores.

Quiero también informarles de que la ministra de Defensa ha condecorado hoy con la Cruz al Mérito Aeronáutico, con distintivo amarillo, a título póstumo, al capitán.

En segundo lugar, quiero destacar como hoy en el Consejo de Ministros el ministro de Hacienda y Función Pública ha presentado un informe de cara a la remisión a Bruselas del Plan Presupuestario 2018 ante la Unión Europea. 2018, según este informe, debiera ser un buen año para el crecimiento y para el empleo; pero los acontecimientos que estamos viviendo en Cataluña nos hacen ser más prudentes. De hecho, si no hubiera una pronta solución a este asunto, nos deberíamos ver obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico para el año 2018.

Hoy las agencias de calificación han alertado de que la inestabilidad política y económica puede perjudicar la economía catalana, y de que, de continuar con la salida de empresas, eso podría terminar provocando una recesión en Cataluña, lo que indudablemente afectaría al conjunto del crecimiento del Producto Interior Bruto.

Los acontecimientos en Cataluña están poniendo en riesgo la recuperación económica en esa Comunidad Autónoma y, por lo tanto, su creación de empleo. Baste citar dos indicadores que hemos conocido esta semana: el parón de la inversión --los datos del segundo trimestre de este año detallan una caída de un 10 por 100 de las inversiones en Cataluña, mientras que en el conjunto de España crecen un 13 por 100-- o la caída dramática del turismo. Según el sector, a título de ejemplo, entre el 20 y el 30 por 100 de las reservas hoteleras en Barcelona se han visto afectadas.

La Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una aguda desaceleración e, incluso, en una recesión económica, según advierten los expertos.

Siempre hemos dicho que la estabilidad política es la puerta de entrada a las inversiones, de la riqueza y del bienestar económico. A sensu contrario, cuando se instala la incertidumbre, los términos se invierten: las inversiones se escapan y la factura la pagan siempre los ciudadanos de Cataluña, sus empresas y sus trabajadores. ¡Qué pronto se olvidan los sufrimientos y los esfuerzos que ha hecho la sociedad española para salir de la crisis!

Pero las autoridades catalanas aún están a tiempo y tienen la oportunidad de recuperar la normalidad institucional y la convivencia ciudadana, y poner fin a la inestabilidad. Y en este punto me gustaría ser muy clara y transmitir cuatro ideas: en primer lugar, el Gobierno le ha planteado al señor Puigdemont una pregunta sencilla para terminar con un problema complejo; si tiene voluntad política, el presidente Puigdemont tiene la vía para regresar al marco constitucional de convivencia y al sistema democrático de derecho; en tercer lugar, se le ha ofrecido diálogo y se le ofrece diálogo en el marco de la Ley y en el seno del Parlamento, en el Congreso de los Diputados, donde se toman las grandes decisiones del país, donde están representadas todas las fuerzas políticas y donde está representado todo el pueblo español.

En el Congreso ya hay en marcha una comisión de estudio para la evaluación y modernización del Estado Autonómico. Puede allí hacer sus reflexiones, sus planteamientos y sus propuestas. En nuestro marco constitucional nada es inmutable y todo se puede hablar; pero desde el respeto a las reglas del juego democrático y a los derechos de los ciudadanos, y teniendo presente que cualquier cambio siempre ha de devenir en un bienestar del conjunto de los españoles.

Creo que esta oferta, que no solo es del Gobierno sino de una amplísima mayoría de la Cámara -insisto: una propuesta de una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados--, es una oferta sensata, moderada y entendible. Y esta oferta demuestra que el diálogo no hay que exigirlo, sino practicarlo. Lo único que nos es exigible a todos los gobernantes --a los ciudadanos también, pero especialmente a los gobernantes-- es que cumplamos la Ley. Esa es la única condición y el único requisito.

En otro orden de cosas, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Real Decreto por el que se crean 93 unidades judiciales. Lo que hacemos con esta adecuación de la planta judicial es atender a nuevas necesidades existentes dentro de la programación del año 2017. Estas 93 nuevas unidades se concretan de la siguiente forma: creación y constitución de 77 nuevos Juzgados; constitución de 10 Juzgados, uno en Bilbao y nueve en la Comunidad Valenciana; y dotación de dos plazas de magistrado para la Audiencia Provincial de Madrid.

Para llevarlo a cabo se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que soportan los 3.765 órganos judiciales en nuestro país, especialmente aquellos que tienen una carga de trabajo superior al 100 por 100. Vienen a ser la mitad de los Juzgados en nuestro país, que soportan una carga superior al 100 por 100. Por ello, se crean 87 nuevos Juzgados, se transforman cuatro Juzgados y se crean dos plazas nuevas de magistrados de Audiencia Provincial.

¿Qué se ha tenido en cuenta para llevar a cabo esta creación de nuevos Juzgados? La carga de trabajo, como decía, según criterios establecidos por el Consejo General del Poder Judicial; los asuntos pendientes para resolver en los órganos judiciales; el tiempo medio de respuesta; situaciones estructurales que estaban creadas; una preminencia de la Primera Instancia frente a la Segunda y un refuerzo preferente de la Jurisdicción Civil y Social, donde se abordan casos que afectan todavía más directamente a los ciudadanos. Se han recabado, además, los informes del Consejo General del Poder Judicial, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Comunidades Autónomas.

Tendrán a su disposición todo el listado de los partidos judiciales que se ven afectados, pero sí me gustaría hacer este resumen: en Andalucía, diecinueve Juzgados y una transformación; en la Comunidad Valenciana, quince Juzgados y una transformación; en Cataluña, catorce nuevos Juzgados; en Madrid, diez Juzgados, más dos plantas nuevas en la Audiencia Provincial; en Canarias, cinco Juzgados; en Castilla-La Mancha, otros cinco; Castilla y León, cuatro, como Galicia y Región de Murcia: Baleares, tres, uno de los cuales de transformación; Extremadura, dos Juzgados; País Vasco, dos Juzgados y Aragón, Asturias, Cantabria y Navarra, un Juzgado.

De ellos, en el orden civil, 54 Juzgados y dos plazas de magistrado de Audiencia Provincial, de los cuales, seis Juzgados son de lo Mercantil; Civil y Penal, ya saben, cuando coincide la primera instancia y la instrucción, veintiún Juzgados; Social, nueve Juzgados; Penal, seis Juzgados de lo Penal y uno de Vigilancia Penitenciaria y un nuevo Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Por otro lado, les informo de que el Gobierno ha acordado la no continuación del procedimiento de extradición, solicitada por las autoridades de Turquía, de Erdogan Akhanli, ciudadano de nacionalidad alemana y turca. Este acuerdo es análogo al que se adoptó en el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre en relación con la no continuación en vía judicial del procedimiento de extradición solicitado por las autoridades de Turquía de Hamza Yalçin, de nacionalidad sueca y turca. La denegación se funda en las mismas circunstancias.

También quiero poner en su conocimiento que el Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la ilusión fiscal, y su protocolo. El actual Convenio entró en vigor en 1980 y con el Convenio cuya firma hoy se autoriza lo que hacemos es modernizar el marco tributario bilateral al presente entorno económico, y es importante dada la importante colonia rumana en nuestro país. Tiene dos objetivos: por un lado, evitar la doble imposición ofreciendo un tratamiento tributario adecuado a las circunstancias de los contribuyentes que desarrollan actividades económicas en el ámbito internacional, y facilitar la cooperación entre las autoridades fiscales para el desempeño de sus funciones para prevenir la evasión y la ilusión fiscal.

Además, hemos aprobado un cambio presupuestario para suscribir un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la Autopista Vasco-Aragonesa en el que se establecen los términos para la reducción del peaje para los vehículos de la categoría "pesados 2" en la Autopista P-68, en el tramo entre Zambrana y Tudela. Lo que se hará es establecer el desvío de vehículos pesados tipo 2 del tramo de la N-232 entre Zambrana y Tudela hacia la AP-68. Para compensar este desvío obligatorio se bonifica la tarifa a cobrar a estos vehículos pesados en un 75 por 100, siempre y cuando se realicen movimientos internos y se utilice como forma de pago del peaje el sistema "Vía T", en el tramo AP-68 comprendido entre ambas localidades.

Por último, el Gobierno también ha aprobado la firma ad referéndum del Protocolo de Adhesión del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador. Se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse. El protocolo es un acuerdo mixto, toda vez que, junto a la Unión Europea, también participan sus Estados miembros y, por la otra parte, Colombia, Perú y Ecuador.

A través de este protocolo, lo que hacemos es que la Unión Europea y Ecuador se erigen en socios iguales y privilegiados. Ecuador se beneficiará de un nuevo acceso al mercado de la Unión y obtendrá mayor transparencia y seguridad para sus exportaciones e inversiones. La incorporación de Ecuador al Acuerdo es un reflejo de la voluntad de la Unión Europea de contribuir a la integración de la región andina.

En el plano político, este acuerdo representa un instrumento de gran importancia para el acercamiento entre la Unión Europea y Ecuador, y, por tanto, constituye un elemento altamente positivo en el marco de la estrategia, siempre apoyada por España, de estrechar los vínculos entre Iberoamérica y la Unión Europea.

En definitiva, Ecuador se beneficiará de un nuevo acceso al mercado de la Unión de quinientos millones de consumidores y la Unión tendrá mayor transparencia y seguridad, tanto para sus exportaciones, como para sus inversiones en ese país.